Este jueves en la columna Constituyente de El Líbero, nuestro abogado del Área Constitucional explica por qué el proyecto de la eventual nueva Constitución no cumple con ninguna de las dos funciones que debe tener toda Carta Magna: distribuir y limitar el poder.
Hemos llegado al punto en preferir la “Constitución de Atria” a la Constitución de la Convención. La primera sería una mesa puesta patas arriba, y si dijéramos que las mesas se ocupan al revés, nos responderían que -como siempre- no entendemos lo que sí es una mesa. La segunda sería como arrojar la madera, los clavos y el martillo y decir que lo quedó en el suelo es una mesa, aunque no se vea como una. Así nos tienen.
Desde que inició el proceso constituyente, escuchamos académicos, expertos y políticos que explicando las dos tareas básicas de una Constitución. La primera, distribuir y limitar el ejercicio del poder mediante un sistema de pesos y contrapesos, y la segunda, consagrar los derechos y libertades de las personas, y los mecanismos para hacerlos valer.
Las críticas, que llueven de derechas e izquierdas, no hacen mella en los convencionales. Insisten en mantener un Senado cojo, ciego y mudo ante una Cámara de Diputadas y Diputados que concentra demasiadas funciones y poder. A esto se le suma que la definición de su composición ya no sea sólo paritaria pues le suman escaños reservados para los pueblos originarios y los movimientos LGTB, lo que es una versión aún menos democrática que la actual Convención.
Luego de la pelea sobre cuál sería la figura que acompañaría al Presidente el poco poder que le dejaron debe compatibilizarlo con los nuevos feudos en que se convertirán las regiones y comunas. “Plurichile”, cantaba un convencional indígena hace unas semanas, burlándose del himno nacional, pero haciéndole justicia a las normas aprobadas, pues una señala que nuestro país está conformado por diversas naciones. ¿Quién puede gobernar con un país fragmentado en regiones independientes y pueblos con autodeterminación política? ¿El diálogo y las visitas no anunciadas? Si el pasado y el actual gobierno ya nos demostraron lo difícil que es mantener la seguridad ciudadana, el orden público y la unidad nacional bajo la Constitución de 1980, ¿Por qué deberíamos creerles a los que diluyen estos conceptos, que podrán dar paz y orden bajo una Constitución que divide y anarquiza?
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