Ya se cumplió un año desde el terremoto político y social que dio un vuelco al panorama chileno. Un año marcado por actos de violencia ilegítimos sin precedentes en nuestra historia, incluyendo manifestaciones de odio sacrílego que nos dejan sin palabras, y por la pandemia, con todas las secuelas (sanitarias, económicas, de empleo, de pobreza, entre otras) que nos ha acarreado y que seguirán llegando con el tiempo. Con tanta pelea y chimuchina entre los partidos, sumada a todo lo anterior, no es de extrañar que los puntos realmente importantes no sean ponderados debidamente dentro de la reflexión que cada uno debe hacer para la votación de este domingo. En efecto, mucho se ha hablado de la autonomía del Banco Central, de regionalización, de salud, de un régimen semipresidencialista, de pensiones, de protección de la propiedad privada, del principio de subsidiariedad y modos de complementarlo (en ciertos ambientes se ha hablado incluso de su eliminación)… pero de derechos naturales, de dignidad humana, de la centralidad de la familia, del rol educador de los padres, ni la sombra.

(…) mucho se ha hablado de la autonomía del Banco Central, de regionalización, de salud, de un régimen semipresidencialista, de pensiones, de protección de la propiedad privada, del principio de subsidiariedad y modos de complementarlo (…) pero de derechos naturales, de dignidad humana, de la centralidad de la familia, del rol educador de los padres, ni la sombra.

Uno de los temas ausentes en el debate público es precisamente el de la protección de la vida del que está por nacer, la que hoy es un imperativo para el legislador, dispuesto expresamente por nuestra Constitución vigente. Esta norma que protege la vida del que está por nacer, además, forma parte de una estructura conceptual mucho más amplia: nuestra Constitución vigente reconoce la dignidad inherente a todas las personas humanas y que sus derechos tienen su fuente en su naturaleza, y no en la mera arbitrariedad del poder político o de los consensos de los partidos. Desde esta perspectiva se entiende que los derechos naturales son reconocidos por la Constitución, así como por los tratados internacionales ratificados por Chile y que se encuentren vigentes, no creados por ellos. La vida del que está por nacer, además, se protege justamente en el artículo 19, que asegura a las personas sus derechos, y no en otro lugar.

La relevancia de este tema es enorme, porque es prácticamente imposible que en el Chile de nuestros días, en que la consigna es “saquen sus rosarios de nuestros ovarios”, se alcance un consenso de dos tercios de la Convención (si seguimos una de las teorías que circula hoy, que no tiene pocos adherentes y es la favorita de la izquierda, según la cual aquellos asuntos en que no se alcance dicho quórum no quedarían en el texto constitucional, debiendo establecerse por ley simple). Es altamente probable que se materialice el riesgo de que la protección del que está por nacer —dique normativo para contener la ola de feminismo radical que quiere imponer el aborto libre— sea borrada de un plumazo… con lo cual los no nacidos perderían la protección que tienen hoy y el aborto libre estaría a sólo un paso. No hay que ser muy brillante para darse cuenta de que la materialización de dicho riesgo es probable: basta con mirar las paredes rayadas en el centro de Santiago (quizás especialmente dentro de las iglesias quemadas), con oír el tono de los diputados y senadores de centro izquierda cuando tocan el tema (y no digamos los de izquierda dura), con leer las posturas de la doctrina… A todo esto se suman las posturas políticas de los organismos internacionales de derechos humanos —reyes de la interpretación por vuelta de carnero triple, que donde dice atención médica en temas de planificación familiar leen sin asco aborto libre—, a quienes nuestros políticos, jueces y profesores de Derecho servilmente rinden pleitesía por temor de no “adecuarse a los estándares internacionales”.

Para el sector provida, en consecuencia, este no debería ser un tema más a considerar, sino que su relevancia debería ser decisiva: para quienes creemos que el aborto directo es un homicidio (ojo: eso no significa que sea siempre culpable, ni mucho menos), la protección constitucional del derecho a la vida debe estar en el centro del discernimiento y la decisión de este domingo. De lo contrario, nos aprobarán el aborto libre por secretaría.

A continuación les dejamos una Carta al Director escrita por nuestros integrantes del equipo ejecutivo, Roberto Astaburuaga y Vicente Hargous. La carta fue publicada por El Líbero este viernes 23 de Octubre.

Señor Director:

El incendio de las iglesias que (no) nos sorprendió el día domingo, hizo retroceder el tiempo a octubre del año pasado, en donde la quema de iglesias católicas se convirtió en un objetivo frecuente en el contexto de violencia y agresividad por todos conocido. El triste espectáculo de las iglesias de la Asunción y de San Francisco de Borja, consumidas por las llamas, son el reflejo del estado de uno de los derechos fundamentales que constituyen el cimiento de la sociedad: la libertad religiosa. La creencia en Dios no puede quedar relegada al ámbito de la propia conciencia ni sólo en lugares privados. Es justo y necesario que los católicos puedan acudir en paz a rezar a las iglesias, sin sentirse atemorizados.

«El domingo no hubo ningún tipo de protección ni resguardo de las iglesias. …) el Gobierno estimó que no debía considerarse a los templos católicos como infraestructura crítica, ni que se ordenara a Carabineros protegerlas de actos vandálicos. Tal tarea era fácilmente previsible y durante un año pudieron haberse tomado las medidas necesarias para evitar estos actos que sin tapujos podemos calificar de terroristas.»

El domingo no hubo ningún tipo de protección ni resguardo de las iglesias. Sin tomar en cuenta la fe de la mayoría de los chilenos (recordemos que el 76% de los chilenos no tiene dudas de la existencia de Dios, según la encuesta Bicentenario Adimark UC 2019) y su libertad de cultos, el Gobierno estimó que no debía considerarse a los templos católicos como infraestructura crítica, ni que se ordenara a Carabineros protegerlas de actos vandálicos. Tal tarea era fácilmente previsible y durante un año pudieron haberse tomado las medidas necesarias para evitar estos actos que sin tapujos podemos calificar de terroristas. Esto parece suficiente para que se configure responsabilidad internacional del Estado por omisión, al permitir que ciertos particulares atenten gravemente contra los derechos fundamentales de los católicos.

Les dejamos a continuación una columna publicada por La Tercera este jueves 22 de octubre de nuestro Director Ejecutivo, Álvaro Ferrer. Una reflexión clara sobre el llamado matrimonio igualitario, a raíz de la reactivación de la discusión en el Senado.

El viernes pasado, la Comisión de Constitución del Senado volvió a discutir en particular el proyecto de ley del mal llamado “matrimonio” entre personas del mismo sexo. Mostrando su voluntad de conocer distintas miradas para enriquecer el debate racional y la discusión pública, recibió solo a la Fundación Iguales y al Movilh. El gobierno, por su parte, anunció que “es una materia en la que aún no toma posición” (eufemismo propio del tecnócrata que observará la bolsa de “valores” para vender sus convicciones cuando suba el precio de mantenerlas).

Siendo ésta una discusión que interesa y promueven pequeñas élites, adolece de la debilidad propia del ensimismamiento burgués, ese que reemplaza las razones por meras consignas o eslóganes (como el caballito de batalla “amor es amor”, razonamiento circular que pretende probarlo todo sin decir absolutamente nada); ese que golpea la mesa profiriendo anatemas con ciertos tintes totalitarios condenando como fóbico hereje al que ose disentir o discrepar de la ortodoxia progresista y su avance inexorable.

Convendría dejar de lado esta pseudo religión y sentarnos a discutir seriamente. Esta no debiese ser una discusión sobre con quién es o no legítimo casarse. Es sobre lo que las cosas son y el porqué de ciertas instituciones; en particular, qué es el matrimonio y para qué existe. Sin abordar esta cuestión sustantiva, la afirmación sobre una supuesta “deuda” con las parejas del mismo sexo no es más que una petición de principio, un salto de fe.

Escaseando el sentido común habrá que cometer una herejía para afirmar lo que es evidente: el matrimonio es la institución naturalmente ordenada a la procreación, en la que un hombre y una mujer, por su natural e integral complementariedad, se donan de modo recíproco e indisoluble. Esta realidad –anterior al Estado, a cualquier ley positiva y a toda “solución amistosa” (eufemismo equivalente a transacción insalvablemente nula)–, es el fundamento natural de la familia y, por ello, merece reconocimiento y protección preferente en orden al bien común. Y siendo la complementariedad sexual condición que habilita la consecución del fin propio de la misma institución, luego las uniones entre personas del mismo sexo –que no son infértiles sino de suyo impotentes para la procreación– jamás serán matrimonio, ni aún si la ilusión positivista así las llamare pues incluso en el Derecho las cosas son lo que son y no lo que se dice que son.

Obviamente la cuestión no se reduce a pura semántica. Es ideológica. El lenguaje no es inocuo y el pontificado del arcoiris –de la mano de Nietzsche– disputa la hegemonía en este terreno: “para desembarazarse (vaya hermandad con la impotencia procreativa…) de la realidad –y de Dios– hay que renunciar a la gramática”. Sabe perfectamente que el lenguaje es signo significativo de la realidad y que introducir equivocidad en los conceptos-signos fundamentales es requisito para moldear la realidad y la cultura al antojo de la voluntad. Si todo cabe dentro de “libertad”, “amor”, “familia” es porque entre la palabra y la realidad se ha instalado un abismo infranqueable que no soporta ni la más laxa de las analogías (curiosamente no ocurre así con “discriminar” que unívocamente significa pensar distinto a lo que decrete el Index progresista). Significar cualquier cosa es ser cualquier cosa. O sea, nada. Este imposible metafísico es funcional al voluntarismo maquiavélico. Como diría Pieper, así opera la adulación del sofista que no pretende comunicar sino manipular. Si el matrimonio equivale al “no matrimonio” entonces el matrimonio y su importancia se reducen a nada. Y desde allí sigue el derrotero: los hijos, fruto natural del don matrimonial, son cosificados inevitable y “progresistamente” (perdón, progresivamente): no son procreados sino producidos, despojados del derecho natural a tener un padre y una madre, reducidos a objetos del “derecho a fundar una familia”.

Es por esto que la discusión que avanza en el Senado es hipócrita: se invertirán horas, papel y tinta para llamar matrimonio a lo que no es ni nunca lo será, digan lo que digan; se invocará el mantra de la discriminación para eludir la cuestión central del debate; se apelará a la importancia social y jurídica del matrimonio para “igualarlo” reduciéndolo a nada; se usarán los niños como moneda de cambio para legitimar una agenda de adultos; y todo –no podía ser de otro modo– será “por amor” (porque el amor es el amor, obviamente).

El panorama –hay que reconocerlo– no se ve fácil. En esta revuelta vociferante e irracional serán acallados y excluidos quienes intenten defender las evidencias de sentido común. La profecía se escribió en 1905: “La gran marcha de la destrucción mental proseguirá. Todo será negado. Todo se convertirá en credo. Es una postura razonable negar los adoquines de la calle; será dogma religioso afirmar su existencia. Es una tesis racional que todos pertenecemos a un sueño; será sensatez mística asegurar que estamos todos despiertos. Se encenderán fuegos para testificar que dos y dos son cuatro. Se blandirán espadas para demostrar que las hojas son verdes en verano. Permaneceremos en la defensa, no sólo de las increíbles virtudes y de la sensatez de la vida humana, sino de algo más increíble aún, de este inmenso e imposible universo que nos mira a la cara. Lucharemos por sus prodigios visibles como si fueran invisibles. Observaremos la imposible hierba, los imposibles cielos, con un raro coraje. Seremos de los que han visto y, sin embargo, han creído” (G. K. Chesterton, Herejes). Poco importa. Contra corriente –duc in altum– defenderemos el imposible matrimonio apostatando de esta “religión de la esfera”, abrazando la sensatez de la vida humana que nos mira a la cara.

Les dejamos a continuación la columna publicada este martes 20 de octubre por El Líbero, del miembro de nuestro directorio, Cristóbal Aguilera

En una nota publicada en La Tercera se informa un posible giro del gobierno respecto del proyecto de matrimonio homosexual. Hasta ahora, el argumento que se había esgrimido desde La Moneda era que esta iniciativa no formaba parte del programa de gobierno. Ahora, sin embargo, el vocero Bellolio declaró que «es una materia sobre la cual el gobierno aún no toma una posición», dando a entender que el gobierno podría respaldarlo. Si esto ocurriera, la verdad, no deberíamos sorprendernos.

A la hora de enfrentar este tipo de temas, Sebastián Piñera ha dejado en claro durante toda su carrera política su permanente ambigüedad. Es más, basta revisar someramente cuáles han sido sus decisiones para comprobar sus posturas abiertamente progresistas, en muchos casos contrariando sus propias declaraciones previas sobre los mismos asuntos. Después de todo, fue Piñera el que impulsó y promulgó la ley antidiscriminación, quien presentó el proyecto de Acuerdo de Unión Civil, el que incluso promovió el uso y la distribución de la píldora del día después a sabiendas de su potencial efecto abortivo. Fue Piñera el que, al asumir por segunda vez el gobierno, respaldó y promulgó el proyecto de identidad de género –incluyendo a los niños–, y el que decretó –contra el ideario de su sector– que las instituciones de salud de inspiración cristiana que hubieran celebrado convenios con el Estado estaban obligadas a realizar abortos (lo que, tiempo después, acertada y afortunadamente el Tribunal Constitucional declaró contrario a la Constitución). Piñera es también el Presidente de un gobierno que, a pesar de declararse abiertamente contrario al aborto durante la campaña electoral, no ha hecho absolutamente nada ni por apoyar a las mujeres con embarazos vulnerables, ni para intentar frenar esto que él mismo cataloga como un homicidio contra niños inocentes. En vez de eso, abrió la puerta para la crioconservación y el descongelamiento de embriones.

Todas esas acciones y omisiones de Piñera han tenido lugar a vista y paciencia de una derecha conservadora –o como quiera llamársele–, que le ha aguantado demasiadas cosas al Presidente. Cosas que son fundamentales, sin las cuales es imposible pensar un verdadero desarrollo. Habrá que preguntarse si aún existe un ala conservadora en este sentido. En efecto, con el pasar del tiempo gran parte de este sector se ha ido sumando a la moda de creer que las cuestiones «valóricas» son temas meramente «de conciencia» (por ejemplo, en 2014 el presidente de la UDI declaró que «el matrimonio homosexual no es un tema de principios»). Cuestiones importantes (tal vez), pero no decisivas. Una derecha que, en el fondo, piensa que el país de todos modos puede andar bien, puede «progresar», a pesar de que la noción legal de matrimonio se haya desintegrado o que el aborto se haya normalizado.

“Habrá que preguntarse si aún existe [en la derecha] un ala conservadora (…). En efecto, con el pasar del tiempo gran parte de este sector se ha ido sumando a la moda de creer que las cuestiones «valóricas» son temas meramente «de conciencia» (…). Cuestiones importantes (tal vez), pero no decisivas.»

El futuro, en todo caso, no parece muy alentador. Todo indica que buena parte de la derecha que emergerá luego de que se resuelva el problema constitucional no tendrá una postura clara sobre estas cuestiones fundamentales o, si llegara a tenerla, será derechamente progresista. No hay que olvidar que el candidato casi indiscutido de la derecha (el de los matinales) es igualmente ambiguo (o más). Así las cosas, los políticos de derecha que sí creen que estos temas son decisivos para el destino de nuestro país, como algunos senadores y diputados, algunos ministros y subsecretarios, deberían pensar seriamente qué hacer. Quizás ya sea tiempo de que se produzca un quiebre en la derecha, y que se abandone definitivamente la lógica del «mal menor» (cuya ineficacia se ha comprobado hasta el cansancio). Se trata de la lógica que llevó a muchos a depositar cierta confianza en Piñera (y que ahora lleva a otros a pensar en apoyar a Lavín); confianza que el Presidente ha defraudado cada vez que ha tenido la oportunidad de hacerlo.

Esto no siempre fue así. La derecha que hizo política desde la oposición al segundo gobierno de Michelle Bachelet fue diferente en este sentido. Enfrentó de modo casi unánime el aborto y el proyecto de identidad de género. Se opuso muy fuertemente a las iniciativas que atentaban contra la libertad de enseñanza y que deterioraban la sociedad civil. Fue una derecha que se preocupó, en alguna medida, de las convicciones y de los principios. Se escribieron libros y manifiestos al respecto. ¿Qué hizo que todo esto de pronto se esfumara? Todo indica que Piñera silenció estos esfuerzos una vez que llegó a la presidencia. Los acalló, pues su gobierno es un gobierno que carece, precisamente, de convicciones. Si por un momento –breve, pero importante– lo que pareció unir a la derecha fueron los principios, todo esto fue olvidado, porque con Piñera al mando lo que verdaderamente une es el poder.

Es difícil pensar en un gobierno tan carente de convicciones como el actual. Un gobierno cuyo líder nunca llegó a comprender lo que significa gobernar un país, ni lo que significa ejercer la autoridad. Que se rindió frente al clamor de las encuestas, y que olvidó a poco andar todas las promesas para con sus electores. Irónicamente, desde que Piñera asumió su mandato, muchos entusiastas decían que la derecha debería preocuparse desde ya de la próxima elección presidencial: les parecía que para que Chile tuviera «tiempos mejores» no bastaba un solo período. La pregunta que, sin embargo, nadie lograba responder –ya se ven las razones–, era para qué diablos querían gobernar.

El silencio frente a esa pregunta fundamental debió hacernos ver lo que hoy a muchos nos parece obvio: es preferible una derecha con convicciones en la oposición, que una derecha sin ningún norte en el poder. Lo segundo es lo que hemos sufrido desde marzo de 2018. A fin de cuentas, en muchos aspectos de máxima relevancia, el gobierno de Piñera ha terminado por ser un mero administrador de las políticas e iniciativas que dejó sembradas la expresidenta Bachelet. Si finalmente llegara a promover el proyecto de matrimonio homosexual, solo se confirmaría esta tendencia. Cada día puede ser peor.

A continuación les dejamos una Carta al Director de nuestros Director Ejecutivo, Álvaro Ferrer, en conjunto con Emiliano García de la Fundación Jaime Guzmán y Bastián Gajardo de la ONG Ciudadano Austral. La carta fue publicada por La Segunda este viernes 16 de octubre.

Fue citada la Comisión de Constitución para retomar ayer viernes el estudio del proyecto de matrimonio homosexual. Resulta sorprendente que en estos tiempos, habida consideración del plebiscito que se acerca, la pandemia, la crisis económica que se avecina y las tensiones políticas en que nos hallamos, ciertos sectores consideren prioritario o urgente legislar sobre ‘matrimonio’ homosexual.

Ahora bien, lo que resulta más impresionante es el discurso que se articula en torno a esta iniciativa, que se impone desde una retórica de los derechos que excluye opiniones distintas, contra la opinión de tribunales internacionales (sobre todo del sistema europeo de DDHH). Esta exclusión de opiniones distintas se ve con claridad, por ejemplo, en el hecho de que la citación aludida solamente incluya a organizaciones que están a favor de su aprobación.

Abundan discursos sobre quién tendría derecho al matrimonio, pero frente a la pregunta por la naturaleza del matrimonio y el fin de esta institución nada se dice. La discusión acerca de la familia y el fin de las normas que regulan y protegen el matrimonio se eluden olímpicamente. El matrimonio y su protección legal solamente tienen sentido en la medida en que aquel se conciba como una sociedad orientada naturalmente a la procreación. De allí se sigue que sea deseable protegerla y promoverla, así como también el que sea el núcleo fundamental de la sociedad.

De cara al debate constitucional y legal a que nos enfrentamos, ojalá la discusión se centre en estos puntos esenciales y ella decante en una protección a la familia y al matrimonio natural.

Bastián Gajardo López

Ciudadano Austral

Emiliano García Bobadilla

Fundación Jaime Guzmán

Álvaro Ferrer Del Valle

Comunidad y Justicia

En esta columna, publicada por El Mercurio el pasado jueves 14 de Octubre, el profesor Corral analiza la implementación de la llamada Ley IVE y propone cómo lidiar con ella.

El 23 de septiembre se cumplieron tres años desde la entrada en vigor de la Ley 21.030, que despenalizó el aborto en tres causales. Aunque los pronósticos sobre la cantidad de mujeres que requerirían el procedimiento están lejos de haberse cumplido, más de mil vidas de individuos humanos fueron segadas en el vientre materno. Según el Ministerio de Salud, en los dos primeros años (2017-2019) hubo un total de 1.117 IVE (Interrupción Voluntaria del Embarazo), mientras que entre enero y junio de 2020 se practicaron 228, o sea, en tres años la ley ha implicado la muerte de más de 1.300 no nacidos. Y a estas víctimas deben añadirse las madres que, ante la falta de apoyo del padre y un sistema machista que, con la excusa de la autonomía reproductiva, las abandona, consintieron que un médico diera muerte a su propio hijo, infiriéndose una herida que quedará gravada a fuego por el resto de sus días.

Pero esto no lo ve el feminismo radical, como tampoco que al menos la mitad de los no nacidos son mujeres que no podrán llegar a gozar de la equidad de género que se reclama para las mujeres ya nacidas.

Es más, en una nota de La Tercera se da cuenta de que por la pandemia los abortos habrían disminuido en comparación con el primer semestre del año anterior. Los expertos entrevistados, en lugar de alegrarse por que haya una disminución de pérdida de vidas, se muestran preocupados y llaman a facilitar el acceso a estos procedimientos.

Lo más decepcionante es que el masivo y versátil movimiento a favor de la vida que se generó para impedir la aprobación de la ley, una vez que esta fue publicada, se desvaneció. Esto ratifica que los sectores que defienden los valores humanos son más legalistas que los de la izquierda progresista; y que cuando pierden la batalla contra una ley inicua y esta sale publicada en el Diario Oficial piensan que ya no hay nada que hacer y asumen que es inamovible.

En esto debiéramos aprender del “iusnaturalismo” de los sectores de izquierda: si les parece que algo es justo luchan tenazmente, aunque se apruebe una ley en contra, y no descansan hasta derogarla o restringir su alcance. Y si la ley aprueba su causa parcialmente, siguen insistiendo para que se extienda. No extraña así que los únicos proyectos de ley presentados después de la Ley 21.030 tengan por objeto facilitar la “interrupción del embarazo”. En cambio, ninguno se ha presentado para derogar esa ley, restringir su eficacia o añadir más exigencias. Las más de 1.300 muertes prenatales, que implican más de 1.300 mujeres que cargarán con el trauma del aborto, son consideradas un frío número estadístico: víctimas olvidadas que nadie quiere ver.

Ni siquiera ha habido alguna evaluación objetiva sobre cómo se están aplicando las causales, sobre todo las de patología congénita y violación. Invocando esta última, en tres años se han hecho más de 200 abortos y no se sabe de denuncias o querellas ni condenas contra el agresor. El violador queda impune mientras se aplica una pena de muerte a la criatura inocente. El abortado podría decir, parafraseando a Segismundo en “La vida es sueño”, que su único delito fue ser concebido.

La Contraloría, así como ha comenzado a fiscalizar a los altos mandos de Carabineros, debiera auditar cómo se está aplicando la ley y verificar si las causales esgrimidas son reales. Porque si no se cumplen los requisitos exigidos no rige la despenalización y habrá aborto punible.

La sociedad civil debe volver a organizarse para defender de manera creativa y sin agresividad la vida y dignidad de todo ser humano. Se dará así una base de apoyo a los parlamentarios y ministros del Gobierno para que se animen a presentar, a lo menos, proyectos de ley que ayuden a las mujeres con embarazos difíciles, que les permitan evitar la lacerante decisión de abortar.

Ese movimiento debiera servir también para que en la discusión constitucional que se avecina —sea que gane el Apruebo o el Rechazo—, se establezca en la Constitución una más clara y categórica defensa del derecho a la vida desde la concepción hasta la muerte natural. ¿O es que los derechos sociales universales de los que tanto se habla serán solo para los y las que hayan logrado nacer?

El avance del proyecto de ley que modifica la ley contra la discriminación (la llamada ‘ley Zamudio’) constituye un botón de muestra de cómo la izquierda se está polarizando, tendiendo a modelos claramente totalitarios; así ocurre también, a su manera, con el proyecto de ley de negacionismo.

A algunos no nos sorprende el doble estándar de ciertas izquierdas duras. Izquierdas que cuando miran a un lado se llenan la boca con discursos pomposos y petulantes sobre el valor de la democracia, el respeto irrestricto por los derechos humanos y, sobre todo, la diversidad, pero que mirando al otro lado son censuradores e intolerantes con visiones distintas, sin mencionar que callen cuando las violaciones a los derechos humanos las cometen quienes suscriben sus doctrinas. Lo que sorprende, sin embargo, es que parlamentarios de izquierdas (supuestamente) moderadas se presten para juegos como este.

El avance del proyecto de ley que modifica la ley contra la discriminación (la llamada ‘ley Zamudio’) constituye un botón de muestra de cómo la izquierda se está polarizando, tendiendo a modelos claramente totalitarios; así ocurre también, a su manera, con el proyecto de ley de negacionismo (a pesar de haberse pulido bastante con la última votación de la Cámara). Muchos podrán tratar de justificar lo injustificable —con un tremendo tinglado armado en servil obediencia a las directrices de organismos internacionales de derechos humanos— pero seguirá siendo evidente el nivel de desproporción e injusticia de tales proyectos. Quizás esto se haga más claro cuando lluevan las multas a las empresas por sus procesos de contratación ‘discriminatorios’ (es decir, que razonablemente tomen en consideración las competencias de los interesados, y no su condición de pertenencia a una ‘categoría sospechosa’), o a algún creyente por ‘discriminar’ al leer respetuosamente en voz alta cierto pasaje de la primera carta de san Pablo a los Corintios (6, 9-10), o cuando ciertos psicólogos queden en la calle por la prohibición de ciertas terapias, o cuando la Paty Maldonado sea imputada por delito de negacionismo al afirmar que es pinochetista (probablemente yo piense distinto de ella, pero ¿a quién en su sano juicio le podría parecer sensata una medida así?).

Algunos creerán que esto es una exageración… ¡ojalá lo fuera! Los países que los promotores de estos proyectos usan como ejemplos constituyen muestras de la injusticia aberrante a que se puede llegar en estos temas (España, Bélgica, Suecia, Francia, entre otros países europeos). Hay casos de condenas a historiadores que han negado el Holocausto, pero sobre todo hay muchos ejemplos en que han caído las penas del infierno sobre pastores o sacerdotes y académicos que se han opuesto a los demás dogmas de lo políticamente correcto.

Democracia, pero solamente para un lado; diversidad, pero sólo para decidir con quién acostarse; derechos humanos, pero solamente entre 1973 y 1990 en Chile. El totalitarismo y la censura de estas iniciativas impiden sanar nuestras heridas como chilenos, callarán a muchos que no se atreverán a decir verdades de las que están convencidos y hará que muchos valientes entre la espada y la pared estén dispuestos a pagar el precio del martirio civil por decir lo que piensan.

Lo más grave, con todo, no es que se callen ciertas opiniones, que se atente contra la libertad de emitir opinión e informar, ni siquiera que se atente contra otros derechos, como la libertad religiosa o la libertad de enseñanza… Lo más grave es que, si seguimos así, el odio que se consume a sí mismo será cada vez más insaciable, que la misma luz de la verdad será oscurecida y que la censura llevará a la libertad de muchos a perder definitivamente su orientación hacia el bien.

En esta breve entrevista realizada por Ignacio Suazo, nuestra asesora legislativa, Daniela Constantino, nos cuenta sobre cómo llegó a nuestra Corporación y algunos detalles del trabajo que realiza el área legislativa. No te la pierdas.

I: Comenzamos por lo fundamental ¿Quién es Daniela? Cuéntanos de ti.

D: Soy una gran apasionada de las Ciencias Jurídicas, la Política y los Derechos Humanos. Soy mexicana tengo 25 años. Me considero una persona alegre, simpática y empática. Me gusta mucho leer e interactuar con las personas.

I: Y ya que te gusta leer ¿algún libro que te haya marcado?

D: “Deseo y amor” de Alejandro Llano ¡Me encanta!

I: ¿Y cómo llega una mexicana a trabajar en Comunidad y Justicia?

D: A través de una pasantía que hice con ADF: Alliance Defending Freedom, en el año 2018. A raíz de esta pasantía, establecí buenos lazos con el equipo ejecutivo de Comunidad y Justicia de ese momento. Un par de meses después, el entonces Director Ejecutivo de la Corporación me llamó para ofrecerme el puesto del asesora legislativa. En ese momento estaba trabajando como gerente jurídico del área de apuestas internacionales de Televisa. La causa me motivó, así que dije que sí.

I: ¿Y qué te ha parecido Chile?

D: Me encanta Chile, su gente, su comida. Me encanta el choripán y las empanadas. En general ha sido padrísimo, es que es precioso. Una vez, en un hostal en el extranjero, leí en un letrero que decía que Chile era la Suiza de Sudamérica. Cuando fui al sur, me di cuenta que era así, con sus increíbles paisajes. Creo entonces que es cierto, con la diferencia de que acá la gente es mas divertida.

I: No sólo te tocó un país nuevo, sino que trabajar en un contexto que nos desconcertó a todos. ¿Cómo ha sido la vida en cuarentena?

R: Ha sido super entretenido, porque he descubierto nuevas pasiones, como cocinar. He tenido mas tiempo para leer cosas pendientes, he podido convivir con las personas mas cercanas aquí en Chile. He tenido también más tiempo para hablar con mi mamá y he podido pensar sobre la vida y reflexionar muchas cosas sobre mi.

I: ¿Que te ha gustado de Comunidad y Justicia?

R: Lo que mas me ha gustado es la gente que trabaja ahí. Es un ambiente muy cálido, de mucha amistad, de mucho Amor. Así con “A” Mayúscula, porque es “Amor” en directa relación con Dios.

I: Tú te desempeñas como Asesora Legislativa ¿Qué significa eso en la práctica?

D: Significa asesorar a parlamentarios en materia de DDHH desde la Doctrina Social de la Iglesia Católica. Eso consiste en estar monitoreando determinados proyectos de ley, ver como se van desenvolviendo, sus procesos. Y, conforme a lo que se vaya sucediendo, tener distintas minutas para asesores, senadores y diputados. También implica exponer en comisiones (o en su defecto, lograr que expongan personas que puedan dar cuenta de ciertos argumentos), trabajar con otras organizaciones, etc. Por sobre todo, es muy importante no perder vista de para quién se trabaja.

I: ¿Algún desafío laboral que te entusiasme especialmente?

D: Mi desafío más grande en lo personal es seguir profundizando en el sistema jurídico chileno, que no conocía antes de llegar. Hay aspectos parecidos, pero otros muy distintos en relación al mexicano. Eso exige mucho estudio, pero he aprendido mucho.

A continuación les dejamos una breve nota, redactada por Ignacio Suazo, contándoles de los últimos avances de tres proyectos de ley, con serias repercusiones para la familia y la infancia.

Al comenzar el mes de septiembre, el primer tema que apareció fue el veto presidencial al Proyecto de Reforma al SENAME, que fue votado en la Cámara de Diputados el miércoles 2 del mismo mes. Las expectativas eran bajas, pues aunque necesitaba de un quorum muy alto para ser rechazado, la Oposición –con mayoría en la Cámara– parecía alineada en contra de este proyecto. Para alegría de muchos (incluyendo la nuestra), no se alcanzó el quorum, de modo que el veto pasó al Senado. Ahí tendrá una batalla aún más ardua, pues un conteo rápido apunta a que sí estarían los votos para rechazar esta iniciativa presidencial. Probablemente para la próxima edición tengamos novedades al respecto.

Otro punto importante de septiembre fue el Proyecto de Ley de Educación Sexual Integral (ESI), un proyecto sobre el que fuimos invitados a exponer en varios espacios durante el pasado mes. Sólo por mencionar dos de estas intervenciones, Álvaro Ferrer tuvo la oportunidad de exponer ante la Fundación Protectora de la Infancia y Daniela Constantino participó de un conversatorio organizado por el Proyecto Vencer.

Respecto a la evolución del proyecto, este fue despachado de la Comisión a comienzos del mes. La iniciativa sigue siendo perjudicial para el Bien Común, pues atenta contra la libertad de enseñanza, el derecho y deber preferente de educar a los hijos, la libertad de conciencia y de culto, todo ello por tener un incorrecto trasfondo antropológico. Sin embargo, nuestro equipo legislativo colaboró en conseguir un importante logro: que los artículos más importantes del proyecto se voten con quorum de ley orgánica constitucional y no como ley simple. Es decir, esos artículos necesitarán ⅔ de los votos y no mayoría simple, con la cual será más probable que estos artículos sean rechazados.

Finalmente, no podemos dejar de mencionar el Proyecto de Garantías de la Niñez, que hace poco fue despachado de la Comisión de Infancia del Senado. Desde un punto de vista antropológico, el proyecto continúa siendo muy negativo, pese a todas las mejoras que se le han hecho, por lo cual seguiremos atentamente su discusión en las etapas posteriores. El proyecto es en la actualidad una orientación mínima sobre los derechos en la infancia. El problema es la impronta de fondo: ver al niño como un sujeto autónomo, con un espacio asegurado por el Estado para tomar sus propias decisiones y no como un ser racional llamado a la plenitud a través del ejercicio de la virtud –, y ver a sus padres como barreras o limitantes para su desarrollo pleno, espiritual y material.

Dado que el Proyecto incluye presupuesto, su siguiente destino es la Comisión de Hacienda del Senado. Pero considerando que comenzó la tramitación del presupuesto del próximo año, es probable que no empiece a verse sino hasta noviembre. Y de ahí, como ha sido la tónica de esta iniciativa parlamentaria, podemos esperar una larga discusión.

En esta nota preparada por nuestro encargado de comunicaciones, Ignacio Suazo, te contamos sobre las principales novedades del Proyecto de Ley de Negacionismo durante el mes de septiembre.

El proyecto de ley de incitación a la violencia, al salir de la Comisión de DDHH, comprendía la consagración de tres nuevos delitos: la incitación a la violencia, la incitación al odio y el ‘negacionismo’ histórico. La principal impulsora del mismo, con todas estas aristas, fue la diputada Carmen Hertz (PC). Luego de votarse, el resultado fue un proyecto muy distinto. Influyó el cambio de horario de la votación, sin duda. En efecto, la votación de la Sala de la Cámara de Diputados estaba programada para la mañana. Sin embargo, debido a una falla técnica del sistema de votación telemático, esta no pudo llevarse a cabo y tuvo que realizarse al final de la tarde. Es así como, debido a ciertas ausencias, los artículos más preocupantes no alcanzaron el quorum requerido para ser aprobados. Algunos lo llamaran coincidencia. A nuestros juicio, fue algo Providencial.

Pero ¿en qué consiste este Proyecto de Ley? En síntesis el proyecto proponía castigar, con penas de cárcel y multa, a quienes “públicamente o a través de cualquier medio apto para su difusión pública” realizaran discursos que pudiesen considerarse como incitación al odio, o bien que incitaren a la violencia física, o que negaren la existencia histórica de, en palabras del proyecto, las «violaciones a los derechos humanos cometidas por agentes del Estado durante la dictadura cívico militar ocurrida en Chile entre el 11 de septiembre de 1973 y el 10 de marzo de 1990» consignadas en diversos informes del Estado.

En particular resultaba preocupante la figura de incitación al odio, pues ella habría permitido denunciar ante tribunales cualquier manifestación pública que fuera en contra de las pautas progresistas en materia de sexualidad y «género». Por de pronto, una declaración clara sobre el carácter desordenado de las conductas homosexuales podría haber ser sido considerada como “discurso de odio” y susceptible de ser penada por ley. La figura de “incitación a la violencia” implicaba riesgos similares, aunque claramente disminuidos. Afortunadamente, ambas figuras no se aprobaron en la Sala de la Cámara, por lo cual el proyecto, tal como está ahora, solo contempla el castigo al ‘negacionismo’.

«Afortunadamente, esos riesgos no llegaron a materializarse, pues ambas figuras [incitación al odio e incitación a la violencia] no se aprobaron en la Sala de la Cámara, por lo cual el proyecto, tal como está ahora, solo contempla el castigo al ‘negacionismo’.»

Cabe decir que este último punto también aborda el asunto de forma incorrecta. Fijar por ley una verdad histórica no tiene sentido, considerando que la ley es de naturaleza prescriptiva: habla de las cosas que deben hacerse para que exista orden, paz y justicia. Por el contrario, esta ley haría ‘obligatorio’ un contenido descriptivo: impone un juicio histórico frente a ciertos hechos, suplantando la función de la academia, que es el espacio adecuado para investigar estas cuestiones.

El proyecto ha generado, además, un gran rechazo en el mundo intelectual. En ese sentido, no es menor que figuras como Carlos Peña, o el Director de Human Right Watch para las Américas, José Miguel Vivanco, hayan condenado tajantemente este proyecto.

El Proyecto de Negacionismo deberá pasar ahora al Senado, pero después de este rechazo mediático y considerando que carece de urgencia legislativa del Presidente de la República, existe una mayor probabilidad de que, de avanzar, su tramitación sea excesivamente lenta o quizás incluso no llegue nunca a ser ley. Esperamos que así sea.