Roberto Astaburuaga: “La Fiscalía levanta la alfombra por las cirugías transgénero a más de 40 menores de edad”
El año pasado, Chile se escandalizó al saber que los niños que se autoperciben del sexo opuesto estaban siendo “afirmados” en su identidad de género, recibiendo tratamientos sociales, hormonales y quirúrgicos, en la salud pública y privada. Hubo de todo para levantar la alerta: reportajes, testimonios, comisiones investigadoras, sentencias, denuncias. Niños, adolescentes y padres “resistentes” judicializados, todos atrapados en un tinglado de hospitales, endocrinólogos, colegios, municipalidades, ministerios, fundaciones, activistas y universidades. Miles de niños han pasado por programas transafirmativos de transición social, cientos, si no miles, por transición hormonal… y varias decenas llegaron hasta la mutilación quirúrgica.
La Ministra de Salud reveló el año pasado que en Chile se habían realizado 42 cirugías de reasignación de sexo a menores de edad, 36 en el sistema privado de salud y 6 en el sistema público, entre 2004 y 2024. Sobre estas últimas, mencionó que se realizaron cuando los pacientes tenían 17 años. No dijo el tipo de cirugías ni el sexo de los pacientes. Sin embargo, el mismo Informe de la Comisión Investigadora indicaba que la cantidad total en realidad estaba incompleta, ya que otras fuentes revelaban que existían más casos. ¿Qué puede incluir la “transición” quirúrgica? Mastectomía, histerectomía (extirpación del útero), vaginoplastía, faloplastía, genitoplastía (cirugía que ocupa los órganos genitales de alguien para transformarlos en los del sexo opuesto), y un largo etc. En simple, castraciones y mutilaciones… a menores de 18 años. No sabemos de qué tipo o si se siguen realizando.
Pero un grupo transversal de diputados de oposición no se quedó callado y denunció estos hechos a la Fiscalía, en noviembre del año pasado. Y parece que empezaron a investigar. A inicios de marzo el Colmed sacó una declaración pública contra los parlamentarios denunciantes, afirmando que los denunciantes buscaban amedrentar a los médicos que atienden a personas trans. Luego, el Frente Amplio publicó un comunicado por la denuncia contra “tres médicos que han atendido a adolescentes trans”, condenando “cualquier intento de criminalizar a quienes apoyan a las personas trans”. El Minsal se lavó las manos: “respetan el libre ejercicio de la práctica médica enmarcada en la normativa vigente”. El problema es que la denuncia es sólo por cirugías de reasignación de sexo y no por terapias hormonales, como refirieron las tres instituciones. En todo caso, hay antecedentes más que suficientes para presentar una denuncia por los daños causados por tratamientos hormonales transafirmativos (como la infertilidad). Por eso es tan grave que el Minsal, en lugar de tomar cartas en el asunto, como debió hacerlo hace muchos meses, manda el mensaje sálvese quien pueda.
Estamos hablando de menores de 18 años. Aún están creciendo. Hay demasiadas cosas que no saben, no entienden las consecuencias. No pueden comprar alcohol, ni cigarros. Las niñas que se hagan mastectomías no podrán alimentar a sus hijos en los primeros meses. Estas cirugías no se pueden realizar ni aun con consentimiento de los padres. Son verdaderos tratamientos experimentales, y por tanto prohibidos por ley. Les provocan un daño para toda la vida. Cercenar un cuerpo sano por razones ideológicas nunca será considerado medicina. En Estados Unidos, un estudio del Manhattan Institute sugiere que al menos, entre 2017 y 2023, 7.000 niñas menores de edad se sometieron a mastectomías como parte de tratamientos de género, de las cuales entre 50 y 179 tenían 12 años y medio o menos al momento del procedimiento. Allá, al igual que acá, cuando se levantaron las alertas, lo primero que se dijo fue que no había casos de cirugías en menores… hasta que la verdad salió a la luz.
La salud privada también tiene su cuota, y no menor, de responsabilidad en el mayor escándalo médico contra los niños en la historia de la medicina. Hay una obligación jurídica y moral de rendir cuentas públicas, entregar voluntariamente la información, pedir perdón y reparar el enorme daño causado. Nunca se supo qué pasó en la Red UC Christus, por ejemplo. ¿Cuántas clínicas han realizado estas operaciones? ¿La Superintendencia de Salud piensa iniciar una fiscalización o prefieren seguir mirando para el lado? ¿Cuántas fundaciones y activistas derivan a menores para que se realicen este tipo de operaciones? ¿En cuántos hospitales se les pregunta a los pacientes menores de 18 años de los programas de identidad de género por algún “deseo quirúrgico”, induciendo e incitándolo?
La Fiscalía empieza a levantar la alfombra.
Gustavo Baehr expone ante la Comisión Mixta las fallas estructurales en la reforma de la Ley “antidiscriminación”
Nuestro asesor legislativo señaló que la propuesta introduce nociones imprecisas que comprometen el principio de igualdad ante la ley.
El 25 de marzo de 2025, ante la Comisión Mixta que analiza el proyecto de ley que modifica la Ley N° 20.609 (Boletín N° 12748-17), también conocida como “Zamudio 2.0”, nuestro asesor legislativo Gustavo Baehr advirtió que su redacción actual excede los márgenes de una protección razonable y amenaza con debilitar la seguridad jurídica.
Durante su intervención, Gustavo Baehr destacó que, pese a su loable objetivo de combatir la discriminación, el proyecto introduce definiciones y mecanismos que podrían permitir la judicialización de hechos sin afectación concreta de derechos fundamentales. “Estamos todos de acuerdo en que la discriminación debe ser erradicada. El problema es qué entendemos por discriminación y cómo decidimos sancionarla”, señaló.
“Para promover la igualdad ante la ley y la no discriminación arbitraria, necesitamos más bien escudos que espadas. Lamentablemente, este proyecto opta por lo segundo”.
Respecto a la tramitación, explicó que el proyecto nació en 2019 por moción parlamentaria, y fue aprobado en general por el Senado con 24 votos a favor. En la Cámara de Diputados, aunque obtuvo aprobación general en la Comisión de Derechos Humanos, fue rechazado en sala. El rechazo incluyó votos de partidos de centro y centroizquierda, lo que motivó la conformación de la actual Comisión Mixta.
Entre sus principales observaciones, nuestro asesor cuestionó la incorporación del concepto de “preferencias” como potencial criterio de discriminación arbitraria, indicando que una preferencia no implica por si misma una conducta ilícita. “Esto permitiría sancionar a un artista por emitir una opinión considerada ofensiva por un grupo”, advirtió.
También, criticó la definición autónoma de discriminación contenida en el proyecto, la cual elimina el requisito de que exista una afectación concreta a derechos fundamentales. Esto —señaló— permitiría activar el funcionamiento de la justicia por hechos que no necesariamente constituyen una lesión real. “Vamos a terminar activando juzgados de letras, que suelen ver pagarés o letras de cambio, para resolver asuntos constitucionales, solo porque algo ‘carece de justificación razonable’, aunque no afecte ningún derecho”,dijo.
Asimismo, Gustavo Baehr expresó reparos por la incorporación al proyecto del artículo 493 del Código del Trabajo, que establece una inversión de la carga de la prueba. Explicó que esta figura es aceptada en el ámbito laboral debido al desequilibrio estructural que existe entre empleador y trabajador, es decir, una asimetría de poder, recursos y capacidad probatoria que justifica un trato diferenciado para proteger a la parte más débil. Sin embargo, advirtió que esta lógica no es aplicable en relaciones horizontales entre ciudadanos, donde no existe una desigualdad estructural similar.
“¿Es justo que un trabajador deba explicar sus decisiones ante otro colega sin jerarquía? ¿O que una organización deba justificar por qué no incluyó a alguien en un debate? Ese tipo de dinámicas no responden a un contexto de poder desigual”, planteó.
Al finalizar su exposición, nuestro abogado agradeció la invitación a la Comisión y reiteró que el debate debe sincerarse, al señalar que todos estamos de acuerdo en la prohibición de la discriminación arbitraria y, que el punto central, son las diferencias que existen en cuanto a la noción de discriminación arbitraria y los mecanismos de sanción que el proyecto establece.
>> Puedes leer la presentación ante la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados aquí.
Roberto Astaburuaga: “Niños no nacidos y madres con embarazo vulnerable”
Mañana, 25 de marzo, oficialmente en Chile se celebra el Día del Niño por Nacer y la Adopción. Distintas organizaciones y personas preparan actos y actividades para celebrar la vida de un ser humano. Estos actos contrastan con los anuncios del Gobierno sobre obstaculizar y discriminar a los objetores de conciencia ante el aborto mediante modificaciones al reglamento respectivo y la presentación de un proyecto que legitima absolutamente el aborto hasta las 12 semanas. Vale recordar entonces algunas cuestiones sobre el aborto.
Lo primero: abortar es matar. Muere una persona inocente e indefensa por un aspecto tan circunstancial que demuestra su arbitrariedad e irracionalidad, como lo es estar dentro o fuera del útero de la madre, o por la edad (gestacional) del no nacido.
Lo segundo: nunca ha sido, no es ni será un derecho. No existe un derecho a matar. Ningún tratado internacional lo reconoce como derecho. Siempre surge como excepción a una regla general prohibitiva de carácter penal.
Lo tercero: el aborto no soluciona nada. Las principales razones que explican su realización tienen que ver con la presión de terceros (generalmente hombres) directa o indirectamente, o el temor al futuro por motivos económicos. Pero estas coerciones y abusos persisten después del aborto, además de dejar secuelas en la madre (incrementando el riesgo de suicidio en 2 a 3 veces, y un mayor riesgo a sufrir depresión o ansiedad).
Luego de un aborto sólo queda un niño muerto, una madre abandonada y una empresa enriquecida.
Sobre esto último, surgen dos temas relevantes. Según las cifras chilenas en que se configura alguna de las tres causales de aborto, el 85% decide realizarse el aborto, pero un 15% de las mujeres desiste de su decisión. ¿Qué las llevó a continuar su embarazo? ¿Cuántas madres que abortaron se arrepienten? ¿Cuántas hubieran preferido una solución real? ¿Cuál ha sido la historia de vida que tuvieron luego del aborto? ¿Qué efectos tuvo el aborto en ellas y en sus familias? ¿Se solucionaron los problemas que las llevaron a abortar o estos se mantuvieron? Sin duda, faltan datos y estudios que respondan estas preguntas. Universidades, fundaciones, centros de estudios, confesiones religiosas, profesionales y todo tipo de instituciones pueden cooperar en esta tarea.
Por último, los programas de acompañamiento para madres con embarazos vulnerables son la respuesta correcta. Chile merece una ley y una política social (como un fondo con aportes públicos y privados para aquellas madres). Iniciativas, en Chile y en el mundo, ya existen. Una noticia de Aciprensa enumera algunos de estos lugares de acogida: Grávida en Argentina; Pasos por Amor y Casa de la Madre y el Niño en Colombia; Chile Unido en Chile; Heartbeat of Miami en Estados Unidos; Vifac, Casa Yoliguani y Padma en México; Red Provida San Martín en Perú.
Nuestro compromiso es volver impensable la opción del aborto. Nuestro compromiso es defender la vida de todos los niños no nacidos y entregar apoyo, acogida, protección y acompañamiento a todas las madres con embarazos vulnerables.
¡Muy feliz Día del Niño que Está por Nacer!
Defendimos la fe y logramos cambios en Viña 2025: “Infernodaga” eliminó su contenido ofensivo
Nuestra corporación contribuyó a que la canción representante de Chile modificara su letra y presentación.
Seguir leyendo «Defendimos la fe y logramos cambios en Viña 2025: “Infernodaga” eliminó su contenido ofensivo»Roberto Astaburuaga: “Ser provida y el ‘No matarás’”
La muerte ronda a Chile. Por un lado, mueren niños y adultos abatidos en la crisis de inseguridad. Ante esto, resurge el debate a nivel electoral sobre reponer la pena de muerte. Por otro lado, el Gobierno anuncia avanzar en ampliar la despenalización del aborto y legalizar la eutanasia. La crisis de natalidad aparece como la muerte demográfica de Chile y las tasas de suicidio han aumentado los últimos años. Por último, el allanamiento al departamento de una diputada el mismo día del parto de su hijo genera interpelaciones a los provida.
Ante esto, el significado de ser “provida” exige una respuesta coherente a las distintas cuestiones planteadas. Está claro que la persona humana es digna de respeto, promoción y protección. Reflejo de lo anterior se manifiesta en el delito del homicidio y en la creación de programas para la prevención del suicidio. En este sentido, cada persona, única e irrepetible, es un fin en sí misma y parte de la sociedad. La discusión se genera respecto de ciertos actos que constituirían excepciones.
En el caso del aborto, se alega que el no nacido no es persona o que, siéndolo, su derecho a la vida se subordina al derecho de la madre. Ser provida sería, entonces, defender al que está por nacer desde que inicia su existencia, lo cual no se reduce a estar sólo en contra del aborto. Los atentados contra la vida del no nacido también abarcan prácticas como las técnicas de reproducción asistida, especialmente la criogenización, la experimentación genética, la eugenesia y la maternidad subrogada. En estas situaciones el embrión es tratado como cosa o es directamente destruido. Pero, por cierto, la definición de ser provida no se agota en el nacimiento ni en desentenderse de la madre. También implica la búsqueda creativa de soluciones para las madres con embarazos vulnerables, como programas de acompañamiento y casas de acogida que los ayuden en los primeros años de vida.
Por el lado de la eutanasia, la circunstancia de la calidad de vida (el sufrimiento insoportable) y la autonomía surgen como fundamentos de la nueva excepción. Ser provida sería entonces defender la vida hasta su término natural, sin buscar la aceleración artificial de la muerte ni menos provocarla. Pero también se extiende a la promoción de los cuidados paliativos como verdadera solución para quienes padecen grandes dolores.
En el caso de la pena de muerte, la excepción se justificaría en la gravedad por la comisión de determinados delitos. Sin discutir aquí sobre su legitimidad, sin embargo es muy claro que, en las actuales circunstancias, es posible y necesario buscar y aplicar penas alternativas que restituyan el orden justo y protejan a la sociedad, así como atenciones que busquen el arrepentimiento.
Una posición coherente con la dignidad y la vida humana exige defenderla de acciones que deliberada y directamente atenten contra ella, en cualquier etapa de su existencia, desde su inicio hasta su fin. Si estos atentados ya están permitidos legalmente, existe un deber moral irrenunciable de luchar por revertirlos. Esta postura se manifiesta mejor, y puede ser más convincente, cuando además se promueven acciones positivas para promocionar la dignidad de toda persona y plantear verdaderas soluciones respetuosas de la vida humana.
Roberto Astaburuaga: “Pandemia de desafueros y reforma al sistema político”
Una de las explicaciones a las distintas crisis de Chile es la crisis del sistema político. El sistema ya no funciona, porque la fragmentación y el multipartidismo han hecho extremadamente difícil lograr acuerdos. Ante esto, los partidos políticos han propuesto distintas medidas de corte “orgánico”, como subir el umbral de entrada o reducir la cantidad de diputados. Sin embargo, la pandemia de diputados desaforados, ninguna resuelta, no encuentra respuestas legislativas, salvo la propuesta sobre no recibir remuneración durante el desafuero. Un mejor sistema político requiere mejores partidos y mejores políticos, y es necesario que las exigencias sean para ambos y no solo para los primeros.
Actualmente están desaforados los diputados Francisco Pulgar (ex PDG), imputado por violación a una mayor de 14 años, y Mauricio Ojeda (ex REP), por la arista Manicure del Caso Convenios. El desafuero de la diputada Catalina Pérez (RD), por la arista Democracia Viva, está pendiente ante la Corte Suprema. Eventualmente, la Fiscalía puede pedir el desafuero de la diputada Karol Cariola (PC), por el caso Patente China; del diputado Joaquín Lavín (UDI), querellado por tráfico de influencias y fraude al fisco y del diputado Jorge Durán (RN), denunciado por abuso sexual. En la Cámara Alta, la senadora Isabel Allende (PS) está a la espera del proceso destitución seguido ante el Tribunal Constitucional, por el caso Casa Allende.
El desafuero no elimina la presunción de inocencia y todos los casos actuales no se han resuelto judicialmente, y eventualmente, la justicia puede resolver que todos son inocentes. Puede ser que haya maquinaciones políticas o acusaciones infundadas. Pero el termómetro algo está indicando.
En esta situación, es justo reconocer también que muchos parlamentarios trabajan con probidad ejemplar, sirviendo genuinamente a la sociedad, lo que muchas veces, no se conoce ni se reconoce. La cantidad de desafueros y la naturaleza de los delitos son señales de que el Estado de Derecho podría tambalearse, la imagen del legislador arriesgaría su deterioro y la política dejaría de ser el lugar de los primeros servidores públicos. El interés privado se impondría al interés público, porque la búsqueda del bien común, el de todos y cada uno de los chilenos, no existiría.
Lo anterior permite abordar una cuestión que está en el corazón de la discusión sobre la reforma al sistema político y es que, si bien no existe un “virtuosómetro”, la política debería ser ejercida por hombres y mujeres que, conscientes de sus debilidades, se esfuerzan diariamente en tener una vida honesta. No sirve de nada proponer un número ideal de partidos políticos y ajustar los engranajes, si no mejora la calidad de los políticos.
Los requisitos constitucionales de edad, ciudadanía, residencia y educación para postular como senador y diputado son insuficientes, y los partidos debiesen aprobar una legislación que los obligue a mecanismos más exigentes de revisión de antecedentes, así como a establecer procedimientos diferenciados, en cuanto a su celeridad, según la naturaleza de los delitos. La reforma al sistema político no puede esquivar la dimensión individual de la crisis política.
Roberto Astaburuaga: “Por fin, el último 8M”
Este sábado 8 de marzo, nuevamente, se abrirán las grandes alamedas para que pase la mujer feminista libre… encapuchada y octubrista. Por cierto que las organizaciones feministas no han dicho que sea el último 8M, pero la verdad es que ya le queda poco de vida a una fecha caracterizada por la violencia contra las instituciones patriarcales y la consigna barata. Como sea, varios factores han contribuido al fracaso e irrelevancia del feminismo.
Un primer factor podría ser la banalización de la fecha. De una marea morada destructora y vociferante, ha pasado a ser un evento social, frívolo y competitivo por la foto en Instagram y la declaración de rigor en Twitter. Basta ver cómo el metro se llena de niñas ultra maquilladas del barrio alto, más interesadas en las pinturas que en derrotar al patriarcado.
Todo esto, acompañado de una buena dosis de bailes, canciones y performances, que, por supuesto, es la razón esencial de la reducción absoluta de los asesinatos de mujeres. Como fenómeno mundial, no sorprende la cantidad de videos que hay, en donde las manifestantes no entienden por qué marchan, ni pueden explicar lo que exigen, ni mucho menos son capaces de responder la pregunta ¿qué es una mujer?
El hastío y oportunismo político es un segundo elemento. La izquierda, poco a poco, va entendiendo que el gustito identitario les salió muy caro, y la derrota histórica en la Convención Constitucional es el mejor ejemplo. Si la izquierda se farreó la oportunidad más grande que habían tenido en su historia, fue gracias a los movimientos identitarios, principalmente por el matrimonio entre feminismo e indigenismo.
La candidata presidencial del oficialismo, Carolina Tohá, lo adelantó la semana pasada, criticando el desprecio y abandono de los trabajadores por privilegiar los grupos pequeños y las temáticas particulares. Los corcoveos de la izquierda por sacarse el yugo identitario ya comenzaron, y si bien Natalia Pergientilli pagó el precio de llamarlos monos peludos, pronto más voces se unirán y los cambios, programáticos y políticos, que dejarán a las feministas y al feminismo fuera de la ecuación ya aparecerán.
Como es obvio, el feminismo es un movimiento político de izquierda, que representa, si es que, a las mujeres de izquierda. La imposición de arrogarse y atribuirse que representan a todas las mujeres es, irónicamente, patriarcal. Pero no le pidamos coherencia a la ideología: no se puede dar lo que no se tiene. Como sea, este oportunismo político se manifiesta muy claramente en esos silencios que incomodan cuando el violador, el abusador, el golpeador viene de sus filas. Manuel Monsalve, Alberto Fernández, Iñigo Errejón y Juan Carlos Monedero son la mejor muestra de esta hipócrita preocupación. Mágicamente, se vuelven sordomudas.
Y el tercero, es la traición del Gobierno. Si la calle es el escenario que a la izquierda le acomoda para lograr cambios (“transformaciones”), el Ejecutivo de Boric la ha tenido bien fácil con las feministas. Con la creación de puestos de trabajo en el aparato estatal (ej.: oficinas de género en todas y cada una de las reparticiones públicas) hasta la realización de estudios sobre el enfoque de género en las luminarias, las caletas pesqueras y cuanta tontera frívola se les ocurre, no hay tiempo para marchar.
El silencio feminista tiene un precio, y el Gobierno (históricamente feminista) sabe pagarlo generosamente, a cambio de no molestar, porque ninguna de sus demandas históricas haya avanzado. Por supuesto, culpar al surgimiento de la extrema derecha es más fácil. Obviamente tienen que dar la impresión de estar muy enojadas y que Boric fue la elección del “mal menor” o que no tenían ninguna expectativa sobre su trabajo.
Así, por diferentes razones, el feminismo es un “movimiento social” que va a la baja. Poca credibilidad le queda, y su erróneo diagnóstico se manifiesta en los números rojos de sus inútiles soluciones. Puede que en los próximos años el 8M siga convocando, pero, amiga, los chilenos no te creen.
Roberto Astaburuaga: “Febrero: música y cine trans para niños ‘trans’”
Febrero, mes del cine y música (para/por) trans. La cartelera, nacional e internacional, está abierta a mayores y menores de edad. Tenemos la película “Emilia Pérez” compitiendo por los Oscar, la canción Infernodaga representando a Chile en el Festival de Viña del Mar y el ciclo de cine trans del Centro Cultural de Los Ángeles. Así es que usted no tiene excusa para que estas vacaciones, junto a sus hijos, disfrute alguna de estas grandes obras maestras que el lobby del abecedario multicolor le ofrece.
“Emilia Pérez” trata sobre un narco mexicano que se somete a una operación de reasignación de sexo porque quiere empezar una vida nueva y los cirujanos aceptan realizarla luego de escuchar los recuerdos del narco sobre su disforia de género durante la infancia. Claro, era la única manera de rehacer una vida. No había otra. Como sea, este argumento tan genial, que decidieron nominarla a 13 Oscar… porque está al mismo nivel que Lo que el viento se llevó, Forest Gump, Titanic, El Señor de los Anillos (La Comunidad del Anillo) u Oppenheimer …
De Infernodaga ya comentamos en una columna pasada su tono anticristiano. Esperamos que las autoridades eclesiásticas se pronuncien para condenar y exigir que Chile no sea representado por una canción blasfema y anticristiana. Supongo que los organizadores no quieren revocar la decisión, y prefieren arriesgarse a una buena multa por parte del CNTV, tal como ocurrió con el caso Las Gansas.
Pero la joyita la trae la ciudad de Los Ángeles: ciclo de cine trans. ¿La cartelera? Mi vida en rosa, Cowboys, La chica danesa y Una mujer fantástica. ¿Quién organiza? El PAIG del Servicio de Salud del Biobío. ¿PAIG? Sí, un programa ministerial, en donde un trabajador social y un psicólogo reciben a niños, desde los 3 a los 17 años, por si se autoperciben del sexo contrario y les afirman esa autopercepción. También pueden derivar a niños, desde los 10 años, para que les hagan tratamientos hormonales (con riesgos irreversibles de infertilidad). Pero nos desviamos. En ninguna parte se aclara que estos ciclos son para mayores de 18 años, que uno presume que ya son capaces de distinguir la ficción de la realidad, y no para menores de edad.
La promoción de estas canciones y películas en niños y jóvenes no es inocua. Genera un impacto y daña las mentes inocentes de niños que aún se están formando y valida ideas que se tratan de imponer culturalmente. Exponer a los niños a que sean bombardeados o sepultados por la cultura transafirmativa puede tener un costo irreparable… y que años después, cuando han pasado por hormonas y/u operaciones, los hijos le cobran a sus padres no haberlos cuidado.
Lo cierto es que, la idea de que un niño se puede convertir en niña, o viceversa, está al mismo nivel, en cuanto a lógica y evidencia, que la Tierra es plana. Promover, a través del cine y la música, y respaldar esta idea, los deja en el mismo nivel. Pero no hay peor sordo que el que no quiere oír.
Comenzó programa radial de Gustavo Baehr
Nuestro abogado, Gustavo Baehr conversó sobre el tema de la crisis de seguridad con el concejal de Maipú, Juan Carlos Prado, y con el también abogado de nuestra corporación, Vicente Hargous, en el espacio que se transmite por la Radio Viva 106.7 FM (Maipú).
Este viernes 7 de febrero, nuestro abogado del Área Legislativa, Gustavo Baehr, debutó con su programa, “La Otra Cara de Maipú”, en la Radio Viva 106.7 FM (Maipú). En su primer programa conversó sobre la crisis de seguridad con el concejal de Maipú y miembro permanente del Consejo Comunal de Seguridad Pública, Juan Carlos Prado, y con el abogado del Área de Investigación de nuestra corporación, Vicente Hargous.
Si se perdieron esta conversación, los invitamos a escucharla en el siguiente link.
No te pierdas, todos los viernes a las 12:00 horas, el programa a través de la Radio Viva 106.7 FM (Maipú), de su sitio web y página oficial en Facebook y por el perfil en Instagram de Gustavo Baehr (@gustavo.elabogado).
Infernodaga o el banderazo del Apruebo 2.0 del Festival de Viña
Se ha vuelto costumbre en Chile atacar y reírse de la religión cristiana y de sus símbolos sagrados. La decisión de que la canción Infernodaga, abundante en blasfemias, tanto en su letra como en su representación, sea la que represente a Chile en el próximo Festival de Viña del Mar es la última muestra de un desprecio a materias propias de la identidad chilena como la religión cristiana y los símbolos patrios.
En la edición número 64 del Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar, Chile se presenta con un mensaje anticristiano, en el que se burla de Jesucristo, de su corona de espinas y de sus llagas. No sabemos las razones de los organizadores para elegir una canción que abunda en odio e insultos, porque el video no admite dobles lecturas y las excusas de ser “arte” o “muestra de expresión cultural” simplemente no logran esconder ni justificar la verdad. Las cosas son lo que son y no lo que se dice que son.
Infernodaga se suma a la lista de eventos como el Banderazo del Apruebo en 2022 o la ratificación de Peso Pluma en el Festival de Viña, a pesar de su vinculación con el narcotráfico. En esa última ocasión, el argumento para ratificar al cantante fue que no procedía la censura y la discriminación. Alberto Mayol respondió que se terminaba ensalzando la figura de Peso Pluma. Con Infernodaga pasa algo similar. Como es casi imposible que los organizadores se atrevan a revertir la decisión por el temor a sufrir las típicas funas matonescas y al llanterío victimista de los colectivos del abecedario multicolor, los cristianos, chilenos y extranjeros, tendrán que aguantarse, por enésima vez, ver como se burlan y ridiculizan su fe, a nivel nacional e internacional.
Dani Ride, autor de la canción, ha defendido que el video tiene que ver con los abusos de la Iglesia Católica y la represión y persecución contra la comunidad LGBetc, y eso es lo que “quise criticar usando simbologías”. Su razón es bastante irracional, y casi barbárica, al estilo “ojo por ojo, diente por diente”, aun si se disfraza de libertad de expresión para atacar la libertad religiosa, porque no se aplican la vara con la que miden a los demás. Para ellos, el respeto a la diversidad constituye un derecho a insultar impunemente a otros. Pero ¡ay! del que ose a hacer un chiste sobre ellos, como el del verdadero significado del acrónimo L(iberty) G(uns) B(eer) T(rump). Notable, pero esperable, su hipocresía y doble estándar.
En fin, de ser un evento familiar, el Festival retrocede a una performance de mal gusto, que es mejor saltarse o apagar. ¿Qué dirán los padres con sus hijos al lado? Por supuesto que luego de su emisión existirán reclamos y las tibias disculpas y explicaciones posteriores, pero el daño estará hecho. Espero que los cristianos tengan la valentía de defender su fe e incluso que ateos y agnósticos o de religiones no cristianas que consideran inaceptable burlarse de una religión sean capaces de denunciarlo.