¿Tiene sentido para Comunidad y Justicia inmiscuirse en el proceso constituyente? En la siguiente nota, Ignacio Suazo explica por qué sí y qué hemos hecho al respecto como Corporación en el último tiempo.

¿Tiene sentido para una ONG de Derechos Humanos especializada en vida, familia y libertad religiosa entrar al debate constitucional? Por cierto que sí y por una doble razón.

En primer lugar, porque de los tres principios ya mencionados, al menos los dos primeros estarán en juego en la discusión por una nueva Constitución. Por cierto, nuestra actual Carta Magna protege expresamente la vida del que está por nacer (Art. 19) y el derecho y deber preferente de los padres a educar a sus hijos (Art. 10) ¿Se mantendrán ambas indicaciones en el nuevo texto constitucional? La actual composición del Congreso y las tendencias en la opinión pública hacen pensar que es poco probable. A su vez, sin estas garantías constitucionales, hay altas chances que en mediano plazo se aprueben leyes que debiliten la autoridad de los padres o consagren el aborto libre. En el actual proceso constituyente hay, entonces, mucho en juego en nuestra propia cancha. Y debemos hacer algo al respecto.

Pero esto no es sólo una cuestión restringida a los derechos del que está por nacer y de la familia. La Doctrina Social de la Iglesia (DSI) –nuestra fuente de inspiración– es un corpus de ideas que busca iluminar toda la vida, por lo cual está lejos de circunscribirse únicamente a los temas ya mencionados No hay tema ni problemática en la cual la DSI no tenga algo que decir, motivo por el cual siempre tendremos la oportunidad de contribuir en los grandes debates nacionales.

Cabe destacar que los “aportes” que pueda hacer la DSI a la contingencia política no son meros complementos accidentales o circunstanciales. Muy por el contrario: los principios señalados desde la DSI son nada menos que los pilares esenciales de un orden social y político justo. Es por este motivo que los cristianos involucrados en política tienen el derecho y el deber de buscar estructurar la Constitución en función de estos principios, considerando que de ello depende la que la Constitución sea o no un aporte en conformación de una sociedad asentada en la justicia.

Dicho lo anterior, hay al menos dos principios fundamentales para la DSI, en los cuales tenemos algo que decir. El primero de ellos es el principio de subsidariedad. Todo apunta a que estará en tela de juicio, en buena parte por malas interpretaciones realizadas en el pasado. Habrá, en ese sentido, múltiples voces que llamen a que el Estado asuma un rol más garantista, con miras a asegurar ciertos derechos sociales. Lo anterior, sin embargo, plantea un gran riesgo, a saber, olvidar que las primeras llamadas a hacerse cargo de los desafíos del Bien Común, son las sociedades menores.

Esto último no quita que el Estado pueda y deba asumir ciertas responsabilidades, pero lo hará siempre y cuando estas sociedades menores o grupos intermedios no sean capaces de hacerse cargo de dichas tareas. En ese sentido, imputar todas las responsabilidades al Estado pueda inhibir el desarrollo de grupos y asociaciones que hagan el trabajo de mejor forma y más eficiente que el mismo Estado, dado que estas realizarían unos fines que les son propios.

Un segundo principio que estará en juego es la solidaridad. A diferencia de la subsidariedad, este principio no se encuentra claramente presente en la actual Constitución. La discusión por venir dará entonces la oportunidad de buscar bajadas concretas a este principio que el Magisterio contemporáneo ha llamado con tanta urgencia a poner en el centro. Pues bien, en el actual momento constituyente tendremos esa oportunidad.

Dicho todo lo anterior ¿qué rol es el que corresponde a Comunidad y Justicia en este debate? No es en primer lugar asumir una postura contingente particular, sino dar voz a los principios ya mencionados. En otras palabras, dar voz a la DSI. En esa linea, nuestra Corporación ha trabajado y seguirá haciéndolo en tres lineas de acción.

La primera, será elaborando documentos pensados en informar a la opinión pública. En esa linea escribimos y lanzamos durante octubre un documento sobre aquellos principios que rigen un orden social y político justo. Dicho documento fue por lo demás comentado en su lanzamiento por los profesores Cecilia Rosales (Profesora de Derecho UC), Enrique Navarro (Director del Departamento de Derecho Público UCh) José Ignacio Martínez (Decano Facultad de Derecho, ULA) e Ignacio Covarrubias (Decano Facultad de Derecho UFT), quienes destacaron acertadamente algunas de sus tesis fundamentales: la inconveniencia de entender la Constitución como un “pacto social” y la importancia de considerar principios como el Bien Común, la Solidaridad o la Subsidariedad en el nuevo texto constitucional.

Al respecto, los cuatro académicos se mostraron de acuerdo en que una Constitución, incluso si se la considera como un “pacto social”, debe ajustarse a los elementos identitarios de la nación. Como bien dijo Cecilia Rosales, “los fundamentos de esos acuerdos son el producto de siglos de historia”. Los profesores invitados concordaron además en que lo propio de una constitución es limitar el poder del Estado dentro de un país y establecer los derechos fundamentales de las personas que lo habitan. En ese sentido –como señalaron los profesores José Ignacio Martínez y Enrique Navarro– es problemático esperar que un texto constitucional se arrogue pretensiones refundacionales y capacidad de resolver conflictos sociales, algo que escapa completamente al sentido y alcance de un texto constitucional.

En este último punto profundizó el profesor Ignacio Covarrubias , al indicar que para la ética clásica “la soberanía se encuentra delimitada por ciertas realidades anteriores”. Dicho de otra forma, lo que da eficacia a una constitución política es la virtud de los ciudadanos, algo que el constitucionalismo contemporáneo –al menos mayoritariamente– suele perder de vista.

La elaboración del documento en cuestión nos permitió desarrollar una visión y perspectiva del actual proceso a partir del cual generar charlas. Es así como tuvimos la oportunidad de exponer sobre el proceso constituyente para alumnos de DUOC UC, de las sedes San Carlos de Apoquindo y Plaza Norte. Además, nuestro Director Ejecutivo, Álvaro Ferrer, realizó charlas sobre este tema para religiosas de San Bernardo y al clero de dicha diócesis en general, a dos centros asociados al Opus Dei y una última para el Liceo José María Caro.

En tercer lugar, como Corporación hemos intentado aportar al debate a través de la prensa. Es así como Vicente Hargous ha escrito columnas sobre derecho del niño por nacer y plebiscito, la disyuntiva entre votar apruebo o rechazo y sobre el rol del principio de Solidaridad en la Constitución. Además, nuestro Director Ejecutivo escribió una columna sobre escaños reservados para la población indígena. Por último, el miembro de nuestro directorio, Cristóbal Aguilera, escribió una reflexión sobre el riesgo de sobre dimensionar el rol de las estructuras sociales en la política,a propósito del proceso constituyente.

Cuando hay claridad que en algunos meses más una Convención Constituyente estará redactando una nueva carta fundamental para el país, como Comunidad y Justicia entendemos que tenemos un rol que jugar ahí en aquello nos es más propio. No podemos hacer menos, pues como hemos visto, hay muchas cosas en juego. Y nosotros queremos salir jugando.