Las concesiones de Apruebo Dignidad en la discusión constitucional son profundas. Ceder en la fórmula del órgano redactor (mixto o designado) se considerará una traición a su proyecto político, la independencia del mismo una ilusión y la participación ciudadana un blanqueamiento del proceso.
El diseño que actualmente se discute corresponde al de una Convención Mixta, solo que, en vez de ocupar un criterio de integración en un mismo espacio temporal (que sería la propuesta del Partido Demócrata), separa sus funciones en dos momentos, y tal como ocurre con la idea de Amarillos (100% designados) serían variantes de fórmulas rechazadas o no contenidas en la segunda papeleta del plebiscito de entrada.
La izquierda radical (promotora de un órgano 100% electo) advirtió esto, pero Jaime Ravinet, en una carta del jueves 24 de noviembre en El Mercurio, señaló que el efecto del plebiscito de entrada se agotó legal y constitucionalmente. ¿Cuál sería entonces la justificación de un nuevo acuerdo y Constitución? Para el ex ministro, se trataría del respaldo de una mayoría de la población chilena. ¿Y cuál es la forma de verificar la existencia de ese respaldo? Las encuestas. Pero son esas mismas temidas y escrutadas encuestas, las que señalan que el tema constitucional no es una prioridad para los chilenos o que tiene que haber un plebiscito de entrada.
Ante las declamaciones sobre el omnipotente poder constituyente originario, el oficialismo ofrece un mecanismo que deja en el Congreso el control en 3 aspectos. El Congreso redactará el Reglamento (aplicándose supletoriamente el del Senado) del nuevo órgano redactor; elegirá a los integrantes del Comité de Expertos que elaborará la nueva propuesta constitucional que será votada por el Cabildo, y como vimos, es una mera formalidad, y nombrará al Comité Técnico que deberá resolver las controversias respecto a doce bases intocables que, cual norma convencional, destacan por su extensión y detalle, con un procedimiento bastante menos rígido y abierto a la judicialización del nuevo proceso.
A su vez, a la fiscalización -“participación”- de los expertos durante el trabajo de los convencionales, se sumará la de los políticos, especialmente de los que han llevado adelante el acuerdo, pues ninguno querrá ser sindicado como responsable de un segundo Rechazo por cometer el mismo error… ¿Qué tipo de autonomía existe con este nivel de control?
Esta materia en Apruebo Dignidad es especialmente sensible. Desde 2019 defienden que el órgano redactor debe ser 100% electo, pues mantener esta posición asegura la fidelidad de las bases. Sin embargo, existe el riesgo de un bloqueo o punto muerto de las negociaciones debido a su intransigencia, y acumular una segunda derrota histórica. Ceder a una integración designada o mixta sería un paso más que los aleja de su proyecto político y disminuye las posibilidades de lograr una integración favorable, pero permite lograr el sueño de tener una nueva Constitución.
¿Fidelidad a las bases o tener una nueva Constitución? ¿(Segunda) oportunidad desperdiciada o darle viabilidad al proceso constitucional? Como si se tratara de la apertura del Gambito de Reina en ajedrez, la casa política del Presidente se enfrenta a esa decisión: aceptar el gambito, significa ceder el corazón de su postura, renunciando a sus expectativas de obtener una integración favorable. ¿Y que obtiene a cambio? Llegar a un acuerdo que permita comenzar el camino para obtener un segundo borrador constitucional. Pero si lo rechazan, a diferencia de lo que ocurre en el ajedrez, se acaba el juego. Por eso no sorprenden las interpelaciones que se han escuchado en los últimos días para que tome una decisión.
Alguno podrá sostener que durante el trabajo del órgano redactor se incluirán mecanismos de participación ciudadana, pero se trataría de un blanqueamiento y no de una verdadera oportunidad de incidir.
En efecto, la propuesta del oficialismo contempla dos periodos de cinco meses para la redacción de la nueva Constitución: primero por los expertos y luego por los convencionales, en donde los segundos votarán el borrador que elaboren los primeros. Por supuesto, se trata de una votación simbólica para dar la imagen de que el órgano redactor, en virtud de su poder constituyente originario, decidió por sí y ante sí, aprobarlo. No porque hubo un compromiso político o por el trabajo previo de expertos… ¿Qué efecto tendría en el plebiscito de salida que los convencionales rechazaran la propuesta de los expertos, cuando los primeros gozan de pésima fama y los segundos de gran popularidad?
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