El excelente reportaje de Sabine Drysdale en el portal digital de la radio Bio Bío debe estar por alcanzar las 100.000 visitas. Sus entrevistas a siete testimonios dolorosos sobre padres de niños con disforia de género que recibieron bloqueadores de pubertad, el de un valiente ex activista trans, que publicó su experiencia en una nota aparte, y las entrevistas a 4 profesionales de establecimientos privados de salud, ha sido elogiado, comentado y difundido, pues la brutalidad de las historias refleja el daño que se provoca a los menores de edad cuando la ideología se apodera de la ciencia y la medicina se ejerce sin evidencia científica sólida. Las reacciones de las instituciones responsables de la realización de estos tratamientos, de su fiscalización y de la protección de los niños han sido una vergüenza y una decepción.
Si el barco de la medicina trans se comienza a hundir por el mortal torpedo que ha significado el Informe Cass, es previsible que los activistas y defensores del modelo transafirmativo comiencen a huir. La Defensoría de la Niñez es el primero. Es aún más grave que sean los primeros en evadir responsabilidades, porque su rol es proteger a los menores de edad que estaban siendo hormonados y no promocionar una atención de salud que tiene mucho de ideología y poco de razón. Y la evidencia sobre el activismo trans, tanto bajo Anuar Quesille como Patricia Muñoz, es abundante. Con su comunicado sólo intenta responsabilizar al Minsal y es notable la ausencia de anuncios dirigidos a fiscalizar las denuncias y casos incluidos en el reportaje.
El Minsal también ha intentado tapar un escándalo que al Gobierno le puede costar una nueva crisis que añadir. El Programa de Salud Trans, al que se puede ingresar desde los 10 años, garantiza como prestación la administración de hormonas a menores de edad y fue aprobado por esta administración. Pero estábamos avisados. Basta leer el programa de gobierno de Gabriel Boric. “(…) Incorporaremos una canasta de prestaciones trans-no binaries como garantía explícita en salud (…) que contemple la atención de especialistas, cirugías, fármacos y atención psicológica” (p. 48), para “Garantizar prestaciones de salud especializadas enfocándonos en (…) personas LGTBIQ+, personas mayores y adolescentes” (p. 124).
Nos habían anunciado que iban a desestabilizar al país con sus transformaciones, pero ¿desestabilizar a los niños con hormonas sin respaldo científico? ¿Estos son los adalides del progreso? ¿Los mismos que se han llenado la boca con el discurso de proteger a los niños y el sambenito de la autonomía progresiva? ¿Son conscientes de que la suspensión temporal de los bloqueadores de pubertad en la red pública de salud generará un desplazamiento masivo al sistema privado de todos los menores ingresados en el PAIG y quieren pasar a la terapia hormonal? ¿Dicen que están en contra del lucro y han financiado a las organizaciones protrans para que hagan capacitaciones hasta en los paraderos con el enfoque afirmativo? ¿Seguimos? ¿Seguimos hormonando niños, alimentando la industria farmacéutica y promoviendo atención de salud no basada en evidencia?
En el caso de la Universidad Católica, la expertise y experiencia de sus equipos de la Red de Salud UC Christus, su ideario católico y la fidelidad a la Doctrina Social de la Iglesia -que, en esta materia, termina, y no comienza, con Dignitas Infinita-, y su brevísimo comunicado en el que informan la detención de bloqueadores de pubertad a pacientes nuevos, agravan triplemente la falta. Los doctores entrevistados en el reportaje son “expertos y referentes a nivel nacional en tratamientos de bloqueo de pubertad y hormonas cruzadas en pacientes pediátricos transgénero” que han atendido a 200 niños en 10 años.
Es grave e incomprensible que, a pesar de su prestigio nacional, consideren que el Informe Cass sólo “pone una nota de cautela respecto del tratamiento hormonal” a menores de 18 años, cuando el Informe explícitamente señala que no hay evidencia de que los bloqueadores de pubertad “compren tiempo para pensar”, ni se demuestran cambios en la satisfacción corporal o el bienestar psicológico. La reciente medida de Inglaterra de prohibir el uso de bloqueadores de pubertad en la salud pública y privada revela que no es una nota de cautela, sino una acción responsable e inmediata para proteger a los niños.
El ideario de la UC se ve mancillado cuando sostienen que Dignitas Infinita “llama también a la prudencia en estas atenciones de salud”, cuando dicha declaración es tajante en respetar el cuerpo y que las operaciones de cambio de sexo, como las mastectomías que realiza(ba) la UC, atentan contra la dignidad personal: “Sobre la necesidad de respetar el orden natural de la persona humana, el Papa Francisco enseña que «lo creado nos precede y debe ser recibido como don. Al mismo tiempo, somos llamados a custodiar nuestra humanidad, y eso significa ante todo aceptarla y respetarla como ha sido creada».[109] De ahí que toda operación de cambio de sexo, por regla general, corra el riesgo de atentar contra la dignidad única que la persona ha recibido desde el momento de la concepción.”.
Lo que genera ira e incredulidad es que, si no fuera por el milagroso reportaje, ni la UC hubiese detenido los tratamientos, ni la Defensoría se habría lavado las manos ni el Minsal intentaría apagar el incendio con bencina. Porque lo que hay detrás de los comunicados de dichas instituciones, es el reconocimiento de haber detenido algo que sabían que estaba ocurriendo y que no estaba bien.
La Defensoría de la Niñez, los partidos políticos, Cenabast, el INDH, el Minsal, los establecimientos privados de salud, los tribunales de familia, el ISP, las universidades, el Mineduc, el Ministerio de Desarrollo Social, la Subsecretaría de la Niñez y tantos más… ¿dónde estaban? ¿Se hacen responsables de su acción directa y su silencio cómplice?