Semana a semana, nuevos estudios y voces alertan sobre la crisis demográfica chilena. El rápido descenso en el número de nacimientos es una tendencia imparable desde el 2014. Este problema no se soluciona con el aumento de nacimientos de madres extranjeras y no revierte la tendencia de baja natalidad, porque, como se explicó la semana pasada en El Mercurio, “en el mediano y largo plazo irá disminuyendo porque los migrantes se van adaptando a la cultura del país de llegada”. Esto último es importante: ¿la cultura chilena es antinatalista? Porque, pareciera, que la cultura chilena desincentiva, a chilenos y extranjeros, tener más hijos.

Algunos han analizado esta crisis mirando hacia adelante y los efectos que se producirían en los sistemas de salud y de pensiones, la economía y la fuerza laboral, etc.; como si fuera sólo un problema de números. Otros lo han abordado desde una perspectiva feminista, enfocándose en la decisión y motivos de la mujer para el “cuándo” de la maternidad, como si la decisión fuese individual. La Encuesta Bicentenario 2024 intenta revisar las causas que originan esta caída y también datos del INE dan luces al respecto, y abundan en razones del tipo priorizar la estabilidad económica y laboral, el miedo al fracaso, la falta de “preparación”, la excusa ambientalista, el sacrificio y costos que implica, etc.

Estas razones son las que han configurado, lentamente, una cultura que ha preferido que la mujer se incorpore al mundo laboral y trabaje de la forma en que los hombres trabajan y no considerando las particularidades propias y esenciales de la mujer. Una cultura que ha potenciado la estabilidad en todo orden de cosas (económico, académico, personal) antes de tomar el riesgo de tener uno o dos hijos, porque no estamos hablando de familias numerosas. Una cultura que ha demonizado al hombre como un opresor y violador por naturaleza. Una cultura que tiene al Estado atornillado dentro del hogar con voz y voto en cada decisión que se toma. Una cultura que ha privilegiado los derechos sobre los deberes, y el egoísmo sobre el sacrificio y el compromiso, que ha debilitado el matrimonio y las uniones sólidas entre padres e hijos en lugar de ofrecer ayuda para que sean duraderas. Una cultura que desgarra vestiduras por animalitos y plantitas, cuando hay familias, personas de carne y hueso, que sufren hambre. Una cultura en la que las autoridades no se atreven a decir verdades incómodas y establecer prioridades reales y prefiere bailar al ritmo del tweet, la funa y la encuesta. Una cultura que ha combinado exitosamente lo peor del liberalismo individualista, el socialismo estatista y el progresismo hedonista. Esa es la cultura chilena. Esa que se pasea, sin pudor, en los reality shows y se escribe, también sin pudor, en las leyes. Esa cultura es la que mueve la publicidad de las empresas y que apela a la pasión y no a la razón para, insaciablemente, comprar y consumir.

La crisis demográfica no se arreglará con políticas públicas que mejoren los números para tener sistemas de pensiones sostenibles en el tiempo. Se necesita algo mucho más permanente, inmutable. La cultura que garantizaba la existencia y desarrollo de las instituciones y comunidades que dan larga vida a los países, ya no existe. El cambio de switch debe alcanzar a las siguientes generaciones, y eso es un tema de educación. No basta con que nazcan más, si ellos no son (bien) educados. Porque los hijos no son números en un Excel sobre estadísticas de natalidad, sino personas que requieren de educación, autoridad, corrección y crianza, por padres que cuenten con apoyo para sortear las dificultades inevitables de vivir juntos y ayudarse mutuamente. Guste o no, mientras más tiempo estén juntos, mejor para sus hijos, y por eso el matrimonio es mejor que cualquier otra unión. No ver el problema en su totalidad es retrasar la catástrofe demográfica.

Chile abandonará su crisis antinatalista cuando apueste por una cultura natalista.

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Phillips, “modelo” inglesa de OnlyFans, “logró” la “hazaña”, en octubre de este año, de tener relaciones sexuales con 101 hombres en 24 horas, cuya experiencia relató en un documental titulado “Me acosté con 100 hombres en un día”.

El documental es la evidencia del punto al que ha llegado la degradación de la sexualidad; de la sociedad hipersexualizada; del enfermizo consumo de pornografía; de la cosificación de la mujer; del absurdo lema individualista, feminista, liberal y progresista de “hago lo que quiero con mi cuerpo”.

Basta escuchar las declaraciones de Phillips luego de su “maratón sexual de 24 horas” y ver su mirada perdida, los ojos llenos de lágrimas y las palabras balbuceantes para entender que hay algo que no está bien y que ella misma intuye: “no es para chicas débiles. Fue difícil. No sé si lo recomendaría. Es una sensación diferente. (…) era un desastre emocional detrás de escena”. La despersonalización de lo que hizo/le hicieron llega al punto en que reconoce que no recuerda caras ni nombres: “En mi cabeza puedo pensar en cinco, seis, diez chicos que recuerdo. Y eso es todo. Es extraño, ¿no? Si no tuviera los videos, no me habría dado cuenta de que había hecho cien“, y que, por lo mismo, actuó de una forma automática, al punto de sentirse “robótica” como si ya se tratase de una “rutina”.

Cualquier padre o madre que lea estas líneas, y tenga una hija de 23 años -la edad de Lily- ¿qué pensaría de saber que su hija haría algo así? ¿O que fuese la hija de un amigo? ¿O que su hijo sería uno de los 100 “participantes”?

Si la sensación que transmitía Lilly antes del día en cuestión era de un cierto nerviosismo y emoción, la reacción posterior sólo refleja tristeza. Pero hay dos tipos de tristeza: una, que genera el impulso de recapacitar una vez que se ha tocado el fondo de la degeneración, y otra, que es la pérdida de toda esperanza, la defraudación de toda expectativa, y que acarrea a sentimientos de angustia y desánimo. Esta segunda tristeza no busca salir del abismo en el que ha caído, sino que permanece en él. Pareciera que Lilly se encuentra en este segundo tipo de tristeza: días después del “logro” anunció que buscaría “superar la marca” y que ahora fuesen 1.000 hombres en 24 horas.

En Chile, este fenómeno -OnlyFans, Arsmate y similares- no es extraño, y del mundo de la política, de la farándula, del deporte y del periodismo cada vez se suman más a la venta de “contenido para adultos”. No pasa ni una semana sin que algún medio anuncie que tal o cual persona abrió cuenta en la impúdica plataforma. Distintas razones se arrojan, como justificando la necesidad de entrar a una realidad virtual falsa, impúdica e indigna tanto del que se expone como del que busca y mira.

La normalización de esta nueva forma de prostitución es bastante clara respecto a la señal que se envía a la sociedad y a los menores de edad.

Y es que sí es un tema al que los adolescentes tienen acceso inmediato: saben cuando alguien famoso ingresa, cuánto gana en sus primeras semanas, etc. La celebración de esta triste realidad genera un impacto en el que tomar ese “camino” se plantea como una posibilidad real, frente a la decisión de estudiar y trabajar. Pero todo tiene un costo, que no se reduce simplemente al monto por el que se vende y compra de contenido sexualmente explícito. La autodegradación que genera la banalización de la sexualidad genera un vacío y una destrucción interna tanto para quien crea el contenido como para quien lo consume, pues ambos simplemente usan al otro. Y no hay duda de que la dignidad humana exige que cada uno sea tratado como un fin y no como un medio, como una persona y no como una cosa.

Ojalá que Lilly Phillips no rompa su propio récord.

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El 2024 no será recordado con alegría por el lobby trans, tanto en Chile como en otros países. Por supuesto que la victimización, la negación y la mentira han sido su principal respuesta, pero es imposible que sigan ocultando un escándalo médico sin precedentes en la historia y una violación sistemática de los derechos de los niños al someterlos a tratamientos experimentales y sin evidencia científica que provocan daños irreversibles. La verdad ha comenzado a salir a la luz.

La publicación del Informe Cass, por su irrefutable contundencia y seriedad, sólo aceleró un efecto dominó que comenzó en Europa a mediados de 2019. Pronto, los Estados europeos comenzaron a restringir o eliminar la posibilidad de que los niños autopercibidos trans puedan acceder a tratamientos hormonales. En esta línea se encuentran Finlandia, Dinamarca, Reino Unido, Italia, Francia, Suecia y Noruega. En otros países, el tema está siendo fuertemente discutido y puede ser que en 2025 existan avances, como en Alemania y Bélgica. Lo mismo ocurre en varios lugares de Estados Unidos, donde además hay casos de demandas que están siendo conocidas por la Corte Suprema. Sin embargo, Canadá, España, Australia y Nueva Zelandia insisten en mantener un enfoque afirmativo que es sólo ideología. A nivel latinoamericano, Chile destaca por liderar la ofensiva para salvar a los niños.

El caso chileno es similar al de David contra Goliat. Quienes defienden el enfoque afirmativo -comenzar a hormonizar y mutilar por la sola autopercepción del niño- encuentran apoyo en las universidades, asociaciones gremiales, clínicas, jueces, políticos, empresas farmacéuticas, medios de comunicación, municipalidades, instituciones estatales, redes de poderosos activistas y lobistas, etc. Contra ellos se enfrentan padres que han sido amedrentados por el chantaje emocional “hijo trans o hijo muerto”, e incluso a algunos les han quitado, por orden judicial, a sus hijos al oponerse a que ingresen a programas como el PAIG, como consta en un testimonio; doctores que han sido amedrentados; testimonios de detransicionadores que han sido perseguidos y acosados; etc.

Pero el mayor enemigo es el silencio cómplice: aquellos que teniendo el deber y la posibilidad de denunciar esta macabra situación se quedan callados, por temor a la funa de soltarse del yugo identitario, o a los doctores y funcionarios de salud que saben lo que está ocurriendo. Ellos, que saben lo que le está pasando a miles de niños confundidos y a padres angustiados, y que no están de acuerdo, prefieren mirar para otro lado. A la izquierda y a la derecha progresista les corresponde, como primera medida para comenzar a reparar el mal causado, alzar la voz y denunciar las barbaridades que ocurren en el sistema de salud, público y privado.

A pesar de lo anterior, ¿por qué, entonces, ha sido un año negro para el lobby trans?

Porque gracias a Sabine Drysdale, a Santiago Pavlovic y a la Agrupación Kairos conocimos la existencia de casos reales de padres a los que les han quitado a sus hijos y de las presiones a las que se ven sometidos para iniciar tratamientos hormonales en la primera consulta.

Porque gracias a testimonios como el de Santiago Hormazabal, Nicolás Raveau y Nael Condell se supo, de primera fuente, cuáles son los efectos de las hormonas y los daños y peligros del enfoque afirmativo.

Porque diputados y senadores, de distintos colores políticos, comprometidos con buscar el mayor bien de los niños, crearon una Comisión Investigadora en la que se supo cómo el PAIG, ese programa para niños entre 3 a 17 años, cual parásito, esta enquistado en el Estado y absorbe casos de menores que supuestamente son trans; que hay al menos 600 niños recibiendo hormonas; que existe, al menos, una derivación al PAIG de un niño desde un jardín infantil; que hay un número desconocido de municipalidades que entregan este tipo de “atención”, incluso medicamentos a través de las Farmacias Populares. Porque esos parlamentarios también recibieron, en la Comisión de Familia del Senado, a expertos que alertaron sobre el bajísimo y paupérrimo nivel de evidencia científica que respalda estos programas; y denunciaron ante la Fiscalía las decenas de operaciones de reasignación de sexo a menores de edad;  impulsaron normas en la Ley de Presupuestos para disminuir el gasto público mediante la prohibición de las terapias  hormonales y cirugías transafirmativas a menores de edad; y recurrieron ante el Tribunal Constitucional para defender dichas normas cuando el Gobierno solicitó que fuesen declaradas inconstitucionales.

Porque distintas organizaciones sociales, centros de estudios y fundaciones alertaron y denunciaron lo que ocurría en Chile, informaron y pusieron el tema en la opinión pública.

Porque personas e instituciones, desinteresadamente y según sus especialidades y conocimientos, defendieron la idea de que la medicina está al servicio de la razón, no de la ideología, y debe curar, no dañar; que los niños son sagrados y no están para ponerlos primeros en la fila de la hormonación.

Falta mucho por conocer y responsabilizar. Ante el desorden provocado, la restauración se vuelve inevitable, y así ocurre en los países pioneros en estos “tratamientos”. Pero se requiere perseverar para que nunca más se experimente con niños, ni se chantajee a los padres, ni que el Estado imponga su visión ideológica. Ese es el trabajo que nos espera para el 2025: que los silentes, de todo tipo, saquen la voz y los que ya han hablado no se desanimen y persistan en luchar por salvar a nuestros niños.

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La discusión de la Ley de Presupuestos estuvo marcada por controversias en distintos temas que se materializaron en normas, entre ellas, las referidas a la Ley Lafkenche, a Aula Segura, a las contribuciones o a la prohibición de financiamiento a tratamientos hormonales transafirmativos y cirugías de reasignación de sexo a menores de edad. Como todas fueron aprobadas, el gobierno solicitó la eliminación de 13 normas y al mismo tiempo se presentaron siete requerimientos parlamentarios que impugnaban solo algunas de ellas.

El Tribunal Constitucional resolvió el viernes pasado que conocería el fondo del requerimiento del gobierno y cinco de los siete requerimientos parlamentarios. Sin embargo, en la decisión de admitir del gobierno, el derecho fue dejado de lado.

Cuando el gobierno presentó su requerimiento, no acompañó determinados documentos y el Tribunal Constitucional le ordenó que lo hiciera en un plazo de tres días. El Ejecutivo corrigió lo hecho y envió los documentos, pero se le olvidó adjuntar un archivo y cuando lo hizo, el plazo ya había vencido.

Cualquier estudiante de Derecho sabe que si no se cumple lo ordenado por el tribunal, el requerimiento, simplemente, se tiene por no presentado. La propia ley que rige al Tribunal Constitucional (artículo 65, inciso 2º) señala expresamente: “Si así no lo hacen, el requerimiento se tendrá por no presentado para todos los efectos legales”. La norma no admite ningún tipo de excepción.

¿Cuál fue el archivo no acompañado? La Ley de Presupuestos. ¿Y que dijo el tribunal para salvar al gobierno de su propio error? Que el requisito establecido en la ley era “jurídicamente inconducente” ya que la Ley de Presupuestos se había publicado en el Diario Oficial. Es decir, el requirente no acompaña todos los documentos, el Tribunal Constitucional le indica que acompañe uno que falta, el gobierno lo hace fuera de plazo y el tribunal decide que da lo mismo porque, en verdad, no era necesario. ¡Plop!

Por otro lado, si el Tribunal Constitucional consideró que el documento no acompañado (el proyecto de Ley de Presupuestos 2025) era innecesario porque ya había sido promulgado y se presumía conocido, ¿para qué lo pidió en la resolución de no admisión a trámite, no solo respecto al requerimiento del gobierno, sino que también respectos a otros seis requerimientos parlamentarios contra distintas glosas de la mencionada Ley de Presupuestos (Roles 15.981, 15.993, 15.994, 15.995, 15.996 y 15.999)?, ¿a cuál resolución le creemos, a la que considera indispensable el documento ausente, de acuerdo a lo establecido por ley o a la que prescinde de aquel porque es la única forma de sanear de oficio el requerimiento del gobierno?

¿Qué garantía de justicia y seriedad se puede esperar de un tribunal incapaz de obedecer la ley que rige su propio funcionamiento? Si operan de esta manera en este caso, qué impide que no inventen nuevos “casos excepcionalísimos” para salvar causas afines ideológicamente a la mayoría del Tribunal Constitucional. ¿Es esto una muestra más de que el Tribunal Constitucional se ha convertido en un legislador, modificando los procedimientos a su gusto?

Así, el fundamento de los votos de los ministros ideológicamente afines al oficialismo, que estuvieron por admitir a trámite el requerimiento del gobierno, revelan su escaso apego por las normas y el Estado de Derecho, a diferencia de quienes se opusieron. Estos segundos, correctamente, señalaron que no le corresponde al Tribunal Constitucional subsidiar ni suplir los errores de los requirentes.

El precedente que se ha instalado es peligroso, porque el cambio de jurisprudencia no obedece a un control jurídico, sino a uno político. Si el Tribunal Constitucional inventó una excepción respecto al cumplimiento de los requisitos de forma, qué impide que haga algo similar respecto al fondo. Si el tribunal actuó arbitrariamente en esta causa, qué impide que lo haga en otras. La desconfianza en el Tribunal Constitucional, ya instalada, solo aumenta con este tipo de episodios.

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