Barómetro Constitucional Nº 2 

Abril 2023

Hasta el momento, en las subcomisiones se han presentado y discutido indicaciones, que no se han votado, pero se votarán próximamente (dentro de esta o la próxima semana). Luego de votarse, las subcomisiones enviarán al Pleno lo aprobado, y allí podrán renovarse las indicaciones que hayan sido rechazadas. Una vez zanjados tales debates en el Pleno, se despachará el anteproyecto de Constitución de la Comisión Experta al Consejo Constitucional. 

Las enmiendas profundizan el ánimo refundacional que ya se había visto en la discusión en general ―en las normas aprobadas en general, al interior de las subcomisiones y sobre todo en algunos discursos― y revelan algunos ejes que se quieren implementar en el nuevo proyecto de Constitución, de modo semejante a las “Bases de la propuesta constitucional oficialista” (documento que firmaron el 2 de febrero desde el PPD hasta el PC). Es necesario recordar, por ende, que las enmiendas no están aisladas cronológicamente, sino que responden al interés de plasmar las ideologías que fracasaron en el proyecto de Constitución rechazado el 4 de septiembre. Así, ha habido una clara resistencia a consagrar el derecho a la vida del que está por nacer y reconocer correctamente el deber y derecho preferente de los padres de educar a sus hijos, así como un intento claro por imponer un sistema de educación pública laica (sin considerar el derecho de los padres a educar a sus hijos según sus propias convicciones morales y religiosas), incluir un cierto rango de protección a los animales como seres sintientes o los llamados “derechos sexuales y reproductivos”, junto con buscar la aprobación de normas feministas como la paridad o la equidad de género en la función jurisdiccional, entre otras medidas.

En síntesis, este segundo proceso recién comienza, pero la temperatura política al interior de la Comisión Experta parece indicar que no será factible mejorar lo que ya  existe en la Constitución vigente, sino todo lo contrario: hasta la fecha, lo más probable es que la propuesta signifique un retroceso respecto de la protección de la vida, la familia, la libertad religiosa, la libertad de enseñanza y el derecho preferente y deber de los padres a educar a sus hijos.

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