Uno esperaría que los Juegos Olímpicos fuesen noticia en estos días sólo por las competencias deportivas y la actualización del medallero. Pero la blasfema ceremonia de inauguración ha sido la razón para poner sobre la mesa la constante burla a lo sagrado del cristianismo en Occidente, convirtiéndolo en un nuevo deporte olímpico.

Autoridades estatales y eclesiásticas expresaron su rechazo contra la ridiculización que se hizo de “La Última Cena”, entre ellos, 25 cardenales y obispos católicos, el viceprimer ministro eslovaco o la institución religiosa Al Azhar, principal referencia islámica sunita. La organización olímpica pidió perdón y afirmó que no hubo intención de faltar el respeto a ningún grupo religioso. Una afrenta similar sufrió el surfista brasileño Joao Chianca, quien denunció en una publicación en sus redes sociales -posteriormente eliminada- que se le prohibió tener la imagen del Cristo Redentor en sus tablas de surf, ya que los Juegos Olímpicos apuntan a la neutralidad total en materia religiosa. En los JJ.OO. no hay contradicción en que la neutralidad religiosa implica prohibir referencias cristianas a los deportistas y permitir burlas a la persona más importante de los cristianos.

Sin embargo, los deportistas, de distintas nacionalidades y categorías deportivas, no han tenido temor en manifestar públicamente su fe. La medallista de oro estadounidense en 1.500 metros estilo libre, Katie Ledecky, ha señalado la importancia que tiene para ella su fe católica. La sudafricana Tatjana Smith, medalla de oro en 100 metros en natación, mostró una camisa con el listado de personas a las que agradecía, comenzando por: “Dios-Jesús-Espíritu Santo”. Con una medalla de plata en natación, el británico Adam Peaty publicó en su Instagram un versículo del libro de los Proverbios: “Confía en Yahvé de todo corazón y no te fíes de tu inteligencia; reconócelo en todos tus caminos y él enderezará tus sendas”. El surfista brasileño Gabriel Medina, luego de clasificar a los cuartos de final, y la brasilera ganadora del bronce en skate callejero femenino, Rayssa Leal, hicieron publicaciones similares. El guatemalteco Jean Pierre Brol, que ganó medalla de bronce en tiro, luego agradeció a Dios por el triunfo y contó que antes de empezar una competencia le pedía que le diese sabiduría y templanza. O el famoso tenista Novak Djokovic, quien ha mostrado constantemente su cruz ortodoxa. Y así quizás en tantos otros casos.

¿Qué habrán pensado todos estos deportistas en la inauguración parisina? Como dijo San Juan Pablo II: “Francia, hija mayor de la Iglesia, ¿qué hiciste de tu bautismo?”. Mientras los cristianos son perseguidos en Oriente, en Occidente son objeto de burla. Pero si allá la sangre de mártires es semilla de nuevos cristianos, acá pocos alzan la voz… ¿serán los cristianos orientales los que salven a sus hermanos occidentales?

Lo que ha ocurrido en París no se reduce simplemente a la “batalla cultural” contra grupos ideológicos que intentan imponer su agenda abortista y transgénero en cada rincón que encuentran. Tampoco se trata de una crisis del cristianismo, en cuanto pilar de la civilización occidental, como si sólo valiera su legado cultural, quitando cualquier elemento trascendente. Es más profundo. Es una cuestión de religión, de fe, con la que el deportista olímpico se identifica, vive y se emociona aún más que con el deporte que practica.

Como dijo Novak: “Antes de ser un atleta, soy un cristiano ortodoxo. Mi espalda siempre está custodiada por Dios y los ángeles”.

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A raíz de la condena a Eduardo Macaya por delitos de abuso sexual a menores de edad, algunos parlamentarios anunciaron el ingreso de un proyecto de ley que incluya en la educación sexual la prevención del abuso sexual infantil y el respeto a la diversidad. Pese a los múltiples portazos que ha recibido la idea de imponer un adoctrinamiento ideológico a los alumnos -una y otra vez los chilenos les dicen que no- los mismos de siempre vuelven a insistir.

En 2020, la Cámara rechazó un proyecto de ley que introducía la ESI (Educación Sexual Integral) con elementos ideológicos y afectaba el derecho de los padres. En 2021, el Tribunal Constitucional declaró inconstitucionales los artículos del proyecto de ley de Garantías de la Niñez referidos a la educación no sexista y que afectaban los derechos parentales. En 2022, se rechazó el proyecto de Constitución que consagraba el carácter no sexista del derecho a la educación y el derecho a una educación sexual integral “que promueva el disfrute pleno y libre de la sexualidad (…) el reconocimiento de las diversas identidades y expresiones del género y la sexualidad”, y que excluía a los padres a pesar de las decenas de miles de firmas de las Iniciativa Populares de Norma. En 2023, la prioridad para el Ministro de Educación fue la implementación de la ESI, lo que se vio reflejado en las cuestionadas Jornadas de Educación No Sexista y la actualización de una guía de sexualidad afectiva, que si bien terminó con una acusación constitucional rechazada, fue uno de los factores de su salida pocos meses después. En 2024, el Gobierno metió a último minuto el concepto de educación no sexista en el proyecto de ley sobre violencia contra las mujeres, y si bien el Tribunal Constitucional no declaró inconstitucional el concepto, lo interpretó de una manera tan restringida que excluía cualquier componente ideológico. Y ahora escuchamos -por sexta vez- su grito de guerra: ¡seguimos!

Una y otra vez intentan meter la ESI a la fuerza y una y otra vez los padres les dicen que no. Ningún chileno quiere que un niño sea abusado sexualmente, pero tampoco quieren que se adoctrine sexualmente a sus hijos. El mismo sector que insiste en la idea de que existe evidencia de que la ESI sirve para prevenir el abuso sexual infantil, fue el que defendió que la evidencia respaldaba el cambio de nombre y sexo registral desde los 14 años, como quedó en la Ley de Identidad de Género del 2018. Resulta que ahora tenemos una comisión investigadora que debe averiguar cuántos niños y jóvenes con disforia de género han recibido tratamientos hormonales que carecen de evidencia científica sólida que los respalde y que traen daños irreversibles de por vida.

La ESI no es un programa de concientización de los riesgos de abuso ni ayuda a reforzar de manera consistente en los niños y jóvenes el rechazo a los contactos de carácter sexual, porque se contradice con la máxima de sus promotores que pontificando que los contactos sexuales, en cuanto consentidos, son inobjetables, no violentos y generadores de buenas sensaciones. La supuesta eficacia de la educación sexualizante de menores de edad en prevenir abusos sexuales es en realidad mera especulación-justificación ideológica, no empírica.

La oposición a la ESI se explica no sólo por el rechazo a la obsesión de exhumar el proyecto constitucional octubrista, ni por el historial de fracasos de imponerla, ni por la desconexión de atender situaciones educacionales graves que hoy requieren soluciones impostergables, sino que por tratarse de una ideología que excluye a los padres, adoctrina y confunde a los niños, carece de evidencia que respalde su rol preventivo y ofrece una visión materialista, reduccionista y hedonista de la sexualidad. Y los padres no quieren eso para sus hijos.

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Los efectos del Informe Cass, que denunció la ausencia de evidencia científica sólida en los tratamientos hormonales a niños y jóvenes con disforia de género, siguen expandiéndose. En Chile, el 8 de julio pasado se aprobó la creación de una Comisión Investigadora y en el Reino Unido, el nuevo gobierno laborista decidió mantener la suspensión de realizar, en la salud pública y privada, tratamientos hormonales a menores de edad.

Sin embargo, quienes se han opuesto a las conclusiones y recomendaciones del Informe Cass, tanto en Chile como en el extranjero, no han dudado en, como lo llaman eufemísticamente, “desinformar”.

Uno de los padres del reportaje de Sabine Drysdale relata que la psiquiatra que atendió a su hijo de 15 años y que creía ser una mujer, advirtió sobre la altísima tasa de suicidios en niños que no son apoyados por sus padres; misma advertencia recibida por otro testimonio. El argumento “hijo trans o hijo muerto” es, como describe un caso, la “espada de Damocles”, es decir, la amenaza constante de un daño o peligro o de apoyar la transición o de perder a un hijo. Ningún padre debería escuchar una insensibilidad de ese calibre. El Informe Cass concluyó que no existe respaldo sólido sobre la reducción del riesgo de suicidio debido a los tratamientos de afirmación de género, ya que la mayoría de los estudios que sostenían tal efecto tenían problemas metodológicos importantes, especialmente la falta de control adecuado de la presencia de comorbilidad psiquiátrica y su tratamiento.

Pero luego de la publicación del Informe y de la adopción de medidas por el NHS Reino Unido, activistas y agrupaciones trans denunciaron en redes sociales un gran aumento en el suicidio de pacientes actuales y recientes del Servicio de Desarrollo de la Identidad de Género (GIDS) en Tavistock desde una restricción anterior de los medicamentos bloqueadores de la pubertad que siguió a una decisión judicial (Bell v. Tavistock) en diciembre de 2020: 1 suicidio en los 3 años anteriores a la sentencia y 16 muertes (en lugar de suicidios) en los 3 años posteriores. El Profesor Louis Appleby, asesor en prevención del suicidio del Departamento de Salud y Asistencia Social, realizó una revisión sistemática de los datos de muertes entre 2018 a 2024 para comprobar la veracidad de la denuncia y concluyó que no existía respaldo, puesto que, concretamente, en esos 6 años hubo 6 suicidios, 3 antes de 2020-21 y 3 después. La desinformación malintencionada, masiva y sin base estadística sobre el suicidio juvenil buscando adecuarlo a un relato ideológico y que tiene incidencia en el riesgo de suicidio de los menores con disforia de género, revela que los activistas hacen exactamente lo que decían que no había que hacer.

En Chile, la desinformación se ha dado por contar sólo una parte de la historia o por no decir nada sobre noticias preocupantes. Por ejemplo, la subsecretaria de Salud señala reiteradamente que el Programa de Acompañamiento a la Identidad de Género (PAIG) no incluye hormonoterapia. Pero mantiene absoluto y conveniente silencio respecto a la parte de las normas técnicas del PAIG que indican, si se solicita, derivar al menor de edad para tratamiento hormonal, que puede ser en cualquier establecimiento de salud público o privado. También intenta “combatir la desinformación” cuando sostiene que las familias son integradas en el PAIG, lo que es cierto… sólo si están de acuerdo en que sus hijos ingresen. Sin embargo, no escuchamos ni una palabra sobre las, al menos, 5 referencias técnicas respecto a denunciar a los padres que se oponen al ingreso de su hijo al PAIG, lo que se confirma con los testimonios, públicos y privados, de familias citadas a tribunales de familia, y que en algunos casos han perdido el cuidado de sus hijos. Eso sí pasa en Chile.

Tampoco se ha referido sobre el Programa de Salud Trans (PST), que sí contempla la hormonación desde los 10 años y está implementado en 21 hospitales públicos. Según un documento del Minsal de abril de 2023, más de 1.300 niños y jóvenes chilenos están dentro la población bajo control para recibir hormonas y más de 400 en lista de espera. El PST ¡vaya coincidencia! trabaja coordinadamente con el PAIG.

Otro ejemplo lo encontramos en la columna “Asedio a la niñez trans”, que señala que muchas entidades internacionales (la Academia Americana de Pediatría, la Sociedad Americana de Endocrinología, la Sociedad Canadiense de Pediatría, entre otras) han mantenido sus guías clínicas a favor de la terapia género afirmativa, y cita uno que está en contra (el Colegio Americano de Pediatras). Lo que no dice es que también existe un gran número de asociaciones gremiales internacionales que han manifestado su apoyo al Informe Cass o que han seguido direcciones similares (la Sociedad Europea de Psiquiatría Infantil y Adolescente, el Colegio de Psiquiatras del Reino Unido, la Sociedad Alemana de Psiquiatría Infantil y Adolescente, el respaldo de la Relatora Especial sobre la violencia contra las mujeres y niñas de la ONU, etc.).

Pero más reveladora es la omisión del descubrimiento del Informe Cass respecto a que las guías clínicas de las asociaciones internacionales que mantienen su postura transafirmativa no siguieron los estándares internacionales para su elaboración, se basaron en evidencia deficiente y se citaban entre sí de forma circular generando un aparente y falso consenso científico, es decir, un cartel de citas. Cambia bastante el panorama con la información completa.

Con la instalación de la Comisión Investigadora y el inicio de su trabajo de recopilación de información, podremos tener mayor certeza de la preocupante realidad en Chile, pero está claro que seguir tratando no es una opción neutra.

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Chile siempre ha sido un país cristiano. Su identidad y su historia no se entienden sin ese elemento presente desde la cotidianeidad de la familia hasta la solemnidad de los actos estatales. Sin embargo, a lo largo de las décadas los cimientos cristianos han sido horadados por el liberalismo y el socialismo, y que actualmente se encarna en el progresismo de izquierda, por acción, y de derecha, por omisión.  

El significado de la dignidad humana es el origen de las diferencias entre cristianismo y progresismo. Mientras los segundos equiparan la dignidad a la autonomía personal o al ilimitado ejercicio de la voluntad en todo orden de cosas, que deben ser proveídas casi exclusivamente por el Estado, los primeros la defienden como inherente a todo ser humano por el hecho de existir y de haber sido creada por Dios y que permanece más allá de toda circunstancia.

Ambas comprensiones manifiestan sus diferencias en materias delicadas como son la vida, la conciencia, la educación y la familia. En Chile esto se ha apreciado con claridad en los últimos cinco años.

Si la Convención Constitucional intentó realizar una transformación radical a partir de una propuesta de Constitución, el actual Gobierno no la guardó en un cajón, sino que hizo “copypaste” y le cambió el título de “Propuesta de Constitución” por proyectos de ley, programas sociales, resoluciones, etc. La coalición de gobierno ha fracasado en dejar un legado de prometidas transformaciones sociales y políticas, y sus victorias son más bien pequeñas e intrascendentes. Sabiendo el feroz bloqueo que enfrentan en pensiones, seguridad y economía han presionado por impulsar agendas identitarias que no provocan la misma resistencia en la oposición.

Sobre el derecho a la vida, los atentados al inicio y al final de la misma, con la ampliación del aborto y la innovación en eutanasia, se han encaminado mediante anuncios legislativos para seguir “avanzando” en atentar contra la vida de los más indefensos. El impulso a dicha agenda también afecta la libertad de conciencia y de asociación, pues la nueva versión del reglamento sobre objeción de conciencia que debe ser revisado por la Contraloría, establece discriminaciones arbitrarias para la contratación de profesionales objetores y que, en último término, la objeción de conciencia no pueda impedir la realización de abortos, pues no ven en el que está por nacer la misma dignidad de los que ya han nacido.

Por último, la familia, núcleo fundamental de la sociedad, enfrenta su desintegración física y moral con los programas de acompañamiento a la identidad de género del Minsal que, invocando la autonomía progresiva de los niños, son separados judicialmente de sus padres o ingresan y son hormonados dejando, en el peor de los casos, daños irreversibles de por vida. Programas, en coordinación con el Mineduc, que proponen “educar” y “entrenar” a las familias, y “sensibilizar” a profesores y directores. A la diferencia sexual constitutiva en el hombre y la mujer se le intenta y a la dignidad del cuerpo inseparable de la dignidad propia, desde la más tierna infancia, se le intenta oponer estatalmente la fluidez de la autopercepción y el financiamiento para las modificaciones corporales.

La radicalidad de las “transformaciones” deja cada vez menos espacio a los que se han refugiado en las zonas grises de los acuerdos y negociaciones, y exige aún más esfuerzo de quienes advierten los peligros y luchan contra el éxito de estas revoluciones que ponen en riesgo la vida de hijos no nacidos y ancianos, la conciencia de los profesionales, la inocencia y educación de los niños, la paz y unidad familiar, y en realidad, la verdadera estabilidad e identidad de una nación. Como señaló San Juan Pablo II en su visita a Chile: “El hombre puede construir un mundo sin Dios, pero este mundo acabará por volverse contra el hombre”.

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