Gustavo Baehr y Roberto Astaburuaga: “Ley de convivencia escolar, circular 812 y PAIG”
Recientemente, el Presidente de la República hizo presente la urgencia suma al proyecto de ley de convivencia escolar. La iniciativa fue despachada de la Comisión de Educación de la Cámara, por lo que su discusión en la sala es inminente.
Nadie pone en duda los problemas que afectan la convivencia educativa. No obstante, llama la atención la obsesión del Ejecutivo y de un grupo importante de parlamentarios oficialistas de incluir cuestiones ideológicas en proyectos que pretenden solucionar inconvenientes reales.
Nos explicamos. Entre otras disposiciones, la iniciativa establece un nuevo “piso mínimo” a los reglamentos internos de los establecimientos educacionales (actualmente esto está regulado por normas administrativas, no legales). Entre las reformas obligatorias que un colegio tendría que hacer a sus reglamentos, se encuentra una bastante particular. Los establecimientos deberán promover, en sus reglamentos, el “respeto” y el “reconocimiento” de la “identidad sexoafectiva y de género”.
Además, el proyecto incorpora algunas categorías de discriminación arbitraria. ¿Se omitió una referencia a la sexualidad y a la autopercepción de género? Como se puede suponer, no. La iniciativa incluyó una referencia a la “identidad sexual” de los niños, siendo la primera referencia a este elemento en la ley general de educación.
¿Por qué resulta preocupante todo esto? Una parte considerable de las acciones transafirmativas a nivel social e individual (es decir, aquellas que buscan reforzar la autopercepción del menor, en lugar de indagar en las causas de dicha situación) tienen en común la invocación de causas como el “respeto”, el “reconocimiento” o la “no discriminación” a la “infancia trans”, por lo que es razonable suponer que, con la entrada en vigencia del proyecto de ley, estas cuestionables acciones aumentarán.
Basta mirar lo que ha ocurrido en la circular 812 de la Superintendencia de Educación que obliga a todos los funcionarios de un establecimiento educacional a reconocer el nombre social de un niño o adolescente, cuando lo pida el padre, la madre o el apoderado, cuando el niño es menor de 14 años o por s la sola solicitud del adolescente, cuando tenga más de 14 años.
Y todo lo anterior, teniendo como telón de fondo, la indagatoria que realiza la Comisión Investigadora de la Cámara sobre el Programa de Acompañamiento a la Identidad de Género (PAIG), que entrega apoyo a la transición social desde los 3 hasta los 17 años. En la sesión de la semana pasada, la Subsecretaría de Educación Parvularia informó que se está elaborando un protocolo de derivación desde los establecimientos educacionales hacia el PAIG. Conocidos son los casos de padres judicializados por oponerse a que sus hijos ingresen a este programa o que reciban apoyo en su transición escolar dentro de los establecimientos educacionales, y que han terminado separados de sus hijos por orden un tribunal de familia, por considerar que existe una vulneración del “derecho a la identidad de género” del menor.
La circular 812, el PAIG y la ideologización del proyecto de ley de convivencia escolar no son cuestiones aisladas y desconectadas, sino que responden a una intención claramente definida y diseñada de inducir a los niños desde su más tierna infancia a hacerse preguntas que no se plantearían por sí mismos. La intervención ideológica del Estado afectará a los niños, porque la transición social tiene efectos psicológicos y quienes acceden a ella tiene mayor probabilidad de pasar a la vía médica (hormonas y operaciones), como señaló el Informe Cass.
Pensemos en un profesor que, ante la evidencia surgida en este último tiempo, evalúa seriamente no llamar, con su nombre social, a un niño con disforia de género, o en un colegio que no acepta que un adolescente use el baño de mujeres o se rehúsa a recibir cuentos sobre género para los niños más chicos, como ordena el PAIG ¿Qué ocurrirá con ese profesor? ¿A qué se arriesga ese colegio? Se expondrá a sanciones injustas y descomunales por el incumplimiento de la circular 812, del reglamento interno del establecimiento o por resistirse a que su hijo sea derivado al PAIG, según el protocolo del Mineduc. El reciente caso de cancelación a un profesor universitario por opinar que los colegios no son seguros para los niños porque pueden iniciar su proceso de transición desde los 3 años, debería ser ejemplo suficiente del extremo al que el lobby trans está dispuesto a llegar.
*Gustavo Baehr Neira y Roberto Astaburuaga Briseño – Abogados de Comunidad y Justicia
Agenda legislativa: 30 de septiembre al 04 de octubre
Rosa Puelma: “Natalidad y matrimonio”
La grave baja de natalidad que aqueja a nuestro país empeora cada año. Así lo señalan las últimas cifras del INE en su boletín de estadísticas vitales coyunturales del mes de agosto. Al paso que vamos, las consecuencias, que ya son catastróficas, se encrudecerán cada vez más, probablemente de un modo que no hemos visto hasta ahora. En ese sentido, no está de más recordar el llamado que hizo el arzobispo de Santiago, Fernando Chomali, hace algunas semanas, afirmando que la crisis de la natalidad “debiese hacernos reflexionar sobre qué estamos haciendo los chilenos para fortalecer a la familia (y a todos sus miembros), reconociendo y preservando el don de las mujeres para dar vida”. Monseñor Chomali insistió en esta interpelación en su homilía de la celebración del Te Deum del 18 de septiembre: “La alarmante caída en la tasa de la natalidad en nuestro país nos enrostra esto. Ello exige sentido de urgencia (…) ¡Será difícil aumentar la natalidad con jóvenes sin oportunidades en su camino!”.
La gravedad de esta crisis ha sido ocasión para hacerse la gran pregunta: ¿cuáles son las razones que han llevado a tantos chilenos a no ser padres? Me quiero detener en una que es especialmente desoladora: se afirma, con toda razón, que los padres se encuentran cada vez más solos. La maternidad es un proceso solitario, muchas veces vivido desde el aislamiento. Las madres cada vez cuentan con menos redes de apoyo, por lo que les falta el soporte necesario para enfrentar la gran tarea de criar a sus hijos. Es por esto que muchos, ante las desesperanzadoras estadísticas sobre la natalidad, han subrayado la importancia de que existan más comunidades que acompañen en el proceso de crianza, y políticas públicas que las incentiven, y -en el caso de ser necesario- las creen.
Sin dejar de ser esto cierto, la verdad es que, si se toma ese diagnóstico, la causa de fondo del problema permanece aún oculta. La red de apoyo que más hace falta para tener hijos de manera segura y protegida, es el matrimonio; y, sin embargo, el matrimonio ha sido el gran ausente en la discusión. Este es el “elefante en la sala”: el rol que cumple la unión y la participación de ambos cónyuges en la crianza es simplemente irremplazable, insustituible. Lamentablemente, ninguna política pública puede remediar la ausencia de aquel que se compromete, por toda la vida, en el proyecto común de formar una familia.
Teniendo esa realidad a la vista, no es de sorprender que en Chile la maternidad sea tan solitaria y llena de riesgos si, según los datos del Registro Civil, un 75,5% de los nacimientos se producen fuera de la institución matrimonial. Es más, en el mencionado boletín publicado hace algunos días por el INE, se aprecia una preocupante caída en picada del número de matrimonios en los últimos tres años, y, al mismo tiempo, un crecimiento de los acuerdos de unión civil. Estos datos sobre el matrimonio deben ser considerados a la hora de dilucidar las causas de nuestra crisis demográfica, datos que van acompañados de una legislación que cada vez horada más la institución matrimonial, haciéndola más plástica, perecedera, y sin significado. Promover esta legislación y lamentarse que pocos niños vienen al mundo, es un sinsentido.
Sin embargo, está claro que no sólo son importantes los datos a la hora de enfrentar este problema. Hay que tomarse muy en serio el relato que se ha generado en torno a la cuestión de la natalidad. No será posible que cambiemos el rumbo demográfico si es que nos seguimos refiriendo a la maternidad como un fenómeno individual. La maternidad -y su compañera olvidada, la paternidad- no es una “decisión individualísima de la mujer”: es una disposición de dos personas, el padre y la madre, a recibir la vida.
Además, el problema de la natalidad no se resuelve sólo por tener más hijos, despreocupándose de ellos luego de su nacimiento. El “problema de la natalidad” no es sólo demográfico o estadístico, sino sustantivo. Es fundamental que los niños crezcan y se eduquen para lograr su perfección. Es tan grave la crisis de natalidad como la crisis de falta de educación, y ambas tienen la misma causa: la inestabilidad familiar y la desintegración de sus lazos. Es por esto que la apertura del padre y la madre a recibir la vida debe extenderse a la crianza presente y educación activa de los hijos.
El matrimonio tiene una función social de generación, pero también de sustento material y formación espiritual y moral. En este sentido, el matrimonio es la institución que por excelencia garantiza el bien de los hijos. No basta con preguntarse por las razones de la disminución de la natalidad, sino que también deben analizarse las razones de la corta duración de los matrimonios y las dificultades para la educación de los hijos.
El matrimonio ha sido el gran ausente en la reflexión pública sobre el problema de la natalidad, pero sin matrimonio no puede haber crecimiento demográfico sostenible. Antes y además de instituciones y políticas públicas -que pueden ser de invaluable apoyo-, necesitamos matrimonios: esa es la base fundamental de la familia y de todo el orden social.
Agenda legislativa: 23 al 27 de septiembre
Roberto Astaburuaga advierte sobre los riesgos de la hormonización aplicada por el Minsal en Radio Agricultura
En una entrevista en el espacio “Llegó la Hora”, nuestro asesor legislativo presentó los últimos avances de la comisión investigadora del Programa de Acompañamiento a la Identidad de Género (PAIG), destacando las graves irregularidades en la hormonización de menores y la creciente judicialización de padres que se oponen a estas medidas.
El pasado viernes 13 de septiembre, nuestro asesor legislativo, Roberto Astaburuaga, participó en el espacio “Llegó la Hora” de Radio Agricultura. Allí habló sobre las actualizaciones más recientes de la comisión investigadora de la Cámara de Diputados que estudia la aplicación del Programa de Acompañamiento a la Identidad de Género (PAIG) del Ministerio de Salud. Este ha permitido la hormonización de menores de edad y la vulneración de los derechos de los padres, quienes están siendo judicializados por oponerse a estas medidas.
Durante la entrevista, Roberto Astaburuaga destacó el avance de la comisión investigadora, que ya ha realizado cinco sesiones y ha citado a diversas autoridades, incluyendo a la ministra de Salud y al Director del Instituto de Salud Pública (ISP). La investigación ha revelado datos alarmantes sobre el Programa de Acompañamiento a la Identidad de Género (PAIG), implementado en 37 hospitales del país desde abril de 2023.
“No importa el consentimiento de los padres para autorizar. Es decir, que al padre se le informa, no es que se le pida autorización para ingresar al programa”.
Roberto Astaburuaga
Según los hallazgos de la comisión, varios menores han sido sometidos a tratamientos hormonales desde los nueve años sin el consentimiento explícito de sus padres, a pesar de que el ISP no ha autorizado el uso de estos medicamentos en menores de edad. “Estamos viendo cómo los padres están siendo judicializados por resistirse a estas decisiones, lo que constituye una clara violación de sus derechos fundamentales,” afirmó nuestro abogado.
Roberto Astaburuaga, también, mencionó el impacto del informe Cass, un estudio británico que pone en duda la eficacia de la hormonización en menores y advierte sobre los efectos irreversibles de estos tratamientos. “El informe Cass es un claro indicativo de que no hay evidencia científica sólida que respalde la hormonización de menores como una solución beneficiosa. Esto nos obliga a reconsiderar de inmediato la forma en que se está aplicando el PAIG”, añadió.
Roberto Astaburuaga: “Los embriones guardados en un freezer”
Hace pocos meses, un fallo de la Corte Suprema de Alabama señaló que los no nacidos son niños, independiente de su etapa de desarrollo, ubicación física u otra característica, pero recibió críticas por desafiar la comprensión convencional de la relación jurídica con los embriones congelados y la forma de equilibrar los derechos de los progenitores con los “supuestos” derechos de los embriones, ya que esto traería complicaciones los tratamientos de fecundación asistida y a quienes tienen embriones criopreservados. Prueba de lo anterior es que clínicas de Alabama han detenido los tratamientos de FIV, para no sufrir consecuencias penales o civiles.
Conviene tener a la vista que la Convención sobre los Derechos del Niño establece desde cuando se es niño en su art. 1º “se entiende por niño todo ser humano menor de dieciocho años de edad”, que, leído en conjunto con el párrafo 10º del preámbulo –“el niño (…) necesita protección y cuidado especiales (…) tanto antes como después del nacimiento”, permiten sostener que tal categoría aplica desde antes del nacimiento. La cuestión lleva, entonces, a revisar si es que el que está por nacer es un ser humano. Si lo es, entonces, es un niño.
La RAE define humano como “Dicho de un ser: que tiene naturaleza de hombre (ser racional).”, y define naturaleza como “principio generador del desarrollo armónico y la plenitud de cada ser, en cuanto tal ser, siguiendo su propia e independiente evolución”. La ciencia ha demostrado que, desde la fecundación, comienza un proceso ordenado e irreversible del ser en gestación, que avanza por las distintas etapas del desarrollo embrionario y en las posteriores al nacimiento. Así las cosas, el embrión es un ser.
Luego, la RAE define hombre como “ser animado racional, varón o mujer”, es decir, “dotado de alma” y “dotado de razón”. Alma se define como “Principio que da forma y organiza el dinamismo vegetativo, sensitivo e intelectual de la vida.”, característica que cumple el embrión, como vimos al revisar la definición de naturaleza, y en cuanto a la razón, goza de ella, aunque no la ejerza hasta que tenga un desarrollo material y psicológico que le permita manifestarla, pues, de lo contrario, no cabría considerar a los recién nacidos e infantes como seres racionales, y por tanto, como personas. Por tanto, si el embrión cumple con los dos elementos de la definición de hombre (alma y racionalidad) y cumple con la definición de naturaleza, se concluye que es un ser, un ser humano.
Y si es un ser humano, conforme a la Convención sobre Derechos del Niño, es un niño, y por tanto, es persona. Si es persona, goza de derechos, entre ellos, el derecho a la vida y a su integridad física, lo que en el caso de la criopreservación incluye su derecho a desarrollarse en un ambiente idóneo para su crecimiento. Así, más que hablar de “derechos de los progenitores” y “supuestos” derechos de los embriones, se trata de “derechos de los embriones”, es decir, niños, y supuestos “derechos” de los progenitores, pues, en realidad, ellos tienen el deber de tratar a sus niños, nacidos y no nacidos, como sujetos de derechos, y no tanto un derecho a disponer de ellos como si se trataran de cosas que pueden ser guardadas en un congelador, como si fuera una cosa más entre el helado y la bolsa de hielo en el freezer.
Agenda legislativa: 9 al 13 de septiembre
Roberto Astaburuaga: “No a la eutanasia”
El Gobierno anunció que las prioridades legislativas para septiembre serán poner fin al CAE, acelerar la discusión sobre eutanasia y levantar el secreto de la Comisión Valech. Respecto a la eutanasia o “muerte digna”, el Presidente Gabriel Boric le pondrá urgencia para que se vote en el Senado.
Es que el octubrismo ideológico no fue derrotado el 4-S. La agenda progresista no conoce de derrotas, sino de retiradas tácticas, de avances lentos y seguros, de defender la posición. El Gobierno promueve la hormonización de niños, anuncia ampliar el aborto y discriminar laboralmente la conciencia de doctores objetores, legitimar la eutanasia, volver a la carga con la ESI y tener la última palabra sobre quiénes deben ser los profesores de religión, pasando por encima de las confesiones religiosas. Y esto es lo más grave, omitiendo ridiculeces como la perspectiva de género en las caletas pesqueras o en el Ministerio de Seguridad.
El anuncio recibió críticas por ser un volador de luces, de desesperación electoral o de que no es prioritario. Válidas, pero que no van al fondo del asunto. Tampoco funciona el trueque de aprobar algunas causales por los cuidados paliativos o la objeción de conciencia personal e institucional. Argumentos como la pendiente resbaladiza de la eutanasia en Holanda o la masificación en Canadá tampoco son suficientes.
Como dijo Jérôme LeJeune, genetista antiaborto que identificó el síndrome de Down, “La calidad de una civilización se mide por el respeto que le entrega a sus miembros más débiles”. Si ya tenemos una calidad deficiente de nuestra civilización con una ley que permite asesinar a personas al inicio de su vida en el vientre de su madre, sólo puede empeorar si ahora permitimos lo mismo al final de sus días. La normalización de la cultura de la muerte contra indefensos e inocentes es esencial en la agenda y legado del Gobierno de Boric, y siempre en complicidad con la derecha liberal y progresista.
La dignidad es inherente a la persona humana y no se pierde por el sufrimiento o por la enfermedad. Esta dignidad exige ciertas conductas de la persona y cierto trato hacia ellas. Tener derecho a la vida no significa poder disponer de ella. La vida humana es un bien indisponible. Que tengamos derecho a ella no significa que tengamos derecho sobre ella. Esto se relaciona con el punto anterior: la dignidad humana exige ser respetada incluso contra la autonomía de la persona: no existe un “derecho a que violen mi dignidad”. Matar a una persona no es un acto de compasión. “Compasión” significa “sufrir con” el que sufre y no “matar al” que sufre. Lo realmente compasivo es acompañar e intentar aliviar el dolor del paciente.
Sobre esto último es que se debería trabajar realmente. Una de las críticas al proyecto de ley es que los cuidados paliativos no son un requisito para acceder a la eutanasia, aunque si lo fueran no la convierte en un acto bueno. Sin embargo, según un estudio de la Facultad de Medicina de la Pontificia Universidad Católica de Chile de 2019, los cuidados paliativos disminuyen en al menos un 50% las solicitudes de eutanasia y hay casos en que han logrado reducirse casi a cero. Esto se ha confirmado incluso por la misma OMS, cuando su comité experto en cuidados paliativos adoptó la posición de ser innecesaria la legalización de la eutanasia, debido al desarrollo y evolución de nuevos y modernos métodos de cuidados paliativos.
La preocupación del Ejecutivo y el Legislativo para aliviar el dolor de los pacientes con enfermedades terminales no encuentra solución en no impedir su muerte y consagrar su petición como un “derecho”, sino de garantizar realmente que tengan una verdadera muerte digna a través de los mejores cuidados paliativos.
Agenda legislativa: 2 al 6 de septiembre
Roberto Astaburuaga: “¿Qué tienen en la cabeza?”
Las primeras sesiones de la Comisión Investigadora creada para requerir información sobre la realización de tratamientos transafirmativos a niños han tenido a la Ministra de Salud como protagonista leyendo minutas con respuestas evasivas y que trasladan la responsabilidad a terceros. Cuál títere está claro que le gustaría colaborar mucho más de lo que se le permite.
En cada respuesta que da la Ministra insiste en que el Minsal no tiene programas que incluyan la hormonoterapia a menores de edad. Pero sus asesores no han leído que los documentos ministeriales para la implementación del PAIG (Programa de Acompañamiento a la Identidad de Género), destinado a niños entre 3 a 17 años, incluyen en sus prestaciones la derivación a tratamientos hormonales si se solicita. Es decir, validan o legitiman la hormonación de menores de edad, aunque se ejecute fuera del programa. Resulta insólito escuchar a modo de excusa que el PST (Programa de Salud Trans), diseñado y ejecutado bajo este gobierno, sólo hormona desde los 18 años, haciendo una distinción tramposa: el diseño del PST contempla hormonoterapia desde los 10 años, pero sólo se ha aprobado financiamiento desde los 18 años, por lo que es cosa de tiempo que ocurra.
A pesar de esto, la Ministra reconoció que de los 1.900 niños ingresados al PAIG, 600 de ellos recibe hormonas, es decir, a un año de implementación un tercio ya está con hormonas, pero no se sabe cuántos fueron derivados desde el PAIG, ni el tipo de hormonas, ni el sexo ni las edades. Tampoco se sabe la cifra de menores hormonados en la red pública que no han ingresado al PAIG y la cantidad en el sistema privado será imposible de conocer. ¿Y cómo supo que eran 600? Porque mandó un mail a los Servicios de Salud preguntándolo. Si ese es el nivel de diligencia para obtener información crucial, poca esperanza hay.
El Minsal tampoco se hace cargo de las otras peligrosas irregularidades del PAIG, no relacionadas con la hormonoterapia. Por ejemplo, la judicialización de los padres “resistentes”, como quedó demostrado al escuchar un testimonio de un padre a quien un tribunal le quitó el cuidado personal de una hija por no estar de acuerdo en llamarla por un nombre masculino y que ya lleva ocho meses separado e incluso con visitas semanales de Carabineros durante dos meses.
Primero dijeron que no había hormonas, luego que sí, pero casos excepcionales, y terminamos con 1/3 de niños hormonados. Y eso solo en dos sesiones. ¿Cómo seguirá la historia? ¿Cuánto más falta por saber? El Minsal no puede darse el gustito ideológico -bien caro, por lo demás- de seguir ocultando información, de justificar lo que se está haciendo y de no asumir la responsabilidad en diseñar y ejecutar un programa que está destruyendo cuerpos y vidas de niños o de tomar las medidas para impedir que siga ocurriendo. Si se supone que es el ente rector del sistema de salud.
En la sesión pasada, justificaron, en base a la autonomía progresiva, que los niños podían consentir en ingresar a este tipo de programas, y que a los padres sólo les informaban de esto. O en otras palabras, que da lo mismo que los padres se opongan. Cuando uno lee los comentarios en redes sociales sobre lo que está ocurriendo, no puede sino repetir con incredulidad: ¿Qué tienen en la cabeza para seguir avanzando y defendiendo esta locura?