La discusión de la Ley de Presupuestos estuvo marcada por controversias en distintos temas que se materializaron en normas, entre ellas, las referidas a la Ley Lafkenche, a Aula Segura, a las contribuciones o a la prohibición de financiamiento a tratamientos hormonales transafirmativos y cirugías de reasignación de sexo a menores de edad. Como todas fueron aprobadas, el gobierno solicitó la eliminación de 13 normas y al mismo tiempo se presentaron siete requerimientos parlamentarios que impugnaban solo algunas de ellas.

El Tribunal Constitucional resolvió el viernes pasado que conocería el fondo del requerimiento del gobierno y cinco de los siete requerimientos parlamentarios. Sin embargo, en la decisión de admitir del gobierno, el derecho fue dejado de lado.

Cuando el gobierno presentó su requerimiento, no acompañó determinados documentos y el Tribunal Constitucional le ordenó que lo hiciera en un plazo de tres días. El Ejecutivo corrigió lo hecho y envió los documentos, pero se le olvidó adjuntar un archivo y cuando lo hizo, el plazo ya había vencido.

Cualquier estudiante de Derecho sabe que si no se cumple lo ordenado por el tribunal, el requerimiento, simplemente, se tiene por no presentado. La propia ley que rige al Tribunal Constitucional (artículo 65, inciso 2º) señala expresamente: “Si así no lo hacen, el requerimiento se tendrá por no presentado para todos los efectos legales”. La norma no admite ningún tipo de excepción.

¿Cuál fue el archivo no acompañado? La Ley de Presupuestos. ¿Y que dijo el tribunal para salvar al gobierno de su propio error? Que el requisito establecido en la ley era “jurídicamente inconducente” ya que la Ley de Presupuestos se había publicado en el Diario Oficial. Es decir, el requirente no acompaña todos los documentos, el Tribunal Constitucional le indica que acompañe uno que falta, el gobierno lo hace fuera de plazo y el tribunal decide que da lo mismo porque, en verdad, no era necesario. ¡Plop!

Por otro lado, si el Tribunal Constitucional consideró que el documento no acompañado (el proyecto de Ley de Presupuestos 2025) era innecesario porque ya había sido promulgado y se presumía conocido, ¿para qué lo pidió en la resolución de no admisión a trámite, no solo respecto al requerimiento del gobierno, sino que también respectos a otros seis requerimientos parlamentarios contra distintas glosas de la mencionada Ley de Presupuestos (Roles 15.981, 15.993, 15.994, 15.995, 15.996 y 15.999)?, ¿a cuál resolución le creemos, a la que considera indispensable el documento ausente, de acuerdo a lo establecido por ley o a la que prescinde de aquel porque es la única forma de sanear de oficio el requerimiento del gobierno?

¿Qué garantía de justicia y seriedad se puede esperar de un tribunal incapaz de obedecer la ley que rige su propio funcionamiento? Si operan de esta manera en este caso, qué impide que no inventen nuevos “casos excepcionalísimos” para salvar causas afines ideológicamente a la mayoría del Tribunal Constitucional. ¿Es esto una muestra más de que el Tribunal Constitucional se ha convertido en un legislador, modificando los procedimientos a su gusto?

Así, el fundamento de los votos de los ministros ideológicamente afines al oficialismo, que estuvieron por admitir a trámite el requerimiento del gobierno, revelan su escaso apego por las normas y el Estado de Derecho, a diferencia de quienes se opusieron. Estos segundos, correctamente, señalaron que no le corresponde al Tribunal Constitucional subsidiar ni suplir los errores de los requirentes.

El precedente que se ha instalado es peligroso, porque el cambio de jurisprudencia no obedece a un control jurídico, sino a uno político. Si el Tribunal Constitucional inventó una excepción respecto al cumplimiento de los requisitos de forma, qué impide que haga algo similar respecto al fondo. Si el tribunal actuó arbitrariamente en esta causa, qué impide que lo haga en otras. La desconfianza en el Tribunal Constitucional, ya instalada, solo aumenta con este tipo de episodios.

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Llevamos varios meses escuchando nominaciones, apoyos, estrategias, sondeos, primarias, relatos y equipos de los posibles candidatos presidenciales para el próximo año. En cuanto al contenido de un programa presidencial y de medidas algo más concretas, no se ha dicho tanto, quizás buscando seguir con los diagnósticos para “conectar” con la ciudadanía. De lo que se ha escuchado poco y nada es del mal llamado “tema valórico”, salvo un par de excepciones.

Podrán ser muchos o pocos votantes a los que les importe; podrán comunicar su postura temprano o tarde; podrán hacerse cargo o esquivar el tema; podrán hablar o callar; podrán tener una postura de “avanzar, mantener o retroceder”. Pero la pregunta aparecerá: ¿Qué le proponen Carter, Kaiser, Kast o Matthei a Chile en temas como el aborto, la eutanasia o los tratamientos transafirmativos a niños?

Sin duda, es lamentable que la importancia de estos temas dependa de la contingencia electoral y no de la gravedad propia que tienen. O que referirse a ellos sólo se hará bajo el prisma de los “bolsones electorales” que se deben asegurar o, al menos, no espantar. Sin embargo, estos tres temas, al menos, pueden ser abordados de dos maneras, que no son excluyentes: disminuir y eliminar el mal que atenta contra ellos o promover y proteger el bien que atenta contra ellos.

El siguiente Gobierno tendrá que hacerse cargo del legado inmoral que está dejando Boric y el Frente Amplio: ampliar el aborto (llevamos más de 5.000 niños no nacidos asesinados) y restringir la objeción de conciencia; aprobar (o no) el proyecto de ley de eutanasia, como si la decisión de pesar la propia vida no fuese una “elección” esencialmente cruel, que nadie jamás debería ser forzado a tomar; y tener una política nacional para hormonizar a niños desde los 9 años, que ya debe bordear los mil casos.

Por otro lado, cada tema plantea sus propios desafíos, en cuanto a promover aquello que promueven como bueno y deseable para la persona y para la sociedad. La crisis de natalidad exigirá medidas concretas -y no cuñas ni tweets, tan abundantes como inútiles- para que, ante la llegada de un nuevo integrante, el Estado ofrezca su ayuda en sus, al menos, primeros mil días de vida. La crisis del abandono y soledad de los adultos mayores, población que crecerá cada vez más, exigirá redestinar recursos financieros y humanos para que reciban una atención acorde a su dignidad, en donde los cuidados paliativos sean la única opción, y no terminar en un genocidio canadiense; y la crisis de salud de los miles de niños a los que les dijeron que si se sentían del sexo opuesto, no había problemas con empezar a meterse hormonas, para ofrecerles una política pública basada en la ciencia y no en la ideología.

Ojalá que los presidenciables se pronuncien sobre estos temas de Estado y los votantes tengamos claridad no sólo sobre qué piensan según lo que aparezca en la entrevista dominguera de turno, sino qué es lo que proponen y cómo se harán cargo.

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La ministra Antonia Orellana anunció hace algunos meses que el Gobierno más feminista de la historia de Chile presentaría un proyecto para que el aborto fuese legal dentro de un determinado plazo. En realidad, lo único que se debiese “abortar” es la idea de ampliar el aborto.

Primero, porque el hecho del embarazo refuta lo que el movimiento abortista niega. La verdad es que los niños que aún no nacen sí son personas, y a esa verdad se puede llegar por la razón (y sobran argumentos de toda clase de disciplinas que lo demuestran), pero también por la experiencia. Y la experiencia de la maternidad hace trizas la ideología, como lo muestran las alegres noticias que comparten dos renombradas comunistas y promotoras del aborto, Camila Vallejo, vocera de Gobierno, y Karol Cariola, presidenta de la Cámara de Diputados. Mientras la ministra Vallejo, madre por segunda vez con 7 meses, mostró una ecografía cuando llevaba 3 meses de embarazo y contó que estaban “muy felices porque una nueva personita se integrará a la familia”, la diputada Cariola, de 26 semanas de embarazo (ya se ven las pataditas y los ojos se abren), espera a su primer hijo y declaró la semana pasada: “solo queremos que todo resulte bien y que nuestro hijo llegue sanito”.  

Si ellas esperan un hijo -no un conjunto de células-, un sujeto de derechos -no un bien jurídico de mayor importancia, como se calificó en la nefasta sentencia del Tribunal Constitucional-, ¿qué es lo que diferencia su caso de otros? ¿La sola voluntad de la madre? Si Orellana, Vallejo y Cariola tuvieran una reunión, y las dos últimas les mostraran las últimas ecografías, la primera les preguntaría ¿ya decidiste si va a ser persona o no?, o probablemente, ante la brutal realidad que se impone, se preocuparía y diría ¿cómo está tu hijo? Puede ser que no, pero la contradicción sería absurdamente evidente, y si quisiera ser coherente, o nunca debería referirse al embarazo de su compañera del comité político como “su hijo”, o debería reconocer que promover la ampliación del aborto es legitimar el homicidio de una persona cuyo único crimen fue estar dentro del vientre materno.

Segundo, porque el aborto no es una solución. ¿El embarazo es el problema? No. ¿Las dificultades económicas, la presión de terceros o el temor al futuro? Sí. El aborto no soluciona los problemas reales, sino que les agrega uno nuevo, tanto por los efectos físicos y psicológicos que acarrean en la mujer. Las madres que abortan seguirán sin el apoyo económico y social que realmente necesitan. Si las feministas realmente quisieran ayudar a esas madres impulsarían otras medidas que apunten a enfrentar las causas que llevan al aborto. El Gobierno, en lugar de proponer un apoyo real o de hacerle la vida más difícil a los objetores busca conseguir un aplauso de su 30%, por una cuestión absolutamente ideológica.

Tercero, porque es el mes de la Navidad. Si eventualmente se presentara un proyecto de ley para ampliar el aborto en el mes que se celebra el nacimiento de un niño es un insulto macabro. Por supuesto que no deja de serlo si ingresa en cualquier otro mes del año, aunque no debería sorprendernos si lo presentan el 25 de diciembre. Mientras en los hogares de millones de chilenos se arman los pesebres para celebrar en familia el nacimiento de Cristo, el Gobierno, cual Herodes, firma y manda al Congreso el proyecto de ley para ampliar el aborto, que no es otra cosa que enfrentar a la madre contra su hijo no nacido, en lugar de ayudarla. 

Esperemos que esas madres con embarazos difíciles tengan un apoyo real del Gobierno, y, como dicen las nuevas comunistas provida, que todo les resulte bien, que sus hijos lleguen sanitos y que estas nuevas personitas se integren en sus familias. Sería un milagro y un regalo de la Navidad.

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