Hoy en el Diario La Tercera, nuestra abogada del Área Legislativa explica por qué derogar el delito de incesto denota una pérdida de las nociones de “bien” y “mal” y daña a la sociedad y la familia.
SEÑOR DIRECTOR:
De forma desapercibida, como suele operarse en estas materias, se ha propuesto en el Congreso derogar el delito de incesto. Ello significa que las relaciones sexuales consentidas entre parientes cercanos dejarían de ser delito.
Se ha argumentado, para apoyar la perturbadora propuesta, que ahí donde hay consentimiento el Estado no tendría por qué intervenir (y menos el derecho penal). Sería “un delito sin víctima”, una regla moral que no tiene por qué traducirse en una jurídica.
Lo cierto es que, en buena hora, hay bienes jurídicos que se protegen más allá de lo que la endiosada autonomía ordene. Ello explica que se alimente a una persona en huelga de hambre aun contra su voluntad, que el auxilio al suicidio sea delito aun cuando quien quiera suicidarse consienta, o que la venta de órganos esté prohibida incluso si ambas partes están de acuerdo.
Este consentimiento se confunde con una auténtica libertad, que difícilmente podría ordenarse a tener relaciones sexuales entre familiares. Ello denota una pérdida de las nociones de “bien” y “mal”, pasando a considerarse irrelevante si acaso aquello consentido es dañino para quien consiente, para la familia y para el bien común de la sociedad.
Rosario Corvalán Azpiazu
Área Legislativa Comunidad y Justicia