En el conversatorio virtual organizado por la Asociación para la Promoción de los Derechos Civiles (PRODECI) de Argentina, nuestro asesor destacó los riesgos y deficiencias de la actual regulación chilena sobre disforia de género en menores.
En un evento virtual realizado el 7 de noviembre a través de Zoom, la Asociación para la Promoción de los Derechos Civiles (PRODECI) de Argentina y nuestra corporación presentaron el conversatorio “Disforia de género en menores: experiencia en Chile”. Roberto Astaburuaga Briseño y Nael Condell García abordaron el “tratamiento” de la disforia de género en menores, enfocándose en el impacto de las políticas “transafirmativas” y el rol del Estado en la aplicación de estos tratamientos en niños.
“Este programa funciona como una esponja, porque está diseñado para recibir derivaciones de todos los ámbitos del Estado que están relacionados con los niños”.
Roberto Astaburuaga
Durante su exposición, Roberto Astaburuaga explicó el funcionamiento del Programa de Acompañamiento a la Identidad de Género (PAIG) en Chile y los problemas estructurales que enfrenta. “Lo que en Chile está sucediendo es que el programa PAIG trata a miles de niños con un enfoque afirmativo que carece de evidencia científica, poniendo en riesgo su salud física y emocional”, afirmó. Además, cuestionó la forma en que el Estado calcula la población beneficiaria de estos programas, basándose en estudios extranjeros no adaptados a la realidad chilena.
El Confundador ONG Disforiamente, Nael Condell García, compartió su experiencia personal de 20 años de hormonización y alertó sobre los efectos a largo plazo en la salud de los menores que inician estos tratamientos. “Nadie se está preocupando realmente de qué está pasando con esos niños. Insertan una idea en su cabeza y se olvidan del impacto en su vida”, señaló Condell, quien advirtió sobre la dependencia farmacológica y las consecuencias irreversibles que pueden derivarse de estos procedimientos.
El conversatorio culminó con un llamado de los expositores a revisar estas políticas públicas en función de los derechos de los menores y la responsabilidad del Estado en proteger su desarrollo integral. Según nuestro asesor legislativo, visibilizar los testimonios de las familias afectadas es clave para generar un cambio legislativo y cultural que permita resguardar la salud y el bienestar de los niños.