La ministra Antonia Orellana anunció hace algunos meses que el Gobierno más feminista de la historia de Chile presentaría un proyecto para que el aborto fuese legal dentro de un determinado plazo. En realidad, lo único que se debiese “abortar” es la idea de ampliar el aborto.

Primero, porque el hecho del embarazo refuta lo que el movimiento abortista niega. La verdad es que los niños que aún no nacen sí son personas, y a esa verdad se puede llegar por la razón (y sobran argumentos de toda clase de disciplinas que lo demuestran), pero también por la experiencia. Y la experiencia de la maternidad hace trizas la ideología, como lo muestran las alegres noticias que comparten dos renombradas comunistas y promotoras del aborto, Camila Vallejo, vocera de Gobierno, y Karol Cariola, presidenta de la Cámara de Diputados. Mientras la ministra Vallejo, madre por segunda vez con 7 meses, mostró una ecografía cuando llevaba 3 meses de embarazo y contó que estaban “muy felices porque una nueva personita se integrará a la familia”, la diputada Cariola, de 26 semanas de embarazo (ya se ven las pataditas y los ojos se abren), espera a su primer hijo y declaró la semana pasada: “solo queremos que todo resulte bien y que nuestro hijo llegue sanito”.  

Si ellas esperan un hijo -no un conjunto de células-, un sujeto de derechos -no un bien jurídico de mayor importancia, como se calificó en la nefasta sentencia del Tribunal Constitucional-, ¿qué es lo que diferencia su caso de otros? ¿La sola voluntad de la madre? Si Orellana, Vallejo y Cariola tuvieran una reunión, y las dos últimas les mostraran las últimas ecografías, la primera les preguntaría ¿ya decidiste si va a ser persona o no?, o probablemente, ante la brutal realidad que se impone, se preocuparía y diría ¿cómo está tu hijo? Puede ser que no, pero la contradicción sería absurdamente evidente, y si quisiera ser coherente, o nunca debería referirse al embarazo de su compañera del comité político como “su hijo”, o debería reconocer que promover la ampliación del aborto es legitimar el homicidio de una persona cuyo único crimen fue estar dentro del vientre materno.

Segundo, porque el aborto no es una solución. ¿El embarazo es el problema? No. ¿Las dificultades económicas, la presión de terceros o el temor al futuro? Sí. El aborto no soluciona los problemas reales, sino que les agrega uno nuevo, tanto por los efectos físicos y psicológicos que acarrean en la mujer. Las madres que abortan seguirán sin el apoyo económico y social que realmente necesitan. Si las feministas realmente quisieran ayudar a esas madres impulsarían otras medidas que apunten a enfrentar las causas que llevan al aborto. El Gobierno, en lugar de proponer un apoyo real o de hacerle la vida más difícil a los objetores busca conseguir un aplauso de su 30%, por una cuestión absolutamente ideológica.

Tercero, porque es el mes de la Navidad. Si eventualmente se presentara un proyecto de ley para ampliar el aborto en el mes que se celebra el nacimiento de un niño es un insulto macabro. Por supuesto que no deja de serlo si ingresa en cualquier otro mes del año, aunque no debería sorprendernos si lo presentan el 25 de diciembre. Mientras en los hogares de millones de chilenos se arman los pesebres para celebrar en familia el nacimiento de Cristo, el Gobierno, cual Herodes, firma y manda al Congreso el proyecto de ley para ampliar el aborto, que no es otra cosa que enfrentar a la madre contra su hijo no nacido, en lugar de ayudarla. 

Esperemos que esas madres con embarazos difíciles tengan un apoyo real del Gobierno, y, como dicen las nuevas comunistas provida, que todo les resulte bien, que sus hijos lleguen sanitos y que estas nuevas personitas se integren en sus familias. Sería un milagro y un regalo de la Navidad.

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El PAIG (Programa de Apoyo a la Identidad de Género) para niños entre 3 a 17 años puede quedar sin financiamiento, si es que la Cámara rechaza la decisión del Senado que repuso los recursos. Y hay buenas razones para guardar este programa en el cajón. El daño que le produce a los niños es la principal razón.

Históricamente, la derecha ha reclamado el derecho preferente de los padres de educar a sus hijos como una de sus banderas de lucha. Así fue durante la Convención y fue una de las grandes razones de la victoria del Rechazo. Pero es necesario revisar un par de cosas sobre este derecho, para entender bien qué es lo que se defiende.

Es evidente que, por regla general, todos los padres buscan el bien de sus hijos. Les enseñan desde sus primeros años, los corrigen, los acompañan, los orientan. Buscan su bien. Los protegen, los cuidan. Se sacrifican por ellos. Pero, lamentablemente, los padres también se equivocan. Algunas veces voluntariamente y otras no. Todos los padres cometen errores y pueden enmendarlos. La crianza y educación de un hijo es un desafío constante, diario. Algunos de esos errores les causan un daño a sus hijos. No todo lo que enseñan los padres es, necesariamente, correcto o bueno solo por el hecho de que sean los padres quienes lo hagan. En términos jurídicos, hay que revisar tanto al sujeto del derecho (los padres), como el objeto del derecho (la educación), para saber si es que al destinatario (los hijos), se le está generando un daño o un beneficio.

Enseñarle a un hijo a robar, a mentir o cualquier acto que consideramos reprochable no está amparado por el derecho. Un padre no puede defenderse de que le enseña a su hijo a mentir porque es su padre. En ese caso, no está ejerciendo su derecho como padre. Al revés, le está causando un daño. Lo mismo ocurre si es que autoriza que otro le enseñe a estafar o matar. De hecho, los padres antes de alegar el respeto a su derecho a educar a sus hijos, que se ejerce cuando el Estado u otros lo vulneran, tienen un deber, un deber de educarlos y criarlos.

Los padres buscan lo mejor a sus hijos, no porque tengan un derecho a hacerlo, sino porque tienen un deber de hacerlo,están obligados a velar por ellos. Es ineludible y es algo natural o instintivo. Cuando alguien impide que los padres puedan cumplir con ese deber, es que pueden alegar la existencia de un derecho. El deber precede al derecho. Porque tienen el deber de criar, tienen el derecho a que se respete el cumplimiento de ese deber.

Como parte de ese deber, los padres cuidan a sus hijos, especialmente en lo que se refiere a su salud y bienestar. A los padres no les gusta ver a sus hijos sufrir, les duele el dolor de sus hijos, se lamentan con y por ellos, y buscan las vías para aliviar ese sufrimiento. Como quieren que no sufran más, siempre buscarán la vía más segura, la idónea, la que les dé las mejores garantías de que sus hijos estarán bien. ¿Qué padres elegirían para el dolor de sus hijos una opción mediocre o directamente mala? ¡Ninguno! No estarían cumpliendo su deber de cuidar a sus hijos. Elegirán siempre lo mejor, aun cuando los hijos no lo entiendan o no quieran. Los padres llevan a sus hijos al doctor, aun cuando ellos no quieran y tratan de llevarlos al mejor doctor.

¿Qué padre llevaría a su hijo a un doctor, si sabe que no es seguro o que no es recomendable? ¿Un padre le daría a su hijo un remedio, si se ha alertado sobre sus peligrosos y dañinos efectos secundarios? ¿Acaso permitiría que su hijo reciba un tratamiento, en apariencia novedoso y seguro, cuando desde otras partes del mundo, doctores que partieron con ese tratamiento están alertando que no es seguro o que no es efectivo? Supongamos que ese tratamiento, en realidad, no tiene un respaldo científico y que los países que partieron ocupándolo, ahora están retrocediendo. Supongamos que se han levantado alertas, ya no solo en el extranjero, sino que también en Chile, sobre lo que está sucediendo. Supongamos que lo cierto es que este tratamiento causa un daño a los niños. ¿Podríamos decir que los padres están cumpliendo su deber de criar y cuidar a sus hijos, si es que los someten a ese tratamiento, a un tratamiento que los daña? Probablemente no. Y por ende, tampoco podríamos decir que si lo hacen se amparan en su derecho a educar a sus hijos. Porque los padres tienen el deber de cuidar a sus hijos y no tienen el derecho a dañarlos.

La pregunta que queda es: ¿el PAIG daña a los niños? Sí. Definitivamente, sí. Daña a los niños. Les mete una idea que no existía en su cabeza. Imagínese que un día llega su hijo y le pregunta si él es una mujer. Es como si llegara y le preguntara si es adoptado, si usted es su verdadero padre. Evidentemente, es algo que impacta en el niño. La Dra. Ugarte, endocrinóloga pediátrica que expuso ante la Comisión Investigadora de la Cámara que revisó este programa, señaló que con la transición social, que es lo que hace el PAIG, se “modifica la experiencia de vida del niño, el curso espontáneo del proceso de desarrollo psicosexual y la maduración cerebral”. Señaló que los documentos normativos chilenos que respaldan al PAIG tienen un respaldo científico extremadamente pobre y de mala calidad. Por último, dijo que los trabajos en los que se basan las instituciones internacionales que recomiendan la transición social, como la del PAIG, son en poblaciones de estudio muy chicas, con seguimientos a muy corto plazo, de muy mala calidad y con fallas metodológicas importantes.

¿Acaso es recomendable que el Estado siga financiando el PAIG, con todos estos antecedentes? Como se ve, el problema no es solo sobre el derecho de los padres a que autoricen a sus hijos a que ingresen a un programa que les genera un daño, que impacta directamente, por ejemplo, en su maduración cerebral. Difícilmente se puede argumentar que un padre, si supiera realmente lo que le hará el PAIG a su hijo, estaría dispuesto a que ingrese a él. Lo más probable es que no.

Los padres no tienen derecho a dañar a sus hijos, sino que tienen el deber de criarlos y educarlos. Y el PAIG es un programa estatal que les causa un daño y debe dejar de ser financiado, por el bien de los niños.

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