Hay motivos totalmente justificados para votar A Favor o En Contra. Es comprensible que alguien considere que la Constitución vigente es mejor que la propuesta por alguna razón (es comprensible, aunque haya un punto ciego, pues votar En Contra probablemente signifique una reforma futura en el Congreso, y no conservar lo que existe hoy).
Es comprensible también que ciertas medidas incorporadas en la propuesta incomoden a las izquierdas extremas: reconocer con fuerza que los padres son quienes saben qué es lo mejor para sus hijos; que se asegure el respeto por el ideario y la identidad de cada proyecto educativo; que se asegure libertad curricular a los establecimientos educacionales, para que no sea el Estado todopoderoso quien nos diga qué y cómo enseñar. La propuesta incluye todo lo contrario de lo que se ha reclamado por esas izquierdas desde hace años. Y sin embargo, su estrategia de campaña no ha consistido en mostrar el texto -pues ya se vio que su modelo de sociedad fue rechazado el 4 de septiembre-, sino en construir una serie de mitos. Y eso es totalmente incomprensible: jugar sucio. Levantar un conjunto de infundios que no tienen mayor asidero textual en la propuesta, mentiras que descaradamente han defendido tirando la pelota al córner: “No son fake news, son interpretaciones”, señaló Gabriel Osorio, vocero del comando En Contra.
Quizás el más llamativo de todos los mitos ha sido el de unos presuntos alcances que tendría la objeción de conciencia. Según se ha señalado en diversos medios de campaña de la opción En Contra, la propuesta establecería que un niño pueda ser expulsado de su establecimiento educacional por tener padres divorciados y otros motivos semejantes. ¿En qué se basan para decir eso? Quizás en la mera fórmula que reconoce la objeción de conciencia; quizás en el reconocimiento y protección del ideario educativo y de la libertad de enseñanza… Nada se dice en la propuesta que permita seriamente sostener que el cambio de estado civil de los padres faculte a un colegio a expulsar a un alumno. Es más, hoy en día el artículo 11 de la Ley General de Educación establece precisamente lo contrario para los colegios que reciben aporte estatal (y en conformidad con la disposición transitoria segunda debe entenderse que dicha ley seguirá en vigor), y la propuesta misma también contradice ese espíritu al garantizar la continuidad del servicio educativo, la educación como un derecho y la libertad de enseñanza como algo ordenado a los padres.
Entonces, ¿de qué estamos hablando con estas normas tan temidas por la izquierda radical? Simplemente, de libertad de enseñanza. Hablamos de una autonomía del establecimiento que se ordena a garantizar a los padres su derecho a que sus hijos reciban educación en conformidad con sus propias convicciones. Hablamos de un Estado que está para servir dicho derecho de los padres, y no para imponer ideologías en el aula. Hablamos, en fin, de verdadera educación, entendida no como uniformidad en la transmisión de cierta información, sino como un proceso en el cual los padres -con la ayuda de un establecimiento o sin ella- pueden y deben conducir a sus hijos a su propia plenitud.
¿La integridad e identidad de un proyecto educativo autoriza a vulnerar derechos de terceros? ¿La objeción de conciencia autoriza a afectar los derechos de los niños? ¡Por supuesto que no! Es simplemente una falsedad, y sorprende que no haya sido ya denunciada con la fuerza correspondiente por parte del comando A Favor, dada su relevancia.
Hay motivos legítimos para votar en contra, sin duda. Pero la campaña no puede fundarse en algo distinto del texto. Y no es decente señalar -como hizo cierto vocero de Chile En Contra- que “son interpretaciones” del texto, siendo que se trata de afirmaciones directamente contradictorias con un texto expreso de la propuesta. El texto asegura la continuidad del servicio educativo, el derecho a la educación, la libertad de enseñanza como algo que existe para asegurar su derecho a los padres. Nada de eso se condice con la supuesta hipótesis según la cual se podría expulsar a un niño porque sus padres se separen. Es simplemente una burda mentira, y cualquiera que lea el texto se da cuenta de que no se sigue de ahí la expulsión de un niño de su colegio. Afortunadamente, la solución frente a estos mitos es fácil: el mejor argumento es el texto mismo. Como oyera Agustín, según lo que cuenta en sus Confesiones: “toma y lee”.