Columna publicada en El Líbero el 17 de agosto de 2026.

José Joaquín Brunner publicó la semana pasada una columna que hace algo infrecuente: tomarse en serio un adjetivo. Sostiene que la simetría de “a diestra y siniestra” engaña, porque hay una ultraderecha global, nacional y gobernante, mientras la ultraizquierda chilena sobrevive arrinconada en los bordes del mundo letrado. Se puede discutir el reparto. Lo que interesa aquí es otra cosa: un dato que él anota casi al pasar y que vale por toda la discusión. Nadie se declara ultraizquierdista. Nadie firma. El adjetivo existe únicamente en boca ajena, se aplica siempre al de enfrente o al de más allá del pasillo, y un término que jamás se conjuga en primera persona no es una descripción: es una acusación disfrazada de coordenada. De ahí una pregunta que no es retórica sino literal, y que casi nunca se formula. Ultra significa “más allá”. Más allá, ¿de qué? No de quién: de qué. Es lo que se le pregunta a cualquiera que dice estar midiendo: dónde está el cero de su regla.

Interroguemos primero al testigo más humilde, que suele ser el más veraz. El diccionario recoge la locución “a diestro y siniestro” y la define sin piedad: sin tino, sin orden, sin discreción ni miramiento. Es decir, repartir hacia ambos lados no describe una puntería equitativa, sino la ausencia de puntería. El castellano llevaba siglos advirtiéndonos que quien golpea a la derecha y a la izquierda no está apuntando a nada, y lo había dejado escrito con esa terquedad de las lenguas viejas, que conservan la sabiduría en el sótano, aunque los inquilinos hayan mudado de opinión. El título de Brunner es, por eso, más exacto de lo que él mismo quiso: nombra con precisión el modo en que se distribuyen hoy los adjetivos.

El segundo testigo es la partida de nacimiento del vocabulario, y aquí la comedia se pone buena. La división entre derecha e izquierda no procede de la naturaleza de las cosas ni de una meditación sobre el hombre, sino de un plano de butacas: de dónde se sentaron unos y otros en una asamblea francesa de 1789 cuando se discutía el veto del rey. Toda nuestra metafísica política desciende de un mueble. La palabra ultra, por su parte, nació una generación después, en la Restauración, y designaba a los ultrarrealistas, aquellos que se declaraban más monárquicos que el rey. Nótese lo decisivo: la palabra funcionaba porque había un cero explícito y nombrado. Estar “más allá” era estar más allá del trono y de la Carta, dos cosas que cualquiera podía señalar con el dedo. Hemos conservado religiosamente el comparativo y hemos extraviado el término de comparación. Y como la ironía nunca viaja sola, la última vez que “ultra” significó algo preciso, significaba católico y monárquico.

El tercer testigo es nuestro propio mapa, y su declaración es demoledora por lo simple. José Antonio Kast era, en 2017, el ultra marginal del sistema; en 2025 fue el Presidente más votado de la historia de Chile; y hoy el presidente del Partido Nacional Libertario declara en televisión que tiene al gobierno “bailando la música que ponemos nosotros”. El mismo hombre pasó de extremo a moderado sin desplazarse un milímetro: lo que se movió no fue él, fue el observador. Gabriel Boric, en noviembre de 2019, fue durante la misma semana el ultra del estallido para unos y el traidor acomodaticio para los suyos, y hoy encarna para media prensa la moderación institucional.

De estas declaraciones se sigue un teorema que todos practicamos y nadie enuncia: moderado significa cerca de mí, ultra significa lejos de mí, y mí es, por definición, el punto medio. El círculo es perfecto y no tiene salida, porque el observador no está en la escala: es la escala. Por eso las disputas sobre el adjetivo no terminan nunca y no pueden terminar. No son discusiones sobre la realidad, sino sobre la ubicación del que habla, y la ubicación del que habla la fija, con encomiable comodidad, el que habla.

Toca entonces reconocer la paradoja: el único que ocupa una posición estrictamente extrema es el que se proclama centro. Si nadie se declara ultra y todos se declaran moderados, los dos hechos son en realidad uno solo, porque el centrista es el que sostiene, sin advertirlo y con excelentes modales, que el cero de la escala coincide con su propia persona. Existe, pues, un ultracentrismo que consiste en tener el ojo clavado en el propio ombligo y llamar a eso equilibrio, y es la posición más inmodesta del tablero, justamente porque se presenta como la más modesta. Los ingleses, para trazar sus mapas, hicieron pasar el meridiano cero por un observatorio de Greenwich, y tuvieron al menos la decencia de admitir que la elección era suya y de firmarla en un tratado. Nuestros centristas dibujan el mismo mapa haciendo pasar el meridiano por su propia butaca (aunque cambien de asiento), y sostienen a continuación que la geografía les dio la razón.

Falta el testigo más antiguo, y es el que explica a los demás. Hace veinticinco siglos, unos griegos que todavía hacían aritmética con reverencia religiosa dejaron escrita una lista de diez pares de opuestos: lo uno y lo múltiple, lo determinado y lo indeterminado, la luz y las tinieblas, lo recto y lo curvo, el bien y el mal. Y en esa misma lista, en esa misma columna, figuraban la derecha y la izquierda. La derecha del lado del bien, naturalmente; la izquierda del lado de las tinieblas. Lo notable es que la modernidad no derogó jamás esa tabla. Se limitó a cruzar el pasillo y a mudar sus simpatías a la otra columna, dejando el mueble intacto. Y una tabla de dos columnas tiene una propiedad fatal: no admite tercer término. Solo permite oscilar. Cada síntesis se convierte de inmediato en la tesis que suscita la antítesis siguiente, y así indefinidamente, que es exactamente la historia política que llevamos doscientos años relatando como si fuera progreso.

Aquí está la verdad incómoda, y no es política sino metafísica. Esto que practicamos como análisis político tiene un nombre viejo y exacto: maniqueísmo. No el insulto de sobremesa, sino la doctrina literal —dos principios, dos columnas, una guerra sin árbitro—, y da lo mismo que hoy se profese en versión de derecha o en versión de izquierda, porque el error no está en la columna que uno elige sino en el hecho de que haya tabla. Partir el mundo en dos columnas le concede al mal consistencia, lo asciende a principio, le da media realidad en propiedad. Y de paso condena como malas muchas dimensiones enteramente buenas de lo real, por el delito de haber quedado del lado equivocado del pasillo: la autoridad, porque cae a la derecha; la comunidad, porque cae a la izquierda; el orden, la espontaneidad, la ley, la libertad, cada una desacreditada no por lo que es, sino por la compañía que le tocó en la lista. Ningún país piensa bien mientras use un instrumento que le impide considerar las cosas en sí mismas.

Y una ideología, por definición, no se queda quieta donde nació. El prefijo emigró hace rato del Congreso y hoy se adhiere a todo: ultraconservador el que sostiene que a un niño le va mejor con padre y madre; ultraliberal el que cree lo que creía cualquier profesor de economía en 1990; ultracatólico —joya de la corona— el que se limita a repetir el catecismo tal como está impreso.

Bajo este vocabulario, ninguna cuestión se examina: se localiza. Si un plan de seguridad es justo, si un indulto es debido en justicia o es un favor entre amigos, si una ley ampara efectivamente al inocente, son preguntas que tienen respuesta y que exigen trabajo; averiguar dónde se sienta el que las formula no requiere trabajo alguno, y produce la agradable sensación de haber pensado. Peor todavía: gobernar deja de consistir en hacer lo justo y pasa a consistir en no ser rotulado. El propio Brunner observa que a las derechas chilenas parece preocuparles más evitar el calificativo que resolver sus diferencias reales, y tiene razón; pero eso mismo describe a todos. Quien teme el rótulo navega hacia el centro de una línea cuyo centro nadie ha definido jamás, es decir, hacia donde suena más fuerte el ruido. Es una brújula que apunta al griterío.

Brunner cierra su columna con una exigencia honrada: contra los ultrismos no basta con llamarlos ultras, hay que demostrar que existen alternativas que funcionen, y admite que esa demostración sigue pendiente. Añade algo más valiente todavía sobre su propio sector: que un grupo definido por lo que rechaza corre el riesgo de no definirse por nada. Ambas cosas son ciertas, y son la misma. La demostración seguirá pendiente mientras la pregunta sea dónde se sienta uno, porque “funcionar” es palabra de medios y ningún medio se acredita sin un fin declarado. Lo único capaz de dar cero a la línea no es un lugar sino un término: el bien común, lo debido a este hombre concreto, la verdad sobre lo que el hombre es. Con esa medida, moderado y ultra dejan de ser categorías interesantes, porque nada es verdadero por estar al medio ni falso por estar al borde.

Hace medio siglo, a un metafísico catalán llamado Francisco Canals Vidal le preguntaban a menudo si era de derecha o de izquierda. Respondía que no era ni lo uno ni lo otro, y tampoco “ni de derecha ni de izquierda”, que es la tercera casilla de la misma tabla. Y remataba citando a su maestro: que lo único que en definitiva importa es la esperanza de que, en el juicio final, a uno lo sitúen a la derecha del Hijo del Hombre. Hay, pues, una sola derecha que debería quitarnos el sueño. No la fijan las encuestas, y allí no se llega solo ni habiendo sido moderado.

Columna publicada en El Líbero el 10 de agosto de 2026.

Hay quien supone que el derecho chileno guarda silencio en materia moral. Es exactamente al revés: no para de hablar. La Constitución nombra la moral y las buenas costumbres al garantizar el ejercicio de los cultos, al fijar los límites de la libertad de enseñanza, al prohibir ciertas asociaciones y al reconocer el derecho a emprender. El Código Civil declara ilícitos el objeto y la causa contrarios a las buenas costumbres. El Código Penal conserva un párrafo entero que todavía se titula “De los ultrajes públicos a las buenas costumbres”. Y cuando llega al servicio público sube el tono en vez de bajarlo: el Estatuto Administrativo exige del funcionario una conducta “moralmente intachable” y, todavía más lejos, le manda “observar una vida social acorde con la dignidad del cargo”. No estamos ante un ordenamiento afónico, sino ante uno notablemente locuaz. Lo que ocurre es que nadie se siente ya autorizado a entender lo que dice.

La semana pasada tuvimos la prueba. Gendarmería había preguntado a la Contraloría si la venta de contenido sexual en una plataforma digital por parte de una funcionaria podía dar lugar a un sumario. La respuesta fue que eso debe ponderarse caso a caso. Antes recordó que todo funcionario tiene derecho a ejercer libremente cualquier profesión, industria, comercio u oficio conciliable con su posición. Y ahí está el detalle que nadie subrayó: esa libertad, en la Constitución que la reconoce, es el derecho a desarrollar cualquiera actividad económica que no sea contraria a la moral, al orden público o a la seguridad nacional. Citamos con entusiasmo la mitad de la cláusula que habilita y tratamos como jeroglífico egipcio la mitad que la define. Es un modo original de leer: como quien invoca su derecho a conducir y encuentra indescifrable la parte que habla del límite de velocidad.

El síntoma está aguas arriba. Y está en un punto preciso. Todas esas cláusulas —la del culto, la de la enseñanza, la del objeto ilícito, la del emprendimiento— hablan de actos, de contratos, de actividades: cosas que se pueden juzgar sin mirar a nadie a la cara. El Estatuto Administrativo hace algo distinto. Toma el mismo vocabulario y lo apoya sobre una persona. No dice qué actividades son contrarias a las buenas costumbres; dice que hay una vida que debe estar a la altura de un cargo. Es el único lugar donde la moral del ordenamiento deja de ser un adjetivo de las conductas y pasa a ser una exigencia de alguien.

Y es exactamente ahí, ni un párrafo antes, donde la doctrina progre se sobresalta y descubre que las palabras resultan ininteligibles. No parece casual: un estándar abstracto se tolera sin dificultad; uno que mira a una persona a los ojos, no. Por ello, el progresismo alega que la “dignidad del cargo” sería una noción demasiado indeterminada para fundar reproche alguno y restringir el ejercicio de “derechos fundamentales” (como, en este caso, sería exhibir mayor desnudez a mayor precio).

Pero hay que preguntarse desde cuándo nos complica tanto la vida semejante indeterminación. Las palabras que designan conductas no nacen imprecisas: se vuelven imprecisas. Y no se desgastan solas, ni por el paso del tiempo, ni por descuido del legislador. Se desgastan por uso, como se desgastan las monedas, y quien las gasta es cada conducta que se aparta de ellas sin consecuencia. Cada vez que un funcionario hace lo que el cargo no admitía y no pasa nada, la palabra que lo prohibía pierde un poco de filo; a la décima vez ya no describe una exigencia sino una expectativa; a la centésima se ha convertido en esa clase de término que los gurús declaran, con razón, ininteligible. Adviértase el contraste con la palabra probidad: nació general —el mismo texto la define como conducta “moralmente intachable”— y, sin embargo, hoy nadie la tacha de ininteligible: tiene contornos, precedentes, criterios finos. No los tuvo siempre; se los ganó a fuerza de aplicarse. La imprecisión, por tanto, no es el punto de partida: es el sedimento de los malos ejemplos impunes. Primero dejamos de exigir, después dejamos de entender, y por último venimos a explicar que era imposible entender desde el principio.

Y lo mismo funciona al revés, que es la parte esperanzadora del asunto. Si los malos ejemplos vacían las palabras, los buenos las llenan de carne. Nadie sabe definir qué es un buen padre, y la expresión ha sobrevivido a siglos de imprecisión sin que a nadie se le ocurriera derogarla, porque cada generación conoció a alguno y con eso le bastó: la definición estaba en el comedor de la casa, sentada a la cabecera. Nadie sabe definir qué es un buen profesor —los ministerios lo han intentado con rúbricas, indicadores y estándares de desempeño, con los resultados que todos conocemos—, pero cualquiera puede nombrar en dos segundos al que le enseñó algo que todavía recuerda, y en ese nombre está toda la definición que hace falta. Con la dignidad de un cargo ocurre igual. Nadie sabe definirla; todos hemos conocido a alguien que la encarnó. El funcionario que no cobró lo que podía haber cobrado, el que trató bien a quien no podía devolverle el favor, el que hizo su trabajo con esmero un día en que nadie lo estaba mirando: ninguno de ellos redactó una definición, y sin embargo cada uno le devolvió a la expresión un gramo de contenido que ningún dictamen sabría restituirle. Los conceptos morales no se aclaran por vía de reglamento. Se aclaran por vía de personas.

La dignidad del cargo no es, por eso, una fórmula ceremonial heredada de tiempos más severos. Describe antes de mandar. Un cargo público no es un empleo con jornada y grado: es una porción de autoridad ejercida sobre personas, y su instrumento de trabajo no es una máquina ni un escritorio, sino el hombre mismo que lo ocupa. Nadie ha obedecido nunca a un uniforme. Se obedece a alguien que lo lleva, y ese alguien recibe del cargo un crédito que no ganó y le devuelve, o no le devuelve, el suyo propio. Esa es toda la mecánica: el cargo presta y el hombre paga. De ahí que la ejemplaridad no sea un deber añadido a la función pública, algo que el legislador le colgó encima por escrúpulo; es la función pública misma vista desde afuera. Quien acepta un cargo público acepta ser mirado, y no porque el legislador sea un mojigato, sino porque “público” no es un adjetivo decorativo.

Y de ahí, también, que la relación entre el servicio público y las buenas costumbres sea intrínseca y no fingida. Un servicio no puede exigir del ciudadano una conducta que no reconoce en los suyos sin quedar convertido en una oficina que reparte reglas en las que no cree. La moral, en el cargo, no es un requisito de ingreso ni un adorno del reglamento: es la materia con que está hecho. Sacarla de ahí no deja un cargo neutral.

Nada de esto se aprende leyendo reglamentos: nadie se ha vuelto valiente estudiando el reglamento del valor. La virtud se pega antes de que se enseñe; se adquiere como se adquiere un acento, por vecindad. Los ejemplos no son adorno del bien común: son su vehículo ordinario, y una comunidad sin modelos visibles no queda en blanco, queda a merced de los que sí son visibles, que hoy se producen en cantidades industriales, se bombean en los medios y no suelen distinguirse por su templanza.

Por ello, además, resulta trágico detenerse en quién hizo la pregunta a la Contraloría: la hizo el servicio encargado de custodiar y reinsertar a quienes tropezaron; el que trabaja a diario con las consecuencias acumuladas de una vida sin nadie a quien imitar. Que la duda naciera ahí no fue mojigatería: fue el olfato de una institución que sabe, por oficio, lo que cuesta la falta de ejemplos. Le respondimos que “dependía”.

Debo aquí un descargo, y no por cortesía. Quien escribe no lo hace desde el pedestal de su excelencia (mi falta de estatura no es sólo moral) sino desde el fondo del pozo de sus propios defectos. Es un mirador incómodo, pero instructivo: desde abajo se ve, con una nitidez que el pedestal no concede, para qué sirven los buenos modelos. Uno no los reclama porque le sobren; los reclama porque le faltan. Los buenos ejemplos no son un lujo de los virtuosos: son la necesidad diaria de los mediocres.

Desde ese fondo se aprecia, además, lo que los antiguos cifraron en tres palabras: corruptio optimi pessima. La corrupción de lo mejor es la peor. No porque quien cae desde más alto valga más como persona, sino porque cae desde donde se le ve, y su caída enseña, aunque él no quiera enseñar nada. Lo mejor que tiene el servicio público es precisamente esto: que en él un hombre común puede volverse, sin proponérselo y sin cobrar nada extra por ello, el modelo de persona que muchos, demasiados, nunca tuvieron. Perder eso no es perder un requisito administrativo. Es perder lo único que un cargo modesto tiene de grande.

Con todo, las normas siguen ahí, encendidas. Un faro no deja de alumbrar porque los barcos hayan dejado de mirarlo; sigue señalando la roca, y su luz es justamente lo que permite advertir que nadie corrige el rumbo. La letra que llamamos muerta no está muerta: acusa. Y acusa con una paciencia irritante, esperando que alguien vuelva a leerla en voz alta. Hemos leído la cláusula de la dignidad del cargo como un lastre, casi como una intromisión. Léase al derecho: es un cumplido, quizá el único que el ordenamiento le hace al servidor público. Da por supuesto que hay alguien cuya vida la comunidad puede mirar sin bajar los ojos. Declarar que la norma “depende” no libera a nadie: lo degrada, porque le informa, con toda la hipocresía de la técnica jurídica, que ya nadie espera nada de él.

Columna publicada en El Líbero el 6 de julio de 2026.

Existe un lugar en el mundo donde las injusticias descansan cómodas, calientes, casi mimadas: el archivo de los asuntos «en revisión». No es la cárcel ni el tribunal, sino esa antesala administrativa donde un expediente puede envejecer con dignidad, porque nadie lo ha negado y nadie lo ha resuelto.

El Presidente Kast —que ha hecho de la emergencia su bandera y de la prisa una promesa— ha dicho, con una franqueza que debo agradecerle, que usará la facultad presidencial del indulto. Lo ha repetido más de una vez: «la facultad del indulto… yo la voy a utilizar». Ha precisado que revisará los casos uno a uno, que no prometió indultos absolutos, que primero la empleará y después propondrá reformarla, y que de todos modos no es la prioridad de un país donde hay gente que tiene hambre, que no tiene casa, que no tiene seguridad. Todo esto es razonable. Todo esto es, palabra por palabra, defendible. Tal vez, dicen algunos, es lo prudente.

La prudencia, sin embargo, no es la virtud de quienes deliberan bien, sino la de quienes deliberan y mandan bien. Su acto propio no es la consulta ni el juicio, sino el imperio: el mandato efectivo de ejecutar aquello que la razón ya juzgó debido. Deliberar es el vestíbulo; juzgar, la sala de espera; pero la prudencia sólo llega a su casa cuando ordena hacer. Un médico que diagnostica de maravilla y no receta nunca no es un médico prudente: es un erudito de la enfermedad ajena.

La distinción no es bizantina, porque hay dos demoras que se parecen como dos gotas de agua y son radicalmente opuestas. La primera es la del gobernante que sabe qué debe hacer y escoge el momento oportuno, porque obrar hoy causaría un daño mayor que esperar; en él la espera no posterga el deber, sino que forma parte del mismo juicio prudente. La segunda es la del que ya tiene el juicio formado, ya conoce la obligación, y no obstante vuelve a abrir, una y otra vez, la deliberación que había cerrado. La primera demora es prudencia. La segunda tiene otros nombres, bastante menos halagüeños: inconstancia, cuando la razón concluye y la voluntad retrocede ante la dificultad; negligencia, cuando se reconoce el deber, pero no se ponen los medios para cumplirlo; pusilanimidad, cuando se cede ante la magnitud del costo de realizar lo que se sabe que es correcto.

Lo incómodo es que la falsificación de la prudencia se parece muchísimo al original. Nadie posterga un deber anunciando «voy a postergar un deber». Se dice, más bien, «es más complejo de lo que parece», «hay que verlo caso a caso», «sin prisa y con pausa», «otra cosa es con guitarra». Frases impecables, todas, mientras describan un trabajo que avanza; frases siniestras, las mismas, cuando describen un trabajo que no empieza o que empieza y se abandona. La palabra puede ser el bisturí del cirujano o la coartada del cobarde, y desde fuera no se distingue el filo del mango.

Conviene afinar el caso, porque el debate público se ha enredado —comprensiblemente— en los indultos discutibles: los del culpable cuya pena se perdona. De ésos no hablo, y por una razón sencilla: al culpable la clemencia no se le debe, se le regala, y un regalo puede esperar sin que nadie cometa injusticia al demorarlo. El caso que me interesa es el contrario: el del inocente —o el de aquel cuya inocencia se presume con fuerza— que sigue tras las rejas. Porque ahí la demora deja de ser administrativa y se vuelve un problema moral: cada día adicional de encierro injusto no es un bien futuro que se aplaza, sino un daño presente que se prolonga. No estamos ante algo que todavía no ocurre, sino ante una aberración que sigue ocurriendo. Se dirá que el indulto perdona la pena, pero no borra la condena; es cierto, y poco consuela al inocente la pulcritud de sus antecedentes cuando lo que le sobra es reja. Mientras la autoridad «revisa», el reloj no cuenta.

Una omisión puede ser tan voluntaria, y tan imputable, como el más deliberado de los actos, porque quien pudiendo y debiendo obrar no obra, algo hace precisamente al no hacerlo. No se requiere un decreto que ordene la injusticia; basta el silencio de quien tenía el deber, los medios y la hora para remediarla. Porque los preceptos que mandan hacer obligan siempre, aunque no a cada instante: obligan a su tiempo y en su lugar. Mientras la hora no llega, el «todavía no» es inocente; cuando la urgencia, la certeza moral y la competencia coinciden, la hora ha llegado, y entonces la postergación deja de ser una pausa para volverse una respuesta. Un «no» conjugado en futuro sigue siendo un «no»; y la voluntad que aplaza sin término lo que sabe debido no es que no haya decidido: ha decidido no decidir, que es la única forma de negar sin que se note. La firma que falta tranquiliza al expediente, no a la conciencia.

Hay un viejo recurso de Chesterton que viene aquí como anillo al dedo. Comienza él por el cabello de una niña pobre, de pelo rojizo, a la que —por la inmundicia del conventillo— alguien propone rapar para acabar con los piojos. Y Chesterton, en vez de aceptar el trato razonable, lo invierte con furia: antes que cortar ese cabello derribemos el conventillo entero. La niña es el punto fijo; lo demás es lo que debe ceder, y no al revés. Tal es la primacía de la persona y su dignidad. Pues bien: el inocente en su celda es ese pelo rojizo. Y lo que se pone en la otra bandeja de la balanza no es ya un conventillo, sino algo más liviano todavía: el fastidio de lidiar con una oposición que mañana, como todos los días, hará lo posible por viciar el gesto, fiel a su liturgia del «ni perdón ni olvido». Dejemos el eufemismo de lado: un día de un inocente es irreparable y concreto; la objeción del adversario es previsible, repetida y —sobre todo— segura, pues ocurrirá igual se haga lo que se haga. Quien deja al inocente adentro para ahorrarse el ruido de afuera no ha pesado dos bienes: ha cortado el pelo del inocente y de su familia para no incomodar al conventillo, y ha dejado, de paso, que una consigna forjada contra los culpables cobre su precio en los inocentes.

Nada de esto es un cargo contra el Presidente. Sería una insolencia —y, de paso, una imprudencia mía— dictaminar desde una simple columna lo que sólo él puede saber: si su demora es de la primera especie o de la segunda, si el calendario está al servicio de la justicia o reemplazándola. Quien tiene los expedientes a la vista es él, no yo. Pero la tradición que él mismo profesa —y la profesa, no es un decorado— le ofrece algo mejor que un crítico externo: le ofrece un examen interior. La pregunta no es «¿qué dirán?», sino «¿haré lo que sé que debo hacer?». Si los costos políticos, el desgaste mediático o el cálculo electoral ya no alteran su juicio sobre lo que es justo en un caso concreto, entonces esos costos han dejado de pertenecer a la prudencia y han pasado, sin ruido, al departamento de la conveniencia. Allí puede haber astucia, cálculo, sagacidad. Virtud, no.

La tentación de todo poder serio y bienintencionado —y éste lo es— se formula así: «reconozco lo que debe hacerse ahora, pero todavía no…». Tranquiliza porque no niega nada: ni el deber, ni el bien, ni la urgencia; sólo los corre de fecha. Y un aplazamiento sin fecha es, para el inocente que aguarda en su celda, indistinguible de una negativa. Ojalá —lo digo con afecto y sin ironía— que cuando la historia abra estos expedientes encuentre, al final de la línea, un día y un mes. Y no la expresión «todavía no», que es la manera cortés que ha inventado el hombre para decir «nunca».

Columna publicada en El Líbero el 29 de junio de 2026.

Ante la muerte de un niño de 12 años en una encerrona, una alcaldesa resumió el clamor de muchos en una línea: los menores “están delinquiendo porque saben que no tienen ni una pena”. Quien la pronunció creía hablar de disuasión. Sin advertirlo, dijo algo más hondo y cierto: que un muchacho a quien sus actos no le devuelven consecuencia alguna no aprende que ha hecho un mal, sino algo peor, que el mal no existe. Tiene razón. Es de justicia que el delito tenga pena, y un orden que libera al día siguiente a quien acaba de quebrarlo no es más humano: es más cruel, porque le confirma al joven que su voluntad no topa con muro alguno en la realidad. Y un alma sin muros es un alma a la que se abandonó.

Hasta aquí, los alcaldes que pidieron urgencia para la reforma de la ley penal adolescente tienen toda la razón. Corresponde concedérselo entero, porque sólo quien admite que el castigo es debido tiene después derecho a preguntar por su forma. Y la pregunta es difícil: cuando pedimos “régimen cerrado”, ¿sabemos lo que pedimos?

Debemos mirar la cosa real y no el folleto. La ley promete continuidad de estudios, tratamiento de adicciones, reinserción. El recinto entrega otra cosa. No hace falta admirar al sistema interamericano —confieso que no lo admiro— para reconocer que, de tarde en tarde y casi a pesar de sí mismo, acierta. En noviembre de 2024 condenó al Estado de Chile por las condiciones en que ese mismo Estado mantiene a los adolescentes que encierra: hacinamiento, celdas de castigo, aislamiento, ausencia de separación por edad. Hay una ironía difícil de digerir en pedir como solución, a gritos y con urgencia, precisamente aquello por lo cual ya fuimos condenados. Llamamos remedio a lo que un tribunal —uno que rara vez me da la razón— acaba de llamarnos enfermedad.

Podría pensarse que, fealdad aparte, el encierro al menos cumple su promesa central: devolver a la calle un joven mejor. Los números dicen lo contrario y con una crudeza que desarma. De todas las sanciones que contempla la ley, el régimen cerrado es el que más reincidencia produce: más de la mitad de quienes egresan vuelven a delinquir dentro de dos años. Se ha estimado que la privación de libertad en la adolescencia aumenta en 36 puntos la probabilidad de reincidir ya de adulto. Léase con calma: no es que el régimen cerrado fracase en formar al joven. Es que fabrica, con puntería estadística, al delincuente adulto que dice venir a prevenir. Pedimos endurecer la máquina que produce, con exactitud, el resultado que tememos. Si un hospital contagiara a la mayoría de sus pacientes, no pediríamos más camas.

Y aquí la pregunta deja de ser técnica y se vuelve moral. Si el encierro no corrige, no repara nada y degrada a quien lo sufre, entonces se sostiene únicamente en la tranquilidad del resto. Y conviene decir lo que eso significa, con todo el respeto por quienes lo piden desde el espanto de un niño muerto, pero sin ceder un milímetro en el argumento. Una persona, también la culpable, se ordena al bien común como la parte al todo; pero sólo en aquello en que es parte, no en todo lo que es, porque hay en ella un destino que ninguna comunidad agota. Por eso jamás puede ser tratada como mera pieza al servicio de la seguridad ajena. Cuando el castigo se justifica únicamente por su utilidad para los demás, ha dejado de ser castigo: se ha vuelto sacrificio. Y un Estado que sacrifica a los suyos, aunque sean culpables, repite con mejor caligrafía el gesto del que delinque: usar a otro como cosa.

Detrás de todo esto late una confusión más honda: hemos olvidado qué es un castigo. Un castigo que no duele no es un castigo; es una ceremonia. La pena es un bien que se padece —un bien por su fin, que es restaurar la justicia— pero que llega necesariamente en forma de mal, de algo que se sufre contra la propia voluntad. Quítese el padecer y se quitó la cosa: una pena que no cuesta nada es como un ayuno que permite comer. Y no sólo resulta inútil; es injusta, porque deja la balanza donde el delito la dejó. Educar, por lo demás —en el sentido más viejo de la palabra, el que tenía Platón cuando decía que consiste en aprender a alegrarse y a dolerse como es debido—, no es otra cosa que reordenar los afectos: que duela lo que debe doler y agrade lo que debe agradar. Y el que delinque es justamente aquel cuyos goces y penas se han desquiciado: se alegra de lo que tendría que apenarlo, y no le pesa lo que tendría que pesarle. Devolverlo al orden exige, antes que nada, que el daño vuelva a dolerle.

Pero entonces la cuestión no es si el castigo debe doler, sino qué dolor. Hay uno que reordena y otro que sólo embrutece. El de la celda degradante duele, por cierto, pero es el dolor equivocado: no se enlaza con lo que el joven hizo, y así no le enseña a apenarse del mal que causó, sino a apiadarse del que él padece. De ahí no nace arrepentimiento sino rencor. El otro dolor —mirar a la víctima, reparar lo roto, sostener la cara de aquello que se quebró— es el que vuelve a anudar la pena con el acto y reenseña al alma a dolerse donde corresponde. Y ese, digámoslo, es el más arduo de los dos.

Por eso castigar de verdad es más difícil que encerrar, y nunca más blando. La blandura cómoda y la dureza inútil se parecen más de lo que creen: ninguna de las dos le cobra al joven lo que su falta de veras vale. La experiencia comparada en justicia restaurativa —responsabilizar al infractor ante su víctima, exigirle reparar— muestra resultados modestos pero reales, mejores que los del puro cerrojo. No es indulgencia: es exigencia de la más áspera. Uno se pregunta por qué la única firmeza que sabemos imaginar es la del candado. Hubo tiempos en que se creyó que a un joven sin rumbo se lo enderezaba encuadrándolo, formándolo, exigiéndole un servicio, imponiéndole disciplina dolorosa y modales con rigor; no escondiéndolo. No propongo una fórmula específica: propongo abandonar el falso dilema. Entre soltar y sepultar hay un país entero por explorar, y lo hemos dejado baldío. El alcalde Agustín Iglesias ha dado un primer y valioso paso en esta dirección.

“No tienen ni una pena”, dijo la alcaldesa, y tenía razón a medias. Porque tampoco tienen pena —en el sentido grave y restaurador de la palabra— los que entran al régimen cerrado y salen peores. Tienen un castigo que no restituye nada, no corrige a nadie y sólo los guarda hasta que regresan, más deshumanizados, a la misma esquina. La verdadera impunidad no es únicamente la del que sale libre mañana. Es también la del Estado que llama justicia a un encierro que ya le fue reprochado como injusticia, y duerme tranquilo —por un rato— creyendo que cumplió.

Queda el muro. Lo imaginamos como lo primero firme contra lo cual un alma a la deriva podría, por fin, apoyarse. Pero hay otro muro, y es el que levantamos con más prisa: el que no se alza para sostener a nadie, sino para esconder lo que no queremos mirar. El mismo muro, dos sentidos. Y toda la diferencia entre castigar y esconder cabe en cuál de los dos elegimos.