Así será recordada la política pública de salud que ha experimentado y mutilado a los niños con disforia de género. Luego de la publicación del Informe Cass en abril pasado, los efectos se han hecho notar, sea con nuevas normativas que restringen o prohíben el uso de bloqueadores de pubertad para menores de edad o se comienzan a levantar solicitudes de investigaciones en otros países… salvo en Chile.

Pero en Chile el asunto sigue pasando desapercibido. El artículo 23 de la Ley de Identidad de Género regula los programas de acompañamiento profesional a los que podrán acceder los niños con disforia de género que incluye “acciones de asesoramiento psicológico y biopsicosocial”. Como señala el reglamento de la ley, el programa es voluntario y sólo se entrega si es “solicitado por el niño (…) de acuerdo a su edad y grado de madurez, o su familia”, salvo que el niño se oponga. Pero si los padres se oponen, contra la decisión del hijo, su negativa es ineficaz. Lo que importa es la decisión del niño, no la de los padres.

Esos programas, a cargo de los Ministerios de Salud y Desarrollo Social se han materializado en el “Programa de Apoyo a la Identidad de Género” o “PAIG” que se ejecuta en todos los servicios de salud del país. Un análisis de los informes presupuestarios de las versiones 5 y 6 del PAIG , correspondientes a los años 2021 y 2023, revelan que la agenda trans se aplica con toda su fuerza en todo Chile y aún no dimensionamos el daño, irreversible en muchos casos, que se causará.

La base de la ley, de su reglamento y del PAIG es que los problemas de salud física, mental o de conducta de los niños con disforia de género tienen su origen en las reacciones negativas de la sociedad (transfobia) más que en el niño. Es decir, en lugar de explorar y revisar otros antecedentes psicológicos del niño, se opta por la vía irresponsable: potenciar (afirmar) su autopercepción, aun cuando ello no resuelva su angustia, y, de pasada, “transformar” la sociedad y la cultura, que son las que realmente ponen en riesgo su vida. La gran cantidad de “detransicionadores” se explica en parte porque los tratamientos transafirmativos no miran el pasado, sino que sólo al futuro.

Los tratamientos de afirmación de identidad de género se pueden dividir en tres líneas de acción. La primera es la afirmación personal y social del niño o joven mediante atención “género afirmativa” (personal, familiar y educativa). La segunda es el tratamiento hormonal, que puede ser supresivo (reducción de los niveles de hormonas en la pubertad y adolescencia) o de reemplazo (busca un desarrollo físico acorde a los caracteres sexuales deseados). Por último, las terapias quirúrgicas consisten principalmente en genitoplastía (creación quirúrgica de una vagina), mastectomía (cirugía para extirpar el tejido mamario) y faloplastía (creación quirúrgica de un pene).

La versión de 2021 del PAIG tiene como población objetivo a 3.743 niños de 3 a 17 años cuya identidad de género no coincida con su sexo asignado al nacer, de una población potencial de 37.427 niños. Consideran que a los 3 años la mayoría de los niños tienen un sentido estable (y manifiestan) su identidad de género. Sin embargo, reconocen que no se cuenta con estudios epidemiológicos confiables sobre su prevalencia en la población infantil, y citan un estudio de Estados Unidos de 2013, en el que se utilizan datos de 2.730 niños desde los 11 a los 13 años. Es preocupante que el PAIG sostenga que los “cuidadores” (nunca se habla de padres) sean la principal fuente de riesgo para sus hijos. Esto explica que una de las medidas del programa sea “educar” a los padres y se les “entrenará para la puesta en práctica de un repertorio de estrategias parentales que le permitan demostrar el apoyo a su hijo”.

Esta versión del PAIG contempla sólo la primera línea de acción: apoyo psicosocial al niño mediante atención “género afirmativa”, “orientación familiar” e inclusión del niño en el entorno educacional. Medidas de esta última línea incluyen “sesiones de sensibilización y entrenamiento de los integrantes de la comunidad educativa”, así como sensibilización y capacitación sobre la existencia de protocolos “sobre la utilización del nombre social, acerca de los servicios higiénicos, camerinos (…)”. Para los niños de párvulo y primer ciclo se asesorará mediante la “recomendación de cuentos infantiles relativos a la inclusión o al género”. Todo en la línea de vulnerar el derecho de los padres de educar y criar a sus hijos conforme a sus convicciones.

La versión 2023 del PAIG sube el rango de edad (de 3 a 7 años), pero aumenta la población objetivo y las intervenciones son más radicales: son 61.376 personas trans y no binarias en Chile de 10 o más años, y que en 2024 correspondería a 6.138 personas, que pueden acceder a prestaciones no solo de afirmación social, sino que también hormonal y quirúrgica.

Es probable que los tratamientos hormonales para niños con disforia de género en Chile ya se hayan realizado de forma autónoma por los servicios de la red pública de salud desde hace muchos años. Desde 2023 el Hospital Las Higueras cuenta con un policlínico infanto juvenil que “entrega atención a 80 niñes de la jurisdicción y está integrado por un equipo multidisciplinario de especialidades como la endocrinología, pediatría, psicología y psiquiatría infantil». En 2018, el Hospital Gustavo Fricke atendía a 30 niños en proceso de transición y en el Hospital de La Serena se atiende a 50 niños.

Las líneas de acción del PAIG generarán un efecto de “contagio social” en niños con identidad de género, lo que a su vez provocará un aumento de la demanda de salud trans y esto generará una menor supervisión y cuidado en la realización de cualquiera de las líneas de acción. Tal como ocurrió en Finlandia, Suecia e Inglaterra.

En Chile no sabemos cuántos niños tienen disforia de género, ni cuántos reciben tratamiento hormonal, ni su edad, ni la rigurosidad científica de los protocolos hospitalarios, ni la cantidad de padres indefensos ante este nuevo cuento del tío. No necesitamos cometer el mayor desastre médico contra los niños de nuestra historia, cuando otros países están pagando las consecuencias. Aún hay tiempo para detener el PAIG.

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Las últimas semanas, después de leer distintas noticias, terminé preocupado por cierto hilo conductor que intuía en ellas, pero no sabía explicar. Todas referían a cuestiones relacionadas, de alguna u otra manera, con el ejercicio de la sexualidad: la influencia de la IA en la reproducción asistida, la disminución del embarazo adolescente por uso de anticonceptivos, el descenso de la natalidad y las razones ecologistas, el maltrato y abuso sexual contra menores de edad en redes sociales, los peligros de los tratamientos transafirmativos en menores de edad, la creación de un barrio rojo en Santiago, la tendencia al alza de la aceptación social del aborto bajo cualquier circunstancia de la encuesta Bicentenario UC, el ideológico fallo del Tribunal Constitucional sobre la educación no sexista, la preferencia por los AUC en lugar de los matrimonios y el aumento de madres solteras.

Existen ciertas ideas comunes entre algunas de ellas. La primera está relacionada con las consecuencias de la liberalización sexual (prostitución y uso de anticonceptivos); la segunda, con el abuso y mal uso de la tecnología (técnicas de reproducción asistida, abuso sexual en redes sociales y tratamientos transafirmativos); y la tercera, consiste en los efectos sociales (menos matrimonios y más AUC, aceptación social del aborto, descenso de natalidad, educación sexual ideológica y crianza de niños sin padres).

Los más liberales y progresistas de izquierda y derecha dirán que no es motivo de preocupación, sino de alegría. Son los “avances civilizatorios” de la Modernidad, y estamos en el siglo XXI. Pero hay un desorden y es imposible no verlo.

El invierno demográfico ha llegado a Chile y no sabemos cuánto durará. Revertirlo requiere de una política coherente que enfrente un escenario cultural adverso. Así, por un lado, sería inconsistente que el Ministerio de Desarrollo Social y Familia promoviera un aumento de los nacimientos, mientras el Ministerio de la Mujer intenta avanzar en la aceptación social del aborto.

Pero no basta con que nazcan más niños, sino que se requiere que sean criados y educados en el mejor entorno posible, que es el matrimonio compuesto por un hombre y una mujer, preocupados por la educación de sus hijos. Si la familia es el núcleo fundamental de la sociedad y el matrimonio es la base principal de la familia, debería gozar de preferencia en su protección y promoción. Esto se refleja en los indicadores de menor pobreza, menor riesgo de deserción escolar y mejor desempeño escolar. Choca con lo anterior, la tendencia al aumento de los AUC y de disminución de matrimonios, considerando la mayor facilidad para romper el vínculo que tienen los primeros así como el daño para los hijos de las madres solteras que recurren a las clínicas de fertilidad y que crecen sin un padre. En este último caso, el derecho de los padres a tener un hijo -un “embrión de buena calidad”- refuerza que el problema de la natalidad se trate en términos “técnicos”, de política pública o estadística, sin considerar que se trata de un ser humano.

Por último, no sabemos las consecuencias que tendrá la forma en que se han educado las generaciones desde el 2000 en adelante. Las ideologías identitarias ya han demostrado sus efectos en desacreditar el matrimonio al proponer una alternativa más cómoda al difícil compromiso que lo involucra, en desincentivar la procreación y cuidado de una nueva vida por la conservación de plantas y animales, y en debilitar la autoridad de los padres por ser “adultocéntrica” y atentar contra los “derechos” de las “niñeces”. La tecnología de los últimos años ha significado para los niños un encierro en sí mismos, expuestos a la pornografía, bullying y toda clase de material sin control. Los niños y jóvenes han sido educados en un mundo de derechos y no de deberes, de exigir y no de ser responsables. Y esto ha llegado a la locura de considerar normal, e incluso a promocionar, que se medique, muchas veces de forma irreversible, y mutile a los niños que se autoperciben del sexo opuesto, aun sin evidencia científica.

Está claro que los slogans “sexo sin compromiso” y “mi cuerpo, mi decisión” han pasado la cuenta, pero no podía ser de otra manera. La siembra fue persistente, y la cosecha ha sido abundante. Y aun así, a pesar de todo, el matrimonio, la familia y la sana educación siguen existiendo y sorteando, consciente o inconscientemente, cada nuevo escollo que aparece. Hay esperanza.

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La semana pasada el Gobierno publicó en la cuenta de X del Ministerio de Salud una invitación a participar en el proceso de consulta pública del documento “Política Nacional de Salud para Personas Trans y de Género Diverso”. En resumen, se trata de una propuesta sobre un enfoque integral que incluya las acciones afirmativas de género en salud pública para las personas trans.

El enfoque es afirmativo, es decir, la atención sanitaria comienza asumiendo que la mejor (y única) opción para el paciente es afirmar su identidad de género, en lugar de indagar el origen del malestar en otras causas. Acciones afirmativas que se realizan en Chile incluyen el uso de nombre social y/o modificación legal de sexo registral, uso de hormonas, cirugías estéticas de cuello o cara, cirugías de mamas, cirugías de genitales o reproductivas, modelación estética corporal y otras formas. En este sentido, se destaca que, en relación al uso de hormonas, los estudios han relevado que cerca del 70% mantiene su administración después de cuatro años, siendo más para aquellos que buscan la feminización (81% versus un 64,4% para masculinización) y para los que inician antes de los 18 años (74,4% versus a 64,4% en edades superiores a la mayoría de edad). En el caso de las cirugías, existe una baja tasa de arrepentimiento y alta satisfacción, relacionado con la aceptación social de la nueva identidad de género”.

Dejando de lado las preocupantes cifras, el Ministerio de Salud justifica la necesidad de avanzar en prestaciones específicas en razón de «la evidencia disponible sobre los efectos positivos que estas generan en la vida de las personas que las solicitan. Por ejemplo, cerca de un 80% de quienes pasaron por procesos de hormonación y cirugías afirmativas logra insertarse a la vida laboral y mejoran su calidad de vida, y un 72% mejora también su bienestar sexual. Asimismo, intervenciones psicosociales muestran resultados positivos en la disminución del aislamiento, aumento del conocimiento y mejora en el apoyo social para personas trans y sus grupos familiares«.

¿Cuál es el problema de todo esto? Al menos, identificamos tres.

El primero es que se trata de un documento no vinculante, pero que tiene efectos esenciales en la vida de las personas, especialmente en los casos de los niños y de sus padres. Como se plantea desde un punto de vista transafirmativo, no se nombra el derecho de los padres de decidir en estas materias.

El segundo es que la supuesta evidencia científica en la que funda la necesidad de avanzar en prestaciones está altamente cuestionada luego de la publicación del Informe Cass, que reveló las autoridades médicas crearon una falsa legitimidad, ya que el consenso científico sobre el respaldo a la transición juvenil se creaba en un círculo cerrado de referencias cruzadas entre los mismos autores y documentos. Es decir, los tratamientos que el Ministerio de Salud pretende entregar no cuentan con respaldo científico mínimo y por tanto proponen actuar en base a una pseudo ciencia que diluye la ideología que la sustenta. ¿Quién paga? Los niños.

En tercer lugar, el documento del Gobierno, en un conveniente silencio, no hace mención a los cambios más recientes en Europa (Suecia, Finlandia, Dinamarca, Inglaterra, Francia), en donde las legislaciones de los países pioneros en tratamientos transafirmativos en menores de edad han comenzado a retroceder al comprobar las trágicas consecuencias y la baja calidad de la evidencia sobre la que se han elaborado las políticas públicas. Estas consecuencias negativas no se advierten en los documentos gubernamentales y, además, están desactualizados.

En Chile no existen cifras oficiales sobre la atención en salud a niños con disforia de género. De acuerdo a un artículo chileno de marzo de este año que cuestiona el modo de tratar estos casos, constataron que entre 2021 y 2022, en al menos 4 hospitales públicos habrían realizado cerca de 10 casos de “cirugías consideradas de reasignación de sexo a menores de edad”. No sabemos la cantidad total de niños que se han sometido a este tipo de mutilaciones, o el total de los que han aceptado la terapia de hormonas masculinizantes o feminizantes, o la cantidad de niños que se han arrepentido (detransicionado). No sabemos la cantidad de padres afectados por decisiones unilaterales e inapelables de burócratas, sean jueces asesorados por activistas o funcionarios de salud.

Lo que sucede es gravísimo y escandaloso… aunque a la “Defensoría” de la Niñez, sabiendo esto, no haya hecho nada. Mientras Chile empuja a los niños con disforia de género en tratamientos sin evidencia científica, Europa trata de revertir el desastre que han provocado. El Congreso debe formar una Comisión Investigadora que revise la situación en el sistema de salud y que se entreguen los antecedentes que justifican la experimentación hormonal y mutilación de los tratamientos transafirmativos en niños. Los partidos políticos que se comprometen con la familia, con los niños primeros en la fila o con el interés superior del niño no tienen excusa para no hacerse cargo de esta gravísima situación. No tenemos cifras sobre la magnitud de este desastre en nuestro país. El Gobierno debe abandonar su identitarismo ideológico propio de la Convención y que ha demostrado su fracaso en todas las áreas de sus transformaciones históricas, y revocar su Política Nacional de Salud Trans.

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En las últimas semanas se dieron a conocer dos documentos que prometen ser un hito en su ámbito propio y, aún más, es insospechado los efectos que pueden llegar a tener. El primer documento, publicado el 2 de abril, es la Declaración Dignitatis infinita, del Dicasterio para la Doctrina de la Fe, que aborda el concepto de dignidad humana, recordando los principios fundamentales de la doctrina cristiana y denunciando 13 situaciones concretas, graves y urgentes que atentan contra la misma. El segundo documento, publicado el 9 de abril, es el Informe Final y Recomendaciones de la Dra. Hillary Cass sobre los servicios de identidad de género para niños en el Sistema Nacional de Salud de Inglaterra, quizás el más completo que existe, sobre los daños y peligros a los que se ha les ha sometido y expuesto… y que también ocurren en Chile.

El punto en común de ambos documentos, además del similar tiempo de elaboración (5 años aprox.), es la preocupación por la forma en que se trata la identidad de género.

Dignitas infinita afirma que la dignidad humana «le corresponde a cada persona humana, más allá de toda circunstancia y en cualquier estado o situación en que se encuentre» (Nº1), lo que es «una verdad que responde a la naturaleza humana más allá de cualquier cambio cultural» (Nº6), y será este calificativo -“más allá de toda circunstancia”- el leitmotiv que estructura el documento. Sin embargo, Roma se preocupa de aclarar que la dignidad humana no se identifica con la pretensión de «imponer como “derechos” (…) ciertos deseos y preferencias que son subjetivas», ni «puede basarse en estándares meramente individuales ni identificarse únicamente con el bienestar psicofísico del individuo» (Nº 25).

En la segunda parte del documento, la Iglesia Católica denuncia la ideología de género como una violación concreta a la dignidad humana en nuestro tiempo, en el mismo grupo que la guerra, la pobreza o la trata de personas. Entre los números 55 a 60, se aborda la teoría de género y el cambio de sexo. Respecto a la teoría de género, Dignitas infinita la denuncia como una colonización ideológica «extremadamente peligrosa porque borra las diferencias en su pretensión de igualar a todos», cuya «consistencia científica se debate mucho en la comunidad de expertos» (Nº 56). En línea con lo anterior, el cambio de sexo implica que la dignidad del cuerpo sea considerada inferior a la dignidad de la persona como tal, pues «el cuerpo es el lugar vivo donde se despliega y manifiesta la interioridad del alma, incluso a través de la red de relaciones humanas (…) el cuerpo humano participa de la dignidad de la persona, ya que está dotado de significados personales, especialmente en su condición sexual» (Nº 60). En conclusión, la necesidad de respetar el orden natural de la persona implica recibir lo creado como un don y custodiar nuestra humanidad, lo que significa «ante todo aceptarla y respetarla como ha sido creada».

Cuya «consistencia científica se debate mucho en la comunidad de expertos» es, quizás, el puente con el Cass Review. Pero antes, algunos antecedentes. En 2011 Reino Unido inició el uso de “bloqueadores de pubertad” inspirándose en el protocolo holandés que significa un uso desde la pubertad temprana, por lo que de un uso restringido a la investigación pasaron a estar disponibles en la práctica clínica habitual. La Dra. Cass consideró, en una entrevista a The Guardian, que se trataba de un tratamiento con beneficios inciertos sin mayor investigación, lo que contribuyó al aumento de la demanda de este tratamiento, ejecutado principalmente por el Servicio de Desarrollo de Identidad de Género (GIDS) del Servicio Nacional de Salud (NHS) en el Centro Travistock. El GIDS utilizó un enfoque transafirmativo, es decir, la identidad autopercibida del niño es el punto de partida del tratamiento. Con esto, los casos aumentaron de 97 en 2009 a 2.590 en 2018, y, disparada la demanda, las medidas de resguardo fueron insuficientes para evitar la administración de bloqueadores de pubertad y hormonas a niños de 12 años o extirpación quirúrgica de senos de adolescentes. Las listas de espera duran años.

En 2020 se encargó a la Dra. Cass la elaboración de un informe en el que analizara los servicios de identidad de género para menores de 18 años, atendido el rápido aumento de niños y jóvenes que requieren apoyo del NHS. Así, la investigación se propuso comprender las razones del aumento, el cambio en la combinación de casos e identificar el enfoque clínico y modelo de servicio. En 2022 entregó un Informe Provisional que provocó ruido y permitió advertir la gravedad y profundidad de la situación, en especial, al poner de manifiesto las lagunas de información en la base de datos sobre todos los aspectos de la atención a los niños y jóvenes en materia de género “desde la epidemiología hasta la evaluación, diagnóstico, apoyo, asesoramiento y tratamiento”. La semana pasada entregó su Informe Final, que ha implicado un remezón de proporciones.

Entre los hallazgos claves destacan el miedo que tienen algunos doctores de trabajar en este tipo de casos y ser tratados como transfóbicos si es que optan por tratamientos que requieran una evaluación integral en lugar de pasar a tratamientos transafirmativos; del centenar de estudios revisados, las revisiones sistemáticas de evidencia demostraron su mala calidad técnica, lo que significa que no existe una base de evidencia confiable sobre la cual tomar decisiones clínicas, o para que los niños y sus familias tomen decisiones libres e informadas; la justificación de la supresión temprana de la pubertad sigue sin estar clara, y hay pruebas débiles sobre el impacto en la disforia de género y la salud mental o psicosocial, y se desconoce el efecto sobre el desarrollo cognitivo y psicosexual; el uso de hormonas masculinizantes/feminizantes en menores de 18 años también presenta muchas incógnitas, a pesar de su uso prolongado en la población adulta transgénero, y la falta de datos de seguimiento a largo plazo sobre aquellos que comenzaron el tratamiento a una edad más temprana significa que no se dispone información adecuada sobre la variedad de resultados para este grupo.

Así, dentro de las principales recomendaciones, está la inclusión de pruebas de detección de afecciones del desarrollo neurológico, incluido el trastorno del espectro autista, y una evaluación de la salud mental y el uso de enfoques de tratamiento psicológico y psicofarmacológico estándares basados ​​en evidencia para apoyar el manejo de la angustia asociada a la incongruencia de género y las condiciones concurrentes, incluido el apoyo a los padres/cuidadores y hermanos.

El Informe es un balde de agua fría a la pesudo-ciencia que respaldaba la efectividad de los tratamientos de identidad de género. El costo ha sido muy alto. Y el camino para revertir y reparar será largo.

Dignitas infinita contribuye a explicitar que el problema de la identidad de género guarda relación con la comprensión del trato digno que se le debe dar al cuerpo y que no se fundamenta en cambios culturales o derechos individualistas. Aun cuando se considere que la afirmación de la identidad de género contribuya al “bienestar psicofísico del individuo”, la evidencia del Informe Cass demuestra que la paupérrima calidad de la base científica y el tratamiento ideológico y poco prudente ha generado un desastre en la infancia inglesa, y por su influencia mundial a través de las pautas internacionales, en muchísimos niños alrededor del mundo, que merece ser calificado como una grave violación a la dignidad humana y derechos humanos de los niños.

Chile no está exento de este grave crimen contra los niños. Los tratamientos hormonales con bloqueadores de pubertad y cirugías de cambio de sexo son una realidad en hospitales públicos y privados, contra el sentido común y la legislación. La clase política, el Poder Judicial y las instituciones del Estado tienen el deber de iniciar una investigación y velar, como acostumbran a decir, por el interés superior de los niños.

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