Con cada nueva sesión, la Comisión Investigadora sobre los tratamientos transafirmativos a niños va desenredando la madeja de instituciones involucradas en lavarle el cerebro a chicos y grandes, promover la idea de que se puede transicionar de un sexo a otro -¡desde los 3 años!- y que puede terminar en hormonas y cirugías. Es cierto que hay una crisis de seguridad, otra de economía, una más de corrupción y elecciones a la vuelta de la esquina… pero estamos hablando de nuestros niños, de su integridad, de su vida, de su futuro.

Y es muy grave lo que se ha revelado. Que hay más de 2.500 niños han ingresado al PAIG; que, sólo en la red pública, más de 600 están recibiendo hormonas, y hay tres casos que son desde los 9 años; que hay padres “resistentes” que han perdido a sus hijos por orden de un tribunal de familia; que existe una derivación desde ¡un jardín infantil!; que hasta Poncio Pilatos se pondría rojo de vergüenza con el lavado de manos del Minsal, ISP y Cenabast; que el Mineduc diseña protocolos para derivar niños desde las escuelas al PAIG; que no hay seguridad de la existencia y contenido de los consentimientos informados de los padres; que hay, al menos, 42 casos de adolescentes con operaciones de reasignación de sexo.

Y la semana pasada, las municipalidades salieron al baile. En la sesión del lunes 7, la Comisión Investigadora recibió a la Subsecretaria de la Niñez, Verónica Silva, quien señaló que existen municipalidades con programas de identidad de género para niños propios. Es decir, se abre una nueva caja: ¿Cuántas municipalidades son? ¿Que tipo de atención entregan? ¿Incluyen entrega de hormonas… a través de las Farmacias Populares, por ejemplo? ¿Cuántos niños han pasado por esos programas? ¿Cuál es el presupuesto que han destinado las municipalidades a financiar este activismo ideológico con “capacitaciones”, convenios e “insumos”?

Porque existen ejemplos. La Municipalidad de Santiago tiene una Guía de orientación en salud para personas “de la diversidad”, y los niños “trans” de 14 años que requieran acceder a terapia hormonal “deben ser derivados por el Cesfam, donde se señale “paciente trans requiere evaluación y terapia de hormonización para proceso de tránsito”; o el Programa de Atención Temprana para la Primera Infancia Diversa (ATEPID) de la Municipalidad de Macul, destinado a niños entre 0 y 9 años; o el convenio de la Municipalidad de Recoleta con una reconocida organización trans para que los menores reciban hormonas a través de su Farmacia Popular. Y así, ¿cuántas más? ¿cuántas Oficinas municipales de la Diversidad realizan derivaciones de niños al PAIG? ¿Cuántos municipios de la Red Nacional de Municipalidades por la Diversidad, inclusión y no discriminación (Red Diversa) tienen este tipo de programas similares al PAIG y entregan hormonas mediante las Farmacias Populares -las que también son objeto de una Comisión Investigadora? ¿Cómo los municipios, lugares de ayuda y orientación a los vecinos, se convirtieron en cajas pagadoras de programas ideológicos que dañan a los niños?

La semana pasada la agrupación Do No Harm informó que, en Estados Unidos, entre 2019 y 2023, se habían realizado más de 5.700 menores se habían hecho operaciones de reasignación de sexo y más de 8.500 habían recibido tratamientos hormonales… ¿y en Chile?

La red de hospitales, liceos, municipalidades, programas sociales de niñez, organizaciones y académicos activistas opera en dar un sustento integral a una ideología que hace que la medicina dañe y no sane, que la educación adoctrine y no enseñe, que la sociedad y el Estado abandonen y no ayuden. La Comisión Investigadora tiene la oportunidad de dar los primeros pasos en reparar el daño cometido a miles de niños y buscar responsables, para que se les aplique todo el peso de la ley.

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Según la última encuesta CEP, los chilenos creen más en el cielo que el infierno. La vida, la muerte, la religión y la familia ocupan buena parte de las preguntas y vale tener en consideración las respuestas para arrojar un poco de luz sobre el Chile de hoy y las crisis que vive.

Por un lado, han disminuido quienes creen en el cielo y en el infierno, en que la vida tiene sentido porque Dios existe y en la vida después de la muerte, pero aumentó la creencia en la energía espiritual en las montañas, los árboles y los cristales, en la reencarnación, en el karma y los que creen en el mal del ojo duplican a los que no.

Por otro lado, la relación con Dios es personal, prescindiendo de confesiones religiosas, lo que se manifiesta en diferentes aristas relacionadas con la Iglesia Católica y las iglesias evangélicas. En este sentido, aumentó la cantidad de personas que no están de acuerdo con que la religión es hoy tan relevante para la vida como lo fue en el pasado (48%), un 50% considera que la religión es poco o nada importante en la sociedad, debido a que es una fuente de escándalos y desconfianza o es irrelevante. La irrelevancia y desconfianza en la religión también se puede explicar por la disminución de la confianza en la Iglesia Católica y en las iglesias evangélicas -lo que también se refleja en el aumento de quienes nunca asisten a servicios religiosos- y en la bajísima confianza en los sacerdotes y pastores.

Esta irrelevancia y desconfianza se manifiesta en la postura sobre los temas “valóricos”. El 75% de los encuestados está muy de acuerdo o de acuerdo en que las autoridades religiosas no deberían tratar de influir en la forma en que votan las personas y un 72% cree que no deberían influir en las decisiones del gobierno.

Lo anterior es inseparable con la legitimación del aborto, porque entre 1999 y 2024 disminuyó el número de quienes aprueban la prohibición total (de un 55% a un 15%), y aumentó el de quienes lo aprueban en casos especiales (de un 35% a un 50%) y en cualquier caso (de un 10% a un 34%). La eutanasia también ha sido validada entre 2017 y 2024, aumentando su permisión total (de un 14% a un 29%), manteniendo estable su permisión en casos especiales (57%) y disminuyendo quienes creen en su prohibición total (de22% a 11%).

Llama la atención el aumento de quienes aceptan el aborto si una familia tiene muy bajos ingresos y no puede financiar tener más hijos: entre 1998 y 2024 quienes se oponían bajaron de 81% a 50% y quienes lo consideran correcto subieron de un 16% a un 46%. Por último, entre 2011 y 2024 aumentó de un 26% a un 60% quienes están de acuerdo en que una pareja del mismo sexo puede criar tan bien a un niño como una pareja heterosexual y disminuyó en el mismo porcentaje quienes creen lo contrario (de 58% a 25%).

Estas opiniones se contraponen a la defensa y promoción que el cristianismo ha dado sobre el derecho a la vida desde su inicio hasta su término natural y a la conformación heterosexual e indisoluble del matrimonio. Llaman la atención las cifras sobre la actual crisis de natalidad (1,2 hijos por mujer).

Todo lo anterior merece análisis en diferentes niveles y capas de profundidad. Las confesiones religiosas se encuentran ante una sociedad que desconfía de ellas, que prefiere que hablen en iglesias vacías, mientras la cultura, la educación y las leyes avanzan en sentido opuesto a los bienes que defienden y promueven. Pero más grave aún es el retorno a un paganismo y a la ausencia de trascendencia. La oposición al aborto y a la eutanasia debe estar acompañada del reencantamiento a la juventud de la persona de Jesús, de la necesidad de la Iglesia y de la idea de formar una familia.

La crisis de desarticulación del matrimonio tiene como consecuencia directa la disminución de la natalidad e indirectamente alcanza a todo ámbito de la sociedad. Según la CEP, la familia fue, por lejos, el aspecto que más define la identidad personal de un individuo. Y si los cimientos son frágiles, el edificio se tambalea.

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Hace pocos meses, un fallo de la Corte Suprema de Alabama señaló que los no nacidos son niños, independiente de su etapa de desarrollo, ubicación física u otra característica, pero recibió críticas por desafiar la comprensión convencional de la relación jurídica con los embriones congelados y la forma de equilibrar los derechos de los progenitores con los “supuestos” derechos de los embriones, ya que esto traería complicaciones los tratamientos de fecundación asistida y a quienes tienen embriones criopreservados. Prueba de lo anterior es que clínicas de Alabama han detenido los tratamientos de FIV, para no sufrir consecuencias penales o civiles.

Conviene tener a la vista que la Convención sobre los Derechos del Niño establece desde cuando se es niño en su art. 1º “se entiende por niño todo ser humano menor de dieciocho años de edad”, que, leído en conjunto con el párrafo 10º del preámbulo –“el niño (…) necesita protección y cuidado especiales (…) tanto antes como después del nacimiento”, permiten sostener que tal categoría aplica desde antes del nacimiento. La cuestión lleva, entonces, a revisar si es que el que está por nacer es un ser humano. Si lo es, entonces, es un niño. 

La RAE define humano como “Dicho de un ser: que tiene naturaleza de hombre (ser racional).”, y define naturaleza como “principio generador del desarrollo armónico y la plenitud de cada ser, en cuanto tal ser, siguiendo su propia e independiente evolución”. La ciencia ha demostrado que, desde la fecundación, comienza un proceso ordenado e irreversible del ser en gestación, que avanza por las distintas etapas del desarrollo embrionario y en las posteriores al nacimiento. Así las cosas, el embrión es un ser. 

Luego, la RAE define hombre como “ser animado racional, varón o mujer”, es decir, “dotado de alma” y “dotado de razón”. Alma se define como “Principio que da forma y organiza el dinamismo vegetativo, sensitivo e intelectual de la vida.”, característica que cumple el embrión, como vimos al revisar la definición de naturaleza, y en cuanto a la razón, goza de ella, aunque no la ejerza hasta que tenga un desarrollo material y psicológico que le permita manifestarla, pues, de lo contrario, no cabría considerar a los recién nacidos e infantes como seres racionales, y por tanto, como personas. Por tanto, si el embrión cumple con los dos elementos de la definición de hombre (alma y racionalidad) y cumple con la definición de naturaleza, se concluye que es un ser, un ser humano. 

Y si es un ser humano, conforme a la Convención sobre Derechos del Niño, es un niño, y por tanto, es persona. Si es persona, goza de derechos, entre ellos, el derecho a la vida y a su integridad física, lo que en el caso de la criopreservación incluye su derecho a desarrollarse en un ambiente idóneo para su crecimiento. Así, más que hablar de “derechos de los progenitores” y “supuestos” derechos de los embriones, se trata de “derechos de los embriones”, es decir, niños, y supuestos “derechos” de los progenitores, pues, en realidad, ellos tienen el deber de tratar a sus niños, nacidos y no nacidos, como sujetos de derechos, y no tanto un derecho a disponer de ellos como si se trataran de cosas que pueden ser guardadas en un congelador, como si fuera una cosa más entre el helado y la bolsa de hielo en el freezer. 

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