Una de las explicaciones a las distintas crisis de Chile es la crisis del sistema político. El sistema ya no funciona, porque la fragmentación y el multipartidismo han hecho extremadamente difícil lograr acuerdos. Ante esto, los partidos políticos han propuesto distintas medidas de corte “orgánico”, como subir el umbral de entrada o reducir la cantidad de diputados. Sin embargo, la pandemia de diputados desaforados, ninguna resuelta, no encuentra respuestas legislativas, salvo la propuesta sobre no recibir remuneración durante el desafuero. Un mejor sistema político requiere mejores partidos y mejores políticos, y es necesario que las exigencias sean para ambos y no solo para los primeros.
Actualmente están desaforados los diputados Francisco Pulgar (ex PDG), imputado por violación a una mayor de 14 años, y Mauricio Ojeda (ex REP), por la arista Manicure del Caso Convenios. El desafuero de la diputada Catalina Pérez (RD), por la arista Democracia Viva, está pendiente ante la Corte Suprema. Eventualmente, la Fiscalía puede pedir el desafuero de la diputada Karol Cariola (PC), por el caso Patente China; del diputado Joaquín Lavín (UDI), querellado por tráfico de influencias y fraude al fisco y del diputado Jorge Durán (RN), denunciado por abuso sexual. En la Cámara Alta, la senadora Isabel Allende (PS) está a la espera del proceso destitución seguido ante el Tribunal Constitucional, por el caso Casa Allende.
El desafuero no elimina la presunción de inocencia y todos los casos actuales no se han resuelto judicialmente, y eventualmente, la justicia puede resolver que todos son inocentes. Puede ser que haya maquinaciones políticas o acusaciones infundadas. Pero el termómetro algo está indicando.
En esta situación, es justo reconocer también que muchos parlamentarios trabajan con probidad ejemplar, sirviendo genuinamente a la sociedad, lo que muchas veces, no se conoce ni se reconoce. La cantidad de desafueros y la naturaleza de los delitos son señales de que el Estado de Derecho podría tambalearse, la imagen del legislador arriesgaría su deterioro y la política dejaría de ser el lugar de los primeros servidores públicos. El interés privado se impondría al interés público, porque la búsqueda del bien común, el de todos y cada uno de los chilenos, no existiría.
Lo anterior permite abordar una cuestión que está en el corazón de la discusión sobre la reforma al sistema político y es que, si bien no existe un “virtuosómetro”, la política debería ser ejercida por hombres y mujeres que, conscientes de sus debilidades, se esfuerzan diariamente en tener una vida honesta. No sirve de nada proponer un número ideal de partidos políticos y ajustar los engranajes, si no mejora la calidad de los políticos.
Los requisitos constitucionales de edad, ciudadanía, residencia y educación para postular como senador y diputado son insuficientes, y los partidos debiesen aprobar una legislación que los obligue a mecanismos más exigentes de revisión de antecedentes, así como a establecer procedimientos diferenciados, en cuanto a su celeridad, según la naturaleza de los delitos. La reforma al sistema político no puede esquivar la dimensión individual de la crisis política.