En una columna publicada en El Líbero, nuestro abogado del área judicial analiza las repercusiones del exceso de trabajo en la elaboración de nueva Constitución.
Desde la semana pasada, las Comisiones que integran la Convención Constitucional han empezado a discutir en general (e incluso a votar) algunas propuestas de normas constitucionales, presentadas tanto por los mismos convencionales como por miembros de la ciudadanía. Asimismo, y en vista del corto plazo del que disponen para presentar al Pleno las iniciativas que se aprueben en esta primera instancia, las discusiones se han visto limitadas a muy pocos minutos por cada iniciativa presentada, lo cual -está de más decir-, impide una adecuada reflexión e intercambio de opiniones que permita la aprobación de iniciativas cuyo contenido sea de la calidad requerida.
No pretendo ahora ahondar en ese problema en particular, que dificulta gravemente la labor de la Convención, sino más bien en el contenido de varias de las iniciativas que están siendo actualmente discutidas, cuya aprobación podría llevar a reproducir el problema que actualmente está aquejando al órgano constitucional -esto es, la falta de tiempo para estudiar y discutir adecuadamente las cuestiones que se le presentan- en los otros poderes del Estado.
En efecto, muchas de estas iniciativas contienen asimismo propuestas de normas o artículos transitorios, los cuales imponen tanto al Congreso Nacional, como al Presidente de la República e incluso al Poder Judicial, plazos para crear o constituir ciertos órganos, aprobar leyes, iniciar procedimientos, entre otros. Así ocurre por ejemplo, con la iniciativa 324-6, que establece en uno de sus artículos transitorios un plazo de 60 días, contados desde la publicación de la Constitución, para que el Jefe de Estado convoque a la formación de una Comisión que se encargue de estudiar la implementación de tribunales especializados en violencia de género; la cual tendría a su vez 180 días (prorrogable por 60 días más), para presentar un informe al Congreso Nacional, que deberá iniciar la tramitación de leyes correspondientes. Asimismo, otra norma transitoria de la misma iniciativa, establece el plazo de 2 años desde la publicación de la Constitución, para que el Poder Judicial cree salas especializadas en violencia de género en todos los tribunales del país, junto con un sistema de seguimiento de medidas cautelares.
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