SEÑOR DIRECTOR:
La Cámara de Diputados aprobó un proyecto de resolución para impulsar la presentación de una política nacional de educación sexual, con base en argumentos falsos o, en el mejor de los casos, imprecisos.
Asume que la educación sexual es un derecho humano, a partir de lo cual pretenden derivar una necesidad imperiosa de legislar al respecto. Pero en realidad no existe ningún tratado ratificado por Chile en el que se establezca la “educación sexual” como un derecho, ni mucho menos una impartida según la uniformidad progresista (por ejemplo, con el epíteto de “no sexista”); antes bien, el derecho internacional expresamente reconoce el derecho preferente de los padres de educar a sus hijos según sus propias convicciones (cfr. CADH, PIDCP).
La iniciativa toma como ejemplo el proyecto sobre educación sexual rechazado en 2020, el cual contenía una serie de principios obligatorios para los establecimientos, que vulneraban el derecho preferente y el deber de los padres y la libertad de enseñanza.
El modelo propuesto -sin duda- traiciona la integralidad que se le desea imputar a un modelo de educación que no es neutral y que pretende dejar afuera un sinfín de factores sumamente importantes en la educación de los niños.
Vicente Hargous
Gustavo Baehr
Comunidad y Justicia