Desde el viernes 23 de junio, el segundo proceso constitucional, al igual que el primero, puso a disposición de la ciudadanía cuatro mecanismos de participación para dar su opinión sobre el texto elaborado por los expertos e intentar incidir en el borrador final. Uno de estos mecanismos es la iniciativa popular de norma (IPN) que consiste en una propuesta de norma constitucional patrocinada por 10 mil firmas para que sea conocida y votada por el Consejo Constitucional. Y es importante firmarlas porque hay temas que no fueron resueltos por la Comisión Experta.
Uno de los antecedentes del éxito del 4S fue el rechazo a las IPN. Muchas de las IPN estaban asociadas a temas tradicionalmente ligados a la derecha (libertad de enseñanza, propiedad de los fondos de pensiones, derecho a la vida del no nacido, autonomía del Banco Central, etc.), y el éxito en la cantidad de firmas se fundaba en la desconfianza al trabajo de los convencionales producto del riesgo en que quedaban los bienes fundamentales que las IPN buscaban proteger. Tanto el riesgo como la desconfianza aumentaron al no aprobarse las IPN que habían logrado las firmas necesarias.
En el caso actual, algunas organizaciones ya han adelantado su conformidad o disconformidad con el anteproyecto. Por ejemplo, la organización que promueve la autonomía del Banco Central señaló que no consideró necesario presentar una IPN por estimar que el anteproyecto contiene los elementos esenciales que defendieron el año pasado. Desde la izquierda, y por una razón completamente distinta, también hay organizaciones que han decidido no participar. Así, la Coordinadora Feminista 8M, que promovió mediante una IPN el deber del Estado de garantizar una educación integral no sexista en el sector público y privado o un debido proceso con enfoque de género, señaló que no presentaría una nueva IPN por considerar que el anteproyecto no tiene una mirada feminista y busca continuar el modelo de la constitución vigente.
Pero el riesgo sigue presente. Hay temas fundamentales no resueltos por los expertos y que los consejeros deben tener a la vista. Así ocurre, por ejemplo, con el reconocimiento del derecho a la vida del niño que está por nacer (se presentaron más de 20 para reponer la protección original), la consagración explícita del derecho preferente y deber de los padres de educar a sus hijos (más de 10 iniciativas) o la protección del bien superior de los hijos. En estos tres casos, la discusión se conecta con la contingencia nacional y suele escaparse del debate constitucional propiamente tal, pues se trata de asuntos en los que existe una mirada antropológica que muchas veces ha sido objeto de dura discusión entre los políticos.
Así surgen distintos desafíos. Los promotores de las IPN deben demostrar la necesidad y urgencia de lo que proponen y alcanzar las 10 mil firmas; los ciudadanos deben informarse y firmar aquellas IPN que promueven y defienden los bienes fundamentales para un orden político justo, y los consejeros deben analizar y votar las IPN que les sean presentadas. Ese es el desafío de los 14 días que ya comenzaron a correr.
Roberto Astaburuaga Briseño es abogado de Comunidad y Justicia.