Esta semana, la Cámara de Diputados vota la ley de presupuestos para el próximo año. Sin duda, varias partidas se relacionan con distintas crisis que viven los chilenos, pero hay una que no se puede dejar pasar: los niños. Los niños, desde los 9 años, a los que la salud pública chilena les está bloqueando su pubertad y metiendo hormonas del sexo opuesto a destajo. Diputado, ¿va a aprobar el financiamiento para hormonar niños? ¿va a permitir que siga ocurriendo? Porque el Gobierno no quiere que se prohíba.

Hace un par de semanas, la Tercera Subcomisión Mixta de Presupuestos aprobó una norma que impedía que se siguiera financiando las terapias hormonales y cirugías de reasignación de sexo a niños identificados trans. Sin embargo, el jueves recién pasado el Gobierno presentó una indicación para eliminar esa norma en la Comisión Mixta de Presupuestos y lo logró. Los parlamentarios que apoyaron dicha prohibición señalaron que insistirán para que se apruebe en la Cámara de Diputados.

Porque en Chile están hormonando y operando niños. Según reveló la Ministra de Salud en la Comisión Investigadora, al menos 600 niños desde los 10 años están con tratamientos hormonales en la red pública de salud. Niños de 10 años. Niños a los que se le congela en el tiempo, impidiéndoles crecer. Niños que les dan estrógeno y niñas a las que prescriben testosterona. Niños. Tratamientos que provocan infertilidad, perdida de la densidad ósea, producen cambios en la estructura cerebral y no cuentan con seguimiento a largo plazo. Procedimientos hormonales que causan secuelas de por vida, muchas veces irreversibles. Medicamentos que no cuenten con autorización para ser usados con ese fin, según los registros del ISP.

Como señaló el director de Cenabast ante la Comisión Investigadora, la Triptorelina (con uso autorizado sólo para detener la pubertad precoz y tratar el cáncer de próstata): de 2020 pasamos de distribuir 28.000 unidades de Triptorelina de 11,25 a 67.000 en 2023. ¿Puede haber una explicación a este aumento que no esté relacionado con la hormonoterapia? Sí, pero hasta el momento no ha existido. Así, los llamados a la austeridad de los hospitales y de rescate financiero incluye preguntarles cuántos recursos se han desviado para estos tratamientos hormonales.  

Los niños y jóvenes están en una etapa de sus vidas en los que su capacidad de razonar y decidir está en formación. Esto es absurdo. No pueden comprar alcohol o cigarros ni firmar contratos o casarse, pero ¿pueden consentir en recibir tratamientos cuyos efectos los sentirán toda su vida? Así, los psicólogos y doctores toman la sola autopercepción del niño como una sentencia y lo introducen en el camino de las hormonas, al cual pueden quedar dependientes para toda la vida.

Lo preocupante es que el Gobierno también sigue defendiendo la continuidad del Programa de Acompañamiento a la Identidad de Género (PAIG), destinado a niños desde los 3 a los 17 años, y que si bien sólo tiene acompañamiento psicológico (es decir, transición social), los funcionarios del PAIG pueden realizar derivación a terapia hormonal. De hecho, en enero de este año se realizó una capacitación del Minsal a funcionarios de la red pública de salud para orientar sobre cómo realizar estas derivaciones. Si actualmente más de 2.500 niños y jóvenes han ingresado a este programa, y la transición social es una cinta aceleradora a la transición hormonal, ¿cuánto más aumentarán los números de menores hormonados?

Si realmente queremos que los niños estén primero en la fila, que no sea una que termina en inyecciones experimentales. Dejemos que los niños sean niños. Que crezcan y que no vean la pubertad como una enfermedad. Diputado, no permita que sigan hormonando a los niños de Chile.

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El feminismo dominante parte de la base que la existencia de una desigualdad entre hombres y mujeres se origina en el “patriarcado”. El sometimiento y la exclusión que han sufrido durante siglos debe cambiar y para ello es necesario “reeducar” a las actuales y futuras generaciones a fin de alcanzar una verdadera igualdad. La herramienta más ocupada para producir esta transformación es la “perspectiva de género”, es decir, la introducción de un criterio nuevo según el cual el sexo de la persona altera las reglas generales de funcionamiento de la sociedad, a fin de lograr una igualdad plena.

Tal diagnóstico olvida lo básico: la diferencia esencial y la complementariedad entre el hombre y la mujer. Al postular que son absolutamente iguales, el feminismo ignora las características propias de la mujer en todo orden de cosas y acciones, desde su fisiología, pasando por sus intereses, hasta su vocación misma. Por ejemplo, la igualdad que se busca alcanzar en el ámbito laboral, aparte de hipócrita -porque siempre se refiere a los cargos de poder y bien pagados-, no busca integrar a la mujer al trabajo según como ella es, lo que provoca que se involucre según la forma y el modo en que el hombre trabaja.

Si uno levanta una piedra, debajo hay perspectiva de género. Todo debe ser regulado, juzgado y analizado con perspectiva de género, en el Poder Judicial, en el Ministerio Público, en las municipalidades, en los hospitales, en la administración del Estado. Esto a su vez genera que se deban redactar regulaciones especiales y diseñar y ejecutar programas sociales y políticas públicas que velen por la inclusión de este criterio, fiscalicen su cumplimiento, analicen sus resultados y propongan nuevas medidas.

El actual Gobierno “feminista” ha sido el principal impulsor de este despilfarro ideológico, hasta en las cosas más absurdas. Una cuenta de Twitter regularmente publica ejemplos de presupuesto derrochado: solicitud de la Subsecretaría de Energía para elaborar un “Informe de sistematización de información de mesa interministerial e intersectorial de género en hidrógeno verde” ($ 1.355.001); “Almuerzo para los 130 asistentes del Congreso de Cambio Climático con Enfoque de Género”, pagado por el Instituto de Desarrollo Agropecuario (1.750.000); “Iluminación con enfoque de género”, de la Municipalidad de Peñalolén ($ 165.827.222); consultoría para actualización de instrumento para “la medición de riesgo en violencias de género” del Servicio Nacional de la Mujer ($140.000.000); licitación del Hospital Guillermo Grant para un curso sobre “atención a niños, niñas y adolescentes trans no binarios y de género diverso” ($3.000.000); estudio encargado por el Ministerio de la Mujer sobre la “Caracterización de la violencia política digital de género en Chile” ($26.510.000); el curso de “herramientas básicas para abordar la perspectiva de género en el quehacer regional” de la Comisión Nacional de Riego ($ 2.300.000); el curso de “Masculinidades empáticas y equitativas libres de violencia” del Hospital San Juan de Dios de Santiago ($ 2.850.000); los servicios de alimentación y alojamiento para la “Jornada de Sexualidad, Afectividad y Género” de la Seremi de Educación de Antofagasta ($ 1.326.850); los 3 cursos pagados por la JUNJI para la “Capacitación en Género en nivel Básico” para “el desarrollo de prácticas pedagógicas con perspectiva de género en el nivel de educación parvularia, destinado a jardines infantiles” ($ 509.689.119). Y así. El gasto, sólo con estos 10 ejemplos, en aplicar la perspectiva de género en educación, salud, energía, etc. alcanza los $848.308.192 millones de pesos. ¿Cuánto será el total?

No hay plata para los hospitales y sus listas de espera (aunque ellos las gastan en cursillos sobre infancias trans y masculinidades empáticas), para la educación pública (la Junji prefiere adoctrinar niños en los jardines infantiles), para aumentar la inversión (Energía prioriza el hidrógeno verde con perspectiva de género), para fortalecer la seguridad, y para tantas cosas que se necesitan urgentemente.

Este gobierno feminista ha hecho de sus principios un negocio para enriquecerse con un diagnóstico absolutamente inútil y soluciones ideológicas y absurdas, a costa del dolor y necesidades urgentes. Sólo con esos 840 millones, o con todo el gasto en perspectiva de género ¿cuántos hospitales, tratamientos de salud, comisarías, recuperación de clases, construcción de viviendas, reparación de escuelas y ayuda a niños abandonados e institucionalizados, podrían financiarse? La brutalidad de la frivolidad feminista no es sólo por el bien que no se hace, sino por el mal que sí se hace; porque a un niño no le sale gratis que una parvularia le diga que puede ser niña.

Ojalá los parlamentarios aprueben una glosa que prohíba gastar un solo peso de la Ley de Presupuestos para el próximo año en “perspectiva de género”. Porque el negocio feminista es un saqueo y un insulto a todos los chilenos.

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Los cinco años del 18-O fueron opacados por el punto de prensa del Presidente Gabriel Boric sobre la denuncia contra el ex subsecretario Monsalve, y el escándalo será aprovechado con fines electorales. Mucho se ha escrito sobre lo que ocurrió el 18-O así como los posteriores, pero poco se ha dicho sobre la autocrítica de la derecha por las causas del mismo.

Por supuesto, no nos referimos a las causas materiales del 18-O, sino a algo anterior y más remoto, a la pérdida de un norte político, de un reaccionismo mezclado con acuerdismo. ¿Acaso el horizonte político de la derecha es volver al día anterior al 18-O? Ad portas de las elecciones municipales, ¿qué ofrece la derecha que no sea solucionar crisis? Porque no es suficiente gestionar… ¿ser un “país desarrollado”? ¿Qué es eso? ¿Basta ver ciertos números azules asociados al PIB en la encuesta dominguera para relajarse? ¿Un Estado moderno y eficiente?

En cierto sentido, la derecha chilena hasta el 2019, mantuvo un discurso que no se distanciaba mucho de mantener las premisas del libre mercado y la visión liberal del principio de subsidiariedad. La economía se convirtió en el todo y en lo único. Atrás fue quedando la claridad sobre el concepto de persona, de matrimonio, de Estado de Derecho, de salario familiar, de cuerpos intermedios, de fe, de educación, de deberes, de dignidad, de uso legítimo de la fuerza, de autoridad, de verdadera subsidiariedad y solidaridad. La crisis del 18-O y la Convención Constitucional obligaron a la derecha, sólo ante el grave peligro, a desempolvar los conceptos de patria y de servicialidad. Porque estaban de acuerdo en que la dignidad era autonomía, en que la educación fuese homogénea, en que hay derechos y no deberes, en que hay libertad sin verdad, en que el consentimiento entre privados todo lo valida.

La ausencia de conocimiento y defensa de estos principios y conceptos básicos se manifestó en un derrotismo irreversible. Si la democracia se arregla con más democracia, no se insistió en revertir malas leyes y políticas públicas, aunque se hubiesen aprobado o implementado el día anterior. No hubo una apuesta a largo plazo. No hubo, ni hay, un programa que fuese incluso más allá de las victorias presidenciales que se podrían alcanzar, para que un padre alentara a sus hijos a que “voten por ellos, porque tienen claro qué es lo que quieren y hacia dónde quieren llevar a Chile”. Esa falta de objetivos impedía un discernimiento sobre los medios. Perdidos, veían en la política de los acuerdos una garantía para su supervivencia.

Así, es necesario que la derecha se pregunte: ¿Qué hicimos y que no hicimos? ¿Qué haremos y qué no haremos para que no vuelva a ocurrir? Pero la pregunta no es sobre el 18-O, sino por las causas que llevaron a él y que se relacionan con la ausencia de un proyecto político sólido y permanente que se debe defender en las buenas y en las malas, y que no es simplemente el relato para una campaña electoral ni el estatuto de principios de un partido.

Si está clara la crítica a la izquierda por la validación de lo ocurrido el 18-O y posterior a él, no ocurre lo mismo con la autocrítica de la derecha política por las causas que llevaron al 18-O. La tentación de ver en el 18-O o el 4-S una especie de borrón y cuenta nueva tendrá un costo. Y la respuesta no puede agotarse en seguridad, economía, probidad y modernización.

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