En entrevista con Francisco Cansino de la Fundación Nueva Mente, nuestro asesor legislativo habló sobre las falencias en la supervisión estatal, las derivaciones escolares al PAIG (Programa de Acompañamiento a la Identidad de Género) y los riesgos físicos de los “tratamientos afirmativos”.

El 19 de noviembre, en una entrevista con Francisco Cancino para Fundación Nuevamente, nuestro asesor legislativo Roberto Astaduruaga habló sobre las inconsistencias y conflictos en la aplicación de los programas de identidad de género en menores, la falta de control estatal en hospitales autogestionados, las discrepancias en la información ministerial, los desafíos judiciales que enfrentan los padres y los riesgos físicos de tratamientos afirmativos, como la hormonización temprana.

Durante la conversación, Roberto Astaburuaga destacó que la Ministra de Salud, Ximena Aguilera, reconoció en la Comisión Investigadora que los datos sobre terapias hormonales y cirugías de reasignación de sexo en menores son incompletos. La información proporcionada provino de correos enviados a hospitales, sin un análisis directo de los casos, lo que genera inconsistencias sobre la cantidad de menores intervenidos y los procedimientos realizados. “La ministra misma admitió que no podría garantizar la veracidad de las cifras entregadas”, afirmó.

También, habló sobre un caso reconocido por el Ministro de Educación, Nicolás Cataldo, quien admitió la derivación de un menor desde un jardín infantil al PAIG. “Es alarmante que un niño de menos de cinco años sea derivado a un programa de esta naturaleza sin claridad sobre los criterios aplicados”, agregó.

“Quienes acceden a la transición social tienen mayores posibilidades de avanzar a la vía médica, como tratamientos hormonales o cirugías”.

En cuanto al presupuesto 2025, Roberto Astaburuaga enfatizó que prohibir el financiamiento de estas terapias en menores es un paso necesario para evitar daños irreparables.

Finalmente, nuestro abogado nombró los riesgos físicos asociados a estas “terapias”, como la infertilidad y la reducción de la densidad ósea, así como la falta de evidencia científica sólida que respalde beneficios a largo plazo. Citando ejemplos de otros países que han restringido estos tratamientos, instó a replantear las políticas actuales para priorizar el bienestar integral de los menores.