Hoy, la Comisión Investigadora Nº 57 de la Cámara de Diputados que investiga los tratamientos transafirmativos a menores de edad llega a su fin. Discutirán y votarán las conclusiones y recomendaciones en un Informe Final que, si es aprobado, deberá ser ratificado por la Sala de la Cámara. Lo cierto es que lo que le está ocurriendo a más de dos mil niños y sus familias en Chile es gravísimo y escalofriante. Sin duda, estamos ante una violación sistemática de los derechos humanos de los niños, porque eso es lo que el Gobierno hace. Y quiere seguir haciéndolo.
El tema central de la Comisión Investigadora ha sido el PAIG y los tratamientos hormonales. Y cuando se empiezan a conocer los detalles, dan ganas de cerrar por fuera. Veamos los aspectos más graves.
El primero es que el enfoque género afirmativo que tiene el PAIG es una verdadera terapia de conversión. Es decir, la autopercepción del niño sobre si es hombre o mujer basta para iniciar todo un proceso de transición hacia el sexo opuesto, que parte la aparentemente inofensiva transición social, que es una verdadera cinta aceleradora para avanzar y avanzar. El PAIG es bastante claro en su objetivo: si el menor “no corresponde a población objetivo del programa, es decir no existe la expresión de una convicción por parte del NNA acerca de una identidad de género no conforme”, será referido a una Oficina Local de la Niñez, y aquellos que ingresen, de acuerdo al componente de apoyo psicosocial, se les entregará “orientación afirmando su identidad de género, validando sus emociones e incertidumbres”. ¿Quién decide que existe una expresión de esa convicción? La convicción de ser del sexo opuesto es suficiente para entrar al PAIG. Y adentro del PAIG no van a “acompañar” al niño en el descubrimiento de su supuesta identidad de género, sino que la, literalmente, la afirmarán. ¿Cómo? Dejándole vestirse con la ropa que quiera; usando el baño y camarines del sexo opuesto; validando sus emociones; chantajeando emocionalmente y “educando y sensibilizando a su familia”, etc.
El segundo es que la transición social, que es lo que hace el PAIG, es la puerta de entrada a la hormonación. Así lo dijo el Informe Cass: quienes acceden a la transición social tienen mayores posibilidades de acceder a la vía médica. Si hasta se capacitó a la red pública de salud para realizar derivaciones desde el PAIG a la terapia hormonal. ¿Eso lo incluyen en los consentimientos informados para los padres? ¿Les dicen que pueden derivar a sus hijos a hormonoterapia, la cual puede dejarlos infértiles o que pueden sufrir una castración química? ¿Cuándo la pubertad ingresó al listado de enfermedades como para congelar a un niño en el tiempo e impedir que crezca? Y de las hormonas a las cirugías, ¿cuántos pasos hay? Porque en Chile sí pasa. Un grupo de diputados de oposición presentó una denuncia ante la Fiscalía, por la realización de al menos 42 casos en los últimos 20 años… como reconoció la propia Ministra de Salud ante la Comisión Investigadora. Y seguro son más.
El tercero es el riesgo que tienen los padres de perder a sus hijos. Es una pérdida en más de un sentido, pero la más terrorífica es cuando lo ordena un tribunal de familia. Y eso fue lo que le ocurrió a Orlando, padre de tres hijas que entregó su testimonio a la Comisión Investigadora, quien se resistió a que su hija de 15 años avanzara en la transición.
Sus palabras textuales son suficientes: “En mayo, del colegio me derivaron a la Oficina de Protección de Derechos (OPD) y desde ahí fui llevado a tribunales, donde emitieron un informe que decía, entre comillas, que yo había hecho una grave vulneración de derechos, por no haber tratado a mi hija en su nueva condición. En noviembre de 2023 tuve una primera audiencia, donde, basados en un informe del CDE, reafirmaron que yo oponía cierta resistencia a la transición de género de mi hija. Entonces, debido a ese informe, el tribunal decide quitarme el cuidado personal de mi hija y derivarla a otra familia. Finalmente, en febrero, llegan a mi casa y retiran a mi hija de mi lado. (…) Ahora estoy sin ella”.
¿Seguimos con el PAIG? ¿Seguimos?