Eutanasia: ¿un bien a promover o un mal a evitar?
El 15 de junio se realizó el conversatorio «Eutanasia: ¿Un bien a promover o un mal a evitar?» organizado por Duoc UC junto a nuestra Corporación. El evento buscó debatir y orientar sobre los efectos, la importancia de la vida, el dolor y el sufrimiento. Nuestro Investigador Ignacio Suazo moderó la charla
Nuestro Investigador Ignacio Suazo, junto a María Ignacia Rodríguez, Jefa del Programa de Ética y Formación Cristiana de Duoc UC sede San Carlos de Apoquindo moderaron el conversatorio que tuvo como expositores a Francisco Covarrubias, Decano de la Facultad de Artes Liberales de la Universidad Adolfo Ibáñez y panelista en el programa «Tolerancia Cero» y Alejandra Carrasco, Doctora en Filosofía de la Universidad de Navarra e Investigadora de Centro de Bioética de la PUC.
Si te gustaría ver el conversatorio completo, puedes hacer click en la imagen de aquí:
Comunidad y Justicia presenta «Política y Catolicismo» un aporte al proceso constituyente
En Comunidad y Justicia presentamos el documento “Política y Catolicismo”, un texto que busca indagar en la contribución que el pensamiento católico ha hecho y puede hacer a la política en general y al proceso constituyente en particular, aportando algunas luces acerca de cómo se debe encarar las discusiones de fondo que se desarrollarán durante los próximos meses en la elaboración de una eventual Carta Magna.
El documento, elaborado por Ignacio Suazo y Vicente Hargous del Equipo de Investigación de la Corporación, incluye dos reflexiones de destacados académicos. Gabriel Bocksang, Decano de la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica de Chile, escribe sobre la tradición constitucional de la UC y los aportes de profesores católicos al debate constitucional chileno.
Mientras que Ignacio Covarrubias, Decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Finis Terrae, escribe acerca de la relación entre la ideología constitucionalista y los principios de la Doctrina Social de la Iglesia.
Puedes leer el documento completo en el siguiente enlace.
«Matrimonio Igualitario» por Rosario Corvalán
Dejamos a continuación esta carta de Rosario Corvalán de nuestro Equipo Legislativo, publicada el 10 de junio en la Tercera, en respuesta a la carta del académico Gonzalo Quintana publicada en el mismo medio.
Señor Director:
Es fácil refutar un argumento cuando se lo distorsiona. En su carta de ayer, Gonzalo Quintana pretende hacerse cargo de la postura de quienes nos oponemos al matrimonio entre personas del mismo sexo, pero se equivoca al “citar” nuestra postura. Quintana tilda de sesgado y limitado el decir que “el objetivo principal del matrimonio es la reproducción”. Acto seguido, menciona algunas ideas que suponen que sostenemos que el único fin del matrimonio es la reproducción, cuando en realidad el matrimonio no tiene un único fin.
Luego, dice que este argumento sería sesgado porque “no es necesario estar casado para formar una familia”, como si eso de algún modo refutara que uno de los objetivos principales del matrimonio es la procreación. Además, señala que un matrimonio que no procrea puede adoptar. Por supuesto. Y esa adopción tiene como objetivo recrear el vínculo que existía entre el niño y sus padres biológicos, por lo que se dice que la adopción es una “filiación de imitación”. Quintana convenientemente olvida ese punto.
Finalmente, hace una enumeración exhaustiva de problemas actuales de las parejas heterosexuales, pero olvida mencionar qué relación podría tener esta constatación de hechos con la conveniencia o no de legislar sobre matrimonio entre personas del mismo sexo.
Para que los debates puedan ser fructíferos es esencial citar la postura contraria de modo fidedigno, si no, las discusiones se tornan caricaturescas y poco serias.
Rosario Corvalán
Equipo Legislativo Comunidad y Justicia
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Foto de Canva
«Balance» por Vicente Hargous
El martes 1 de junio fuimos testigos del gran resumen de lo que fue el fracaso del peor gobierno de los últimos 30 años (y esto es así a ojos de todos: izquierdas y derechas). La cuenta pública es un acto que normalmente no pasa de ser un espectáculo edulcorado y ficticio, en que se destaca sólo lo bueno. Sin embargo, en este caso, curiosamente, el Presidente de la República expuso a la luz pública de manera diáfana sus defectos… realmente logró compendiar en un discurso el desastre de su administración. No podía haberse manifestado de mejor manera lo que han sido estos cuatro años: todas las patologías criticadas una y otra vez por uno y otro lado de su sector, todas articuladas en torno a una casi evidente obsesión personalista de querer caer bien y pasar a la historia.
Primero, la cuenta pública fue un resumen de esta gestión por las formas del discurso mismo. Palabras vanas —discursos vacíos con la artificial pretensión de querer caerle bien a una suegra—, adornadas con enumeraciones de tres conceptos igualmente vacíos y con esa inigualable gesticulación de empatía postiza imposible de creer. En definitiva, pura retórica de lugares comunes, sucedáneo de la verdadera política que pretende llenar la ausencia de discurso de la derecha sometida a la dictadura del número. Pero con ninguna de las dos recetas persuade a nadie, como quedó en evidencia en las pasadas elecciones y antes en el plebiscito.
Por otro lado, el contenido del discurso estuvo lleno a tope con un montón de las infaltables propuestas técnicas para tratar de solucionar de forma parchecurista problemas realmente profundos (pensemos en el estatuto de Carabineros o la creación de un nuevo ministerio de seguridad pública como intentos de solución de la crisis absoluta del Estado de Derecho, de la ausencia de respeto a la autoridad y de la falta de respaldo ciudadano frente al legítimo uso de la fuerza). Propuestas que muestran la ceguera absoluta (o superficialidad endémica) para comprender los problemas políticos que afectan a este Chile al borde del precipicio.
Pero lo más destacado de todo —el legado esencial de este Gobierno— fue la claudicación. La falta total de convicciones: cederlo todo. Todo lo que prometió, todo lo que su sector esperaba de él, lo entregó en bandeja a sus oponentes. Como siempre, sus adulaciones al progresismo son una muestra más de su modus operandi: mercantilizar hasta los principios más básicos, haciéndolos transigibles por un (supuesto) aumento de rating (como era obvio, el tiro sólo podía salirle por la culata). Conceder el punto del matrimonio homosexual —contra su programa, contra sus promesas y contra sus declaraciones en público durante su campaña y durante su administración— constituye la prueba definitiva de su incapacidad para gobernar, para dirigir la comunidad política al bien común. No solamente por la medida misma (aunque eso no es menor), sino también por la división de su propio sector, la falta total de necesidad de tomar a última hora una bandera que nunca va a ser suya y la absurda idea de buscar adjudicarse como «triunfo» propio un proyecto de Bachelet (al igual que los porotos que trató de ganarse con los proyectos de garantías de la niñez o de violencia contra la mujer).
Guiños a una izquierda que lo va a odiar haga lo que haga, que además dejan a la vista su frivolidad, debilidad y su deslealtad. Esa es la guinda de la torta que corona todo este penoso y agonizante fracaso cuyas horas están contadas.
Foto de Canva.
Lo que pasó en el Congreso: Cuidados Paliativos y Ley de Adopción
Durante el mes de mayo, nuestro Equipo Legislativo estuvo presente en diversas discusiones, entre ellas, el proyecto de ley de cuidados paliativos y eutanasia, el proyecto de ley de adopción, el proyecto que reemplaza el feriado de San Pedro y San Pablo, entre otros. Compartimos un breve resumen del avance de las iniciativas.
CUIDADOS PALIATIVOS Y EUTANASIA:
La Comisión de Salud del Senado decidió que ambos proyectos se tramitarán de forma separada. Respecto al proyecto de ley de Cuidados Paliativos, se votará en la Sala del Senado y luego se recibirán invitados en la Comisión de Salud, para seguir avanzando en su tramitación. Respecto al proyecto de ley de eutanasia, no se despachará de la Comisión a la Sala sin antes haber despachado el de cuidados paliativos.
GARANTÍAS DE LA NIÑEZ:
Este proyecto finalmente fue despachado por la Comisión Mixta (compuesta por diputados y senadores), por lo que falta una última votación en cada Cámara para terminar la tramitación.
ADOPCIÓN:
Este proyecto, cuya tramitación estaba detenida hace años, fue retomado en las últimas semanas. Dentro de sus objetivos está terminar con el orden de prelación en la selección de posibles adoptantes, por lo que una madre soltera o una pareja homosexual, por ejemplo, tendría el mismo derecho a adoptar que un matrimonio heterosexual.
SAN PEDRO Y SAN PABLO:
Se presentó una indicación a este proyecto buscando que no se eliminara el feriado de San Pedro y San Pablo, y que, en cambio, se eliminara el feriado del 12 de octubre. Esta modificación fue aprobada por la Comisión de Gobierno de la Cámara, y luego fue también aprobada por la Sala de la Cámara, por lo que si se mantiene la actual redacción se mantendría el feriado de San Pedro y San Pablo el 29 de junio, se eliminaría como feriado el 12 de octubre y se agregaría un nuevo feriado al calendario -el 24 de junio- para celebrar el Día Nacional de los Pueblos Indígenas.
Director Ejecutivo en 24 Horas por restricción de asistencia espiritual en hospitales
El 26 de mayo circuló un video por redes sociales donde un sacerdote relataba cómo se le prohibió ingresar a un hospital público para atender espiritualmente a un paciente moribundo, por petición expresa de un familiar suyo.
A propósito de este incidente, Álvaro Ferrer, Director Ejecutivo de nuestra Corporación, fue entrevistado el 28 de mayo para el noticiero 24 Horas donde explicó que se atentó contra un derecho fundamental de los pacientes ya que la asistencia espiritual forma parte del derecho a la libertad de culto, reconocida en nuestra Constitución.
La libertad de conciencia y de religión es un derecho reconocido en la Constitución (art.19 N°6) y en los tratados internacionales ratificados por Chile y que se encuentran vigentes. La Constitución asegura a todos «la manifestación de todas las creencias y el ejercicio libre de todos los cultos». No se protege sólo una convicción interna, sino también la libertad para ejercer actos esenciales a la propia fe.
Te invitamos a ver la nota completa en el siguiente enlace:
Repensar el Derecho Público y la Política
Reseña de «Constitución. El problema y los problemas», de Miguel Ayuso.
Por Vicente Hargous
En el principio —dice la leyenda negra— era el absolutismo feudal de la Edad Media, con reyes que abusaban impunemente de su poder y con un sistema jurídico antisistémico, basado en la opinión de los juristas, en la autoridad de los sabios antiguos y en el Derecho Natural (oscuro y confuso invento que de manera misteriosa frenaba el mal ejercicio del poder). Sancionaba la ley injusta, permitía el derecho a rebelión, prohibía la esclavitud sin ley escrita que lo diga, estudiaba el Derecho desde su razón de ser, creía en la equidad natural manifestada en el derecho romano —Ratio Scripta—, y todas esas cosas horribles que conllevan el primitivismo cavernario que no necesita hacer una ley para solucionar todos los problemas de la sociedad.
Pero todo cambió cuando llegó una época de luces. El «pueblo» ―es decir, una élite burguesa, pero esa es otra historia que quizás convendría desarrollar en otra ocasión― por fin se daba cuenta de su propia soberanía, de su poder, y decidió tomar las riendas de la situación… ¿Y qué pasó? Toma de la Bastilla, rey apresado, curas al cadalso, Robespierre al poder, caos, Napoleón, caos de nuevo y… por fin, una República. Aquel glorioso régimen en el que empezaron a gobernar los burgueses liberales, que establecieron el derecho a voto (ojo, que sean sólo los que voten por nosotros: voto censitario), y derecho a ser electo en cargos públicos (ojo, pero que sea uno de nosotros: no vamos a dejar que gobierne uno de la chusma, ¿verdad?). Todos ahora creían que mandaban cuando mandaba un partido u otro. Y así surgieron muchas constituciones políticas sucesivas, y distintas declaraciones de derechos en cada una de ellas, que trataban de cambiar la sociedad para hacer la utopía que cada uno buscaba. Y las constituciones se pusieron en la cúspide del Derecho, y llegó a ser una Ley muy grande, que se debe respetar por sobre todas las cosas… en ella depositamos nuestros sueños y esperanzas, a ella vienen a caer las vanas promesas de los vendedores de utopías y los listados de regalos de los viejos pascueros, en ella algunos creen que se logrará construir una «casa de todos» ―perdón, «de todas y todos»―, que se conseguirá, por fin, el gran consenso social, el pacto que constituirá la nación chilena.
Está bien… quizás la caricatura es demasiado extrema. Pero me concederán que no dista mucho de la realidad. Y es que la modernidad se ha construido sobre ideologías ―es decir, mitos totalizantes desde los cuales se busca comprenderlo todo y en función de los cuales se busca cambiar el mundo―, particularmente sobre el liberalismo político[1]. Ahora bien, de dicha matriz liberal emanan ciertas concepciones del derecho, de la política misma, de Dios y del hombre.
La irrupción del liberalismo político cambió la relación entre los ciudadanos y entre gobernantes y gobernados[2], entre política y religión[3], borró del mapa el derecho natural[4], desplazó a Dios de la vida pública[5], trajo visiones ideológicas de la persona (los «derechos humanos», no como simple mecanismo para proteger la dignidad, sino como ideología individualista[6]), del sistema político democrático (pues la democracia liberal no es un mero régimen, un medio para zanjar disputas políticas, sino una ideología, un fundamento y un fin de la política[7]), del ordenamiento jurídico como sistema de normas cerrado en sí mismo[8] (y, con él la sujeción de la justicia a los caprichos del poder de las mayorías de los parlamentos o, más precisamente, de los partidos políticos[9]) cuya primacía es la Constitución[10] (dándole primacía al Estado por sobre la persona y la sociedad orgánicamente organizada desde abajo, como si la realidad social se construyera desde ese pacto por el cual los individuos crearían el Estado[11]… cosa que sabemos que es falsa o, en el mejor de los casos, un mero símbolo[12])… En fin, hay algo raro en todo el sistema jurídico y político desde que irrumpió el constitucionalismo como ideología.
El constitucionalismo es la doctrina que sufre el espejismo de pretender controlar el poder, y en exclusiva, tanto a través de la técnica de su «separación» geográfica, como en virtud de unos derechos del hombre (que no son sino derechos subjetivos), tutelados por la ley, de la que en la práctica dependen, y que finalmente se reducen al ejercicio de la libertad negativa, esto es, sin regla.[13]
Todo esto es el aire que respiramos. Quizás por esa razón, cuestionar el sistema puede sonar a una teoría loca, propia de gentes despegadas de la política concreta y de la realidad de las personas. Sería como la estupefacción de Neo al ver que todo lo que ha vivido es solamente la Matrix, un engaño cruel… Tal vez la problematización intelectual del sistema sea el mejor antídoto para comprender la realidad y, desde dicha comprensión, poder pensar en caminos para mejorar la situación actual paulatinamente, haciendo cada uno lo que pueda desde su propio lugar, no para buscar con nostalgia una utopía pasada, sino con esperanza de fundar un régimen inspirado en principios de una filosofía realista, de la ley natural y de una política católica en espíritu y en verdad.
Me parece que este es el intento de Miguel Ayuso en su libro. Su título ya muestra que en el constitucionalismo hay un problema, del que surgen nuevos problemas. Se trata de un listado de tesis muy sugerentes ―seductoras como las propuestas de un Michel Villey, aunque expuestas con un tono menos irónico― , argumentadas con solidez y aguda finura intelectual. Más que un libro para proponer de manera sistemática una alternativa post-constitucionalista, se trata «de una visión o lectura problemática del fenómeno constitucional»[14], cuyo estilo se puede percibir con sólo mirar algunos títulos del índice. Aunque sea largo, me parece que vale la pena revisar algunas de ellas para hacer una idea: «Constitución del Estado y constructivismo social»; «ideología y realidad en el lenguaje político»; «el problema de la ideología constitucional»; «el problema del sistema»; «racionalismo y codificación»; «Código y Constitución»; «la equivocidad de la ley: de la ley clásica a la moderna»; «la Constitucionalización de los principios generales del Derecho: ¿novación o dilución?»; «¿ha existido la democracia?»; «las libertades concretas en el orden cristiano»; «la afirmación de la libertad abstracta del racionalismo»; «la metamorfosis de los derechos humanos»; «el problema del poder constituyente»; «los “valores” del constitucionalismo»; «la escuela católica».
¿No será que desde la modernidad hemos enfocando mal el problema? ¿No estaremos olvidando que lo importante es la protección de los bienes jurídicos básicos de la vida, la honra y la hacienda? ¿Que los derechos no son un catálogo taxativo inventado por una fuerza abstracta y misteriosa que denominamos «poder constituyente», sino una forma de protección de la dignidad ontológica del ser humano? ¿Que la democracia puede llegar a ser régimen justo si se entiende como medio, como forma, para buscar el bien común, y no como un fin en sí mismo?
Se hace imperioso re-pensar el derecho constitucional. Pues bien, este texto de Miguel Ayuso es un genial antídoto para que se caigan las escamas de los ojos de quienes, con buena voluntad, no son capaces de pensar fuera de las categorías moderno-liberales.
[1] Cfr. Ayuso, Miguel (2016): Constitución. El problema y los problemas, Marcial Pons, Madrid, pp. 46-47: «la constitución no es neutra, sino fruto de la ideología liberal, adviniendo el instrumento de concreción del contrato social, con la pretensión de racionalizar la vida política para garantizar los derechos ―siempre en el marco del contrato― de los ciudadanos». Lo mismo puede decirse de los derechos humanos, intrínsecamente vinculados a esta ideología: «tales derechos, es cierto, pueden comprenderse en el seno de tres tradiciones distintas, a saber, la liberal, la democrática y la social. Sin embargo, todas ellas responden a una matriz común, la del racionalismo político y social que es la base del liberalismo» (ibid., p. 35).
[2] Cfr. ibid., pp. 125-126, 161 y 163-166.
[3] Cfr. ibid., pp. 171-178.
[4] Cfr. ibid.
[5] Cfr. ibid.
[6] Cfr. ibid., pp. 141-153.
[7] Cfr. ibid., pp. 117-129.
[8] Cfr. ibid., pp. 64-69.
[9] Cfr. ibid., pp. 129-122.
[10] Cfr. ibid., pp. 45-49 y 56-59.
[11] Cfr. ibid., pp. 80-83.
[12] Cfr. ibid., p. 124.
[13] Cfr. ibid., p. 26.
[14] Cfr. ibid., p. 23.
«Immortale Dei» o dos verdades constitucionales incómodas
Por Ignacio Suazo
Con sus más de 130 años de existencia, esta Encíclica toca un tema que atañe directamente al proceso constituyente: la constitución cristiana de los Estados. Un tema que no debería dejar indiferente a ningún cristiano, considerando que una constitución justamente dispone las directrices fundamentales del funcionamiento del principal garante del bien común dentro de una comunidad política. El texto de León XIII nos confronta con ciertos principios fundamentales detrás del funcionamiento del Estado. Quizás uno de los que más destaca es el principio de autoridad, que podemos sintetizar en dos puntos: un gran deber y un gran derecho.
En primer lugar, toda la vida política se sustenta en un gran deber: el de obediencia a la autoridad. La razón es nada menos que su origen divino: siendo Dios cabeza y Legislador de todo lo creado ―y por ello, la única verdadera Autoridad― toda actividad directiva o gubernativa se convierte en un reflejo de esta autoridad primera. Por esta razón, León XIII insiste que la desobediencia a la autoridad no es sólo un atentado contra la ley natural, sino contra Dios mismo. Como sentencia el Sumo Pontífice: “quebrantar la obediencia y provocar revoluciones por medio de la fuerza de las masas constituye un crimen de lesa majestad, no solamente humana, sino también divina” (párr. 2).
Tamaño deber de obediencia va a aparejado de una responsabilidad correlativa para los gobernantes, pues el Pontífice advierte en su Encíclica que quienes ostentan cargos de autoridad serán severamente juzgados en virtud del encargo recibido. Y lo dice sin titubeos: “a los poderosos amenaza poderosa inquisición” (Párr. 2).
Escuchar hablar de “obediencia” nos parece hoy extraño y hasta chocante. Lo es aún más cuando discursos como el de Fernando Atria, donde el pueblo tiene el derecho de ejercer “el poder constituyente cuando quiera”,[1] parecen tener tanto arraigo en nuestro país.
Sin embargo, se trata de un principio fundamental para el orden social. Siendo la autoridad por definición quien tiene a su cargo la búsqueda y promoción del bien común, oponerse a ella o a sus legítimos representantes sin justa causa y/o medios lícitos y razonables implica atentar contra el bien común.
De cara al proceso constituyente, es esta debida deferencia hacia la autoridad la que debería llevar con naturalidad a respetar el marco legal que le dio forma, vale decir, los acuerdos del 15 de noviembre y las regulaciones dadas por la Constitución (aún) vigente. Con un mínimo de buena fe, se puede suponer que dichas reglas fueron pensadas para dar certeza jurídica al resto de los actores del país y asegurar la aprobación de un texto con un alto grado de transversalidad. En otras palabras, son normas pensadas para promover el bien común, no para secuestrarlo, como algunos parecen pensar.
Algunos podrán acusar a León XIII y su Immortale Dei de “autoritarios” y “fascistas”. Lo cierto es que se trata de un principio evidente y necesario. De hecho, la importancia de saber obedecer a la autoridad, especialmente en asuntos que son particularmente graves para el bien común, es algo que incluso Kant reconoce:
existen muchas empresas de interés público en las que es necesario cierto automatismo, por cuya virtud algunos miembros de la comunidad tienen que comportarse pasivamente para, mediante una unanimidad artificial, poder ser dirigidos por el Gobierno hacia los fines públicos o, por lo menos, impedidos en su perturbación. En este caso no cabe razonar, sino que hay que obedecer.[2]
Ciertamente, el concepto de obediencia en Kant es bastante más estrecho que el de León XIII. Pero es difícil imaginar una acusación contra Kant de “autoritarismo”. Hay algo de verdad en la cita: ciertamente el Estado necesita de cierta uniformidad para poder mandar y conducir a personas y sociedades menores por la ruta del bien común.
Immortale Dei tiene, además, muchas otras cosas que recordarnos: el rol de la religión en el espacio público es una de ellas. Y esto no es más que la consecuencia natural de asumir la autoridad de Dios sobre todo lo creado, incluyendo la sociedad humana. Pues si Dios dirige el curso de las acciones de todas y cada una de las sociedades conformadas por el hombre, es justo entonces reconocer y honrar su autoridad ¿Y en qué se traduce este reconocimiento? León XIII menciona al menos el deber de “favorecer la religión, defenderla con eficacia, ponerla bajo el amparo de las leyes, no legislar nada que sea contrario a la incolumidad de aquella.” (párr. 6)
Hay quienes podrían pensar que un razonamiento como el anterior habría quedado derogado con las enseñanzas del Concilio Vaticano II. La “libertad religiosa” ―dirían algunos― sin duda sigue siendo el principal de los derechos fundamentales, pero deja en pie de igualdad a la fe católica con cualquier otro credo. Una lectura más atenta del concepto, sin embargo, nos muestra que tal dicotomía es engañosa. Lo es, en primer lugar, porque si hoy la Iglesia condena el uso de medios coactivos para imponer la fe a los demás, León XIII también lo hacía en su momento:
porque si bien la Iglesia juzga ilícito que las diversas clases de culto divino gocen del mismo derecho que tiene la religión verdadera, no por esto, sin embargo, condena a los gobernantes que para conseguir un bien importante o para evitar un grave mal toleran pacientemente en la práctica la existencia de dichos cultos en el Estado. Es, por otra parte, costumbre de la Iglesia vigilar con mucho cuidado para que nadie sea forzado a abrazar la fe católica contra su voluntad, porque como observa San Agustín, «el hombre no puede creer más que de buena voluntad». (Párr. 18)
En otras palabras, ordenar la sociedad hacia Dios, apuntando a lo que hoy llamamos una “sana laicidad”, donde se dé una armónica unión entre la Iglesia y el Estado, no justifica usar cualquier medio para lograr tal fin. Fines buenos requieren de medios buenos y, en este caso, apuntar hacia este modelo de Estado pasa necesariamente por un profundo respeto por las conciencias de los que no han recibido el don de la fe, unido a la profunda convicción de que la verdad, por ser tal, se hará valer por sí misma.
Por otra parte, el magisterio contemporáneo ―hoy como ayer― sigue reconociendo que la Iglesia posee las verdades fundamentales detrás de la existencia humana. En ese sentido, la libertad religiosa bien entendida ―en hermenéutica de la continuidad con la Tradición― no plantea un pie de igualdad entre las distintas creencias religiosas, sino que más bien propone dar las condiciones para que cada persona busque la verdad y adhiera libremente a ella (pues un acto de fe bajo coacción no es un verdadero acto de fe) y, en ese sentido, tolerar los errores sin promoverlos. Esto, como ya vimos, significa dar ciertas libertades civiles que permitan ejercer esta libre búsqueda de las respuestas fundamentales a las grandes interrogantes humanas. Pero no puede agotarse allí: una promoción activa de esta libertad religiosa pasa por dar a los ciudadanos impulsos efectivos que los lleven a emprender esta búsqueda. Medios como la promoción del derecho de los padres a educar a sus hijos o la promoción de clases de religión sin duda son formas de promoción activa de la libertad religiosa.
Si, en síntesis, la promoción de la libertad religiosa no implica afirmar la verdad de otros credos ni relativizar la fe católica y, por otro lado, su ejercicio es la búsqueda activa de la verdad, no parece contradictorio que en un momento dado el Estado se alce con una gran verdad, preocupándose que esta sea defendida e incluso promovida. En ese sentido, las palabras de León XIII parecen ser un excelente complemento para entender en profundidad los alcances de una sana libertad religiosa.
La propuesta de Immortale Dei se sustenta en un gran deber ―el debido sometimiento a la autoridad― correlativo a un gran derecho ―el de la búsqueda de la verdad y su libre adhesión―, que armónicamente permiten la constitución cristiana del Estado. Estas son las vigas maestras de la arquitectura que nos propone León XIII. Es cierto que hoy estas verdades son incómodas, hasta el punto de que ni siquiera encuentran consenso al interior de los propios católicos (¡y qué decir de incluirlas en el texto constitucional que empezará a discutirse en julio!). Pero esto es quizá lo que hace más valiosa la lectura de Immortale Dei. Si creemos que estas son verdades que se desprenden lógicamente de la fe católica, entonces dar cuenta de ellas se vuelve una tarea profética, pues sabemos de antemano cuáles serán las grandes debilidades de nuestra carta magna. Podemos augurar, en ese sentido, que una Constitución que no contempla el debido respeto a las autoridades terrenas y religiosas ni pone los medios para asegurarlo, necesariamente resultará insuficiente para asegurar la consecución del bien común. En consecuencia, tal omisión tendrá implicancias negativas, aunque sea difícil precisar de qué tipo. Ciertamente, defender estas impopulares verdades es lo más parecido en política a proclamar “el escándalo de la Cruz”. Pero eso es precisamente lo que un cristiano está llamado a hacer. Y como dijo un conocido analista político, liberal y agnóstico, hace algunos meses atrás, esa es la mejor contribución que Chile puede esperar de nosotros.
[1] Alfredo Joignat, «Fernando Atria: Los momentos constituyentes», Podcast Hay Algo Allá Afuera, accedido 14 de mayo de 2021, https://open.spotify.com/episode/0yxqMQZoI51alCCaZPEQ3P .
[2] Immanuel Kant «¿Qué es la Ilustración?», Foro de Educación, n º 11, 2009, pp. 250-251. Disponible en: file:///C:/Users/ivsua/AppData/Local/Temp/Dialnet-QueEsLaIlustracion-3171408.pdf
«Así funciona el mercado» por Vicente Hargous
Les dejamos a continuación la columna de Vicente Hargous, Investigador de nuestra Corporación publicada el 21 de mayo en El Mostrador.
―«Lo que pasa es que no sabes economía: así funciona el mercado». Respuesta usual de los paladines del neoliberalismo frente a quienes osan criticar el mecanismo principal que mueve las estructuras de su sistema: la usura. Una burda falacia ad hominem (tildar de ignorante al disidente) seguida de otra más elaborada, cuya frecuencia revela los puntos ciegos de la derecha liberal y la estrechez de visión de ella para comprender fenómenos sociales, al procesar toda su complejidad con códigos económicos (similar a la ceguera de la izquierda progresista para comprender la centralidad de la familia en el orden social).
―«La economía es así: todas las inversiones usan intereses». Eso es falso; también existen, por ejemplo, inversiones mediante compras de acciones. Pero más allá de ese detalle, la economía no lo resuelve todo. Ella tiene, desde luego, un lugar en esta discusión: describe ciertos procesos sociales, es decir, estudia lo que de hecho suele ocurrir en las conductas económicas (libres) de las personas, ciertas tendencias, con modelos de predicción matemáticos. Este conocimiento es real, pero incompleto, pues toda acción humana, voluntaria, puede ser justa o injusta. Los economistas afirman la tendencia a que los acreedores actúen de una manera determinada si se les prohíbe cobrar intereses más altos a los pobres (el «interés por riesgo», usura que clama al Cielo por su aberrante injustificación), pero de ahí no se sigue ―ni es posible que se siga― que lo que de hecho ocurre sea justo. De esta manera, que el interés tenga un impacto económico nada dice de su licitud: lo esencial a cada acción humana en materias económicas está definido por la justicia o injusticia del intercambio (no sólo de la «justicia social», tan repudiada por los liberales, sino por estricta justicia conmutativa).
―«Esta es una cuestión técnica: así funciona el sistema económico»: ¿y el narcotráfico? Contribuye a la libre circulación de los bienes, ¿es ético por eso? un narco puede comprar autos, casas, viajes y muchos bienes, que contribuirían a fomentar la producción económica… genera beneficios sociales, pero ¿cuánto daño genera a la familia, a la juventud y a la salud física y mental de las personas? Son cosas distintas, pero el argumento que se usa en el caso del préstamo a interés también se podría usar para justificar el narcotráfico.
―«Así es la economía: el interés por riesgo es necesario para que funcione»: ¿y la esclavitud no era necesaria en la Antigüedad? Es verdad que la economía chilena en su estado actual debe permitir la usura para presentar de manera competitiva sus portafolios de inversión, pero la esclavitud también era central en cualquier economía de la Antiguedad: las galeras funcionaban con esclavos remeros, las construcciones de ciudades y carreteras también usaban esclavos, al igual que la extracción de materias primas y un largo etcétera. Prohibir la esclavitud habría significado un encarecimiento de costos y una pérdida considerable de posición frente a otras naciones o ciudades, es decir, una pérdida económica (y más aún, prohibirla de la noche a la mañana habría llevado a un verdadero colapso económico)… pero eso, ¿justifica la esclavitud? ¿Dónde quedaría, así, la dignidad de la persona? El caso de la esclavitud no es idéntico al del préstamo a interés, por supuesto, pero de hecho se ha buscado justificar la esclavitud en otras épocas por razones económicas.
Esta falacia economicista ―«así funciona, así es, así se hace»― es una muestra de la conocida falacia naturalista, según la cual se extrae una conclusión normativa (un imperativo) a partir de premisas descriptivas. La pregunta no es si, de eliminarse una práctica injusta ―la usura―, se encarecen o no los costos o si hay pérdidas, sino si estamos frente a una economía humana. Al igual que con la esclavitud, es necesario retroceder paulatinamente hasta que la usura sea prohibida una vez más, para que tenga lugar una auténtica restauración del orden social y, usando las palabras del Papa Francisco, de una economía verdaderamente humana.
«El baile de los que sobran» por Rosario Corvalán
Les dejamos a continuación la columna de Rosario Corvalán de nuestro Equipo Legislativo publicada el 20 de mayo en La Tercera.
Con convencionales constituyentes electos, se puede empezar a especular cómo será el panorama de los próximos meses en el ex Congreso. Es claro que hay un sector que comienza este “diálogo” en desventaja; la derecha y la centro derecha – por llamarlas de algún modo – no lograron ni el tercio necesario para oponerse a la voluntad de los dos tercios restantes (y ese propósito era ya bastante mezquino).
Ante este escenario ¿qué les queda? Una alternativa es sentarse a mirar. Tomar una buena butaca en el ex Congreso y, como en un circo romano (o en un circo ruso o chileno), presenciar casi a modo de público lo que se haga y deshaga, sin posibilidad alguna de proponer u oponerse.
Otra opción sería, para subirse al carro (¿de la victoria?), ceder en algunos puntos de modo tal de estar de acuerdo con quienes obtuvieron la mayoría en esta Convención, y así contribuir también a la conformación del texto. No vaya a ser que se los tilde de reaccionarios.
Creo que hay una opción algo más sensata. No debe verse como una opción intermedia entre ambas, sino simplemente distinta, sin ser espectador ni camaleón. El espectador podría cumplir el rol de ser un vocero de lo que está pasando en la Convención (“¡hoy se incumplió el reglamento!”, “¡hoy se dejó fuera tal o cual derecho!”), y el camaleón podría cumplir el rol de, al final del proceso, decir que “la derecha también contribuyó en la redacción de la Constitución”.
La tercera vía sería entender que hay ciertos aspectos en los que se puede negociar, y ciertos aspectos en los que no. Para eso, los convencionales de esta minoría llamada derecha, deberán entrar con claridad sobre aquello, comprendiendo que, si lo que se busca es que esto sea una instancia democrática, la democracia -como decía un gran profesor de la Universidad- “es algo más que contarnos” (algo más que contarnos, restarnos, dividirnos, corregirnos…en fin, aplicar la compleja fórmula del sistema proporcional).
Estos mínimos no negociables no son sinónimos de “no discutibles”. Se pueden discutir e incluso con la honestidad intelectual suficiente no solo para persuadir sino para ser persuadido. Pero si ello no se logra, si ni estos ni aquellos se mueven, en conciencia, de su postura original, no podrá transarse un derecho por otro, un artículo por otro (“apruébame esto y te doy los votos para esto otro”… por no decir “redáctame bonito el derecho a propiedad y cedo el derecho a la vida”).
Especialmente en la parte orgánica de la Constitución, habrá muchísimos temas de definición prudencial, de gran relevancia, por cierto, pero con diversas formas de ser “aterrizados”. En lo que respecta a derechos fundamentales y ciertas bases de la institucionalidad, no parece haber demasiado espacio para grises. Más bien, parecen aquí aparecer los “mínimos no negociables”; el derecho a la vida –sobre el que se fundan todos los demás–, a la libertad de enseñanza, a la educación, a la libertad de conciencia y de religión, la familia como núcleo fundamental de la sociedad (o una expresión similar) y el matrimonio como aquella institución en que se funda la familia, a la salud, a la igualdad ante la ley. “¿Y qué sentido tendrá no ceder ni un poquito en estos temas, si somos minoría?” Al menos tendrá más sentido que negociar en temas por los que, precisamente, se luchó por llegar a ese escaño.