El año pasado, Chile se escandalizó al saber que los niños que se autoperciben del sexo opuesto estaban siendo “afirmados” en su identidad de género, recibiendo tratamientos sociales, hormonales y quirúrgicos, en la salud pública y privada. Hubo de todo para levantar la alerta: reportajes, testimonios, comisiones investigadoras, sentencias, denuncias. Niños, adolescentes y padres “resistentes” judicializados, todos atrapados en un tinglado de hospitales, endocrinólogos, colegios, municipalidades, ministerios, fundaciones, activistas y universidades. Miles de niños han pasado por programas transafirmativos de transición social, cientos, si no miles, por transición hormonal… y varias decenas llegaron hasta la mutilación quirúrgica.
La Ministra de Salud reveló el año pasado que en Chile se habían realizado 42 cirugías de reasignación de sexo a menores de edad, 36 en el sistema privado de salud y 6 en el sistema público, entre 2004 y 2024. Sobre estas últimas, mencionó que se realizaron cuando los pacientes tenían 17 años. No dijo el tipo de cirugías ni el sexo de los pacientes. Sin embargo, el mismo Informe de la Comisión Investigadora indicaba que la cantidad total en realidad estaba incompleta, ya que otras fuentes revelaban que existían más casos. ¿Qué puede incluir la “transición” quirúrgica? Mastectomía, histerectomía (extirpación del útero), vaginoplastía, faloplastía, genitoplastía (cirugía que ocupa los órganos genitales de alguien para transformarlos en los del sexo opuesto), y un largo etc. En simple, castraciones y mutilaciones… a menores de 18 años. No sabemos de qué tipo o si se siguen realizando.
Pero un grupo transversal de diputados de oposición no se quedó callado y denunció estos hechos a la Fiscalía, en noviembre del año pasado. Y parece que empezaron a investigar. A inicios de marzo el Colmed sacó una declaración pública contra los parlamentarios denunciantes, afirmando que los denunciantes buscaban amedrentar a los médicos que atienden a personas trans. Luego, el Frente Amplio publicó un comunicado por la denuncia contra “tres médicos que han atendido a adolescentes trans”, condenando “cualquier intento de criminalizar a quienes apoyan a las personas trans”. El Minsal se lavó las manos: “respetan el libre ejercicio de la práctica médica enmarcada en la normativa vigente”. El problema es que la denuncia es sólo por cirugías de reasignación de sexo y no por terapias hormonales, como refirieron las tres instituciones. En todo caso, hay antecedentes más que suficientes para presentar una denuncia por los daños causados por tratamientos hormonales transafirmativos (como la infertilidad). Por eso es tan grave que el Minsal, en lugar de tomar cartas en el asunto, como debió hacerlo hace muchos meses, manda el mensaje sálvese quien pueda.
Estamos hablando de menores de 18 años. Aún están creciendo. Hay demasiadas cosas que no saben, no entienden las consecuencias. No pueden comprar alcohol, ni cigarros. Las niñas que se hagan mastectomías no podrán alimentar a sus hijos en los primeros meses. Estas cirugías no se pueden realizar ni aun con consentimiento de los padres. Son verdaderos tratamientos experimentales, y por tanto prohibidos por ley. Les provocan un daño para toda la vida. Cercenar un cuerpo sano por razones ideológicas nunca será considerado medicina. En Estados Unidos, un estudio del Manhattan Institute sugiere que al menos, entre 2017 y 2023, 7.000 niñas menores de edad se sometieron a mastectomías como parte de tratamientos de género, de las cuales entre 50 y 179 tenían 12 años y medio o menos al momento del procedimiento. Allá, al igual que acá, cuando se levantaron las alertas, lo primero que se dijo fue que no había casos de cirugías en menores… hasta que la verdad salió a la luz.
La salud privada también tiene su cuota, y no menor, de responsabilidad en el mayor escándalo médico contra los niños en la historia de la medicina. Hay una obligación jurídica y moral de rendir cuentas públicas, entregar voluntariamente la información, pedir perdón y reparar el enorme daño causado. Nunca se supo qué pasó en la Red UC Christus, por ejemplo. ¿Cuántas clínicas han realizado estas operaciones? ¿La Superintendencia de Salud piensa iniciar una fiscalización o prefieren seguir mirando para el lado? ¿Cuántas fundaciones y activistas derivan a menores para que se realicen este tipo de operaciones? ¿En cuántos hospitales se les pregunta a los pacientes menores de 18 años de los programas de identidad de género por algún “deseo quirúrgico”, induciendo e incitándolo?
La Fiscalía empieza a levantar la alfombra.