Hoy celebramos el primer aniversario del día en que se rechazó un proyecto de Constitución que intentó refundar Chile desde todo punto de vista: antropológico, político, social, económico, institucional, etc. De ese hito podemos extraer lecciones para consejeros, en cuanto redactores del segundo borrador constitucional, y políticos, en cuanto artífices del segundo proceso constitucional.
Cabe destacar la diferencia, en forma y fondo, entre convencionales y consejeros. El espectáculo vs. la sobriedad, el caos vs. el orden, la refundación vs. la tradición. Y así podríamos seguir. Pero nada está cerrado. La conducta intachable ha sido la nota de los consejeros, y no debe variar. El contenido de las indicaciones de aquellos dista de las enmiendas de estos. Del, para y por el Estado a la primacía de la persona y de la servicialidad del Estado. De un programa de gobierno radical a una actualización necesaria de lo propiamente constitucional. Del debilitamiento y erosión de un orden social justo a un fortalecimiento del mismo. Atrás quedó triunvirato identitario ecologista, feminista e indigenista y el desprecio a la autoridad y al orden público. Inaudita fue la supresión absoluta del orden familiar y moral. Pero los peligros no desaparecen y se han revestido de nuevos ropajes. El «acuerdismo» absoluto, la cómoda neutralidad y la falsa moderación son vías por las que se cuelan esas peligrosas pretensiones ya rechazadas. Las enmiendas, originales o nuevas, deben ser, ante todo, justas, es decir, que la persona sea el principio, sujeto y fin de toda norma e institución. Y que estas enmiendas, respondan y sean una solución, en la medida y lugar que les corresponda, a las injusticias que sufren los chilenos.
Por otro lado, ganamos el 4 para perder el 5. El 17, se gane o se pierda, se cierra. El camino constitucional fue la salida que la clase política le dio al 18-O, pero cada vez se revela con mayor claridad lo errado del diagnóstico, independiente de la integración política de cualquiera de los tres órganos redactores. La distracción en tiempo, recursos públicos y capital humano sólo se agrava con la insistencia por el segundo proceso. Porque luego del 4-S aparecieron otras opciones, algunas que ni siquiera incluían la vía constitucional, sea por vía de reforma o reemplazo, sino en priorizar el trabajo legislativo en los proyectos más relevantes de los temas más urgentes y en aumentar la fiscalización sobre el ejercicio de las competencias de las autoridades públicas en todos sus niveles. Lo anterior se refleja en la ausencia de leyes relevantes y el expansionismo legislativo de proyectos nimios, inútiles e identitarios, en la masificación del Estado y la ineficacia del gasto público, en la cobardía al no aplicar el uso legítimo de la fuerza y el control del orden público.
Y la raíz u origen de esto se refleja, en políticos, autoridades de todo tipo y ciudadanos de a pie, en la falta de respeto a la naturaleza y dignidad humana, expresada principalmente en el resguardo de la vida de todo ser humano, en la defensa de la familia como núcleo fundamental de la sociedad, en la protección de los deberes y derechos entre padres e hijos y en la presencia de Dios en el espacio público. Los políticos deben cumplir con su tarea principal: buscar el bien común y servir a las personas. Todo político es, siempre, un servidor público. Y eso implica que los políticos, especialmente de la derecha, deben resistirse a las tesis de comunistas, decés y centristas de, en caso de un segundo rechazo, continuar intentando reemplazar la Constitución sea por la vía directa del reemplazo o por la vía encubierta de las reformas, o, en caso de un Apruebo, sujetarlo a otro acuerdo político de “Apruebo para reformar”.
Lo que Chile necesita es un acuerdo de servidores públicos para el bien común.