Hoy vence el plazo para que los expertos presenten sus enmiendas al borrador constitucional aprobado en general. Si bien se consagró el derecho a la vida, algunos lamentaron la omisión de una protección a la vida del no nacido, mientras que otros adelantaron que buscarán consagrar los derechos sexuales y reproductivos. Pero si aplicamos los criterios (y lenguaje) de quienes defienden a los grupos históricamente excluidos, existen buenas razones para avanzar en la protección al no nacido.
La consagración constitucional del reconocimiento de la vida humana del no nacido es necesario por pertenecer a un grupo históricamente excluido y vulnerado. Pertenecen a él todos los seres humanos que sin haber nacido se les niega su vida. Esa desigualdad material se refleja en la imposibilidad absoluta de defensa ante agresiones y se le agrega un discurso de invisibilización de su dignidad humana. Esta situación se ha generado por discursos de multinacionales capitalistas que lucran con la realización de abortos y comercialización de sus restos, sea para usos cosméticos o de investigación científica. Planned Parenthood es el mejor ejemplo de esta opresión sistemática, adultocéntrica y especista que niega la sintiencia de los seres humanos no nacidos.
Una sociedad de libres e iguales no se puede alcanzar sin promover acciones afirmativas que combatan esta histórica desigualdad estructural. La reivindicación de los derechos humanos del no nacido surge de luchas sociales y demandas por su reconocimiento y protección ante el liberalismo económico. Peor aún son los casos en que se acumulan categorías históricas de discriminación, en donde la interseccionalidad profundiza la vulneración. Por ejemplo, en Estados Unidos, al factor de edad gestacional se suma el de raza, pues las tasas de aborto de personas negras son tres veces superiores a las de los blancos. O los países nórdicos, en donde casi la totalidad de niños no nacidos con síndrome de Down son eliminados. China impulsó hasta hace poco el aborto selectivo en función del sexo, que perjudicaba principalmente a las mujeres y como consecuencia de la política del hijo único que duró más de tres décadas, cuanto más joven es la edad del grupo etario estudiado, más predomina el sexo masculino. Nos enfrentamos a una estructura opresora de discriminación interseccional.
Consagrar la titularidad de derechos de personas nacientes dota de armonía y coherencia al sistema constitucional de derechos fundamentales y concretiza el derecho internacional de los derechos humanos. Para ello, debe incorporarse un enfoque pro homine, integral y protector, junto con una perspectiva de familia. Las diferencias entre nacidos y no nacidos no deben abordarse desde la segregación histórica que han sufrido, sino que exige tomar postura para garantizar condiciones de respeto y protección a su existencia en el momento de mayor indefensión de su vida.
Quitar la protección constitucional actual significaría atentar contra los principios básicos del derecho internacional de los derechos humanos como lo es el principio de progresividad y no regresión. Es decir, el Estado debe asegurar el progreso en el desarrollo de este derecho y al mismo tiempo no puede retroceder en la protección del mismo. Así, el actual 19 Nº1 es el mínimo a partir del cual se debe construir. No menos que eso. Por ejemplo, especificar que se le protegerá de todo atentado que afecte su integridad o imponer una obligación al Estado de prestar ayuda a las madres para que sus embarazos tengan un final feliz.
Una sociedad inclusiva, pluralista y digna es la que acoge a los niños no nacidos desde el primer momento. No podemos retroceder.
ROBERTO ASTABURUAGA
Abogado de Comunidad y Justicia