Riesgos asociados a las 12 bases constitucionales
En medio del proceso de elaboración de la eventual nueva Constitución, es fundamental estar informados sobre los riesgos y preocupaciones asociados a las 12 bases constitucionales. Conoce cómo aspectos como la redacción, la inclusión de perspectivas diversas, y el debate a bienes fundamentales como la familia y los derechos humanos pueden afectar el resultado final de la propuesta de Constitución.
De forma:
La falta de claridad y ambigüedad en la redacción de las bases constitucionales podría generar interpretaciones erróneas y conflictos legales futuros.
-Presunción de expertiz: La posible exclusión de perspectivas valiosas de otros expertos o de la sociedad civil en la elaboración de la constitución, al asumir que los redactores son expertos en todas las áreas.
De fondo
-Afán refundacional: La posibilidad de que un enfoque refundacional genere desestabilización política y social si no se abordan adecuadamente las preocupaciones de todos los sectores de la sociedad.
-Estado Social y subsidiariedad: El riesgo de una excesiva intervención del Estado en la vida de los ciudadanos y en la economía, generando ineficiencias y problemas de gobernanza.
-(Perspectiva de)Género y derechos sexuales
-Derecho internacional de los derechos humanos: recomendaciones de organismos internacionales
-Familia
-Derecho al libre desarrollo de la personalidad
Las 12 bases constitucionales
Artículo 154.- La propuesta de nueva Constitución que se someta a plebiscito deberá contener, al menos, las siguientes bases institucionales y fundamentales:
1. Chile es una República democrática, cuya soberanía reside en el pueblo.
2. El Estado de Chile es unitario y descentralizado.
3. La soberanía tiene como límite la dignidad de la persona humana y los derechos humanos reconocidos en los tratados internacionales ratificados por el Estado de Chile y que se encuentren vigentes. La Constitución consagrará que el terrorismo, en cualquiera de sus formas, es por esencia contrario a los derechos humanos.
4. La Constitución reconoce a los pueblos indígenas como parte de la nación chilena, que es una e indivisible. El Estado respetará y promoverá sus derechos y culturas.
5. Chile es un Estado social y democrático de derecho, cuya finalidad es promover el bien común; que reconoce derechos y libertades fundamentales, y que promueve el desarrollo progresivo de los derechos sociales, con sujeción al principio de responsabilidad fiscal y a través de instituciones estatales y privadas.
6. Los emblemas nacionales de Chile son la bandera, el escudo y el himno nacional.
7. Chile tiene tres poderes separados e independientes entre sí:
a) Poder Ejecutivo, con un jefe de Gobierno con iniciativa exclusiva en la presentación de proyectos de ley que incidan directamente en el gasto público.
b) Poder Judicial, con unidad jurisdiccional y con pleno respeto de las sentencias judiciales firmes y ejecutoriadas.
c) Poder Legislativo bicameral, compuesto por un Senado y una Cámara de Diputados y Diputadas, sin perjuicio de sus atribuciones y competencias en particular.
8. Chile consagra constitucionalmente, entre otros, los siguientes órganos autónomos: Banco Central, Justicia Electoral, Ministerio Público y Contraloría General de la República.
9. Chile protege y garantiza derechos y libertades fundamentales como el derecho a la vida, la igualdad ante la ley, el derecho de propiedad en sus diversas manifestaciones, la libertad de conciencia y de culto, el interés superior de los niños, niñas y adolescentes, la libertad de enseñanza y el derecho-deber preferente de las familias de escoger la educación de sus hijos, entre otros.
10. Chile consagra constitucionalmente con subordinación al poder civil la existencia de las Fuerzas Armadas y las Fuerzas de Orden y Seguridad, con mención expresa de Carabineros de Chile y de la Policía de Investigaciones de Chile.
11. La Constitución consagra, a lo menos, cuatro estados de excepción constitucional: de asamblea, de sitio, de catástrofe y de emergencia.
12. Chile se compromete constitucionalmente al cuidado y la conservación de la naturaleza y su biodiversidad.
Comunidad y Justicia participa en la Areté Academy Bogotá 2023
Los abogados Javier Mena, Rosario Corvalán, el Director Ejecutivo Álvaro Ferrer y el miembro del directorio Tomás Henríquez, asistieron al programa de formación Areté, para equipar e involucrar a la próxima generación de líderes para que asuman posiciones de influencia en la ley, el gobierno, las políticas públicas, los medios, la academia y otras instituciones que dan forma a la cultura.
Del 30 de enero al 3 de febrero, los abogados Javier Mena y Rosario Corvalán participaron como delegates en la Areté Academy Latin America de ADF International en Bogotá, Colombia. Se trata de un programa de formación para líderes emergentes en América Latina. Está diseñado para equipar e involucrar a la próxima generación de líderes en leyes, gobierno, políticas públicas, medios, academia y otras instituciones que tienen un impacto en la cultura.
Durante los cinco días de la Academia, los participantes tuvieron la oportunidad de escuchar a expositores de distintos países, incluyendo académicos, litigantes estratégicos y políticos, entre ellos, Agustín Laje, Julián Hoyos, nuestro Director Ejecutivo Álvaro Ferrer y el miembro de nuestro directorio Tomás Henríquez, director of advocacy para América Latina en ADF International.
Javier Mena destacó en su testimonio la importancia de la visión cristiana del mundo, y como esa visión es la única que realmente preserva, defiende y promueve los bienes que hacen felices a las personas. Por su parte, Rosario Corvalán mencionó que los días en Areté fueron intensos en muchos aspectos, y como volvió a Chile con nuevos amigos, referentes y la motivación de servir a Dios con su trabajo.
Como Comunidad y Justicia nos enorgullece de haber participado en este importante evento, y esperamos seguir fortaleciendo nuestro compromiso con la justicia y los derechos humanos en América Latina y en todo el mundo.
“Volvemos a Chile con nuevos amigos, con nuevos referentes y con la motivación de servir a Dios con nuestro trabajo”, dijo Rosario Corvalán.
Roberto Astaburuaga: “La influencia del Reglamento de la Convención”
A pesar del contundente Rechazo, hay ideas de la Convención que han sobrevivido y se reflejan en el Reglamento del nuevo proceso, aunque muchas también fueron excluidas. Desde ya es palpable la diferencia en cuanto a extensión, orden, pertinencia, claridad y sobriedad.
Los cinco reglamentos de la Convención fueron una pre Constitución pues los contenidos mínimos de los primeros ya decidían cuestiones constitucionales, sin discusión ni votación. Gracias secretarios por eliminar los interminables catálogos de principios buenistas, las altisonantes declaraciones de soberanía popular o el archipiélago de microorganismos.
En este sentido, las cuatro subcomisiones de la Comisión Experta y las cuatro comisiones del Consejo Constitucional tienen idénticos nombres de menos de una línea y son suficientemente generales como para considerar que no hay contenidos predeterminados: Sistema Político y Forma de Estado, Función Jurisdiccional y Órganos Autónomos, Principios y Derechos civiles y políticos, y Derechos económicos y sociales. Será con la votación de la estructura constitucional que proponga la Mesa de la Comisión Experta en la primera quincena de marzo, cuando podremos comenzar a tener mayores detalles.
Hay dos elementos que sí sobrevivieron a la Convención: la paridad y los mecanismos de participación popular. Puntazo para la izquierda, “la paridad llegó para quedarse”, pero con dos diferencias. Si en el nuevo proceso se trata de igual cantidad de hombres y mujeres, en la Convención no podía “el género masculino superar un sesenta por ciento”, aunque no se aplicaba a las mujeres “u otras identidades de género”. Lo segundo, como se advierte, es que el criterio aplica un criterio biológico y no ideológico.
Gran éxito hubo con los mecanismos de participación popular, especialmente las iniciativas populares de normas, aunque a la Convención le dolió que la mayoría representarán el sentido común chileno y no el refundacionalismo revelado. Junto con reducir la cantidad de mecanismos, de 11 a 4, eliminar el famoso plebiscito intermedio dirimente, le “bajaron los cambios” a la participación, ya no popular, sino ciudadana.
Además, la participación ciudadana solo será efectiva ante el Consejo Constitucional y no ante la Comisión Experta. Por último, se celebra la eliminación de la Consulta Indígena, fracaso mayúsculo de la Convención, y esperamos que no sea una locura plantear que, si un menor de edad quiere exponer ante el Consejo Constitucional, debe contar con la autorización y presencia de sus padres, cuestión que Beatriz Sánchez desestimó de plano ante la tímida oposición de Agustín Squella.
Si bien la Convención trabajó con un procedimiento semicircular de un ir y venir entre el Pleno y las comisiones, en el nuevo proceso se ocupa uno más lineal, pero con un ir y venir entre los expertos y los consejeros. La armonización estará presente a lo largo del proceso y no en una etapa final, con una Comisión que se dedicó a moderar más que a armonizar.
Por último, las cuatro bases del artículo 135 de la Constitución (República, régimen democrático, sentencias y tratados internacionales) aplicables a la Convención, pero incumplidas de todas las maneras posibles habidas y por haber, aumentan a doce y muchísimo más detalladas. Se mantiene que la Corte Suprema resuelva sobre las infracciones a las normas constitucionales o a las del Reglamento, pero se crea un órgano ad hoc, el Comité Técnico de Admisibilidad, que vele por el respeto a las bases, cuestión inexistente en la Convención.
Roberto Astaburuaga: “Chesterton y Huxley se quedaron cortos”
El precio de la locura progresista es caro. Arruina vidas, constriñe libertades y desnaturaliza sociedades. Jugando a ser dioses, Chile es un ratón más de su laboratorio. Por nuestra lejanía, las monstruosidades del primer mundo tardan en llegar. Y cuando llegan, uno recuerda esa famosa frase de Chesterton, la de las espadas y el pasto verde, y piensa que el viejo inglés se quedó corto con la analogía.
El primer mundo, construido sobre la civilización clásica y modelo de orden, desarrollo y prosperidad, se ha convertido en una auténtica vergüenza. Ni la economía más sustentable es capaz de compensar las leyes más absurdas. La leyenda de Calígula nombrando a su caballo como cónsul es un elogio a la racionalidad comparado a los absurdos casos de países europeos.
En Inglaterra, poco antes de Navidad, se multó a una mujer por rezar en silencio ante un abortorio. A inicios de este mes, se multó a un hombre por rezar en silencio frente al abortorio al que, 22 años antes, llevó a su ex novia para que abortara a su hijo. ¡Rezar en silencio! ¿La ley lo permite? Sí. Desde el 13 de octubre de 2022 existe una Ordenanza de Protección de Espacios Públicos, la cual prohíbe, entre otras, la lectura de las Sagradas Escrituras o persignarse. ¿Una novedad? No. Una sentencia del Tribunal Supremo del Reino Unido, en diciembre del año pasado, estableció que el gobierno de Irlanda del Norte puede castigar a quien, por ejemplo, rece en silencio dentro del “perímetro protegido” de un abortorio. ¡Delitos de pensamiento! Por supuesto, esto no importará hasta que sean otros los criterios que se elijan para censurar. Como el Ministerio de la Verdad de Huxley, los gobiernos progresistas prefieren regodearse en imponer su verdad, sustentada en una falsa libertad.
En Canadá, la eutanasia se legalizó en 2016 para los mayores de 18 años con una condición grave e irreversible y cuya muerte fuese razonablemente previsible (proyecto de ley C-14). En 2021, se amplió permitiendo la eutanasia por enfermedad mental. Si bien para agosto de 2021 se contaban más de 10.000 personas a las que se les aplicó la eutanasia, esta podría ampliarse nuevamente en 2023 a quienes no sufren una enfermedad terminal. Ha sido tal el nivel de preocupación que tres expertos en derechos humanos de la ONU señalaron que dicha ley violaba la Declaración Universal de los Derechos Humanos. La ley se ha descrito como “probablemente la mayor amenaza existencial para las personas discapacitadas desde el programa nazi en Alemania en la década de 1930”. ¿Eutanasia a voluntad? Más bien, eutanasia aún contra su voluntad.
Francia, a inicios del año pasado, aprobó una ley que agregaba un nuevo delito en el Código Penal, que sanciona “las prácticas, conductas o expresiones reiteradas encaminadas a modificar o reprimir la orientación sexual o la identidad de género, real o supuesta, de una persona y que tengan por efecto menoscabar su capacidad física o psíquica”. Los doctores que intenten tratar la orientación sexual o la identidad de género arriesgan dos años de prisión, 30.000 euros de multa y suspensión del ejercicio de la profesión por un máximo de 10 años. El “robo de la infancia”, como se le llamó a las transiciones tempranas de género por un medio centenar de personas de distintas profesiones, afecta también a los padres, pues no podrán oponerse. Si es que un padre quiere impedir la transición de género de su hijo, arriesga la revocación total o parcial de la patria potestad. Triste realidad que deja a los padres como espectadores impotentes ante el dolor de sus hijos.
Gustavo Baehr califica como «grave y delicada» la propuesta que modificaría la Ley Zamudio
El abogado del Área Legislativa de Comunidad y Justicia converso sobre los alcances del proyecto de ley que busca modificar la Ley Antidiscriminación en el canal de YouTube «Nosotros lo decimos».
El pasado miércoles 25 de junio, Gustavo Baehr participó en una entrevista en el canal de YouTube «Nosotros los decimos» en donde abordó los alcances del proyecto de ley que busca modificar la Ley Antidiscriminación, más conocida como Ley Zamudio.
En la instancia, el abogado del Área Legislativa de Comunidad y Justicia manifestó que «esta propuesta es muy delicada y grave porque sitúa a las personas en una situación de indefensión, debido a que el demandado debe probar que no es cierto que discriminó arbitrariamente».
Te invitamos a profundizar más sobre este proyecto de ley con la investigación de nuestro equipo legislativo:
Preocupantes modificaciones a la “ley Zamudio”.
A continuación compartimos el video de la entrevista:
Roberto Astaburuaga: «Un estallido antifamiliar»
El nuevo proceso constitucional sigue su rumbo y pronto los expertos comenzarán a concretizar los principios del Acuerdo en normas constitucionales. Sin embargo, la familia fue excluida y constituye una señal de la crisis que sufre.
En la Constitución vigente, la persona es lo primero que se nombra y protege, e inmediatamente después, a la familia. No la define, pero reconoce que su existencia natural es previa al Estado.
Se puede entender a la familia fundada en el matrimonio indisoluble entre un hombre y una mujer, que junto a sus hijos están unidos por un vínculo de características únicas. Se trata de uno distinto al que existe en los partidos políticos, en una empresa, en una patrulla, en un sindicato o en un equipo deportivo, por muchas metáforas que existan al respecto.
En la familia, los padres se aman y apoyan, los hijos crecen y se educan. Aprenden, o debieran aprender, las virtudes que sus padres les enseñan, o debieran enseñar. Un lugar íntimo, en donde no prima la justicia, sino la caridad. El egoísmo del padre o madre ensimismado en su trabajo, de los niños consentidos, de los adolescentes incomprendidos, es lo que se opone a la donación recíproca, al servicio al prójimo.
En palabras del recientemente fallecido Papa Emérito Benedicto XVI, “la familia ocupa un lugar primario en la educación de la persona”, pero “esta labor educativa se ve dificultada por un engañoso concepto de libertad, en el que el capricho y los impulsos subjetivos del individuo se exaltan hasta el punto de dejar encerrado a cada uno en la prisión del propio yo”. Aprender a vivir verdaderamente, a sacarse ese concepto liberal de libertad, tan enfocado en el yo y no en el otro.
Patrick Dineen, en “La cultura común de los ciudadanos corrientes”, se pregunta sobre esa libertad más teórica que real de la gente común: “Tenemos la ‘libertad’ de casarnos, pero menos gente se casa. Tenemos la ‘libertad’ de tener hijos, pero las tasas de natalidad caen en picada. Tenemos la ‘libertad’ de practicar la religión, pero la gente abandona la fe de sus padres y madres. Tenemos la ‘libertad’ de conocer nuestra tradición, de participar en nuestra cultura, de transmitir las enseñanzas de los mayores a los jóvenes, pero sólo damos deudas a los hijos que quedan”.
Por ello, y desde hace mucho tiempo, estamos ante un estallido anti familiar. La crisis precisamente es ese subjetivismo autorreferente, que se cuela por los celulares, que se impone con las leyes y que se intensifica con el agobio laboral. El vínculo mutará de la gratuidad a la competencia. Ya no serán padres criando hijos, sino estos exigiéndoles la satisfacción de sus caprichos… o derechos.
Es necesario evitar que la familia sea guardada en el baúl al que se lanzó la tradición y la fe.
Las consecuencias son devastadoras, y solo revelan una verdad de sentido común: no proteger a la familia ni promover que los jóvenes formen una, implica que la persona no pueda crecer y desarrollarse de un modo integral, que termina por deshumanizarla. Ante una mala experiencia de perder, no tener o no vivir en familia, una fibra esencial del hijo queda marcada y tendrá consecuencias futuras.
En la familia, se forja el futuro ciudadano. Si no se la protege ni promueve, tendremos, si es que ya no los tenemos, chilenos ensimismados en sí mismos e indiferentes al dolor ajeno, sometidos “a una falsa ilusión de las bendiciones de la libertad”.
Roberto Astaburuaga: “Caminarán pisando huevos”
El segundo proceso constitucional avanzó a la siguiente etapa: aprobación de la reforma constitucional. Comienza la tercera: elaboración del borrador constitucional, y comprende designaciones y elecciones, instalación y trabajo de los expertos y consejeros.
A lo largo del año se enfrentarán distintos ejes políticos, surgiendo nuevas alianzas, desapareciendo otras y continuando las más sólidas. Existen tres ejes: oposición vs. oficialismo, apruebistas vs. rechacistas y acuerdistas vs. no acuerdistas. Los integrantes de cada postura pueden resultar rivales en uno y aliados en otra, y uno de ellos se impondrá en el proceso constitucional.
Cronológicamente, el eje de oposición vs. oficialismo se formó poco antes del eje apruebistas y rechacistas, con los mismos partidos políticos en cada bando, salvo la DC. El eje de oposición vs. oficialismo subsiste, pero el de apruebistas y rechacistas fue sustituido por el de acuerdistas vs. no acuerdistas, cambiando la configuración de sus integrantes.
Chile Vamos se separó de Republicanos, el PDG no firmó el Acuerdo y existió una porción del Apruebo, cercano a las posturas más radicales del Partido Comunista y del Frente Amplio, que cuestionó la legitimidad el Acuerdo del 12-D, por su excesivo control y tutelaje y la ausencia de participación ciudadana incidente. En el itinerario político, dentro y fuera del proceso constitucional, se producirá el choque entre estos ejes.
Pero el eje acuerdista cuenta con dos posiciones ganadas, pues la integración de la Comisión Experta y del Comité Técnico de Admisibilidad será en representación de las fuerzas políticas. En la designación de los expertos, según algunos cálculos aproximados, se imponen los acuerdistas: la UDI, RN y Evópoli tendrían, entre la Cámara y el Senado, 10 de los 24 cupos, y el PS, PPD, PR y PL contarían con 6 cupos, ambas coaliciones tendrían los 3/5 (14 votos) necesarios para aprobar normas, y podrían excluir a los 6 cupos de Apruebo Dignidad, aun cuando haya firmado el Acuerdo a regañadientes.
Los partidos de Socialismo Democrático deberán saber navegar entre los compromisos con la centroderecha para tener una Constitución de consenso, y al mismo tiempo lidiar con los intentos refundacionales de Apruebo Dignidad, pero sin que signifique romper la coalición de Gobierno. Así, el eje acuerdista no será un problema para la derecha en esta instancia.
En cambio, deberemos esperar a la integración del Consejo Constitucional para comprobar la subsistencia del eje acuerdista, y en esto, las alianzas y listas serán decisivas. ¿Chile Vamos irá solo o con Republicanos? ¿Evópoli estaría dispuesto a ello? ¿El PDG se juntará con Republicanos, el centro o Chile Vamos? ¿Con quien irá la DC finalmente? ¿Socialismo Democrático pondrá por delante su proyecto político o la fragilidad de la coalición de Gobierno? ¿Cuántas listas serán? ¿Tendremos un resultado abrumador como el plebiscito de entrada, la elección de convencionales o el plebiscito de salida hacia el Rechazo?
Todo se reduce a que se elijan o no los 30 consejeros del eje acuerdista. Si es que no lo logran, entonces la negociación en el Consejo será más intensa y los expertos acuerdistas intentarán hacer de contrapeso. Lo anterior ocurriría si la participación de Republicanos, Amarillos y PDG aumenta en el Consejo, y disminuye la de Chile Vamos, Socialismo Democrático y Apruebo Dignidad.
Como el objetivo final es tener un proceso prolijo que termine con una nueva Constitución «mínima y neutral» aprobada con un porcentaje mayor al Rechazo del 4-S, Chile Vamos y Socialismo Democrático se encontrarán en una posición delicada, si es que entre ambas fuerzas logran juntar los 3/5. La UDI y RN deberán conversar con Republicanos y dar señales a las bases menos acuerdistas, mientras que los socialistas y compañía deberán controlar que comunistas y frenteamplistas no cometan los mismos errores refundacionalistas de la Convención.
La fracasada alianza entre RN, Evópoli, Colectivo del Apruebo y Colectivo Socialista de la Convención, tendrá una segunda oportunidad de reflotar la política noventera de los acuerdos, junto con la UDI. Pero en el caso de no existir los 3/5 acuerdistas, la probable integración política del Comité Técnico de Admisibilidad garantiza que las normas no acuerdistas que arriesguen el Apruebo sean vetadas y que los requerimientos por normas acuerdistas sean rechazados.
Paralelamente, el Socialismo Democrático deberá lidiar con la gestión del Presidente. Y aquí se produce una serie de causas y efectos bastante curiosos. En el proceso pasado, se acudió a la mala gestión presidencial (y a su programa de Gobierno) como un argumento para rechazar, y según las encuestas, tuvo efecto.
Por segunda vez, el Presidente amarrará, quiéralo o no, su gestión a la posibilidad de terminar con la Constitución del 80. Si se mantiene la alta tasa de desaprobación, se acuñará un exitoso mensaje comunicacional que vincule la firma del Presidente a la nueva Constitución con su paupérrima gestión.
Pero para mejorar los números, deberá renunciar a sus aspiraciones “transformistas” y plegarse a las ideas que son más propias de la derecha. A su vez, deberá contener las iniciativas populistas que dañan a la economía, pero son apetecidas por gran parte de la población.
Roberto Astaburuaga: “Niños, víctimas de la corrupción ideológica”
Los niños desertan de la educación. Si van, no hay clases por la inseguridad (tomas en Santiago o terrorismo en La Araucanía). Si hay clases, en muchos casos, los corrompen. Para que estudien o para que no sean ideologizados, algunos padres deciden sacarlos. Es un círculo vicioso.
Los niños están expuestos a una ideologización corruptora. Es ideológica porque se sabe poseedora de la clave del verdadero ser de la persona y de la sociedad, pasando a ser la única interpretación completa y válida. Es corruptora, pues significa un deterioro de los valores y costumbres, y en el caso de los niños, de su inocencia.
La ideologización corruptora tiene dos corrientes principales, una política y otra de género. El adoctrinamiento político se manifiesta principalmente en las clases de historia y educación cívica, ocupadas como semilleros de ideas revolucionarias y legitimación para protestar violentamente por las más diversas causas. El adoctrinamiento de género ocurre en las clases de biología, de lenguaje y de educación sexual, en donde se inculca que la ciencia -al igual que el derecho- es un dato dúctil a la subjetividad, que lo inclusivo -y obligatorio- es ocupar los pronombres que cada uno decida y que la sexualidad depende, en última instancia, de la propia autopercepción. Ambos tipos de adoctrinamiento se aplican hoy en día, con diversa gradualidad e intensidad, en los establecimientos educacionales.
Dentro del adoctrinamiento de género, se enfatiza un pilar central: la concepción de una autonomía y libertad total sobre su propio cuerpo. Una consecuencia de esto es la relativización del consentimiento sexual por los menores de edad. En palabras de la ministra de Igualdad de España, Irene Montero: “Todos los niños, las niñas y les niñes de este país tienen derecho a conocer su propio cuerpo, a saber, que ningún adulto puede tocar su cuerpo si ellos no quieren y que eso es una forma de violencia. Tienen derecho que a conocer que pueden amar o tener relaciones sexuales con quien les dé la gana, basadas, eso sí, en el consentimiento.”.
Pero quienes defienden estas posturas, amparados en los “estudios de género”, no se hacen cargo de las últimas consecuencias que tienen la aplicación de estas teorías. El último caso que sacudió al país fue el descubrimiento de dos tesis de la Universidad de Chile que promovían la pedofilia, amparándose en estos conceptos ideológicos.
Pero no es solo al interior de las escuelas en donde los niños están expuestos a una corrupción de su inocencia, sino que los lugares públicos también son motivo de preocupación. Basta repasar algunos eventos del año pasado: en marzo, el mural del Parque San Borja con imágenes de sexo explícito elaborado por el colectivo artista erótico OjoPorno, y la propuesta de norma constitucional de la Convención sobre el derecho a una única educación sexual integral enfocada en el placer y desde la primera infancia; a fines de agosto, el acto por el Apruebo en Valparaíso que terminó con un show familiar de transformistas denigrando de forma obscena la bandera frente a los niños presentes; o en diciembre, la performance en el GAM “Cuerpa roja”, promocionado “¿Quieres explorar el potencial del cuerpo? Este es un estreno de diseño en movimiento y corporalidad, que explora en identidad, género y las posibilidades de un nuevo ser”.
Todos estos hechos fueron ampliamente difundidos y conocidos, pero que, a lo largo del año, ocurrieron una y otra vez.
La cultura, la educación y la política borran con el codo lo que escriben sobre la protección de los niños, de modo que estos, una y otra vez estarán expuestos a ser ideologizados. Los padres y apoderados son cada vez más conscientes de esta marea que avanza dentro y fuera de sus hogares, pero en vez de recibir apoyo, se destruye legislativamente la patria potestad y su obligación de educar a sus hijos.
Rosario Corvalán: Peligros de la “Ley Adriana”
SEÑOR DIRECTOR:
La Comisión de Mujer del Senado aprobó en general un proyecto conocido como “Ley Adriana”. Como suele ser la estrategia, presentado con un nombre rimbombante que hace ver como indolente un voto en contra, este proyecto que “sanciona la violencia gineco obstétrica” tiene, en realidad, aspectos preocupantes.
El punto que genera mayor preocupación es que el proyecto menciona en varias ocasiones a “la madre o persona que lo gestó”, cuando en nuestro ordenamiento jurídico la madre es precisamente la persona que gestó al niño: “la maternidad queda determinada legalmente por el parto” (artículo 183 del Código Civil). El riesgo de hacer la distinción es grande: se abre la puerta a la maternidad subrogada, dentro de la que se encuentran los vientres de alquiler. Ya sea en su modalidad altruista o pagada, la maternidad subrogada pone al niño prácticamente como el objeto de un contrato, sumado al peligro advertido por la experiencia internacional, que relaciona el alquiler de vientres con trata de niños y de mujeres.
En nuestro país actualmente no existe regulación respecto a la maternidad subrogada, en ninguna de sus modalidades. Incorporar la frase “madre o persona que lo gestó” es permitir de forma sutil y desregulada un tema altamente complejo y peligroso, añadiendo al problema de la ilicitud el de la falta de regulación.
Esperamos que en la tramitación en particular del proyecto puedan solucionarse este y muchos otros problemas, tanto de técnica legislativa como de fondo.
Rosario Corvalán Azpiazu
Abogada Comunidad y Justicia
Roberto Astaburuaga: “Los 12 nuevos mandamientos constitucionales”
Las bases constitucionales son el corazón del Acuerdo, de la reforma constitucional y del éxito del proceso para tener una nueva y buena Constitución. Los parlamentarios que las acordaron son los encargados de que se respeten durante la tramitación de la reforma constitucional en el Congreso. El Comité Técnico de Admisibilidad es el encargado de velar que expertos y consejeros las cumplan.
Estos 12 nuevos mandamientos constitucionales, según los acuerdistas, intentan interpretar el sentido común chileno, manifestado en el 62%, para protegerse de nuevos intentos refundacionales. Esta docena de principios, “considerados como consensos mínimos en la redacción” de la nueva Constitución, son intocables, pues cualquier modificación pone en riesgo el cumplimiento del Acuerdo.
En un sentido similar argumentó el senador Elizalde en la Comisión de Constitución del Senado, antes de rechazar unánimemente todas las indicaciones que pretendían modificar para bien los doce principios, y el objetivo es que en la Cámara ello tampoco ocurra.
Pero hay buenas razones para modificarlos, o, al menos, discutirlos.
Primero, las bases no son cláusulas pétreas ya que su origen acuerdista no es inhibitorio de la legítima potestad del Congreso de modificar normas de un proyecto de reforma constitucional.
Como se desconoce cuál es su sentido y alcance, atendido el carácter reservado de las negociaciones para llegar a ellas, el Congreso se convierte en la única instancia en que su importancia, significado y límites pueden ser detallados y comprendidos. Lo anterior facilita la tarea de los expertos, consejeros y árbitros que deberán incorporarlas o protegerlas.
Si los integrantes constituyentes tienen una fuente no vinculante a la cual acudir, que permita entender mejor a que se refieren los principios hay mayor certeza y se evitan equívocos, pero también se revisa la calidad de percepción que tienen los políticos para interpretar el sentido común de los chilenos.
Segundo, las bases no son infalibles ni dogmas jurídicos. Por supuesto que deben ser modificadas, si es que es necesario. De hecho, en la Comisión de Constitución del Senado se discutió y votó todo tipo de aspectos, desde el color del lápiz que se debe ocupar en el plebiscito, hasta la negativa de tener un plebiscito de entrada. Todo se analizó y revisó. Pero no las bases. Por ejemplo, un principio señala que son las familias, y no los padres, los que tienen derecho a escoger la educación, y no a educar, a sus hijos. Es perentorio que este error se corrija.
Tercero, existen omisiones, no de detalles, sino de principios elementales para el chileno. Por ejemplo, que la familia es el núcleo fundamental de la sociedad. De hecho, la Comisión de Derechos Humanos de la Convención Constitucional recomendaba en su Informe Final eliminar el concepto de familia por considerar que se anclaba en el sistema patriarcal.
¿Cómo no va a ser parte del sentido común de todo chileno que se considere a la familia como un especialísimo espacio que merece protección y promoción por la Constitución? Esto tiene riesgos en el proceso. La aprobación de una norma considerada contraria o que incumple un principio esencial no incluido dentro de los 12 puntos, podría volver difícil que se pueda acudir al árbitro para que ordene su exclusión del borrador constitucional.
Por ejemplo, si se aprueba una norma sobre derechos sexuales y reproductivos o un eufemismo similar para esconder las pretensiones abortistas de las feministas, surge la duda sobre si podría alegarse que atenta contra el derecho a la vida del no nacido, salvo -y aquí se demuestra la importancia de discutir exhaustivamente los principios- que en el Congreso se discutiera el concepto de persona.
Por otro lado, la omisión de un principio no contenido en las bases no genera la obligación de incluirlo en el nuevo borrador constitucional, como ocurriría con el ejemplo sobre la familia. El último riesgo de la omisión u rechazo a un nuevo principio o perfeccionamiento de uno ya incluido reside en que existiría la posibilidad que el Comité de Admisibilidad no ordene a los expertos elaborar una propuesta que sea conocida por los consejeros.