El organismo fiscalizador determinó que la JUNAEB no cumplió con las bases administrativas, hecho en el cual también participó el Ministerio de Educación.

El 12 de octubre de 2023, el Contralor General de la República emitió el dictamen N° 10.636, en el que señala que la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas (JUNAEB) no respetó las bases administrativas al ejecutar el contrato que originó los cuadernos que incluían contenido sobre “educación no sexista” y el acrónimo “LGBTQIA+”. 

El documento, que responde a diversos oficios de diputados (uno de los cuales fue redactado por abogados del área legislativa y judicial de nuestra Corporación), señala que “en ninguna de las páginas de los cuadernos en cuestión, JUNAEB observó lo señalado en las bases administrativas aprobadas por la resolución N° 23, de 2021, de ese origen”. Cabe señalar que las bases eran claras: los cuadernos debían incluir material informativo que apoye el “plan contra la obesidad”. 

Además, la Contraloría estableció que en estos hechos tuvo participación la JUNAEB y el Ministerio de Educación. Según indica el dictamen, “consta que, mediante correo electrónico de 9 de junio de 2022, la señora (…) (a esa data contratada a honorarios en el Gabinete de la Subsecretaría de Educación), remitió al señor (…) (servidor a honorarios en el Gabinete del Ministerio de Educación), el diseño que, más tarde, se incluyó en los cuadernos de que se trata”. Agrega que este último funcionario “remitió el mismo día, dichos antecedentes, a la señora (…), funcionaria de la JUNAEB”. 

Por lo anterior, la Contraloría instruyó a la JUNAEB y a la Subsecretaría de Educación iniciar procesos disciplinarios para determinar eventuales responsabilidades administrativas derivadas de los hechos descritos.

Cabe señalar que la presentación elaborada por los abogados de nuestra Corporación fue la única que planteó la contradicción entre el contenido de los cuadernos y aquel que debieron incluir según las bases administrativas (información relacionada con el “plan contra la obesidad”). Esto – a juicio del oficio redactado por nuestros abogados y, consiguientemente, del ente contralor – significó una vulneración al principio de estricta sujeción a las bases, en virtud del cual la Administración del Estado debe ceñirse a lo señalado en las bases administrativas, no sólo durante la licitación, sino que durante la ejecución del contrato. 

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