Roberto Astaburuaga advierte sobre los riesgos de la hormonización aplicada por el Minsal en Radio Agricultura
En una entrevista en el espacio “Llegó la Hora”, nuestro asesor legislativo presentó los últimos avances de la comisión investigadora del Programa de Acompañamiento a la Identidad de Género (PAIG), destacando las graves irregularidades en la hormonización de menores y la creciente judicialización de padres que se oponen a estas medidas.
El pasado viernes 13 de septiembre, nuestro asesor legislativo, Roberto Astaburuaga, participó en el espacio “Llegó la Hora” de Radio Agricultura. Allí habló sobre las actualizaciones más recientes de la comisión investigadora de la Cámara de Diputados que estudia la aplicación del Programa de Acompañamiento a la Identidad de Género (PAIG) del Ministerio de Salud. Este ha permitido la hormonización de menores de edad y la vulneración de los derechos de los padres, quienes están siendo judicializados por oponerse a estas medidas.
Durante la entrevista, Roberto Astaburuaga destacó el avance de la comisión investigadora, que ya ha realizado cinco sesiones y ha citado a diversas autoridades, incluyendo a la ministra de Salud y al Director del Instituto de Salud Pública (ISP). La investigación ha revelado datos alarmantes sobre el Programa de Acompañamiento a la Identidad de Género (PAIG), implementado en 37 hospitales del país desde abril de 2023.
“No importa el consentimiento de los padres para autorizar. Es decir, que al padre se le informa, no es que se le pida autorización para ingresar al programa”.
Roberto Astaburuaga
Según los hallazgos de la comisión, varios menores han sido sometidos a tratamientos hormonales desde los nueve años sin el consentimiento explícito de sus padres, a pesar de que el ISP no ha autorizado el uso de estos medicamentos en menores de edad. “Estamos viendo cómo los padres están siendo judicializados por resistirse a estas decisiones, lo que constituye una clara violación de sus derechos fundamentales,” afirmó nuestro abogado.
Roberto Astaburuaga, también, mencionó el impacto del informe Cass, un estudio británico que pone en duda la eficacia de la hormonización en menores y advierte sobre los efectos irreversibles de estos tratamientos. “El informe Cass es un claro indicativo de que no hay evidencia científica sólida que respalde la hormonización de menores como una solución beneficiosa. Esto nos obliga a reconsiderar de inmediato la forma en que se está aplicando el PAIG”, añadió.
Roberto Astaburuaga: “Los embriones guardados en un freezer”
Hace pocos meses, un fallo de la Corte Suprema de Alabama señaló que los no nacidos son niños, independiente de su etapa de desarrollo, ubicación física u otra característica, pero recibió críticas por desafiar la comprensión convencional de la relación jurídica con los embriones congelados y la forma de equilibrar los derechos de los progenitores con los “supuestos” derechos de los embriones, ya que esto traería complicaciones los tratamientos de fecundación asistida y a quienes tienen embriones criopreservados. Prueba de lo anterior es que clínicas de Alabama han detenido los tratamientos de FIV, para no sufrir consecuencias penales o civiles.
Conviene tener a la vista que la Convención sobre los Derechos del Niño establece desde cuando se es niño en su art. 1º “se entiende por niño todo ser humano menor de dieciocho años de edad”, que, leído en conjunto con el párrafo 10º del preámbulo –“el niño (…) necesita protección y cuidado especiales (…) tanto antes como después del nacimiento”, permiten sostener que tal categoría aplica desde antes del nacimiento. La cuestión lleva, entonces, a revisar si es que el que está por nacer es un ser humano. Si lo es, entonces, es un niño.
La RAE define humano como “Dicho de un ser: que tiene naturaleza de hombre (ser racional).”, y define naturaleza como “principio generador del desarrollo armónico y la plenitud de cada ser, en cuanto tal ser, siguiendo su propia e independiente evolución”. La ciencia ha demostrado que, desde la fecundación, comienza un proceso ordenado e irreversible del ser en gestación, que avanza por las distintas etapas del desarrollo embrionario y en las posteriores al nacimiento. Así las cosas, el embrión es un ser.
Luego, la RAE define hombre como “ser animado racional, varón o mujer”, es decir, “dotado de alma” y “dotado de razón”. Alma se define como “Principio que da forma y organiza el dinamismo vegetativo, sensitivo e intelectual de la vida.”, característica que cumple el embrión, como vimos al revisar la definición de naturaleza, y en cuanto a la razón, goza de ella, aunque no la ejerza hasta que tenga un desarrollo material y psicológico que le permita manifestarla, pues, de lo contrario, no cabría considerar a los recién nacidos e infantes como seres racionales, y por tanto, como personas. Por tanto, si el embrión cumple con los dos elementos de la definición de hombre (alma y racionalidad) y cumple con la definición de naturaleza, se concluye que es un ser, un ser humano.
Y si es un ser humano, conforme a la Convención sobre Derechos del Niño, es un niño, y por tanto, es persona. Si es persona, goza de derechos, entre ellos, el derecho a la vida y a su integridad física, lo que en el caso de la criopreservación incluye su derecho a desarrollarse en un ambiente idóneo para su crecimiento. Así, más que hablar de “derechos de los progenitores” y “supuestos” derechos de los embriones, se trata de “derechos de los embriones”, es decir, niños, y supuestos “derechos” de los progenitores, pues, en realidad, ellos tienen el deber de tratar a sus niños, nacidos y no nacidos, como sujetos de derechos, y no tanto un derecho a disponer de ellos como si se trataran de cosas que pueden ser guardadas en un congelador, como si fuera una cosa más entre el helado y la bolsa de hielo en el freezer.
Agenda legislativa: 9 al 13 de septiembre
Roberto Astaburuaga: “No a la eutanasia”
El Gobierno anunció que las prioridades legislativas para septiembre serán poner fin al CAE, acelerar la discusión sobre eutanasia y levantar el secreto de la Comisión Valech. Respecto a la eutanasia o “muerte digna”, el Presidente Gabriel Boric le pondrá urgencia para que se vote en el Senado.
Es que el octubrismo ideológico no fue derrotado el 4-S. La agenda progresista no conoce de derrotas, sino de retiradas tácticas, de avances lentos y seguros, de defender la posición. El Gobierno promueve la hormonización de niños, anuncia ampliar el aborto y discriminar laboralmente la conciencia de doctores objetores, legitimar la eutanasia, volver a la carga con la ESI y tener la última palabra sobre quiénes deben ser los profesores de religión, pasando por encima de las confesiones religiosas. Y esto es lo más grave, omitiendo ridiculeces como la perspectiva de género en las caletas pesqueras o en el Ministerio de Seguridad.
El anuncio recibió críticas por ser un volador de luces, de desesperación electoral o de que no es prioritario. Válidas, pero que no van al fondo del asunto. Tampoco funciona el trueque de aprobar algunas causales por los cuidados paliativos o la objeción de conciencia personal e institucional. Argumentos como la pendiente resbaladiza de la eutanasia en Holanda o la masificación en Canadá tampoco son suficientes.
Como dijo Jérôme LeJeune, genetista antiaborto que identificó el síndrome de Down, “La calidad de una civilización se mide por el respeto que le entrega a sus miembros más débiles”. Si ya tenemos una calidad deficiente de nuestra civilización con una ley que permite asesinar a personas al inicio de su vida en el vientre de su madre, sólo puede empeorar si ahora permitimos lo mismo al final de sus días. La normalización de la cultura de la muerte contra indefensos e inocentes es esencial en la agenda y legado del Gobierno de Boric, y siempre en complicidad con la derecha liberal y progresista.
La dignidad es inherente a la persona humana y no se pierde por el sufrimiento o por la enfermedad. Esta dignidad exige ciertas conductas de la persona y cierto trato hacia ellas. Tener derecho a la vida no significa poder disponer de ella. La vida humana es un bien indisponible. Que tengamos derecho a ella no significa que tengamos derecho sobre ella. Esto se relaciona con el punto anterior: la dignidad humana exige ser respetada incluso contra la autonomía de la persona: no existe un “derecho a que violen mi dignidad”. Matar a una persona no es un acto de compasión. “Compasión” significa “sufrir con” el que sufre y no “matar al” que sufre. Lo realmente compasivo es acompañar e intentar aliviar el dolor del paciente.
Sobre esto último es que se debería trabajar realmente. Una de las críticas al proyecto de ley es que los cuidados paliativos no son un requisito para acceder a la eutanasia, aunque si lo fueran no la convierte en un acto bueno. Sin embargo, según un estudio de la Facultad de Medicina de la Pontificia Universidad Católica de Chile de 2019, los cuidados paliativos disminuyen en al menos un 50% las solicitudes de eutanasia y hay casos en que han logrado reducirse casi a cero. Esto se ha confirmado incluso por la misma OMS, cuando su comité experto en cuidados paliativos adoptó la posición de ser innecesaria la legalización de la eutanasia, debido al desarrollo y evolución de nuevos y modernos métodos de cuidados paliativos.
La preocupación del Ejecutivo y el Legislativo para aliviar el dolor de los pacientes con enfermedades terminales no encuentra solución en no impedir su muerte y consagrar su petición como un “derecho”, sino de garantizar realmente que tengan una verdadera muerte digna a través de los mejores cuidados paliativos.
Agenda legislativa: 2 al 6 de septiembre
Roberto Astaburuaga: “¿Qué tienen en la cabeza?”
Las primeras sesiones de la Comisión Investigadora creada para requerir información sobre la realización de tratamientos transafirmativos a niños han tenido a la Ministra de Salud como protagonista leyendo minutas con respuestas evasivas y que trasladan la responsabilidad a terceros. Cuál títere está claro que le gustaría colaborar mucho más de lo que se le permite.
En cada respuesta que da la Ministra insiste en que el Minsal no tiene programas que incluyan la hormonoterapia a menores de edad. Pero sus asesores no han leído que los documentos ministeriales para la implementación del PAIG (Programa de Acompañamiento a la Identidad de Género), destinado a niños entre 3 a 17 años, incluyen en sus prestaciones la derivación a tratamientos hormonales si se solicita. Es decir, validan o legitiman la hormonación de menores de edad, aunque se ejecute fuera del programa. Resulta insólito escuchar a modo de excusa que el PST (Programa de Salud Trans), diseñado y ejecutado bajo este gobierno, sólo hormona desde los 18 años, haciendo una distinción tramposa: el diseño del PST contempla hormonoterapia desde los 10 años, pero sólo se ha aprobado financiamiento desde los 18 años, por lo que es cosa de tiempo que ocurra.
A pesar de esto, la Ministra reconoció que de los 1.900 niños ingresados al PAIG, 600 de ellos recibe hormonas, es decir, a un año de implementación un tercio ya está con hormonas, pero no se sabe cuántos fueron derivados desde el PAIG, ni el tipo de hormonas, ni el sexo ni las edades. Tampoco se sabe la cifra de menores hormonados en la red pública que no han ingresado al PAIG y la cantidad en el sistema privado será imposible de conocer. ¿Y cómo supo que eran 600? Porque mandó un mail a los Servicios de Salud preguntándolo. Si ese es el nivel de diligencia para obtener información crucial, poca esperanza hay.
El Minsal tampoco se hace cargo de las otras peligrosas irregularidades del PAIG, no relacionadas con la hormonoterapia. Por ejemplo, la judicialización de los padres “resistentes”, como quedó demostrado al escuchar un testimonio de un padre a quien un tribunal le quitó el cuidado personal de una hija por no estar de acuerdo en llamarla por un nombre masculino y que ya lleva ocho meses separado e incluso con visitas semanales de Carabineros durante dos meses.
Primero dijeron que no había hormonas, luego que sí, pero casos excepcionales, y terminamos con 1/3 de niños hormonados. Y eso solo en dos sesiones. ¿Cómo seguirá la historia? ¿Cuánto más falta por saber? El Minsal no puede darse el gustito ideológico -bien caro, por lo demás- de seguir ocultando información, de justificar lo que se está haciendo y de no asumir la responsabilidad en diseñar y ejecutar un programa que está destruyendo cuerpos y vidas de niños o de tomar las medidas para impedir que siga ocurriendo. Si se supone que es el ente rector del sistema de salud.
En la sesión pasada, justificaron, en base a la autonomía progresiva, que los niños podían consentir en ingresar a este tipo de programas, y que a los padres sólo les informaban de esto. O en otras palabras, que da lo mismo que los padres se opongan. Cuando uno lee los comentarios en redes sociales sobre lo que está ocurriendo, no puede sino repetir con incredulidad: ¿Qué tienen en la cabeza para seguir avanzando y defendiendo esta locura?
Roberto Astaburuaga alerta en el Senado sobre las «terapias afirmativas» en niños y adolescentes
Nuestro asesor legislativo expuso ante la Comisión de Familia, Infancia y Adolescencia sobre la falta de transparencia y peligros en la realización de tratamientos sociales, hormonales y quirúrgicos a menores de edad en la red pública de salud.
Este lunes 26 de agosto, nuestro asesor legislativo, Roberto Astaburuaga, expuso ante la Comisión de Familia, Infancia y Adolescencia del Senado sobre las graves inconsistencias en la implementación de tratamientos hormonales a menores en el sistema de salud, destacando la falta de transparencia y la vulneración de derechos de los padres.
Durante su presentación, expuso sobre las falencias en la regulación y ejecución de «tratamientos afirmativos» hormonales en menores de edad. Además, destacó que, desde 2010, no ha habido actualizaciones normativas que incluyan a menores en estos tratamientos, a pesar de que la ley de identidad de género no contempla la hormonación en este grupo etario.
En cuanto al Programa de Apoyo a la Identidad de Género (PAIG) señaló que “está implementado en 37 hospitales de 29 Servicios de Salud. En el acompañamiento, en la toma de decisiones difíciles, se señala ‘derivar al adolescente para tratamiento hormonal o cirugía de adecuación corporal’ (…). Es decir, sí hay una promoción o sí se acepta como válido el tratamiento hormonal en menores de edad a partir del programa de acompañamiento (…) Sí hay una relación entre el programa de acompañamiento y la hormonación”.
También, nuestro asesor legislativo denunció que actualmente el PAIG promueve estos tratamientos sin la autorización de los padres, quienes, de oponerse, se arriesgan a ser denunciados ante tribunales de familia. “Esto es una vulneración directa de los derechos parentales, y una violación al principio de juridicidad que rige nuestro derecho público”, señaló.
Falta de transparencia y ausencia de información
Otro aspecto que destacó, fue la falta de concordancia entre las cifras proporcionadas por el Ministerio de Salud y la realidad reportada en los hospitales públicos. Mientras que la ministra de Salud informó que 600 menores están actualmente en tratamientos hormonales, una minuta del mismo Ministerio reveló que en abril de 2023 había más de 1.300 menores bajo hormonoterapia y 400 en lista de espera.
“Esto es una vulneración directa de los derechos parentales y una violación al principio de juridicidad que rige nuestro derecho público”.
Roberto Astaburuaga, abogado de Comunidad y Justicia
Finalmente, Roberto Astaburuaga comparó la situación chilena con la vivida en Inglaterra en 2015. En este sentido advirtió que, si no se toman medidas correctivas, Chile podría enfrentar una aceleración exponencial en la cantidad de menores sometidos a estos tratamientos, incluso mayor a la ocurrida en el Reino Unido. “Si no se revisa y detiene esta práctica, las consecuencias serán mucho más graves”, dijo.
Descarga la presentación en la comisión del Senado aquí.
Y te invitamos a leer nuestro documento «La cuestión trans. Para una comprensión integral del debate», que examina la complejidad de la disforia de género, sus implicancias filosóficas, médicas y sociales, y cuestiona la validez de las “terapias afirmativas” actuales.
Agenda legislativa: 26 al 30 de agosto
Roberto Astaburuaga: “Cuando el anticristianismo se hace costumbre”
El acto inaugural de los Juegos Olímpicos, que ridiculizó la Última Cena de Jesús y sus Apóstoles, puso nuevamente sobre la mesa las constantes humillaciones que debemos aguantar muchos creyentes, especialmente por las burlas a representaciones de las personas más importantes del cristianismo. Ha ocurrido, con diferentes niveles de gravedad, en eventos internacionales y en muchos países, y Chile no ha sido la excepción.
La persecución contra los cristianos en la actualidad es un martirio que ocurre en todas partes del mundo. Durante 2023, solo en Nicaragua, Bielorrusia, China y Nigeria, 132 sacerdotes y religiosos fueron detenidos, secuestrados o asesinados, según el reporte de Ayuda a la Iglesia Necesitada. Rápidamente se ha olvidado la masacre de casi 140 cristianos nigerianos para las fiestas navideñas. Pero también la blasfemia y el sacrilegio se han extendido. La blasfemia se puede entender como una actuación injuriosa contra las personas santas y cosas sagradas, o contra lo sagrado. Es tan grave la normalización de la blasfemia y el sacrilegio en una sociedad como la apatía y silencio cómplice de los creyentes que no se atreven a oponerse.
Chile no ha sido ajeno a este desprecio por el mundo cristiano. Iglesias quemadas por grupos mapuches y para el 18-O, templos vandalizados en las marchas feministas y sagrarios profanados en Halloween son noticias esperables para esas fechas. Pero hay otros modos, quizás menos dañinos materialmente, pero igualmente graves. Por ejemplo, cuando se puso un pañuelo abortista a una estatua de la Virgen María en la Casa Central de la Universidad Católica o la performance en el programa “Las Gansas” de La Red con insultos al Papa, a los católicos en general y actos obscenos con un rosario, del mismo estilo que el banderazo del Apruebo en Valparaíso. En otro nivel de gravedad, pero igualmente vejatorio, son las estatuas de la Virgen María en varias sucursales del bar “La Virgen”. Es un insulto para los católicos que al interior y exterior de los locales hayan instalado estatuas o imágenes a modo de decoración, como si fuese un simple cuadro o adorno más. También ha hecho noticia el reconocimiento legal de la organización satánica Templo de Satán, que basa su religión en el símbolo de Satán como el adversario a toda imposición dogmática. Y así suma y sigue una larga lista.
Otra fuente de ataque a los cristianos, y a todas las religiones en general, es el cumplimiento de una sentencia internacional de la Corte Interamericana de Derechos Humanos contra Chile, que le ordena modificar nuestra normativa para que la elección de los profesores de religión no discrimine arbitrariamente. El Gobierno, por supuesto, ha aprovechado la oportunidad para tratar de controlar que la calificación de la idoneidad quede radicada finalmente en el Estado y ya no en las autoridades eclesiásticas. Curiosamente, para decirlo en términos suaves, el argumento de la separación Iglesia – Estado que se escucha cuando la Iglesia Católica se opone a temas como la píldora anticonceptiva, el “matrimonio” igualitario, el aborto o la eutanasia -progresos de nuestro tiempo, en palabras de un senador- ahora no se escucha.
Mediante avances sutiles y pasos tácticos, pero lentamente el anticristianismo, en distintos niveles y con diferente intensidad, ha ido calando en el mundo y en Chile. Es tiempo de que personas e instituciones defiendan su fe en el espacio público.
Roberto Astaburuaga: “La reverencia de las Pontificias Universidades Católicas al lobby trans”
La semana pasada, José Gallardo Matus, profesor de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, tuvo la valentía de señalar públicamente en el Claustro Pleno Ordinario que el cambio de sexo no existe y que es una mentira, que ninguna reflexión profunda (individual o colectiva) ni las hormonas o cirugías podrá cambiar la naturaleza sexuada del ser humano, que los colegios no son seguros para los niños porque pueden iniciar su cambio de sexo desde los 3 años y si los padres son denunciados en tribunales de familia si se oponen a que sus hijos ingresen a los programas estatales de acompañamiento a la identidad de género, que la Ley de Identidad de Género debe derogarse y que su Universidad “debe revisar de manera urgente todos los reglamentos y protocolos que avalan la farsa de la identidad de género”.
Obviamente, las organizaciones “defensoras de la diversidad” armaron el escándalo rutinario y exigieron las penas del infierno. Por supuesto, la Universidad, a través de un comunicado del rector Nelson Vásquez, se “distanció” de las opiniones del atrevido profesor, lamentando que estas hubiesen herido u ocasionado dolor en estudiantes y profesores, y recalcando que la Universidad no está de acuerdo con él.
Este episodio se suma al reportaje de Sabine Drysdale y la entrevista a dos doctores de la Red UC Christus, profesores de la Facultad de Medicina de la Pontificia Universidad Católica de Chile, quienes realizaban tratamientos transafirmativos (social, hormonal y quirúrgica) a menores de edad. No hubo reacciones públicas a nivel de rectoría, sino un simple comunicado de que no se realizarían nuevos tratamientos. Nada más.
Vale entonces preguntarse… ¿qué tienen estas universidades de pontificias y de católicas cuando se apartan del Magisterio de la Iglesia, ignoran o malinterpretan la Declaración Dignitas Infinita y se inclinan ante el lobby trans? Nos acercamos cada vez más al caso de la Pontificia Universidad Católica del Perú, que en 2012 el Vaticano le quitó los títulos de “Pontificia” y “Católica” por no adecuar sus estatutos a las normas de la Santa Sede. ¿Cómo es posible que la PUCV no comparta los dichos del profesor que están en perfecta sintonía con la Declaración Dignitas Infinita, que considera que el cambio de sexo es un grave atentado a la dignidad humana (Nº60)?
Esto no sólo se trata de otro caso de persecución y cancelación a un profesor por sus opiniones, sino de la incapacidad de las universidades católicas de actuar, en todo tipo de materias, de acuerdo con los principios y fe de la Iglesia Católica. Sin lo segundo, fácilmente se entiende por qué ocurre lo primero. Se espera que las universidades católicas sean coherentes con la doctrina católica en su interior, y que también sean líderes en defenderla públicamente y denunciar cuando el Estado atenta contra ella, por muy impopular que sea.
Vale la pena recordar lo señalado en la Constitución Apostólica Ex Corde Ecclesiae, sobre las universidades católicas: “Puesto que el objetivo de una Universidad Católica es el de garantizar de forma institucional una presencia cristiana en el mundo universitario frente a los grandes problemas de la sociedad y de la cultura, ella debe poseer, en cuanto católica, las características esenciales siguientes: (…) la fidelidad al mensaje cristiano tal como es presentado por la Iglesia (…)” (Nº13).