Esta semana en la columna Constituyente del diario El Líbero, nuestro abogado del Área Constitucional argumenta por qué la propuesta de nueva Constitución no reconoce ni protege correctamente los derechos fundamentales de las personas.

Los chilenos, por mandato legal y moral, deberemos votar este 4 de septiembre el borrador de Constitución elaborado por la Convención Constitucional. Un texto cuyas contradicciones sólo se explican por los forzados acuerdos identitarios de sus autores. Un borrador que no se escribió para y por los chilenos, sino contra y sin ellos. Un documento que sólo nominalmente merece ser llamado “constitucional”, porque no cumple con las funciones propias que se le exigen.

El borrador no reconoce ni protege correctamente los derechos fundamentales de las personas, pues convierte pretensiones en derechos y excluye derechos tradicionales y esenciales de los chilenos. Por otro lado, tampoco diseña satisfactoriamente la distribución y control del poder mediante un sistema político de pesos y contrapesos.

Serán los diputados quienes tendrán la primera y última palabra en la función legislativa, en donde la participación de los senadores (o representantes regionales) pasa a ser de regla general a excepción. Junto con ello, los Sistemas de Justicia (el “Común” y los once o más de los pueblos originarios) serán controlados por un Consejo de la Justicia cuya integración política quita la independencia indispensable para hacer justicia, además de distorsionar la función jurisdiccional con elementos ideológicos vinculantes para todo fallo.

El Presidente pierde poder, pero el retorno al dominio legal mínimo y la ausencia de una cláusula general que habilite al Legislador a limitar los derechos fundamentales abre un espacio de regulación para la potestad reglamentaria autónoma lo que puede generar oportunidades para abusos.

El mal diseño político es acompañado de una desintegración territorial pseudo federalista, en el que la plurinacionalidad (término indefinido y en disputa) boliviana es adaptada y coronada con una autonomía que, para un juez en la Araucanía, será difícil limitar.

Sumado a lo anterior, el protagónico rol del Estado convierte a los derechos sociales en crónica de una muerte anunciada si se revisan las normas protectoras de la Naturaleza inspiradas en un ecologismo radical ecuatoriano, que desincentivan la inversión, y si se toma en cuenta que no existen disposiciones que permitan asegurar el financiamiento de los abundantes y detallados derechos sociales (cuestión omitida en la carta de los autoproclamados “destacados profesores constitucionalistas”).

Es decir, un desequilibrio político, una desintegración nacional y un decrecimiento económico, que provocan inestabilidad, afectan la unidad nacional y crean un caldo de cultivo para la frustración ciudadana.

También existe una segunda mirada del borrador, enfocada en los derechos y principios. Si por un lado se consagra una autonomía personal como fundamento del ejercicio de los derechos -divinización de la persona humana, consagración de una voluntad humana emancipada de todo límites-, por otro lado, los convierte en cautivos del Estado, pues la vida digna prometida, desde la cuna hasta la tumba, está en manos del Estado, al ser el único garante de los derechos sociales.

Según algunos, la Constitución no es solo una norma jurídica, sino que también tiene un significado político y social que refleja los acuerdos y las características propias de los chilenos. A su vez, esto refleja una postura sobre cómo entendemos a la persona y a la sociedad. En este punto la autonomía adquiere especial importancia y peligrosidad. El borrador no protege a los chilenos más vulnerables. Con la consagración del aborto (“derecho a decidir sobre el propio cuerpo”) y la eutanasia (“derecho a tomar decisiones libres al final de su vida”), el derecho a la vida se relativiza absolutamente, y contrasta con la especial protección de los animales, los glaciares, etc.
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