En nuestro hoy polarizado panorama político, pocas ideas tienen mayor consenso que la necesidad de reformar el SENAME. Pasan los años y seguimos acumulando informes, cartas al director y declaraciones en redes sociales que que demuestran este acuerdo transversal.

¿Qué ocurre entonces? ¿Qué dificulta el avance? Una parte de la demora puede deberse a los tiempos del propio proceso legislativo. En efecto, es esperable que una ley de esta importancia requiera de ajustes lo más precisos posibles, lo mejor de la experiencia nacional y comparada, además de abundante estudio. Por sobre todo, mucha coordinación entre los parlamentarios con el Ejecutivo.

Eso podría explicar una parte. Pero no todo. Otro factor son las propias trampas en que caen nuestros legisladores. Como comentábamos en una nota de nuestro boletín pasado, el proyecto de ley de reforma al SENAME no avanza porque su aprobación está condicionada al avance de otro proyecto de Ley: el de Garantías de la Niñez. Y ya son varias las voces que denuncian este amarre por considerarlo innecesario y motivado por puras razones ideológicas.

Es así como quienes abogan por la discusión conjunta de ambos proyectos, plantean la necesidad de que exista un marco legal que permita elevar las exigencias hacia el Estado y los Organismos Colaboradores del SENAME. Dicho en simple: más leyes y más exigencias ayudarán a darle mejores servicios a los niños del SENAME.

Lo anterior, sin embargo, es al menos discutible. No está en cuestión que la ley tenga una función educativa, pero sí es al menos debatible que meras declaración de intenciones, sin bajadas prácticas, puedan permear la cultura de nuestras organizaciones dedicadas al mundo de la infancia. A nuestro juicio, el Proyecto de Garantías cae en esto último: es poco práctico y difícil de aplicar si lo que se busca es “subir el estándar”. En cualquier caso, los defensores del proyecto de garantías sostienen posiciones debatibles, pero legítimas. Hasta este punto.

«Si bien no se discute que la ley tenga una función educativa, la mera declaración de intenciones, sin bajadas prácticas, difícilmente permearán la cultura de un país. A nuestro juicio, el Proyecto de Garantías cae en esto último: es poco práctico y difícil de aplicar si lo que se busca es “subir el estándar”.»

Lo problemático empieza con el cúmulo de afirmaciones de corte antropológico que atentan directamente con los fundamentos del Bien Común. Y esto es grave. Buscar medidas para dar a los niños del SENAME lo que es de derecho suyo está muy bien. Minar los fundamentos de un orden social justo, afectando así la vida de todos los niños de nuestro país, es un error profundo. Y muchas de las más de cien indicaciones que se han hecho al proyecto tienen alguno de los siguientes tres problemas.

En primer lugar, hay artículos que atentan contra la autoridad de los padres. Dar pie para que un niño vaya a manifestaciones sin la autorización parental debida va en esa linea, como ha planteado extensamente Cristóbal Aguilera. Considerar que los niños tienen derecho a una “educación laica y no sexista”, también atenta contra el derecho preferente de los padres a educarlos según sus convicciones morales y religiosas. Otros puntos son complejos, no por lo que dicen directamente, sino por cómo podrían ser interpretados por jueces progresistas. Es el caso del concepto de “autonomía progresiva”.

Un segundo punto son las consideraciones sobre el pretendido derecho a la identidad de género , que es considerado directamente en los Art. 9 y 19.

En tercer lugar, hay materia que no tienen relación alguna con la felicidad y plenitud de los niños, pero que sí contempla la ley: nos referimos la explicitación de que los niños tienen acceso al aborto bajo las tres causales y la referencia a los “padres y/o madres”, que podría dar pie a interpretaciones favorables a la homoparentalidad.

Todos estos puntos han dado pie a discusiones legislativas que ya se extienden por años.

El veto busca, en este contexto, liberar el amare de estos dos proyjectos, junto con reforzar el derecho preferente y deber de los padres a educar a sus hijos. Por todo lo anterior, vemos en esta iniciativa una señal de esperanza.