Les dejamos a continuación esta carta publicada el 27 de enero en en La Tercera de Daniela Constantino de nuestro equipo legislativo.

Señor Director:

Se está tramitando en el Senado un proyecto de ley que propone reformar la “ley Zamudio”. Éste parte de la base que la baja aplicación de la ley se debe a su falta de rigor, por lo que intenta establecer mecanismos que, prácticamente, aseguren una condena al que ha sido demandado por discriminar.

Esto no suena tan mal, pero, en primer lugar, un demandado por discriminación no siempre ha cometido el hecho que se le imputa. En este proyecto se propone una alteración infundada de la carga de la prueba, lo que limita de forma injusta el derecho a defensa. A esto se suma la eliminación de la sanción por denunciar sin fundamentos.

Un segundo problema es la definición de discriminación arbitraria, que no solo es muy amplia, sino que confusa: incorpora como discriminatorias las meras “preferencias”, sin definirlas. Si alguien prefiere a una persona (para un trabajo, para lo que sea) y lo demandan por ello, será el demandado quien tendrá que demostrar por qué su preferencia tiene una justificación razonable, siendo esto último casi imposible de demostrar.

Esta ley es técnicamente muy deficiente y retrocede en triunfos que ya teníamos por alcanzados, que son básicos en un estado de derecho, atentando contra principios mínimos de racionalidad y justicia.

Daniela Constantino

Equipo Legislativo, Comunidad y Justicia

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