El Premio Nacional de Periodismo de este año ya tiene nombre: Sabyne Drysdale, autora del reportaje sobre la horrorosa realidad de los niños trans en Chile, publicado en el portal digital de la radio Bio Bío. Las aristas que se han abierto son numerosas y es necesario exigir responsabilidades. Una de ellas es a las universidades y sociedades médicas.

El reportaje menciona a tres universidades. La UC, cuyo equipo de atención de la Red UC Christus es referente nacional; la UDP, cuyo “proyecto T” incluye “un servicio gratuito de psicoterapia trans afirmativa con “enfoque de derechos humanos” para niños en edad escolar con quienes practican terapia sicológica los estudiantes de esa carrera”, “sesiones de entrenamiento vocal con fonoaudiólogos” y un convenio con el Liceo Carmela Carvajal; y la Universidad de Chile, cuyo Centro de Medicina Reproductiva y Desarrollo Integral del Adolescente (Cemera) lleva “catorce años atendiendo adolescentes trans con el enfoque afirmativo”.

La frivolidad de la UC quedó claramente manifestada en su comunicado y en el silencio de la FEUC y de otras facultades. La UDP no se hizo cargo en su carta a El Mercurio de tener a estudiantes de Psicología haciendo su práctica con niños con disforia de género, ocupando el enfoque afirmativo que Cass, y otros países anteriormente, han abandonado. La U. de Chile no se dio por aludida. 

¿Qué ocurre en otras universidades? ¿La Facultad de Medicina de la Universidad de Valparaíso seguirá participando en las Jornadas de Difusión del famoso PAIG (“Crece con Orgullo”) en el marco del trabajo colaborativo con el Servicio de Salud Aconcagua? ¿Las acciones que ha llevado a cabo el Centro de Estudios sobre Derechos de la Infancia y de la Adolescencia (Cedia) de la Universidad de Talca, como el curso “Niñez y adolescencia trans: mirada integral a una realidad urgente” de 2022, han tenido en cuenta las advertencias internacionales de los países pioneros? ¿La directora del Departamento de Ciencias Clínicas de la Facultad de Medicina de la Universidad Católica del Maule y la Directora de Equidad de Género y Diversidad de la misma universidad seguirán vinculadas de forma complaciente con el Hospital Regional de Talca, cuyo PAIG apoyaron en crear y promover? ¿Cuántas universidades han realizado capacitaciones, convenios, diplomados, centros y un largo de etcétera en esta línea? ¿El Consejo de Rectores tiene algo que decir? ¿Cuántas generaciones de psicólogos, doctores y profesionales de la salud se han “formado” bajo este enfoque? ¿Cuántos Fondecyt y becas se han adjudicado para investigar y formarse en el enfoque transafirmativo a menores de edad con disforia de género

En el mundo de las sociedades médicas el asunto no pinta mejor. El martes de la semana pasada la Sociedad Chilena de Pediatría publicaba en X la promoción del curso online “LGBTIQA+. Comprendiendo la diversidad y su inclusión”, con 19 clases entre junio y agosto de este año, dirigido a “médicos generales, pediatras, médicos becados y otros profesionales de la salud interesados en actualizar sus conocimientos sobre diversidad sexual en la adolescencia”, cuyo objetivo es “Adquirir conocimientos teóricos y herramientas básicas para el ejercicio profesional en el trabajo con infancias y adolescencias LGBTIQA+ desde una perspectiva afirmativa, de género y derechos humanos”. ¿Auspiciadores? Laboratorios Saval… La filial Urología Funcional, Femenina y Reconstructiva de la Sociedad Chilena de Urología realizó en abril de este año, sin distinguir respecto a la edad, un taller de técnicas quirúrgicas para creación de vaginoplastía en mujeres trans.

La Sociedad Chilena de Endocrinología y Diabetes publicó un comunicado el 13 de junio reconociendo que “los tratamientos hormonales de supresión de pubertad y tratamiento hormonal de reafirmación de género, han sido realizados hasta la fecha, siguiendo guías clínicas y recomendaciones de sociedades científicas internacionales vigentes, así como de acuerdo a normas y directrices del MINSAL”, las que sólo promueven el enfoque afirmativo, y concuerdan que los “tratamientos hormonales no son de primera línea y que no todos los adolescentes requieren estas terapias farmacólógicas”, así como la necesidad de contar con “evidencia científica de mejor calidad, respecto de los efectos de los tratamientos hormonales”, así como contar con “más estudios que aclaren los beneficios y efectos adversos a largo plazo”. Los tratamientos hormonales no son de primera, segunda ni tercera línea. Palabras muy bonitas y que suenan prudentes, pero, al igual que la Defensoría de la Niñez, buscan culpar a otros… ¿realmente ninguno de sus integrantes participó en la elaboración de la normativa sanitaria a la que aluden?

Lo cierto es que la transición hormonal para menores de 18 años es una realidad, desde hace muchos tiempo, en la red pública de salud y en los establecimientos privados, sea por derivaciones del PAIG, por la oferta del Programa de Salud Trans, iniciativa de este Gobierno, o por la atención autónoma de los hospitales públicos como ha sido costumbre.  Y en este entramado, las universidades y sociedades médicas han participado y se han beneficiado. Probablemente, las farmacéuticas también, ¿o no?

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El excelente reportaje de Sabine Drysdale en el portal digital de la radio Bio Bío debe estar por alcanzar las 100.000 visitas. Sus entrevistas a siete testimonios dolorosos sobre padres de niños con disforia de género que recibieron bloqueadores de pubertad, el de un valiente ex activista trans, que publicó su experiencia en una nota aparte, y las entrevistas a 4 profesionales de establecimientos privados de salud, ha sido elogiado, comentado y difundido, pues la brutalidad de las historias refleja el daño que se provoca a los menores de edad cuando la ideología se apodera de la ciencia y la medicina se ejerce sin evidencia científica sólida. Las reacciones de las instituciones responsables de la realización de estos tratamientos, de su fiscalización y de la protección de los niños han sido una vergüenza y una decepción.

Si el barco de la medicina trans se comienza a hundir por el mortal torpedo que ha significado el Informe Cass, es previsible que los activistas y defensores del modelo transafirmativo comiencen a huir. La Defensoría de la Niñez es el primero. Es aún más grave que sean los primeros en evadir responsabilidades, porque su rol es proteger a los menores de edad que estaban siendo hormonados y no promocionar una atención de salud que tiene mucho de ideología y poco de razón. Y la evidencia sobre el activismo trans, tanto bajo Anuar Quesille como Patricia Muñoz, es abundante. Con su comunicado sólo intenta responsabilizar al Minsal y es notable la ausencia de anuncios dirigidos a fiscalizar las denuncias y casos incluidos en el reportaje.

El Minsal también ha intentado tapar un escándalo que al Gobierno le puede costar una nueva crisis que añadir. El Programa de Salud Trans, al que se puede ingresar desde los 10 años, garantiza como prestación la administración de hormonas a menores de edad y fue aprobado por esta administración. Pero estábamos avisados. Basta leer el programa de gobierno de Gabriel Boric. “(…) Incorporaremos una canasta de prestaciones trans-no binaries como garantía explícita en salud (…) que contemple la atención de especialistas, cirugías, fármacos y atención psicológica” (p. 48), para “Garantizar prestaciones de salud especializadas enfocándonos en (…) personas LGTBIQ+, personas mayores y adolescentes” (p. 124).

Nos habían anunciado que iban a desestabilizar al país con sus transformaciones, pero ¿desestabilizar a los niños con hormonas sin respaldo científico? ¿Estos son los adalides del progreso? ¿Los mismos que se han llenado la boca con el discurso de proteger a los niños y el sambenito de la autonomía progresiva? ¿Son conscientes de que la suspensión temporal de los bloqueadores de pubertad en la red pública de salud generará un desplazamiento masivo al sistema privado de todos los menores ingresados en el PAIG y quieren pasar a la terapia hormonal? ¿Dicen que están en contra del lucro y han financiado a las organizaciones protrans para que hagan capacitaciones hasta en los paraderos con el enfoque afirmativo? ¿Seguimos? ¿Seguimos hormonando niños, alimentando la industria farmacéutica y promoviendo atención de salud no basada en evidencia?

En el caso de la Universidad Católica, la expertise y experiencia de sus equipos de la Red de Salud UC Christus, su ideario católico y la fidelidad a la Doctrina Social de la Iglesia -que, en esta materia, termina, y no comienza, con Dignitas Infinita-, y su brevísimo comunicado en el que informan la detención de bloqueadores de pubertad a pacientes nuevos, agravan triplemente la falta. Los doctores entrevistados en el reportaje son “expertos y referentes a nivel nacional en tratamientos de bloqueo de pubertad y hormonas cruzadas en pacientes pediátricos transgénero” que han atendido a 200 niños en 10 años.

Es grave e incomprensible que, a pesar de su prestigio nacional, consideren que el Informe Cass sólo “pone una nota de cautela respecto del tratamiento hormonal” a menores de 18 años, cuando el Informe explícitamente señala que no hay evidencia de que los bloqueadores de pubertad “compren tiempo para pensar”, ni se demuestran cambios en la satisfacción corporal o el bienestar psicológico. La reciente medida de Inglaterra de prohibir el uso de bloqueadores de pubertad en la salud pública y privada revela que no es una nota de cautela, sino una acción responsable e inmediata para proteger a los niños.

El ideario de la UC se ve mancillado cuando sostienen que Dignitas Infinita “llama también a la prudencia en estas atenciones de salud”, cuando dicha declaración es tajante en respetar el cuerpo y que las operaciones de cambio de sexo, como las mastectomías que realiza(ba) la UC, atentan contra la dignidad personal: “Sobre la necesidad de respetar el orden natural de la persona humana, el Papa Francisco enseña que «lo creado nos precede y debe ser recibido como don. Al mismo tiempo, somos llamados a custodiar nuestra humanidad, y eso significa ante todo aceptarla y respetarla como ha sido creada».^[109] De ahí que toda operación de cambio de sexo, por regla general, corra el riesgo de atentar contra la dignidad única que la persona ha recibido desde el momento de la concepción.”.

Lo que genera ira e incredulidad es que, si no fuera por el milagroso reportaje, ni la UC hubiese detenido los tratamientos, ni la Defensoría se habría lavado las manos ni el Minsal intentaría apagar el incendio con bencina. Porque lo que hay detrás de los comunicados de dichas instituciones, es el reconocimiento de haber detenido algo que sabían que estaba ocurriendo y que no estaba bien.

La Defensoría de la Niñez, los partidos políticos, Cenabast, el INDH, el Minsal, los establecimientos privados de salud, los tribunales de familia, el ISP, las universidades, el Mineduc, el Ministerio de Desarrollo Social, la Subsecretaría de la Niñez y tantos más… ¿dónde estaban? ¿Se hacen responsables de su acción directa y su silencio cómplice?

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No esperábamos nada bueno y aún así nos decepcionó. La Cuenta Pública fue un tributo al octubrismo ideológico, una interpretación sesgada de las cifras y un intento de tapar con un dedo el sol que alumbra la deficiente gestión en todas las materias. Enfocando solo lo primero, Boric eligió un par de voladeros de luces que le permitieran esconder las malas cifras de su gestión. Y lo hizo anunciando medidas contra los más débiles, inocentes e indefensos: quienes se encuentran al inicio y al final de su vida; y al mismo tiempo, invocaba la clásica defensa irrestricta de los derechos humanos. Tampoco esperábamos coherencia.

“Aborto legal” fue el más polémico de los anuncios legislativos y que provocó la salida de una docena de legisladores del Salón de Honor del Congreso. En redes sociales, varios se manifestaron contra el aborto libre, pero ¿es lo mismo? No lo sabemos. Lo que queda claro es que se trata de “avanzar” en las tres causales y de no “retroceder”, como si destrozar guaguas a edades gestacionales cada vez más avanzadas o por nuevas “razones” fuera un “avance”.

La DC reaccionó molesta por poner en peligro la alianza con el Gobierno, pero nada que una negociación no pueda arreglar. En la oposición, las razones variaron desde la contradicción con la crisis de natalidad, la desconexión con las urgencias de la ciudadanía o la necesidad de hablarle a su “tribu” del 30%. Y todas esas razones son correctas. Pero la esencial sigue siendo siempre la misma: es inmoral toda acción que directa e intencionadamente acaba con la vida de un ser humano inocente e indefenso.

Unido a lo anterior, el anuncio para impedir que la objeción de conciencia obstaculice la realización de abortos. Si no tienen los votos para una ley de aborto, es probable que la negociación sea restringir la posibilidad de ser objetor, como lo preveíamos a principio de año. Desde la sentencia del Tribunal Constitucional en 2017, las feministas siempre lo han denunciado como la letra chica que impide que la ley realmente sea aplicable. El ataque del Gobierno es contra aquellos que se mantienen firmes en su coherencia de vida y se niegan a doblegarse ante una ley injusta. Las propuestas pueden ir desde agregar más exigencias, listas “negras” de objetores, hasta amenazar con sanciones cada vez más severas. Es, en toda su extensión, un totalitarismo ideológico.

Con el anuncio de la eutanasia pasa lo mismo. Escudándose bajo un testimonio doloroso, se le pone acelerador a un proyecto de ley de “muerte digna”. Absolutamente incoherente con el discurso de la inclusión de los mayores de edad en la vida social. Todos sabemos, y la experiencia legislativa en el extranjero lo demuestra, que las causales se van ampliando con el tiempo -basta ver Canadá- y los indeseados -mayoría de edad, enfermedades mentales, etc.- son eliminados.

Otro tema fueron los niños. Pero si con una medida pretende resolver un problema, con otra lo crea. El Presidente enfatizó la necesidad de mejorar la institucionalidad del ex Sename, el actual Servicio Mejor Niñez, pero no se pronunció sobre la ejecución del Programa de acompañamiento de identidad de género (PAIG), que ofrece servicios transafirmativos a menores de edad, entre 3 a 17 años, incluyendo transición social, hormonal y quirúrgica. Lo anterior es extremadamente preocupante, pues es un enfoque que carece de evidencia científica sólida y contrario a la tendencia internacional europea que ha prohibido los bloqueadores de pubertad.

El legado del Presidente Boric, el mismo que se saca fotos con los niños, es dejar a más de 25.000 niños encadenados al PAIG y dependientes de los tratamientos transafirmativos, hormonizantes y mutiladores, dejándolos en las mismas condiciones que las relatadas en los horribles testimonios de 7 niños trans del reportaje de Radio Bío-Bío: tratamientos irreversibles, medicamentos sin aprobación del Instituto de Salud Pública, padres denunciados por oponerse, ausencia de consentimiento informado, etc.

Más abortos, más niños trans y comenzar con la eutanasia. Más ideología y menos razón. Más distractores y menos responsabilidad. Sigan haciendo historia, cabres. Historia de cómo hacerlo todo mal.

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