La semana pasada, José Gallardo Matus, profesor de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, tuvo la valentía de señalar públicamente en el Claustro Pleno Ordinario que el cambio de sexo no existe y que es una mentira, que ninguna reflexión profunda (individual o colectiva) ni las hormonas o cirugías podrá cambiar la naturaleza sexuada del ser humano, que los colegios no son seguros para los niños porque pueden iniciar su cambio de sexo desde los 3 años y si los padres son denunciados en tribunales de familia si se oponen a que sus hijos ingresen a los programas estatales de acompañamiento a la identidad de género, que la Ley de Identidad de Género debe derogarse y que su Universidad “debe revisar de manera urgente todos los reglamentos y protocolos que avalan la farsa de la identidad de género”.
Obviamente, las organizaciones “defensoras de la diversidad” armaron el escándalo rutinario y exigieron las penas del infierno. Por supuesto, la Universidad, a través de un comunicado del rector Nelson Vásquez, se “distanció” de las opiniones del atrevido profesor, lamentando que estas hubiesen herido u ocasionado dolor en estudiantes y profesores, y recalcando que la Universidad no está de acuerdo con él.
Este episodio se suma al reportaje de Sabine Drysdale y la entrevista a dos doctores de la Red UC Christus, profesores de la Facultad de Medicina de la Pontificia Universidad Católica de Chile, quienes realizaban tratamientos transafirmativos (social, hormonal y quirúrgica) a menores de edad. No hubo reacciones públicas a nivel de rectoría, sino un simple comunicado de que no se realizarían nuevos tratamientos. Nada más.
Vale entonces preguntarse… ¿qué tienen estas universidades de pontificias y de católicas cuando se apartan del Magisterio de la Iglesia, ignoran o malinterpretan la Declaración Dignitas Infinita y se inclinan ante el lobby trans? Nos acercamos cada vez más al caso de la Pontificia Universidad Católica del Perú, que en 2012 el Vaticano le quitó los títulos de “Pontificia” y “Católica” por no adecuar sus estatutos a las normas de la Santa Sede. ¿Cómo es posible que la PUCV no comparta los dichos del profesor que están en perfecta sintonía con la Declaración Dignitas Infinita, que considera que el cambio de sexo es un grave atentado a la dignidad humana (Nº60)?
Esto no sólo se trata de otro caso de persecución y cancelación a un profesor por sus opiniones, sino de la incapacidad de las universidades católicas de actuar, en todo tipo de materias, de acuerdo con los principios y fe de la Iglesia Católica. Sin lo segundo, fácilmente se entiende por qué ocurre lo primero. Se espera que las universidades católicas sean coherentes con la doctrina católica en su interior, y que también sean líderes en defenderla públicamente y denunciar cuando el Estado atenta contra ella, por muy impopular que sea.
Vale la pena recordar lo señalado en la Constitución Apostólica Ex Corde Ecclesiae, sobre las universidades católicas: “Puesto que el objetivo de una Universidad Católica es el de garantizar de forma institucional una presencia cristiana en el mundo universitario frente a los grandes problemas de la sociedad y de la cultura, ella debe poseer, en cuanto católica, las características esenciales siguientes: (…) la fidelidad al mensaje cristiano tal como es presentado por la Iglesia (…)” (Nº13).