En esta columna, publicada por El Mercurio el pasado jueves 14 de Octubre, el profesor Corral analiza la implementación de la llamada Ley IVE y propone cómo lidiar con ella.

El 23 de septiembre se cumplieron tres años desde la entrada en vigor de la Ley 21.030, que despenalizó el aborto en tres causales. Aunque los pronósticos sobre la cantidad de mujeres que requerirían el procedimiento están lejos de haberse cumplido, más de mil vidas de individuos humanos fueron segadas en el vientre materno. Según el Ministerio de Salud, en los dos primeros años (2017-2019) hubo un total de 1.117 IVE (Interrupción Voluntaria del Embarazo), mientras que entre enero y junio de 2020 se practicaron 228, o sea, en tres años la ley ha implicado la muerte de más de 1.300 no nacidos. Y a estas víctimas deben añadirse las madres que, ante la falta de apoyo del padre y un sistema machista que, con la excusa de la autonomía reproductiva, las abandona, consintieron que un médico diera muerte a su propio hijo, infiriéndose una herida que quedará gravada a fuego por el resto de sus días.

Pero esto no lo ve el feminismo radical, como tampoco que al menos la mitad de los no nacidos son mujeres que no podrán llegar a gozar de la equidad de género que se reclama para las mujeres ya nacidas.

Es más, en una nota de La Tercera se da cuenta de que por la pandemia los abortos habrían disminuido en comparación con el primer semestre del año anterior. Los expertos entrevistados, en lugar de alegrarse por que haya una disminución de pérdida de vidas, se muestran preocupados y llaman a facilitar el acceso a estos procedimientos.

Lo más decepcionante es que el masivo y versátil movimiento a favor de la vida que se generó para impedir la aprobación de la ley, una vez que esta fue publicada, se desvaneció. Esto ratifica que los sectores que defienden los valores humanos son más legalistas que los de la izquierda progresista; y que cuando pierden la batalla contra una ley inicua y esta sale publicada en el Diario Oficial piensan que ya no hay nada que hacer y asumen que es inamovible.

En esto debiéramos aprender del “iusnaturalismo” de los sectores de izquierda: si les parece que algo es justo luchan tenazmente, aunque se apruebe una ley en contra, y no descansan hasta derogarla o restringir su alcance. Y si la ley aprueba su causa parcialmente, siguen insistiendo para que se extienda. No extraña así que los únicos proyectos de ley presentados después de la Ley 21.030 tengan por objeto facilitar la “interrupción del embarazo”. En cambio, ninguno se ha presentado para derogar esa ley, restringir su eficacia o añadir más exigencias. Las más de 1.300 muertes prenatales, que implican más de 1.300 mujeres que cargarán con el trauma del aborto, son consideradas un frío número estadístico: víctimas olvidadas que nadie quiere ver.

Ni siquiera ha habido alguna evaluación objetiva sobre cómo se están aplicando las causales, sobre todo las de patología congénita y violación. Invocando esta última, en tres años se han hecho más de 200 abortos y no se sabe de denuncias o querellas ni condenas contra el agresor. El violador queda impune mientras se aplica una pena de muerte a la criatura inocente. El abortado podría decir, parafraseando a Segismundo en “La vida es sueño”, que su único delito fue ser concebido.

La Contraloría, así como ha comenzado a fiscalizar a los altos mandos de Carabineros, debiera auditar cómo se está aplicando la ley y verificar si las causales esgrimidas son reales. Porque si no se cumplen los requisitos exigidos no rige la despenalización y habrá aborto punible.

La sociedad civil debe volver a organizarse para defender de manera creativa y sin agresividad la vida y dignidad de todo ser humano. Se dará así una base de apoyo a los parlamentarios y ministros del Gobierno para que se animen a presentar, a lo menos, proyectos de ley que ayuden a las mujeres con embarazos difíciles, que les permitan evitar la lacerante decisión de abortar.

Ese movimiento debiera servir también para que en la discusión constitucional que se avecina —sea que gane el Apruebo o el Rechazo—, se establezca en la Constitución una más clara y categórica defensa del derecho a la vida desde la concepción hasta la muerte natural. ¿O es que los derechos sociales universales de los que tanto se habla serán solo para los y las que hayan logrado nacer?