A continuación les dejamos una Carta al Director escrita por nuestros integrantes del equipo ejecutivo, Roberto Astaburuaga y Vicente Hargous. La carta fue publicada por El Líbero este viernes 23 de Octubre.

Señor Director:

El incendio de las iglesias que (no) nos sorprendió el día domingo, hizo retroceder el tiempo a octubre del año pasado, en donde la quema de iglesias católicas se convirtió en un objetivo frecuente en el contexto de violencia y agresividad por todos conocido. El triste espectáculo de las iglesias de la Asunción y de San Francisco de Borja, consumidas por las llamas, son el reflejo del estado de uno de los derechos fundamentales que constituyen el cimiento de la sociedad: la libertad religiosa. La creencia en Dios no puede quedar relegada al ámbito de la propia conciencia ni sólo en lugares privados. Es justo y necesario que los católicos puedan acudir en paz a rezar a las iglesias, sin sentirse atemorizados.

«El domingo no hubo ningún tipo de protección ni resguardo de las iglesias. …) el Gobierno estimó que no debía considerarse a los templos católicos como infraestructura crítica, ni que se ordenara a Carabineros protegerlas de actos vandálicos. Tal tarea era fácilmente previsible y durante un año pudieron haberse tomado las medidas necesarias para evitar estos actos que sin tapujos podemos calificar de terroristas.»

El domingo no hubo ningún tipo de protección ni resguardo de las iglesias. Sin tomar en cuenta la fe de la mayoría de los chilenos (recordemos que el 76% de los chilenos no tiene dudas de la existencia de Dios, según la encuesta Bicentenario Adimark UC 2019) y su libertad de cultos, el Gobierno estimó que no debía considerarse a los templos católicos como infraestructura crítica, ni que se ordenara a Carabineros protegerlas de actos vandálicos. Tal tarea era fácilmente previsible y durante un año pudieron haberse tomado las medidas necesarias para evitar estos actos que sin tapujos podemos calificar de terroristas. Esto parece suficiente para que se configure responsabilidad internacional del Estado por omisión, al permitir que ciertos particulares atenten gravemente contra los derechos fundamentales de los católicos.