Hoy en el Diario La Segunda nuestro abogada del Área Legislativa explica por qué la norma de “Familias” aprobada el 11 de abril por el Pleno de la Convención Constitucional desprotege a la familia y desdibuja su concepto.

Familias 

Señor Director: 

En el afán de limpiar la campaña del terror que ha venido haciendo la Convención respecto de sí misma, el pleno aprobó ayer una norma que fortalecería a «las familias». El problema de este artículo no es solo que la familia deja de ser el núcleo fundamental de la sociedad, sino también que se reconoce y protege a las familias, señalando que estas no se restringen a «vínculos exclusivamente filiativos y consanguíneos». O sea, se desdibuja el concepto de familia, ampliando sus límites lógicos, sin señalar hasta dónde se los pretende ampliar. Si cualquier grupo humano será considerado una familia, no tiene ninguna utilidad propender a su fortalecimiento. En efecto, proteger y fortalecer algo, por ser considerado importante, supone delimitarlo. 

Que el borrador de nueva Constitución mencione la palabra «familias» no significa que efectivamente la reconozca y la defienda. En este caso, más bien sucede lo contrario: se la menciona para alterar su significado y, con ello, se la desprotege. 

Rosario Corvalán Azpiazu 

Comunidad y Justicia

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Nuestro abogado del Área Constitucional, explica la insuficiencia del recurso a la autonomía personal para justificar la eutanasia. 

En su camino de escribir la Constitución que menos respeta la vida humana, una comisión de la Convención agregó un nuevo plato al desagradable menú que cocinan: derecho a la eutanasia. O, en su versión eufemística -para evadir las turbulentas aguas mediáticas y calmar las conciencias ingenuas-, derecho a la “muerte digna”, “muerte humanizada” o al “buen morir”.

Con esto, la Convención demuestra, una vez más, su desconexión con la realidad nacional de los últimos dos años de pandemia, después de los gigantescos intentos de salvarle la vida a la mayor cantidad posible de personas, priorizando especialmente a los adultos mayores y a quienes padecían enfermedades de base (primeros candidatos en ser eutanasiados). Es bastante evidente que los promotores de la cultura de la muerte no dudan, invocando su cargo de diosecillos constituyentes o pseudo padres (y madres) de la Patria (o Matria), en aprobar normas contrarias a la razón, al derecho y a la moral.

Hay dos principios generales del derecho que conviene tener a la vista, como recordaba Juan Manuel de Prada en esta materia. El primero señala que ningún principio jurídico puede invocarse como fundamento para su destrucción. La autonomía personal no justifica que queramos morir, pues su concreción significa la destrucción de la propia autonomía.   El derecho es a la vida, no sobre la vida o de la vida, como ocurre con la propiedad. En otras palabras, es un derecho que tiene un contenido de protección positiva, que impide presentarlo como una elección que incluya el derecho a la propia muerte. No tenemos propiedad sobre nuestro cuerpo (no deja de ser curioso que estas lógicas mercantilistas de la persona humana sean planteadas desde la izquierda). Por ello, la fundamentación de la iniciativa aprobada es contradictoria, ya que comienza afirmando que el derecho a la vida contempla el derecho a la integridad personal, y que éste puede ser comprendido como el derecho a desarrollar la vida de acuerdo a las propias convicciones, para concluir que a partir de él se incluye el derecho al buen morir. Una argumentación que comienza afirmando un derecho para terminar negándolo. 

Un segundo principio general del derecho que cabe mencionar puede tener graves consecuencias futuras. Se dice que quien puede lo más, puede lo menos: si se constitucionaliza que toda persona pueda determinar el momento de su propia muerte, entonces también podría disponer de su integridad física. Con esto se abre una puerta muy peligrosa: ¿Se puede ocupar este principio, la autonomía sobre la propia vida, para justificar actos como las autolesiones, el suicidio, las mutilaciones? (de hecho, el progresismo justifica en la autonomía las mutilaciones necesarias para una operación de cambio de sexo) ¿Deberíamos derogar la prohibición de prácticas eutanásicas de la ley de derechos y deberes de los pacientes, o el delito de auxilio al suicida?

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Este martes en la columna Constituyente del diario El Líbero, nuestro abogado del área constitucional, explica qué significa la educación, como marco en el cual se debe comprender el derecho preferente y deber de los padres de educar a sus hijos.

Los convencionales de la Comisión de Derechos Fundamentales han votado iniciativas convencionales en materia de educación. Como era obvio, las que reconocían expresamente la libertad de enseñanza y el derecho preferente de los padres de educar a sus hijos fueron rechazadas.

Ya sabemos que el proyecto de Constitución no respetará los derechos que corresponden por naturaleza a la familia. Muchos se sorprenden del abismo que separa a las visiones enfrentadas en la Convención en materia educativa. Algo que parece tan obvio resulta en dos posiciones absolutamente incompatibles. No obstante, si lo pensamos bien, sería raro lo contrario, es decir, que existiera acuerdo en los medios -cómo impartir educación- sin un acuerdo previo en el fin: ¿Para qué educar? ¿En qué consiste una buena educación? ¿Por qué la educación es socialmente deseable?

En efecto, la discusión sobre el rol de los padres en la educación de sus hijos y sobre la diversidad de proyectos educativos exige primero responder a esas interrogantes fundamentales. La diversidad de proyectos educativos garantizaría, en principio, que las familias tengan alternativas para educar, alguna de las cuales se adecúe a sus convicciones. La diversidad de proyectos educativos, o, como señala la iniciativa del Frente Amplio, una contribución al “pluralismo educativo”, sería positiva como un bien en sí mismo. Ambos sectores han acudido a este argumento liberal: la diversidad buscada por sí misma. Sin embargo, esta razón es insuficiente, pues significa desconocer el fin de la educación. Y es que se olvida responder a las preguntas fundamentales del problema.      

Educar no significa impartir ciertos contenidos -entregar información-, ni “dar las herramientas para subir en la escala socio-económica”. Educar es conducir al hijo a su bien integral, tanto en su dimensión corporal como espiritual, es decir, conducir y promover que cada uno de los niños y jóvenes sean más humanos, personas completas, pero sobre todo buenas personas: ciudadanos que con su trabajo sean un aporte para la sociedad, que sean honestos, generosos, justos, responsables, solidarios. En último término, es conducirlos a su fin último trascendente.

Así entendida, la educación no es sólo un derecho preferente de los padres, sino que también un deber para con sus hijos y la sociedad. Se trata de un deber irrenunciable, y no de una facultad que ejercen arbitrariamente, aunque tienen todo el derecho de exigir a terceros que no interfieran en el ejercicio que ellos hagan de su rol educador. Ellos tienen un papel insustituible en la educación de sus hijos, pero que no se agota en el ejercicio de una libertad vacía.

Roberto Astaburuaga B.

Abogado Comunidad y Justicia

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Terminado el mes dedicado a celebrar el Día internacional de la mujer, nuestro investigador reflexiona, en una columna publicada en El Líbero, sobre algunas contradicciones del movimiento feminista y la necesidad de restaurar una verdadera educación humana.

Se fue marzo, con todo su entorno morado y verde. No faltaron, como ya se hizo costumbre, críticas a un etéreo “patriarcado” y a una “cultura de la violación”, haciendo llamados a que los hombres dejen atrás esos “estereotipos arcaicos” y el “viejo modelo de masculinidad”. 

El feminismo progresista está repleto de contradicciones tremendas y, como toda ideología, se funda en supuestos a los que se les atribuye un poder explicativo que no tienen. Se piensa, como con fina ironía dijera Chesterton en El hombre Eterno, que mientras más atrás se retrocede en el tiempo más inhumano era el hombre: este cave man ―the Old Man―, cuya “principal ocupación en la vida era golpear a su esposa o tratar a las mujeres en general con cierta violencia”. Por cierto, nuestro gordo amigo no quiere tomar el maltrato hacia la mujer como algo de poca relevancia, pero sí enfrentar con humor el mito del progreso indefinido. Se tiende a simplificar el panorama, como si el hombre del pasado fuera un bruto y el moderno un ser puro (salvo quienes hoy “viven en el pasado” y no han querido dejar atrás la “masculinidad antigua”). Pero como bien nos enseña el gordo Gilbert, no existe ningún indicio para generalizar pensando que por el hecho de avanzar en la línea de tiempo crezcamos en pureza, respeto o cuidado por la paz. La paz perpetua es sólo un mito que nunca se ha realizado (no en vano el siglo XX ha sido el más sangriento de la historia, tanto en cantidad como en cualidad), y el ser humano siempre ha tenido defectos. La violencia sexual no es un problema del pasado con resabios actuales, como tampoco lo son los robos, las infidelidades o las guerras. Por supuesto que antes existían muchos aspectos culturales machistas, igual que hoy, pero la visión de la mejora exponencial es tan infantil como inútil para enfrentar los desafíos de nuestro tiempo, incluyendo las de la forma de comprender al hombre y la mujer.

En realidad, si miramos las cosas con detenimiento, veremos que muchas manifestaciones de la “masculinidad tóxica” que acusan las feministas no se encuentran en un “hombre arcaico”, sino todo lo contrario: se trata del hombre moderno, el mismo modelo que se ha promovido en occidente desde mayo de 1968. Por supuesto que el mundo estaba muy lejos de ser perfecto antes de la revolución sexual, pero al menos existía una cierta convención social que tendía al respeto entre los dos sexos. La mujer no había entrado al mundo laboral, e incluso en ciertos países todavía no votaba, pero la consideración de la mujer como objeto de placer no era socialmente aceptada. La mentalidad anterior no era la del machismo brutal ―la “masculinidad tóxica”―, que reafirma su masculinidad mediante un dominio despótico sexual sobre la mujer, sino la de una familia integrada por un padre y una madre que, desde sus propias cualidades, estaban entregados en un proyecto común. La norma social del antiguo caballero era el respeto a las mujeres, la fidelidad a la propia señora y la protección de la familia. Obviamente esa norma no siempre (quizás ni siquiera la mayoría de las veces) se respetaba, pero existía una cierta noción de respeto mutuo, una cultura que consideraba vulgar la cosificación de la mujer, que estigmatizaba el adulterio y la explotación sexual… y eso cayó con la revolución sexual. Por cierto, nadie sostiene que no existan cosas buenas en nuestra época ni que todo pasado fue mejor ―al menos no en todo sentido―, pero sí que antes había algunos aspectos positivos que se han perdido y que ―y esto es lo central― ciertos aspectos de la cultura del machismo han avanzado al alero de la revolución sexual y son incluso promovidos hoy por ciertos feminismos radicales Hay que reconocer que otros aspectos que fueron promovidos por la revolución sexual poco a poco han sido erradicados gracias a los feminismos de corte marxista ―una buena respuesta, por mucho que las razones no sean correctas―, pero en todo caso los feminismos todavía hoy suelen promover una forma torcida de la sexualidad.

Y es que no sólo las locuras de los 60 y 70 nos han llevado hasta aquí. La corrupción de la juventud incluso ha aumentado y se ha promovido más todavía en la última década, desde la más tierna infancia. La incoherencia de quienes primero empujan una educación sexual integral (ESI) desprendida de toda antropología razonable, con “enfoque en el placer” (como se señalaba en la propuesta despachada por la Comisión de Derechos Fundamentales de la Convención Constitucional), y luego rasgan vestiduras porque el perfil de egreso es el de un acosador, abusador o violador… Es obvio que si queremos promover el respeto hacia la mujer se debe tender a un modelo de formación basado en una ética equilibrada, promover el autocontrol y no el hedonismo desenfrenado. Como recientemente señaló el profesor Cristóbal Orrego, meter más ideología de la revolución sexual en los colegios es “apagar el fuego con bencina”.

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Este jueves en la columna Constituyente del diario El Líbero, nuestro abogado asesor explica por qué el acto de “interrupción voluntaria del embarazo”, que deliberadamente pone fin a la vida de una persona humana que aún no ha nacido no es un derecho.

24 de marzo, 2022 

Fue aprobada por el Pleno de la Convención la norma sobre derechos sexuales y reproductivos. Diarios, redes sociales y canales se llenaron de cartas, declaraciones, videos y entrevistas discutiendo sobre si se trataba de aborto libre o no, y también debatiendo si los límites debían establecerse en la Constitución o en la ley, y si debía existir o no remisión a la ley. En definitiva, más allá de tecnicismos leguleyos, el centro del debate es el de los límites del aborto, el que es concebido como un derecho (tanto es así que se aprobaron los dos primeros incisos -que reconocen los derechos sexuales y reproductivos, incluyendo la que con grosero eufemismo se conoce como “interrupción voluntaria del embarazo”-), pero el inciso tercero fue rechazado, supuestamente para que la Comisión de Derechos Fundamentales incluyera algún tipo de limitación o remisión a la ley… Sin embargo, la discusión al interior de la Convención dejó instalado un supuesto que está lejos de haberse demostrado o discutido: que el aborto es un derecho. Una premisa que confunde pretensión con derecho y que asume que el no nacido no es persona, siendo que ese debería ser el corazón del debate.

El convencional Agustín Squella señaló hace pocos días una obviedad, pero que en estos tiempos locos que nos ha tocado vivir hay que recordar: “No todo deseo es una necesidad, no toda necesidad es un derecho, no todo derecho es un derecho fundamental”. Que toda pretensión no es un derecho es evidente, pues las pretensiones son los anhelos que una persona tiene, mientras que los derechos fundamentales son aquellos atributos inherentes a la persona que se poseen por el solo hecho de ser humanos. La consagración normativa de dichas pretensiones como derechos las vuelve exigibles y oponibles ante todas las personas. Por ende, es irracional llamar derecho a una pretensión sin más fundamento que la sola pretensión: que la cosa debida sea justamente debida, por naturaleza, al titular del derecho. Dentro de la estructura del derecho se encuentra el titular o sujeto activo (quien detenta el derecho), el acto (la acción u omisión específica) y el sujeto obligado o pasivo (la persona en específico respecto a la cual se ejerce el derecho o adeuda una prestación o acción, la sociedad que debe respetarlos o los órganos que deben garantizarlo).

En este caso, el acto o acción es la “interrupción voluntaria del embarazo”, que deliberadamente pone fin a la vida de una persona humana que aún no ha nacido. Dicha acción, independiente de las circunstancias que la rodean, es injusta, por cuanto el embrión humano recién concebido -en cualquiera de sus etapas de crecimiento- es una persona humana. Así, la “cosa debida” o conducta adeudada sería provocar directamente la muerte de una persona inocente, lo que es absurdo, pues supondría que lo justo o debido sería un acto intrínsecamente injusto. En realidad, en esos casos hay una mera pretensión, no un derecho. La pretensión -el aborto- no puede ser un derecho… Por lo demás, cabe destacar que esto es reconocido también por los tratados internacionales ratificados por Chile (esos que el progresismo nunca cita textualmente, amparándose en la nebulosa de los “estándares internacionales” que se desprenderían de ciertas recomendaciones no vinculantes).

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El pasado 21 de febrero la Corte Constitucional despenalizó el aborto hasta los 6 meses de gestación. Desde Colombia, el Director de la Fundación Conciudadanos conversó con Comunidad y Justicia sobre el proceso judicial y los próximos desafíos para el movimiento provida.

Julián, muchas gracias por darnos estos minutos para entender qué está pasando en Colombia. Antes que nada ¿Podrías contarle a la gente en Chile sobre la entidad que emitió esta sentencia? ¿Qué es y cómo funciona la Corte Constitucional en Colombia?

La rama judicial en Colombia está dividida en tres: la Corte Suprema de Justicia, el Consejo de Estado y la Corte Constitucional. La Corte Constitucional, como su nombre lo dice, se dedica únicamente a temas constitucionales. Toda sentencia de la Corte Constitucional hace parte de algo que se llama «bloque de constitucionalidad». Eso en el ordenamiento jurídico está es arriba, es “norma de normas”. Y por tanto, así como cualquier artículo de la Constitución o norma internacional a la que Colombia esté suscrito tiene carácter supralegal, así también las decisiones de la Corte Constitucional tienen el mismo peso. Pues eso es lo que lo hace grave, porque lo que falla la Corte está por encima de una ley.

Es más problemático aún que la Corte Constitucional se haya dedicado a realizar un verdadero activismo político, por medio de demandas y tutelas: demandas directas por inconstitucionalidad que se hacen a normas o acciones de tutela, reclamando el incumplimiento de derechos constitucionales. Y esta fue una demanda de inconstitucionalidad a una norma existente que es la ley del Código Penal. No recuerdo el número de la ley, pero es aquella donde está el delito de aborto. Se demandó como inconstitucional el delito de aborto y pues ante eso la Corte consideró que sí hay delito, aunque de manera condicionada.

Hecha esa aclaración, cuéntanos: ¿qué es lo que ocurrió en Colombia?

Por vía judicial, se aprobó el aborto hasta la semana 24 en Colombia, mediante un fallo de la Corte Constitucional que aún no ha sido publicado, pero cuyas implicancias son ya conocidas.

¿Cómo se llegó hasta ese punto?

Esta es la consecuencia de un recorrido largo de litigio estratégico ante la Corte Constitucional en Colombia. Como sabes, es una Corte, se podría decir, muy activista. Una corte que ha venido desde hace rato pronunciándose sobre temas sociales y de alguna forma asumiendo un rol político, casi farmacológico, como queriendo sanar dolencias sociales por su propia cuenta cuando considera que ni el Congreso ni el Ejecutivo están encarando el problema. 

Ha llegado al punto en el que evidentemente hay un trabajo muy bien hecho de alinear magistrados con la agenda pro aborto y lograr que ellos vayan abriendo cada vez más la puerta a esta agenda. Como sabes, el 2006 se aprobó el aborto por causales. Fue una decisión que ―si bien fue larga, densa y difícil― dejó todas las puertas abiertas para un aborto a demanda. No fue lo que argumentaron en su momento los grupos progresistas: en ese entonces buscaban calmar a la población diciendo que el aborto era sólo para casos extremos. Pero en la práctica dejaron todas las puertas abiertas. 

Eso implicó un cambio en la jurisprudencia, porque antes ya existían precedentes de la Corte Constitucional diciendo que el Estado podía utilizar su poder de disuasión para proteger el derecho a la vida desde la concepción y que el artículo 11 dice que el derecho a la vida es inviolable (contempla el derecho a la vida desde la concepción). El 2006 hubo un cambio evidente: la Corte de ahí en adelante comenzó a contradecir sus precedentes. Con la última sentencia, ya serán 21 fallos favorables al aborto. 

Otro tema complejo en esa línea ha sido la objeción de conciencia: hoy está disponible solamente para el médico, dejando fuera al personal administrativo: nada de personal de asistencia, ni enfermero, ni demás. Y el médico, si bien puede hacer objeción de conciencia, debe remitir inmediatamente el paciente a otro médico que sí le practique el aborto. La Corte también ha sostenido que los hospitales no pueden realizar objeción de conciencia institucional. Y con ese argumento tumban la autonomía contractual de las instituciones prestadoras de salud ―incluso confesionales― a las que obligan hoy a practicar abortos. Y todo eso se ha introducido en nuestro sistema jurídico por medio de sentencias, no del Congreso. 

Otro ejemplo de la acción de la Corte: la causal salud, también llamada «principio causal riesgo de salud de la madre». Esta causal, aprobada el 2006, es expandida luego en otra sentencia, en la que los magistrados de la Corte afirman que ella incluye causal salud mental y que cualquier psicólogo o trabajador social puede categorizar a una mujer “en riesgo biopsicosocial” y, con eso, dar una orden para que se practique un aborto. Y luego otra sentencia en 2011, que interpreta un fallo del 2006 indicando que este no establece un límite gestacional. Por tanto, con esas causales había aborto libre de facto, porque la salud mental tampoco tiene límite gestacional. Entonces hay puerta abierta para el aborto hasta el noveno mes.

Esa es la realidad de hoy en Colombia. Sin embargo, el aborto sigue siendo un delito hasta hoy. Un delito que la Corte declaró constitucional y exequible, pero condicionado. Por eso muchas clínicas tenían instrumentos para negarse a practicar abortos. Lo que sucede hoy es que, si bien el delito existe, ya no se habla de causales. Cabe decir que todavía no hay sentencia. Ni siquiera ha aparecido un comunicado de la Corte. Hoy nada más hay una publicación en redes sociales de la misma Corte, dando detalles del alcance del fallo. Pero no es más que eso. Lo que alcanzamos a entender es que sí se limitó el aborto hasta la semana 24, lo que significa que no se elimina del todo el delito del Código Penal.

En este escenario, bajo cualquier circunstancia, la mujer puede practicarse un aborto sin temor a ser imputada. Luego, a partir de la semana 24, empiezan a aplicar las causales. O sea, el tema es terrible, porque generarán una presión hacia las clínicas que antes se negaban para que ahora ellas también practiquen abortos.

Ahora bien, ¿se trata de un problema presente sólo en la Corte Constitucional? ¿No hay movimiento también en el Congreso o en otros poderes del Estado?

Es clave, para entender lo que está pasando, comprender el rol que juega el Ministerio de Salud, que ha sido cooptado por grupos progresistas a la par que la Corte. Porque cuando la Corte decide esto y luego ves que el Ministerio Salud dice que existe carácter de urgencia para los tratamientos de abortos, te das cuenta que hay un esfuerzo coordinando para implantar el aborto. El Ministerio ha dicho que en menos de cinco días las clínicas están obligadas a garantizar servicios de abortos. Y el Ministerio de Salud dice que existen procedimientos ya establecidos para practicarlos. Esto último remite a la resolución 3.280 del 2018 del Ministerio de Salud, promulgada por quien hoy es candidato presidencial y en ese entonces era ministro de Salud, Alejandro Gaviria, y que él autorizó. En esta resolución se habla del carácter de urgencia del aborto, también de los procedimientos que se deben utilizar para realizar abortos después de la semana 20. O sea, a esta decisión de la Corte le cae como anillo al dedo esta resolución, porque ya desde el Ministerio estaban preparados. 

Es bueno saber que este procedimiento se conoce como «sistólica fetal» y se resume en una inyección de cloruro de potasio directa hacia el bebé. Se trata de la misma inyección que se utiliza para casos de pena de muerte en los Estados Unidos. Organizaciones no necesariamente provida, como Human Rights Watch, han advertido sobre su uso en casos de pena de muerte, diciendo que es un químico insoportablemente doloroso y que literalmente quema las venas antes de que les produzca un paro cardíaco. Y este es el mismo procedimiento que van a utilizar acá después de la semana 20 según consta en el procedimiento ¡Van a matar a estos niños de manera dolorosa con estas inyecciones, los van a quemar por dentro!

Y de cara al futuro, ¿qué desafíos tiene el movimiento provida en Colombia?

El escenario es adverso, pero si me preguntas, yo encuentro un escenario de trabajo de todos modos. Dos para ser más preciso. El primero es el Congreso, es decir, hacer un trabajo en sede legislativa. Este ha sido siempre el escenario en el que podemos y vamos a escribir una regla para reformar la Corte Constitucional. La razón por la cual los grupos progresistas todo lo han introducido a través de la Corte es porque no han sido capaces de cambiar el Congreso. Menos realizar cambios a través de un referendo, mucho menos a través de cualquier otro trabajo más directo con la ciudadanía. No sucede, no van a ser capaces. 

La situación de todos modos es durísima y adversa. Colombia hoy está peor que el resto del continente en materia de protección a la vida. Y me consta que hasta ahora tenemos 30 mil abortos por año realizados en buena parte por una institución como Profamilia, que tiene 37 clínicas en todo el país y donde la cantidad de dinero que reciben por estos “servicios” es atroz. Colombia es en cierto modo el laboratorio del movimiento pro-aborto en el resto del continente y por eso hay que tener los ojos bien puestos en la que está pasando acá. Pero no hay que perder la esperanza: estamos tratando de dar vuelta la situación. 

Volviendo al punto, en este primer escenario, que es más estratégico, se trata de buscar la aprobación de leyes ordinarias y por medio de ellas, empezar a hacer el trabajo, de abajo hacia arriba. Por ejemplo, llevamos rato haciendo el trabajo de reconocerle un historial clínico independiente al niño en el vientre. Y lo que hacemos con eso es empezar a rehumanizar al bebé al tratarlo como un paciente, sin necesariamente declarar que es persona. Es algo que venimos haciendo hace rato. Tenemos un neurocirujano pediatra de aquí de Colombia, que es de los pocos que realiza cirugías a los bebés en el vientre. Lo hemos llevado al Congreso a exponer y él manifiesta: «mire, yo realizo cirugías y ya desde la semana 12 aplico anestesia». Entonces se trata de explicar que se trata de un paciente de atención pediátrica o ginecobstétrica y que, como tal, conviene que tenga un historial clínico independiente.

El segundo escenario sería el de un “choque de trenes” entre el Congreso y la Corte Constitucional. Eso sería un escenario muy interesante para nosotros ¿y qué es lo que buscaríamos ahí? una reforma constitucional. Por ejemplo, sería valiosísimo reformar el artículo 11 de la Constitución, que diga que el derecho a la vida es inviolable, incluso desde la concepción. Eso jugaría mucho a nuestro favor. O una reforma al Código Civil por medio de una ley estatutaria, que diga que la existencia legal de la persona no se tiene al nacer, desde el primer respiro, sino desde la concepción, con lo que eso implique. Estas son vías más estructurales que se pueden trabajar, pero que están sujetas a revisión constitucional por la Corte Constitucional. Por eso hablo de un «choque de trenes», porque implicaría poner en pugna al Congreso con la Corte, generándonos la pregunta de hasta dónde llegan los límites de la misma Corte Constitucional.

Otros temas que estamos contemplando trabajar son el robustecimiento de la objeción de conciencia y la ayuda en la selección de los magistrados, porque los magistrados de la Corte Constitucional todos pasan por el Congreso. Las ternas son escogidas por distintas instituciones. Se turnan. Uno lo escoge la Corte Suprema Justicia, el siguiente, el Consejo de Estado, el siguiente, el Presidente y así. Se rotan. Pero esas ternas que entregan algunos de estos órganos, deben ser aprobadas por el Congreso. Por eso el Congreso es tan importante para nosotros.

Buenísimo. Gracias por tu tiempo, Julián y por ayudarnos a entender qué ocurre en Colombia.