La semana pasada, TVN emitió un nuevo Informe Especial, dirigido por Santiago Pavlovic y titulado “Nuestros niños trans”, en el que aborda los casos de mayores y menores de edad que realizan su “transición” al sexo opuesto. Drysdale y Pavlovic han abierto la puerta para mostrar la aterradora realidad de la hormonación trans a niños y jóvenes y sus consecuencias irreversibles, los jueces que le quitan a los padres “opositores” la tuición de sus hijos y la feroz cancelación de las fundaciones activistas contra los que critican su modelo transafirmativo.
La información se ha ido conociendo con cuentagotas, pero cada testimonio y documento nuevo sólo hace crecer la preocupación por el daño que el Estado está provocando en miles de niños y padres. Literalmente, miles. La subsecretaria de Salud reconoció que, en la red pública de salud, 600 niños entre 10 a 17 años están recibiendo tratamiento hormonal, sea para bloquear su pubertad o para hormonación cruzada, que tienen efectos graves e irreversibles en los huesos, esterilidad, problemas en el corazón, etc. No sabemos desde hace cuánto tiempo reciben estas hormonas, si su uso está autorizado por el ISP, si los padres fueron coaccionados con la frase “hijo trans o hijo muerto”.
Dicen que el programa del Estado (PAIG o Crece con Orgullo), dirigido a niños entre 3 a 17 años y al que ya han ingresado más de 2.000 menores, no contiene terapia hormonal, sino que sólo “acompañamiento psicológico”. Pero lo que se niegan a reconocer es que ese programa sí hace derivaciones para tratamiento hormonal. ¿Cuántos, de esos 600 niños hormonados, partieron con el PAIG? ¿Cuántos de ellos se han derivado a la salud privada? Tampoco sabemos cuál es el periodo de tiempo que se ocupó para contabilizar los casos. Si contáramos desde, por ejemplo, el 2015, y sólo en la red pública, podríamos estar hablando de más de mil niños que están recibiendo un tratamiento hormonal que no tiene respaldo científico.
¿Cómo se le devuelve a Orlando (testimonio de Informe Especial) el tiempo que ha perdido con su hija de 15 años porque un juez decidió que sabía qué era lo mejor para ella y, por eso, los separó? ¿Quién le devuelve la tranquilidad a Ángela de que su hija ya no será acosada por los integrantes del PAIG para que siga su transición, a pesar de que ella no quiere volver? ¿Cuándo podrá José volver a ver a su hijo, arrebatado cuando tenía 3 años por jugar con barbies y que ya al año siguiente marchaba con faldas?
Una de las cuestiones más llamativas del reportaje de TVN, fue la negación de la diputado trans Emilia Schneider a reconocer que se debe respetar la decisión del padre de no autorizar el ingreso de su hijo estos programas y terapias de transición social y hormonal, al sostener que “el interés superior del niño está por sobre toda otra consideración”. Aplicando esa lógica, todas las normas que establecen prohibiciones según edades pierden sentido (ej. comprar alcohol o cigarros, firmar contratos, salir del país, etc.). Es preocupante que un integrante del Congreso, quien debe respetar y hacer respetar la Constitución, se esfuerce en no reconocer el deber y derecho preferente de los padres de educar a sus hijos, siendo, además, presidente de la Comisión de Educación.
El Estado está fallando estrepitosamente en todo lo que se refiere a población infantil: retraso en la entrega de útiles escolares, incapacidad de garantizar la seguridad y orden en liceos, crisis en los centros de Mejor Niñez… y a toda esta intranquilidad de los padres ¿ahora hay que sumarle que un establecimiento educacional, ante la sola opinión del niño, y sin avisarles, comience a tratarlo según su autopercepción, o incluso, derivarlo a estos programas de “acompañamiento”? ¿Cómo es posible que el presupuesto para el PAIG sea de 3.500 millones de pesos anuales?
Son sólo algunas de las preguntas que la Ministra de Salud deberá responder hoy, en la sesión de la Comisión Investigadora de la Cámara de Diputados a la que fue citada y que revisará todas las aristas educacionales, presupuestarias, sanitarias, etc. El legado de este Gobierno será la experimentación científica en niños, el quiebre de familias y el financiamiento a los “monos peludos”.