Les dejamos a continuación una columna de nuestro asesor judicial, Roberto Astaburuaga. El texto, publicado este sábado 28 de noviembre por el medio digital Controversia, recuerda algunos de los principales hitos en la lucha por la defensa de la vida en los últimos meses. Sin duda, son motivos para tener esperanza.
Cuando hablamos de aborto es común escuchar cosas como: “¡Pero si es algo inevitable! Hacia allá marcha el mundo”. Es que para muchas personas el avance de la llamada agenda de los derechos sexuales y reproductivos parece ser algo casi tan inexorable como el paso mismo del tiempo; como una gran marejada que se cierne irremediablemente sobre la humanidad. Y basta ver muchos medios de comunicación tradicionales para, en efecto, perder la fe en la humanidad: marchas “por el derecho a decidir”, intervenciones con pañuelos verdes, encuestas indicando que el número de partidarios del aborto libre aumenta y un largo etcétera. Sin embargo, una mirada más serena sobre estas aguas turbulentas permite ver otras cosas bajo ella. En el último tiempo han surgido políticas que tienen por objeto restringir la aplicación del aborto en distintos lugares del mundo. Y no son pocas.
En primer lugar, el jueves 22 de octubre el Tribunal Constitucional de Polonia dictó un fallo declarando que el aborto por malformación del feto es inconstitucional. Con ello los supuestos legales que lo permiten, terminaban reducidos a violación, incesto y grave riesgo para la salud de la madre o daño irreversible del feto. Según los datos del Ministerio de Sanidad, en 2019 se practicaron en Polonia apenas 1.110 abortos legales, de los cuales 1.074 (96%) se llevaron a cabo por malformación del feto.
El mismo día, 32 países, representando a más de 1.600 millones de personas, firmaron virtualmente la Declaración del Consenso de Ginebra en la que se cuestiona ciertas normas internacionales en materia de aborto. Respecto a este último, la declaración indica que no existe un “derecho al aborto” y expresaron la prioridad fundamental de proteger el derecho a la vida, el cual es inherente a la persona humana. Chile, de forma lamentable (aunque esperable) no fue uno de los países firmantes.
El 27 de octubre el Senado de Estados Unidos confirmó a Amy Coney Barret como magistrada de la Corte Suprema de Justicia, consolidando una mayoría de 6 magistrados de tendencia conservadora en el tribunal. Su nombramiento como mujer católica, casada y madre de 7 hijos, significaría abrir la posibilidad de revertir políticas abortistas que han tenido lugar a partir de la dictación del controvertido fallo Roe vs. Wade. En la misma línea, el Juez Don Willet, del Tribunal de Apelaciones del Quinto Circuito de Nueva Orleans, en un voto disidente en un caso que involucraba un aborto, expresó su desacuerdo con la normativa, y detalló gráficamente el procedimiento de aborto, calificándolo como un acto barbárico.
Centrémonos ahora en Latinoamérica. Tenemos en primer lugar el caso de Ecuador, cuyo Presidente, Lenin Moreno, decidió vetar el pasado 25 de septiembre el proyecto de ley sobre el nuevo Código Orgánico de Salud, aprobado en agosto por la Asamblea Nacional. Dicho proyecto tenía previsto ampliar las condiciones de acceso al aborto y la anticoncepción para menores de edad y de esta forma eliminar las restricciones relacionadas con el aborto en caso de “emergencia obstétrica”, entendida como un peligro para la salud de la madre o el bebé. Incluso, el proyecto establecía la prohibición de acudir a la objeción de conciencia por parte de los doctores. Sin embargo, con la interposición del veto será necesario esperar un año para volver a discutir el asunto.
Así también, en Guatemala, el 2 de noviembre, el Presidente Alejandro Giammattei aseguró en un tweet que no permitirá el funcionamiento de Planned Parenthood en el país, luego de que el Ministerio de Gobernación autorizara el funcionamiento de la empresa abortista y permitiera abrir una sucursal en dicho país. El Presidente ya dictó las instrucciones necesarias para que ese acuerdo gubernativo se derogue y aceptó la renuncia del Ministro de Gobernación, reconociendo el error cometido.
Por último, en Chile, el 1 de noviembre, un grupo de más de 250 doctores e internos, bajo el título de “Médicos por la Vida”, firmaron una carta exigiendo la derogación de la ley Nº 21.030, primera puerta de entrada del aborto en nuestro país. Los firmantes se oponen a leyes que socaven los derechos de los más débiles -y el niño que está por nacer entre ellos-, mientras denuncian el adormecimiento colectivo de la conciencia frente a la muerte provocada de los que aún no han nacido.
Como vemos, la aceptación del aborto como un “derecho universal” para las mujeres está lejos de constituirse como un hecho incuestionable, y que sea una posición absoluta, dominante e inamovible constituye una aspiración utópica. La defensa de la vida del que está por nacer se mantiene presente a lo largo de todo el mundo y los intentos por restringir o eliminar el aborto producen frutos. Una vez que un país ha incluido dentro de su legislación “la interrupción voluntaria del embarazo”, quienes defienden la vida del inocente e indefenso suelen abandonar la lucha y resignarse a dar por perdido cualquier intento de revertir tal “política pública de salud sexual y reproductiva”. Sin embargo, los hechos reseñados permiten percibir que el sentido natural prima e interpela a retroceder en esta (des) “planificación familiar”, tanto en América Latina como en otras regiones.
En Chile debemos sacar lecciones de esto en nuestro futuro inmediato. En la redacción de la nueva Constitución Política, existirá un enorme y profundo debate sobre este tema, buscándose, por un lado, la inclusión del “derecho al aborto libre” como parte de la agenda feminista y, por otro, la protección constitucional especial –y ya no un principio de reserva legal– del que está por nacer. Esto es algo que debemos tener en cuenta a la hora de votar este 11 de abril por los futuros constituyentes.
Pero nuestro compromiso no puede quedar ahí. Es necesario que se presenten proyectos de ley que, buscando la derogación del aborto, sean complementados con políticas públicas y programas de acompañamiento a la mujer en las etapas pre y post aborto, tanto para aconsejarla y ofrecerle alternativas reales, como para acompañarla en su sufrimiento. Aristas como la implementación de una verdadera objeción de conciencia, el reconocimiento del derecho y deber del padre de proteger a su hijo no nacido, la regulación del destino de los fetos abortados para evitar su comercialización o investigación, y tantas otras materias relacionadas, permiten que, paso a paso, se logre el diseño de instrumentos que permiten proteger la vida del que está por nacer. La batalla por la vida desde la concepción hasta la muerte natural no termina con la aprobación de una ley que permite el aborto, sino que se inicia con su restricción y completa eliminación.