El pasado 21 de febrero la Corte Constitucional despenalizó el aborto hasta los 6 meses de gestación. Desde Colombia, el Director de la Fundación Conciudadanos conversó con Comunidad y Justicia sobre el proceso judicial y los próximos desafíos para el movimiento provida.

Julián, muchas gracias por darnos estos minutos para entender qué está pasando en Colombia. Antes que nada ¿Podrías contarle a la gente en Chile sobre la entidad que emitió esta sentencia? ¿Qué es y cómo funciona la Corte Constitucional en Colombia?

La rama judicial en Colombia está dividida en tres: la Corte Suprema de Justicia, el Consejo de Estado y la Corte Constitucional. La Corte Constitucional, como su nombre lo dice, se dedica únicamente a temas constitucionales. Toda sentencia de la Corte Constitucional hace parte de algo que se llama «bloque de constitucionalidad». Eso en el ordenamiento jurídico está es arriba, es “norma de normas”. Y por tanto, así como cualquier artículo de la Constitución o norma internacional a la que Colombia esté suscrito tiene carácter supralegal, así también las decisiones de la Corte Constitucional tienen el mismo peso. Pues eso es lo que lo hace grave, porque lo que falla la Corte está por encima de una ley.

Es más problemático aún que la Corte Constitucional se haya dedicado a realizar un verdadero activismo político, por medio de demandas y tutelas: demandas directas por inconstitucionalidad que se hacen a normas o acciones de tutela, reclamando el incumplimiento de derechos constitucionales. Y esta fue una demanda de inconstitucionalidad a una norma existente que es la ley del Código Penal. No recuerdo el número de la ley, pero es aquella donde está el delito de aborto. Se demandó como inconstitucional el delito de aborto y pues ante eso la Corte consideró que sí hay delito, aunque de manera condicionada.

Hecha esa aclaración, cuéntanos: ¿qué es lo que ocurrió en Colombia?

Por vía judicial, se aprobó el aborto hasta la semana 24 en Colombia, mediante un fallo de la Corte Constitucional que aún no ha sido publicado, pero cuyas implicancias son ya conocidas.

¿Cómo se llegó hasta ese punto?

Esta es la consecuencia de un recorrido largo de litigio estratégico ante la Corte Constitucional en Colombia. Como sabes, es una Corte, se podría decir, muy activista. Una corte que ha venido desde hace rato pronunciándose sobre temas sociales y de alguna forma asumiendo un rol político, casi farmacológico, como queriendo sanar dolencias sociales por su propia cuenta cuando considera que ni el Congreso ni el Ejecutivo están encarando el problema. 

Ha llegado al punto en el que evidentemente hay un trabajo muy bien hecho de alinear magistrados con la agenda pro aborto y lograr que ellos vayan abriendo cada vez más la puerta a esta agenda. Como sabes, el 2006 se aprobó el aborto por causales. Fue una decisión que ―si bien fue larga, densa y difícil― dejó todas las puertas abiertas para un aborto a demanda. No fue lo que argumentaron en su momento los grupos progresistas: en ese entonces buscaban calmar a la población diciendo que el aborto era sólo para casos extremos. Pero en la práctica dejaron todas las puertas abiertas. 

Eso implicó un cambio en la jurisprudencia, porque antes ya existían precedentes de la Corte Constitucional diciendo que el Estado podía utilizar su poder de disuasión para proteger el derecho a la vida desde la concepción y que el artículo 11 dice que el derecho a la vida es inviolable (contempla el derecho a la vida desde la concepción). El 2006 hubo un cambio evidente: la Corte de ahí en adelante comenzó a contradecir sus precedentes. Con la última sentencia, ya serán 21 fallos favorables al aborto. 

Otro tema complejo en esa línea ha sido la objeción de conciencia: hoy está disponible solamente para el médico, dejando fuera al personal administrativo: nada de personal de asistencia, ni enfermero, ni demás. Y el médico, si bien puede hacer objeción de conciencia, debe remitir inmediatamente el paciente a otro médico que sí le practique el aborto. La Corte también ha sostenido que los hospitales no pueden realizar objeción de conciencia institucional. Y con ese argumento tumban la autonomía contractual de las instituciones prestadoras de salud ―incluso confesionales― a las que obligan hoy a practicar abortos. Y todo eso se ha introducido en nuestro sistema jurídico por medio de sentencias, no del Congreso. 

Otro ejemplo de la acción de la Corte: la causal salud, también llamada «principio causal riesgo de salud de la madre». Esta causal, aprobada el 2006, es expandida luego en otra sentencia, en la que los magistrados de la Corte afirman que ella incluye causal salud mental y que cualquier psicólogo o trabajador social puede categorizar a una mujer “en riesgo biopsicosocial” y, con eso, dar una orden para que se practique un aborto. Y luego otra sentencia en 2011, que interpreta un fallo del 2006 indicando que este no establece un límite gestacional. Por tanto, con esas causales había aborto libre de facto, porque la salud mental tampoco tiene límite gestacional. Entonces hay puerta abierta para el aborto hasta el noveno mes.

Esa es la realidad de hoy en Colombia. Sin embargo, el aborto sigue siendo un delito hasta hoy. Un delito que la Corte declaró constitucional y exequible, pero condicionado. Por eso muchas clínicas tenían instrumentos para negarse a practicar abortos. Lo que sucede hoy es que, si bien el delito existe, ya no se habla de causales. Cabe decir que todavía no hay sentencia. Ni siquiera ha aparecido un comunicado de la Corte. Hoy nada más hay una publicación en redes sociales de la misma Corte, dando detalles del alcance del fallo. Pero no es más que eso. Lo que alcanzamos a entender es que sí se limitó el aborto hasta la semana 24, lo que significa que no se elimina del todo el delito del Código Penal.

En este escenario, bajo cualquier circunstancia, la mujer puede practicarse un aborto sin temor a ser imputada. Luego, a partir de la semana 24, empiezan a aplicar las causales. O sea, el tema es terrible, porque generarán una presión hacia las clínicas que antes se negaban para que ahora ellas también practiquen abortos.

Ahora bien, ¿se trata de un problema presente sólo en la Corte Constitucional? ¿No hay movimiento también en el Congreso o en otros poderes del Estado?

Es clave, para entender lo que está pasando, comprender el rol que juega el Ministerio de Salud, que ha sido cooptado por grupos progresistas a la par que la Corte. Porque cuando la Corte decide esto y luego ves que el Ministerio Salud dice que existe carácter de urgencia para los tratamientos de abortos, te das cuenta que hay un esfuerzo coordinando para implantar el aborto. El Ministerio ha dicho que en menos de cinco días las clínicas están obligadas a garantizar servicios de abortos. Y el Ministerio de Salud dice que existen procedimientos ya establecidos para practicarlos. Esto último remite a la resolución 3.280 del 2018 del Ministerio de Salud, promulgada por quien hoy es candidato presidencial y en ese entonces era ministro de Salud, Alejandro Gaviria, y que él autorizó. En esta resolución se habla del carácter de urgencia del aborto, también de los procedimientos que se deben utilizar para realizar abortos después de la semana 20. O sea, a esta decisión de la Corte le cae como anillo al dedo esta resolución, porque ya desde el Ministerio estaban preparados. 

Es bueno saber que este procedimiento se conoce como «sistólica fetal» y se resume en una inyección de cloruro de potasio directa hacia el bebé. Se trata de la misma inyección que se utiliza para casos de pena de muerte en los Estados Unidos. Organizaciones no necesariamente provida, como Human Rights Watch, han advertido sobre su uso en casos de pena de muerte, diciendo que es un químico insoportablemente doloroso y que literalmente quema las venas antes de que les produzca un paro cardíaco. Y este es el mismo procedimiento que van a utilizar acá después de la semana 20 según consta en el procedimiento ¡Van a matar a estos niños de manera dolorosa con estas inyecciones, los van a quemar por dentro!

Y de cara al futuro, ¿qué desafíos tiene el movimiento provida en Colombia?

El escenario es adverso, pero si me preguntas, yo encuentro un escenario de trabajo de todos modos. Dos para ser más preciso. El primero es el Congreso, es decir, hacer un trabajo en sede legislativa. Este ha sido siempre el escenario en el que podemos y vamos a escribir una regla para reformar la Corte Constitucional. La razón por la cual los grupos progresistas todo lo han introducido a través de la Corte es porque no han sido capaces de cambiar el Congreso. Menos realizar cambios a través de un referendo, mucho menos a través de cualquier otro trabajo más directo con la ciudadanía. No sucede, no van a ser capaces. 

La situación de todos modos es durísima y adversa. Colombia hoy está peor que el resto del continente en materia de protección a la vida. Y me consta que hasta ahora tenemos 30 mil abortos por año realizados en buena parte por una institución como Profamilia, que tiene 37 clínicas en todo el país y donde la cantidad de dinero que reciben por estos “servicios” es atroz. Colombia es en cierto modo el laboratorio del movimiento pro-aborto en el resto del continente y por eso hay que tener los ojos bien puestos en la que está pasando acá. Pero no hay que perder la esperanza: estamos tratando de dar vuelta la situación. 

Volviendo al punto, en este primer escenario, que es más estratégico, se trata de buscar la aprobación de leyes ordinarias y por medio de ellas, empezar a hacer el trabajo, de abajo hacia arriba. Por ejemplo, llevamos rato haciendo el trabajo de reconocerle un historial clínico independiente al niño en el vientre. Y lo que hacemos con eso es empezar a rehumanizar al bebé al tratarlo como un paciente, sin necesariamente declarar que es persona. Es algo que venimos haciendo hace rato. Tenemos un neurocirujano pediatra de aquí de Colombia, que es de los pocos que realiza cirugías a los bebés en el vientre. Lo hemos llevado al Congreso a exponer y él manifiesta: «mire, yo realizo cirugías y ya desde la semana 12 aplico anestesia». Entonces se trata de explicar que se trata de un paciente de atención pediátrica o ginecobstétrica y que, como tal, conviene que tenga un historial clínico independiente.

El segundo escenario sería el de un “choque de trenes” entre el Congreso y la Corte Constitucional. Eso sería un escenario muy interesante para nosotros ¿y qué es lo que buscaríamos ahí? una reforma constitucional. Por ejemplo, sería valiosísimo reformar el artículo 11 de la Constitución, que diga que el derecho a la vida es inviolable, incluso desde la concepción. Eso jugaría mucho a nuestro favor. O una reforma al Código Civil por medio de una ley estatutaria, que diga que la existencia legal de la persona no se tiene al nacer, desde el primer respiro, sino desde la concepción, con lo que eso implique. Estas son vías más estructurales que se pueden trabajar, pero que están sujetas a revisión constitucional por la Corte Constitucional. Por eso hablo de un «choque de trenes», porque implicaría poner en pugna al Congreso con la Corte, generándonos la pregunta de hasta dónde llegan los límites de la misma Corte Constitucional.

Otros temas que estamos contemplando trabajar son el robustecimiento de la objeción de conciencia y la ayuda en la selección de los magistrados, porque los magistrados de la Corte Constitucional todos pasan por el Congreso. Las ternas son escogidas por distintas instituciones. Se turnan. Uno lo escoge la Corte Suprema Justicia, el siguiente, el Consejo de Estado, el siguiente, el Presidente y así. Se rotan. Pero esas ternas que entregan algunos de estos órganos, deben ser aprobadas por el Congreso. Por eso el Congreso es tan importante para nosotros.

Buenísimo. Gracias por tu tiempo, Julián y por ayudarnos a entender qué ocurre en Colombia.

Esta semana en la columna Constituyente del diario El Líbero, nuestro abogado asesor explica por qué se rechazó el inciso tercero de la norma de aborto libre aprobada por el Pleno de la Convención.

Quizás en un futuro no muy lejano el 15 de marzo será un nuevo 8M para el mundo feminista. La Convención incluyó en su borrador de Constitución el reconocimiento y aseguramiento de los derechos sexuales y reproductivos -eufemismo estratégico para incluir el “derecho a decidir sobre el propio cuerpo” o el “derecho a elegir” o, simplemente, “derecho al aborto”.

¿Por qué las convencionales feministas debieran “moderar” su postura, si tienen el comodín del futuro Congreso Plurinacional, con escaños reservados para indígenas y diversidades sexuales, y con un “Senado” sin dientes?

De los tres incisos del artículo, solo se aprobaron los dos primeros con los votos de toda la izquierda, ingresando así al borrador de Constitución, pero el tercero fue rechazado pues se sumaron a su rechazo votos del Colectivo Socialista y de Independientes No Neutrales, volviendo el inciso a la Comisión donde se intentará “moderar” el artículo con una referencia expresa al Legislador para que éste establezca los límites al derecho al aborto, o incluyendo explícitamente en el inciso alguna limitación. Por cierto, esta nueva “versión moderada” del inciso tercero deberá ser luego aprobada por el Pleno, cuestión bastante improbable atendido los argumentos de los promotores de la norma.

Por un lado, los incisos ya aprobados se refieren a una interrupción voluntaria del embarazo garantizada por el Estado y asegurando que su ejercicio sea libre de violencias e interferencias, y tal redacción permite su exigibilidad directa, sin necesidad de una ley nueva. Una interpretación originalista (o sea, que considera que es importante la intención del creador de la norma para conocer su alcance), revela que la voluntad del constituyente siempre ha sido consagrar el aborto libre. Así lo reflejan las iniciativas presentadas en la Comisión, los discursos de los convencionales, la ausencia de indicaciones para que existiese una limitación expresa, el rechazo a las indicaciones que limitaban este “derecho” o que protegían al no nacido, el nuevo estatuto jurídico superior de los animales y la naturaleza, etc. De la objeción de conciencia, mejor ni hablar.

Siendo el tenor de dicha norma tan radical, el feminismo y progresismo constituyentes se asustaron y recurrieron a la clásica fórmula de la irresponsabilidad a la que nos tienen (mal) acostumbrados: “La ley lo arreglará”, pero ojo: sin estar dispuestos a incluir una obligación para el Legislador en ese sentido. Argumentos y citas a la doctrina constitucional en materia de regulación legal de los derechos fundamentales fueron el disfraz usado para calmar los ánimos antes de la votación. Así, señalaron que ningún derecho es absoluto, que en el derecho comparado toda norma que permite el aborto libre tiene límites temporales y que no hay necesidad de mencionar expresamente en la Constitución tal limitación, pues será la ley (hipotéticamente) la encargada de establecerlo.

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A días del inicio del mandato de Gabriel Boric como Presidente de la República, nuestro asesor reflexiona sobre cómo será su relación ideológica con la Convención Constitucional en una columna de la sección voces del diario La Tercera.

Tocará a la historia definir si este cambio epocal tuvo lugar con el movimiento estudiantil, con el segundo mando de Bachelet, durante la revolución de octubre, con el triunfo del Apruebo, con este cambio de mando… Pero hay una cosa clara: pasamos por una crisis propia de las etapas de cambio.

Guste o no, durante esta crisis nos embarcamos en la aventura constitucional y le entregamos el poder a Gabriel Boric. El Presidente más joven de la historia de nuestra (aún) República. Un gobierno joven e idealista, adornado con la retórica de los cambios y con perspectiva en un nuevo Chile. En primera vuelta, su discurso le habló al votante del Frente Amplio, jugando con la camiseta del dirigente estudiantil; en segunda vuelta le habló a una izquierda más moderada y al centro, jugando con chaqueta, camisa y anteojos, apoyándose en el perfil de quien contra viento y marea firmó el acuerdo del 15 noviembre. Supo tener cintura para conjugar la mística de la campaña de los arbóreos con esos dos perfiles. Pero ahora deberá aterrizar al mundanal barro de la política cotidiana, con sus números y complicaciones, y surgen muchas interrogantes. La principal de ellas es qué va a hacer el Presidente con el mamarracho plurinacional, inclusivo, indigenista y ecofeminista que probablemente salga de la Convención.

Paradójicamente, si quisiera seguir los objetivos del dirigente estudiantil (que probablemente son los del verdadero Boric) tendrá que vestirse con el disfraz del estadista serio, guardar en el clóset a los comunistas y portarse bien hasta la fecha del plebiscito (probablemente en septiembre de este año). Eso aclararía bastantes puntos acerca del gabinete que salió a la luz pública en enero, sobre todo respecto de Mario Marcel, cuya trayectoria y seriedad sirve para sobarle el lomo a la derecha economicista que estaba aterrada con el triunfo del presidente electo: “puso a Marcel en Hacienda, ¡podemos seguir jugando golf!”. Por supuesto, eso no obsta que en otros ministerios que a esa misma derecha no le importan (Mujer, Justicia, Educación, Cultura…) haya puesto a sus amigos (el caso de Defensa, en cambio, puede verse como un lujito que sabía que sería tolerado). En cualquier caso, se trata de una pantalla para tranquilizar a los incautos.

Contra lo que esa misma derecha economicista suele pensar, la Convención no solamente propondrá un texto desastroso económicamente. Primero, incluirá el aborto libre como un “derecho”, sin plazos ni causales, con prohibición de poner obstáculos a su acceso (en otras palabras, no más objeción de conciencia, ni personal ni institucional). Algunos podrían pensar que esos temas “valóricos” no son los más relevantes, y esa es justamente una manifestación más de la miopía del economicismo, que lleva perdiendo terreno desde hace 30 años. Justamente por eso no entienden cómo opera esta nueva izquierda, que ya no es la de Marx, sino la de Laclau y Mouffe.

El texto constitucional será, como ya podemos adivinar a partir del tono del debate y de las normas ya aprobadas en comisiones y en el Pleno, un intento de construir la hegemonía total. La derecha abandonó las universidades, la cultura, el arte, la educación pública, las organizaciones, los territorios; y ahora la propuesta constitucional será uno de tantos mecanismos a través de los cuales se podrá imponer coercitivamente la ideología hegemónica: sanciones para los que se opongan a ella en público (“discursos de odio”), adoctrinamiento obligatorio en la enseñanza (sobre todo en materias de género y sexualidad, a través de la ESI, pero también en la enseñanza de historia y “derechos humanos”, con una visión única claramente sesgada), control de los medios de comunicación, restricción de la religión (en la fórmula de “Estado laico” cabe todo, pero no parece descabellado pensar que en adelante se impondrá como una suerte de ateísmo social que reduzca la religión a los rincones privados de la conciencia solamente). Todo esto, acompañado de un estatismo radical, un Estado plurinacional que nos traerá en el futuro inestabilidad permanente por amenazas de secesión, falta de certeza jurídica. En fin, un panorama refundacional no muy feliz.

Todo eso forma parte del ideario mismo que dio origen al Frente Amplio y a la nueva izquierda en general. La construcción de la hegemonía probablemente sea el gran eje de este nuevo gobierno, cuya arma más potente será la nueva Constitución, que Boric buscará legitimar a como dé lugar.

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Esta semana en la columna Constituyente del diario El Líbero, nuestro abogado asesor analiza como las propuestas de libertad religiosa y derecho a la vida abandonan la primacía de la persona humana en la eventual futura Constitución.

Hoy y mañana el Pleno de la Convención comenzará a decidir cuáles son los derechos y libertades y los principios constitucionales que incluirá la propuesta de nueva Constitución

Revisando las normas, es previsible que este Olimpo quiera innovar en algunas materias, cercenar u obstaculizar el ejercicio de otras, y unas pocas (“valóricas” como las llaman algunos) no sean consideradas dignas de alargar el extenso catálogo. Pero también debe tenerse en cuenta que se trata de un giro ideológico absoluto respecto a la base de tales derechos y principios… A pesar de todo lo que diga la mayoría de la derecha, lo verdaderamente grave está en la supresión de materias que, para la tranquilidad burguesa, no alteran el mercado.

Pasamos de una Constitución que se ordena a la persona y al reconocimiento de los “derechos esenciales que emanan de la naturaleza humana”, a una que busca consagrar el respeto por la naturaleza, también no humana. De esta manera, la exclusiva titularidad de los derechos ahora es compartida con animales, el medio ambiente y determinados colectivos, generalmente relacionados con activismos sociales, y desaparece la búsqueda de su mayor realización material y espiritual posible, dentro del bien común. La persona ya no es principio, sujeto y fin de toda norma, sino que una “identidad” a la que se le debe satisfacer todo deseo, pretensión o anhelo.

El abandono de la primacía de la persona humana en la nueva Constitución se refleja en la nueva regulación de la libertad religiosa y de conciencia, y en el derecho a la vida.  Respecto a lo primero, se aprobó que Chile es un Estado Laico, disponiendo que el Estado deberá velar por la más estricta neutralidad, siendo una disposición totalmente innecesaria, atendida la separación existente desde 1925. Esto fácilmente dará pie a medidas laicistas en el futuro, especialmente por el hecho de sujetar el reconocimiento de la personalidad jurídica de las iglesias a la concesión estatal, desconociendo el régimen propio por el que se rigen, además de consagrar una fiscalización en la gestión de sus bienes, como propone el artículo de libertad religiosa.

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