Se arrienda soledad
Columna publicada en El Líbero el 9 de noviembre de 2026.
Imagine una ciudad donde basta desear una casa para tenerla. No hay que ahorrar, ni pedir un crédito, ni pedirle nada a nadie: se piensa la casa y la casa aparece. Lo curioso es lo que ocurre después. Como nadie necesita a nadie, el primer roce con el vecino se resuelve con una mudanza. El ofendido imagina otra casa unas cuadras más allá, y luego otra más lejos, y así la ciudad crece sin cesar hacia afuera mientras se vacía por dentro. Los vecinos más antiguos viven ya a distancias astronómicas. Es una ciudad que nunca conoció la escasez de viviendas, solo la de vecinos. C. S. Lewis la describió en 1945 y le dio su nombre verdadero: es el infierno.
La Encuesta Bicentenario UC de esta semana parece su censo. El 52% de los chilenos se sintió solo, al menos algunas veces, durante la última semana. Quienes no tienen ningún amigo cercano pasaron en un año de 12% a 17%. El 69% habla a diario o cada semana con su mejor amigo por teléfono o redes, pero sólo el 31% se junta con él.
En casi la mitad de las comunas mueren más personas de las que nacen, y por primera vez no alcanzamos un hijo por mujer. La ciudad crece; los vecinos no.
En el infierno de Lewis cada uno elige su distancia. En el nuestro, en cambio, unos eligen y otros pagan. La soledad se concentra en los extremos de la vida: en el joven que dejó la casa de sus padres y no encuentra dónde echar raíces, y en el anciano que enterró a su cónyuge y a sus amigos. La viuda a la que nadie visita no se mudó a la periferia. La dejaron ahí, y no es ella quien debe dar explicaciones.
Las debe una cultura que convirtió en conquista lo que antes se tenía por desgracia. Durante décadas se nos enseñó que ser libre es no necesitar a nadie, que todo vínculo es una hipoteca y que la mejor relación es la que se puede terminar sin costo. No exageramos la libertad: le achicamos el objeto. Una libertad que sólo se ejerce manteniendo abierta la puerta de salida nunca llega a lo más alto que sabe hacer, que es entregarse. Levantamos un altar a la autonomía, y la autonomía, como todo ídolo, termina haciendo a sus fieles a su imagen: quien se arrodilla ante la soledad acaba solo. Lo paradójico no es que ahora lloremos ante ella. Lo paradójico sería que no lo hiciéramos. Aristóteles dijo que quien se basta a sí mismo es una bestia o un dios, y la experiencia muestra que rara vez es lo segundo. La tragedia de la ciudad gris no es que sus habitantes puedan irse cuando quieran, sino que ninguno encuentra una razón suficiente para quedarse.
Lewis tituló su libro El gran divorcio, y el nombre no es un adorno. El primer vecino del que no hay mudanza es el cónyuge. El matrimonio es la única institución humana que se atreve a prometer lo que la cultura de la autonomía declara imposible: para toda la vida. Es exactamente lo contrario de la ciudad gris, donde nadie se compromete a estar mañana donde está hoy.
Las cifras duelen. En 2025 se celebraron unos 60 mil matrimonios y casi 20 mil acuerdos de unión civil. Uno de cada cuatro vínculos formalizados es ya un contrato que cualquiera de las partes puede terminar sola, con una escritura pública. Es la casa de Lewis convertida en figura legal: se entra deseándola y se sale de la misma manera. Y nueve de cada diez de esos acuerdos los firman un hombre y una mujer que podrían casarse y prefieren no hacerlo. Chile registra cerca de 40 mil divorcios al año. Desde 2004, basta que uno solo de los cónyuges lo pida, tras tres años sin convivir, para que la ley tenga por disuelto lo que ella misma sigue llamando indisoluble. Porque el artículo 102 del Código Civil todavía dice que los cónyuges se unen indisolublemente, y por toda la vida, y con el fin de procrear, aunque desde 2021 se tiene por matrimonio la unión impotente para la procreación. Una de las dos leyes finge, y no es el Código. El legislador conservó la letra de la promesa y le fue quitando, una a una, sus condiciones. Hemos hecho del matrimonio una convivencia con ceremonia, y de “para toda la vida” una fórmula ritual.
Del cónyuge viene normal y naturalmente el segundo vecino sin mudanza: el hijo. Los chilenos asocian los hijos a la felicidad en un 96%. Los quieren en abstracto y los temen en concreto. Por eso la cuna vacía y la silla vacía junto al anciano no son dos males que coinciden. No todo el que envejece solo eligió estarlo, ni todo el que no tuvo hijos se negó a tenerlos; pero una sociedad que deja de atarse a los treinta es la misma que no tiene a quién mandar de visita a los ochenta. Una cultura que define la libertad como la posibilidad permanente de irse no puede pretender en serio curar su soledad; asimismo, una sociedad que considera provisional todo compromiso termina debilitando las condiciones que hacen posible la compañía duradera.
De ahí la ingenuidad de creer que la natalidad se arregla con bonos. Hungría destina cerca de un 5% de su producto a las familias, y su fecundidad volvió casi al punto de partida. Corea del Sur, el país con menos hijos por mujer del mundo, vio subir sus nacimientos dos años seguidos, en buena parte porque volvieron los matrimonios. Un subsidio puede abaratar el costo de un hijo, pero no el de una promesa irrevocable. Se le puede pagar a la gente para que haga lo que desea; no se le puede pagar para que desee donarse para siempre.
El Estado no es aquí un espectador inocente. El mismo país que se siente solo pide hoy más protección estatal. Le pedimos al Estado que sea el vecino que no tenemos. Pero el fin principal de la ley nunca fue sustituir al vecino, sino hacer amigos a los hombres. Y la ley enseña, quiéralo o no. Una legislación que durante veinte años ha enseñado que hasta el vínculo más solemne es revocable no puede extrañarse de que los ciudadanos hayan aprendido la lección. La ley no inventó la cultura de la desvinculación, pero le puso timbre. Si desarmó la promesa, puede empezar a protegerla: llamar matrimonio sólo a lo que lo es, dejar de tratar igual lo que se promete para siempre y lo que se firma con la salida incorporada, y premiar la permanencia, no solo la entrada.
Lewis cierra con una imagen consoladora. Vista desde el cielo, toda la ciudad gris cabe en una pequeña grieta del suelo: es inmensa por dentro y diminuta por fuera, como todo retrato de la pretendida autosuficiencia. La distancia entre sus habitantes, en cambio, no se acorta con obras públicas: se acorta quedándose.
Mala medida
Columna publicada en El Líbero el 2 de noviembre de 2026.
Durante la campaña presidencial, la seguridad se discutió con dos palabras. Una era «amor»: el actual Presidente acusó a sus adversarios de querer tratar con amor a los delincuentes. La otra llegó ya en el gobierno: «seremos implacables», anunció en agosto, al presentar su agenda contra el crimen. Octubre mostró que ambas cosas pueden fallar al mismo tiempo. Un ministerio decidido a ser implacable firmó 56 rebajas de condena a sentenciados por delitos sexuales contra menores, y la reacción, comprensible e inmediata, ha sido buscar la manera de deshacerlas. Hay que reconocer algo poco frecuente en la vida pública: el Presidente admitió el error y pidió perdón a las víctimas. Eso lo honra. Precisamente por eso, la corrección debe estar a la altura del reconocimiento.
Lo primero es despejar una confusión. Las rebajas no fueron un acto de misericordia. Nadie perdonó a nadie; nadie miró a un condenado y decidió, por compasión, aliviar su castigo. Circuló un timbre por una cadena de oficinas. La misericordia es otra cosa, y no está reñida con la pena justa que restituye el orden quebrado y llama al culpable a la enmienda. El falso dilema de la campaña -amor o dureza- confundía el amor con la blandura. La blandura y la dureza parecen contrarias, pero tienen el mismo adversario: la justicia.
Y la justicia es debida también al culpable. Aquí está el punto incómodo: el culpable merece ser castigado, pero no merece cualquier castigo. Nadie discute la culpa de estos hombres, y su acto era abominable antes de que cualquier ley lo dijera. Pero cuántos años de cárcel corresponden, con qué reducciones y bajo qué condiciones, no lo dicta la naturaleza: lo fija la ley humana, dentro de los límites de lo justo, como el arquitecto fija las medidas de una casa que el paisaje no dibuja. Y una medida de esas solo mide desde que existe. Alargar hacia atrás la condena que el juez impuso sería medir un acto pasado con una vara que no existía cuando se cometió ni cuando se juzgó; eso ya no es severidad, sino su exceso, que la tradición llama con un nombre menos amable: crueldad. Santo Tomás dejó una fórmula que nuestra política podría grabar en la puerta del Ministerio de Justicia: la misericordia sin justicia es madre de disolución; la justicia sin misericordia es crueldad.
Pero no es eso lo que aquí se discute, y hay que distinguir con cuidado. Sobre las solicitudes todavía pendientes caben dos lecturas honradas. Una sostiene que la rebaja, mientras no se concede, es una expectativa y no un derecho: negarla no alarga ninguna condena, porque el condenado cumple la pena que el juez le impuso, que es exactamente la debida. La otra, que ha prevalecido en la mayoría de los fallos de la Corte Suprema, responde que la posibilidad de acceder a un beneficio bajo ciertas condiciones forma parte de la medida con que se impuso el castigo, de modo que cerrársela a quien cumple los requisitos equivale a agravar retroactivamente su condición. Lo que no admite duda es esto otro: quitar de pleno derecho el beneficio ya concedido conforme a las reglas vigentes. La mayoría de esos condenados, estima el propio ministro, ya salió en libertad, en virtud de decretos que nadie ha declarado ilegales. Arrebatarles esa libertad sin juicio nuevo y sin falta nueva, sólo porque después de su salida -escándalo mediante- cambió la ley, no es castigar de más, sino privar a un hombre de lo suyo. Eso tiene un nombre preciso: despojo.
Un error tiende a arrastrar al siguiente. El 22 de octubre, el ministro de Justicia defendió las rebajas invocando un principio constitucional: no se puede aplicar retroactivamente una ley en perjuicio de un condenado. Cuatro días después, se le encargó buscar la fórmula para anular o suspender esos mismos decretos, es decir, para producir en perjuicio de personas concretas el efecto que ese principio prohíbe. No hay en ello mala fe, sino la lógica de los hechos: si el principio constitucional obligaba, anular los decretos lo viola; si no obligaba, la defensa original no se sostiene. Ambas cosas no pueden ser verdaderas, y es mejor decirlo ahora que descubrirlo en un tribunal.
Nada de esto, sin embargo, autoriza la acusación constitucional anunciada contra el ministro, que sería un error del mismo género. Una acusación es un juicio, no un voto de desconfianza: sus causales no incluyen los desacuerdos de prudencia. Dejar sin ejecución una ley no es lo mismo que aplicarla conforme a una interpretación que la propia Corte Suprema sostuvo en decenas de fallos; si lo fuera, habría que acusar también a los jueces que resolvieron igual, como advirtió Jaime Mulet. Que el ministro haya cambiado de criterio después de perder varios amparos no lo agrava necesariamente: quien se rinde ante la reiteración de la Corte no infringe la ley, acata su criterio -aunque quizá debió decir que elegía acatarlo, y no que estaba impedido de otra cosa-. Se podrá discutir la prudencia de su decisión, y hay razones para hacerlo; pero de su prudencia un ministro responde ante el Presidente que lo nombró y ante el juicio público, no ante un tribunal que lo destituya. Y su mejor defensa es el principio que él mismo invocó el 22 de octubre: anular hoy sus decretos sería entregar a sus acusadores la confesión que buscan.
La diputada Ximena Ossandón, que encabeza una de las mociones de reforma constitucional, tuvo la franqueza, que se agradece, de decirlo sin rodeos: hay una barrera constitucional que, en este caso, no le parece razonable. Que una medida necesite reformar una garantía fundamental no prueba por sí sólo que sea injusta, pero obliga a fundamentar por qué es justo sacrificarla. Y en lo que mira hacia atrás, la razón ofrecida se reduce a la gravedad del delito, que es precisamente aquello que la garantía existe para resistir.
La disposición propuesta tiene, además, una fecha: deja sin efecto de pleno derecho los beneficios concedidos en los seis meses anteriores a su publicación, cuyos destinatarios pueden contarse uno por uno. Lo grave no es que afecte a pocos -hay leyes legítimas de destinatarios determinados-, sino que revisa decisiones ya adoptadas sobre personas concretas y les fija directamente su efecto, sin que ningún juez examine un solo caso. Una norma así ya no es una ley sino una sentencia con forma de ley. La ley es general porque mira al bien de todos, y la prohibición de las comisiones especiales existe para que nadie sea juzgado por quien no es su juez. No se trata de que la Constitución sea intocable, sino de no tocar esta garantía con este fin.
La reducción al absurdo está a la vista. La reforma suspende la irretroactividad sólo para los condenados por delitos sexuales; las rebajas concedidas por otros delitos -entre ellas, las de dos internos de Punta Peuco- quedan intactas. No es ilegítimo que la ley trate con más rigor los delitos más graves; lo es que una garantía frente al poder del Estado se retire en razón del repudio que el delito inspira. Una garantía que se suspende solo para el delito más odioso deja de ser una garantía y se convierte en el privilegio de los delitos que alguien estima menos odiosos. Durante años, no pocos sostuvieron -con razón- que las garantías penales alcanzan también a los condenados impopulares, y que un Estado de derecho se prueba con ellos. Lo que no puede hacerse es invocar esa verdad cuando el condenado nos parece digno de ella y suspenderla cuando no.
Queda lo más importante: las víctimas. A ellas se les debe, en primer lugar, que esto no vuelva a ocurrir: una ley que diga con claridad lo que la de 2022 calló, desde cuándo y para quiénes rige la exclusión. Se les debe también la verdad sobre lo que falló, y el Presidente ya comenzó a pagarla. Y se les debe que el Estado responda por su error con lo que es suyo -su responsabilidad política y administrativa-, no con lo que es ajeno. Lo que no se les debe es que su dolor sirva de pretexto para una segunda injusticia. Una injusticia no repara a nadie: sólo multiplica a los deudores. A una mala medida no se la corrige con otra peor.
Rentabilidad adecuada
Columna publicada en El Líbero el 26 de octubre de 2026.
Hay adjetivos que cargan una filosofía entera sin que nadie lo note. La ley chilena encarga a quienes invierten los fondos de pensiones procurar una rentabilidad «adecuada» y segura. No pide la mayor rentabilidad posible: pide la adecuada. Y el adjetivo, modesto y sobrio como un portero, obliga a una pregunta que el sistema lleva décadas sin hacerse: ¿adecuada a qué? Nada es adecuado en abstracto. Un abrigo es adecuado a un cuerpo y a un invierno; una dosis, a un enfermo; un riesgo, a quien debe soportarlo. La adecuación es una medida, y toda medida supone un fin.
Del Fondo E se ha dicho ya casi todo lo que cabe en una cifra. Interesa lo que no cabe en ninguna. El fondo destinado a quienes ya no pueden esperar fue llevado, mediante derivados sobre tasas estadounidenses, a la sensibilidad propia de una apuesta de largo aliento. Hubo advertencias reiteradas del regulador y del Banco Central, y las posiciones no se redujeron. La pregunta no es cuánto se perdió, sino qué clase de deliberación hizo posible esa pérdida.
Aristóteles enseñó que llamamos prudentes a quienes saben deliberar rectamente sobre lo bueno, no en un sentido parcial, como la salud o la fuerza, sino en orden a vivir bien en general. Nadie sostiene que las AFP deliberaran mal sobre la rentabilidad: deliberaron con pericia, con modelos, con comités. Lo que hicieron fue deliberar sobre una parte y tratarla como si fuera el todo. Y esa parcialidad se fue estrechando en tres círculos.
El primero: se deliberó sobre dinero y no sobre vida. Un fondo de pensiones no existe para rentar, sino para que un hombre envejezca sin miedo; la rentabilidad es el medio, la vejez es el fin. Cuando el medio se emancipa del fin, la técnica se vuelve un ciego muy bien informado.
El segundo, más estrecho: ni siquiera se deliberó sobre el dinero del afiliado, sino sobre la posición frente a la competencia. La ley exige a cada AFP no alejarse demasiado de la rentabilidad promedio de la industria, y quien cae bajo ese piso paga la diferencia con patrimonio propio. En la práctica, «adecuada» pasó a significar «no inferior a la del vecino». La pregunta operativa dejó de ser «¿qué le hace bien a este jubilado?» y pasó a ser «¿qué están haciendo los demás?». Un exsuperintendente lo admitió con franqueza: aunque alguna hubiese querido salirse, no podía. Es la descripción exacta de una manada, donde el único animal en peligro es el que se detiene.
El tercero, el más angosto: se deliberó en promedios de largo plazo para personas que no tienen largo plazo. Las administradoras se defienden recordando que el mismo fondo rentó 8% en 2025 y que, sumados todos los multifondos, los ahorros de los chilenos crecieron este año más de diez mil millones de dólares. Ambos consuelos comparten un supuesto curioso: que la pérdida de uno se compensa con la ganancia de otro. Al que jubila en octubre de 2026 no le sirve el octubre de 2025, que fue de otro, ni la plusvalía de los fondos A y B, que no son suyos. Es como consolar a quien perdió su casa en un incendio informándole que el barrio se valorizó.
Queda la defensa más seductora, la que se oye en voz baja: si las tasas hubiesen bajado, nadie estaría hablando. Es verdad, y es la confesión más grave de todas. Significa que la decisión de 2025 fue idéntica a la de 2026 y que lo único que cambió fue el humor del mercado de bonos norteamericano. Aristóteles distinguía entre deliberar bien y acertar. Hay quien da en el blanco sin razón, por tino o por fortuna, y hay quien llega a la conclusión debida por un camino indebido; ninguno de los dos es prudente. El 8% del año pasado no probó prudencia: probó puntería. Y la puntería, celebrada como método, es la manera más elegante de no advertir que se estaba disparando a ciegas.
Lo curioso es que buena parte de los críticos razona igual que los defensores, sólo que con el signo invertido. «Los resultados muestran que fueron imprudentes», se lee. Pero si el mal resultado prueba la imprudencia, el bueno habría probado la prudencia, y entonces el juez de la virtud de nuestros administradores previsionales es el mercado de bonos de Estados Unidos. El utilitarismo no se refuta mirando las consecuencias desde la otra vereda. La imprudencia no ocurrió en septiembre de 2026. Ocurrió el día en que, a pesar de las advertencias, se decidió exponer a quienes están en la orilla de la jubilación a un riesgo que no podían soportar. Un conductor que cruza en rojo con los ojos vendados y llega a casa no fue prudente, fue afortunado. Y si atropella a alguien, no se volvió imprudente en ese instante: lo era desde la esquina anterior.
Nada de esto es un elogio de la timidez. Un trabajador de treinta años puede aceptar las oscilaciones de un fondo agresivo, porque tiene tiempo para que el mar se calme. La prudencia no consiste en huir siempre de todo riesgo.
Hay que decir, en justicia, que las administradoras no inventaron solas su parcialidad. Una regla que mide a cada gestor contra el promedio de sus pares enseña a mirar al vecino antes que al afiliado, y el legislador que habitúa a deliberar así no puede sorprenderse de que se delibere así. Las leyes educan, para bien o para mal, y esta educó en la imitación. Pero el atenuante explica, no excusa. Entre la obediencia a la manada y la docilidad debida a quien advierte había espacio para objetar, para reducir, para pedir que se cambiara la regla. Advertidos del barranco, siguieron.
Pero la regla de la manada es apenas el síntoma. El mal es más hondo: un sistema entero administrado y juzgado desde una sola formalidad, la rentabilidad. En él todo se mide por un número. Las administradoras compiten por él, el regulador las vigila con él, los afiliados eligen mirándolo, y hasta la palabra «conservador» significa allí únicamente que la cifra oscila menos. Las únicas categorías de ese sistema son el éxito y el fracaso, que son las de la técnica, donde se juzga la obra y no a quien la hace. Por eso en 2025 nadie preguntó por la prudencia, porque había éxito. Y si se juzga a quien la hace, se lo evalúa según criterios técnicos.
La reforma que trae los fondos generacionales promete terminar con la manada, permitiendo a cada administradora fijar su propia cartera de referencia. Es probable que lo consiga. Pero cambia la vara, no la formalidad: se seguirá preguntando cuánto rindió el ahorro. Y la pregunta prudente no es esa, ni tampoco su versión piadosa, cómo obtener la mayor pensión posible, que es la misma pregunta con mejor cara. Quien se jubila no necesita el máximo, sino lo suficiente y lo cierto: saber con qué contará. La rentabilidad no tiene medida, siempre admite un poco más; la vejez sí la tiene. Un sistema que sólo sabe preguntar por el más nunca aprenderá a decir basta, y por eso difícilmente sabrá detenerse antes del barranco.
La Superintendencia ha abierto procedimientos por los deberes de lealtad y diligencia de las siete administradoras, y en el Congreso abundan proyectos de compensación con reajuste. Ambas cosas pueden ser necesarias; ninguna sale del círculo. Las AFP fueron buenos negociantes, quizás los mejores del mercado. El problema es que a quien administra la vejez ajena no se le pide sólo ser buen negociante, sino prudente: alguien que delibere adecuadamente sobre el vivir bien del otro en su conjunto. Eso, y no otra cosa, quería decir aquel adjetivo olvidado. Porque cuando la vejez de un compatriota se subordina a la tiranía de la rentabilidad, se pierde la vejez y, como acaba de verse, también la rentabilidad.
El silogismo octubrista
Columna publicada en El Líbero el 19 de octubre de 2026.
El diputado Jaime Bassa dijo la semana pasada que el estallido ya no está en la calle, pero «sigue vivo en cada hogar». Le llovieron críticas, casi todas merecidas. Falta una, sin embargo, que nadie le ha hecho: la de tener razón. El estallido sigue vivo, en efecto. Sólo que no donde él lo busca. Y la mejor prueba de que sigue vivo es, en buena medida, el modo en que él lo busca.
Todo silogismo consta de tres proposiciones. Una premisa mayor enuncia un principio, una menor describe un caso y la conclusión se sigue necesariamente de ambas cuando el razonamiento es válido. Que sea válido no hace verdaderas sus premisas, y en eso está todo el problema. Octubre de 2019 fue, entre otras cosas, un silogismo. Su premisa mayor no afirmaba que el malestar pueda expresarse, cosa que nadie discute, sino que el malestar autoriza los medios: que la injusticia padecida da licencia para cometer otras. Su premisa menor constataba que en Chile había malestar, y no sin motivos. Y su conclusión se escribió con bencina sobre las estaciones de Metro. Siete años después, esa conclusión ya no se ve: no hay barricadas cada viernes. Y como no se ve, se da el capítulo por cerrado.
Pero ¿qué cambió? No la premisa menor: el malestar sigue ahí, y en eso Bassa acierta. Tampoco la premisa mayor, como se verá. Cambiaron el Gobierno, el Congreso, el ánimo y el cansancio; es decir, nada que figure en el silogismo. Se tomaron los cambios accidentales por nuevas premisas y se concluyó que el octubrismo estaba sepultado. No lo está. La conclusión octubrista no ha sido refutada: sólo ha sido aplazada. Es el error de quien recoge la fruta podrida del suelo y declara sano el árbol.
Empecemos por lo que Bassa ve, porque algo ve: la premisa menor. Hay desigualdades excesivas, deudas que se comen el mes, usura desatada, anatocismo, pensiones que no alcanzan y un desempleo que llegó a 9,6%. Negarlo sería caer en el error simétrico. Pero explicar no es justificar: una causa puede dar cuenta del malestar sin dar licencia a nadie. La tradición cristiana tiene incluso un nombre severo para estas cosas: estructuras injustas. Ese nombre, con todo, dice exactamente lo contrario de lo que la lectura octubrista le hace decir. Una estructura injusta es la sedimentación de muchos actos libres e injustos: nace de culpas personales y condiciona las conductas que vienen después, pero no las determina ni exime de ellas. El concepto católico de injusticia estructural incrimina a la libertad; en cambio, la lectura que hace de la estructura una coartada la disuelve. Por eso, cuando Bassa, al abordar la violencia, responde que no es cura para repartir condenas ni indulgencias, cree abstenerse. Es el mismo que meses atrás calificó aquella violencia de «bien contenida». Cuando lo que está en juego es condenar un incendio, negarse a hacerlo no es neutralidad: es una absolución por omisión, sin penitente ni penitencia. Ningún confesor llegó jamás tan lejos.
El estallido, sin embargo, vive sobre todo en su forma, que es su alma: en el clima de ideas que mantiene en pie su premisa mayor.
Vive en la idea de que el ciudadano es un acreedor y el Estado su deudor moroso. Por eso el diputado enumera condiciones materiales como quien lee facturas impagas, sin que en la lista figure un solo deber. Y de ahí se da, sin justificarlo nunca, el paso decisivo: creer que la mora del deudor libera al acreedor de sus deberes de justicia hacia terceros, como si el vecino de La Granja respondiera con su estación de Metro por las deudas del Estado. La tradición clásica conoce el derecho de resistencia al tirano, pero lo rodea de condiciones tan severas que incendiar una estación de Metro no satisface ninguna.
Vive en la sospecha de principio contra toda autoridad, que hace del carabinero un sospechoso y del encapuchado un mero síntoma. En buena parte del debate público, quien usó la fuerza para defender el orden carga con la prueba de su inocencia, mientras quien atacaba ese orden recibe el beneficio de la sociología.
Vive en la convicción de que la legitimidad nace del número de personas que ocupan una plaza, y de que la justicia de lo que se pide santifica los medios con que se pide.
Vive en la fe mágica en la Constitución como remedio universal, esa fe que llevó a casi todo el arco político, derecha incluida, a ofrecer el 15 de noviembre la Carta Fundamental como rescate a cambio de la paz. El país rechazó dos veces el experimento, por 62% y por 56%, pero dos derrotas no son un examen de conciencia; son apenas dos derrotas.
Vive en un cristianismo reducido a diagnóstico sociológico, más cómodo con la sensibilidad social que con la Cruz y el Evangelio. Cuando la redención se confunde con la mejora de las condiciones materiales, se termina predicando con otro vocabulario la misma antropología que se debía corregir.
Vive, en definitiva, en el horizonte inmanente que respiramos, del que no siempre escapan, vaya ironía, quienes critican a Bassa. Según había informado The Clinic, La Moneda se proponía dejar pasar el 18 de octubre sin actos, con la atención puesta en lo que considera urgente: seguridad, economía y empleo. Es una agenda razonable, y el Gobierno niega en la práctica la premisa mayor cada vez que persigue el delito. Pero negarla con la policía no es refutarla con razones, y que lo material sea urgente no lo vuelve suficiente. Bassa dice que el problema son las condiciones materiales; el Gobierno responde con más orden y mejores condiciones materiales. Ambos discuten la menor; ninguno discute la mayor. Y no reparan en que el malestar es la única premisa que ninguna política podrá suprimir del todo. Reducirlo es obligatorio; hacer depender de su ausencia la legitimidad del orden es apostar a un mundo que no existe.
Octubre no se explica sólo por carencia. Los chilenos de 2019 eran incomparablemente menos pobres que los de 1990, lo que no prueba que las condiciones materiales no pesaran, sino que no bastan para explicar el incendio. Una sociedad que sólo se ofrece a sí misma bienestar no puede reclamar lealtad cuando el bienestar se atrasa. Quien enseña a sus ciudadanos que deben obediencia mientras su bienestar aumente no debería sorprenderse cuando dejan de obedecer en cuanto deja de aumentar. Si el vínculo social es un contrato de prestaciones, el incumplimiento se lee como causa de resolución. En este sentido, el estallido fue la cobranza de una promesa fundada en una filosofía y teología materialistas.
La lealtad política, en cambio, no se compra con prestaciones: se funda en la justicia debida al bien común y se robustece con la amistad cívica, que ve en los demás no competidores por los beneficios del Estado, sino conciudadanos llamados a participar de un bien que ninguno puede alcanzar por sí solo.
Bassa, por tanto, tiene razón: el estallido sigue vivo. Pero no vive, como él cree, en la cuenta que no se alcanza a pagar, sino en la idea de que esa cuenta es lo único que está en juego, y en la licencia que de ahí se pretende sacar. Esta es la más irónica de las victorias octubristas: perder las batallas callejeras de los viernes y ganar la guerra porque el vencedor nunca discutió su gramática. Mientras nadie toque la premisa mayor, podremos cambiar diez veces de gobierno y bajar el desempleo a la mitad: bastará el primer malestar, y nunca falta, para que alguien vuelva a deducir la conclusión. El orden será una tregua, y las treguas se rompen el primer mes en que la economía no cumple. La calle, por ahora, está tranquila. El silogismo, en cambio, sigue abierto, esperando a quien quiera ejecutarlo.
El recorte que no ahorra un peso
Columna publicada en El Líbero el 12 de octubre de 2026.
El Presupuesto 2027 llegó al Congreso con el ruido habitual de las tijeras. Los gobernadores regionales calculan lo que pierden, el mundo de la cultura mide su rebaja y Educación descubre que crecer en el papel puede significar encogerse frente a la inflación. Cada partida tiene su doliente y cada doliente su micrófono. Sin embargo, la decisión más importante del proyecto no aparece en ninguna partida, no tiene doliente con cifra y no ahorra un solo peso. Hacienda, sencillamente, no pidió a los ministerios que miraran sus programas con “perspectiva de género”. Nadie lo anunció. Se supo porque alguien en una cartera lo comentó a la prensa. Es el recorte más barato de la historia fiscal chilena, y quizá el más difícil de digerir para quienes construyeron lo recortado.
Para entender por qué, hay que saber qué se dejó de hacer. Desde 2022, cada servicio debía identificar qué programas contribuían a cerrar las brechas entre hombres y mujeres. Desde 2024, la Dipres además los etiquetaba, con instructivo metodológico y capacitaciones incluidas. El resultado fue asombroso: el 22,5% del presupuesto de 2025, unos 18,5 billones de pesos repartidos en 22 ministerios, “contribuía a la igualdad de género”. Para 2026 la proporción subió al 23%. Un lector desprevenido creería que el Estado chileno dedicaba casi la cuarta parte de su gasto a la causa. Nada de eso. El dinero iba a lo mismo de siempre. Lo que cambió fue el color del cristal.
Porque la perspectiva de género, en materia presupuestaria, nunca fue un gasto. Fue un par de anteojos. Quien se pone lentes rosados no compra un mundo rosado; sólo lo ve así. El propio informe de Hacienda lo confesaba con candor. De ese 22,5%, apenas el 1,31% era contribución directa, como la atención a víctimas de violencia o las campañas de prevención. El 21,2% restante era “indirecto”. Dicho de otro modo, de cada dieciocho pesos con perspectiva de género, diecisiete eran pesos destinados a otra cosa, pero mirados con perspectiva de género. El Programa de Recuperación de Barrios entraba en la cuenta porque tenía un eje “de género y cuidado”; un programa de Sercotec, porque incluía contenidos sobre autonomía económica femenina. La plaza seguía siendo plaza y el curso seguía siendo el curso, pero un funcionario debidamente capacitado los había contemplado con el ceño adecuado, y así quedaban bautizados y contabilizados.
El método tiene la virtud de no conocer límite. Con una perspectiva etaria descubriríamos que buena parte del gasto sirve a la vejez. Con una perspectiva del peatón hallaríamos que también le contribuyen las veredas, y lo mismo valdría para el ciclista, el zurdo o el vecino de regiones. Sumadas todas, el presupuesto contribuiría al trescientos por ciento de algo. Hay, en cambio, una sola etiqueta bajo la cual todo el gasto público cabe legítimamente al cien por ciento, y es justamente la que este sistema había olvidado: el bien común. Un presupuesto no necesita que le añadan perspectiva, porque ya tiene una, la del bien de todos y cada uno, el bien de la persona en sociedad. La anteojera de género no la enriquece, la reemplaza. Donde había un pueblo con necesidades espirituales y materiales, instala un libro de combate contable de dos columnas, con saldos, déficits y acreedores.
La Dipres defendía el etiquetado en nombre de la transparencia, pues permitiría a la ciudadanía comprender y seguir las políticas de igualdad. Es una curiosa transparencia la que tiñe la cuarta parte del gasto, porque no ilumina, encandila. Cuando todo es política de género, nada lo es, y lo que verdaderamente protege a la mujer queda sepultado bajo un veinte por ciento decorativo. Ahí estaba la injusticia más fina del sistema: usaba el bien real de unas pocas partidas como aval para el prestigio de moda de todas las demás. Proteger a una mujer del golpe es justicia sin apellido. No necesita perspectiva; necesita policías, fiscales y casas de acogida.
Hay algo más. La categoría de “brecha de género” supone que toda diferencia entre hombres y mujeres es una deuda que el Estado debe saldar. Pero la justicia no consiste en que todos tengan lo mismo, sino en que cada uno reciba lo suyo. La igualdad que exige la justicia distributiva es de proporción, no de planilla ideológica. La perspectiva de género no puede verlo, porque su cristal tiene un punto ciego exactamente del tamaño de la familia. Mira individuos sexuados en competencia y nunca ve esposos, ni padres, ni hijos. Bajo esa mirada, la madre que decide quedarse con sus niños pequeños aparece en el registro como una cifra de participación laboral por corregir, y la mayor brecha del país resulta ser, en definitiva, la maternidad. El sistema no necesitaba decirlo; le bastaba con contarlo. Y un Estado que mira a la madre como un déficit acabará, con toda buena voluntad, financiando su ausencia.
Celebro, entonces, la sensatez del Gobierno. Pero la sensatez silenciosa tiene un defecto: es reversible sin costo. Lo que se deja de hacer sin razones se vuelve a hacer sin esfuerzo, y una ideología destronada por omisión regresa por decreto el primer día de la administración siguiente, con el instructivo intacto y las capacitaciones ya diseñadas. Lo que se abandonó por descuido no se puede defender; lo que se abandonó por convicción, sí. Hace un año, en la discusión del presupuesto anterior, la crítica de la entonces oposición a esta perspectiva fue de prioridades y de costo: cuánto se gastaba en esto y a quién se contrataba. Es una objeción razonable, pero insuficiente. Si el etiquetado hubiese sido gratuito, el error habría sido idéntico. El problema nunca fue el precio de los anteojos, sino lo que hacían ver. El Ejecutivo haría bien en decirlo, no en un comunicado altisonante, sino con la sobriedad con que se corrige una mala contabilidad.
Quitarse los anteojos no es ver menos. Es volver a ver lo que siempre estuvo ahí: hombres y mujeres que no se deben nada como adversarios y se lo deben todo como prójimos, niños que no son una carga en la cuenta de nadie, matrimonios y familias que no son un obstáculo para la igualdad sino el lugar donde se fragua el bien común. El Presupuesto 2027 no gastará un peso menos por haber dejado el cristal ideológico en el cajón. Gastará, eso sí, a ojos descubiertos. Y no hay mejor perspectiva que esa.
Moralmente vinculante
Columna publicada en El Líbero el 5 de octubre de 2026.
Le preguntaron si el acuerdo obligaba y respondió que sí: moralmente. La escena ocurrió el martes 29 de septiembre a las puertas de la Casa Blanca, después de que seis de los hombres que dirigen las mayores empresas de inteligencia artificial del mundo firmaran, junto al Presidente Trump, un documento de dos páginas que él mismo comparó con una Constitución. El adverbio fue recibido como se recibe una evasiva, y no sin motivo: en el idioma de nuestro tiempo, «moral» designa lo que obliga sin obligar, el compromiso que puede romperse sin que nadie tenga a quién reclamar.
La tradición clásica entiende la palabra exactamente al revés. Para ella la obligación moral no es la versión débil de la jurídica, sino su raíz: la ley justa obliga en conciencia, y hay deberes que obligan, aunque ninguna ley los haya escrito todavía. Quien promete queda atado, aunque ningún tribunal lo persiga. En este sentido, el presidente dijo más verdad de la que quiso. El acuerdo es, en efecto, moralmente vinculante. El problema es a quién vincula.
Porque la obligación de conciencia tiene una propiedad curiosa: pesa por entero sobre quien menos la necesita. El hombre justo no requiere amenazas para abstenerse de dañar al prójimo; hace por amor lo que la ley manda por miedo, y por eso se ha dicho siempre que la ley no fue puesta para él. No es que le sobre toda regla: aun los buenos necesitan saber hacia dónde caminar juntos, y a ellos un acuerdo así puede servirles de guía. Pero no para lo esencial: ningún santo necesita estampar su firma para no poner en riesgo a la humanidad. Al injusto, en cambio, la guía no le sirve de nada, porque quien desoye a su conciencia no va a obedecer a un papel cuya única fuerza es apelar a ella; lo único que lo contiene es el castigo, y es justamente lo que el acuerdo no tiene. Se ha fabricado, pues, un instrumento de rara perfección: es fuerte donde menos se necesita y débil donde más se necesita.
Aquí asoma algo que el debate suele pasar por alto. La ley con sanción no insulta a nadie. No presume que tal o cual empresario sea un malhechor: se dicta para la multitud, sabiendo que en toda multitud hay quienes solo se contienen por temor, y que ese temor, con los años, a veces se vuelve costumbre, y la costumbre, virtud. El justo ni siquiera siente la cadena, porque camina en la misma dirección que ella. De ahí una paradoja digna de meditarse: solo el hombre recto podría firmar sin miedo una ley con dientes, y es el único que no la necesita. La resistencia a la ley no prueba la maldad de nadie; pero tampoco puede invocar la virtud en su defensa. Ningún código de honor le ha quitado jamás el sueño a un ladrón. Lo que se lo quita es la patrulla.
El Presidente habló de Constitución. Pero una Constitución supone una potestad capaz de ordenar a todos aquellos a quienes se dirige; esta tiene redactores, firmantes y fotógrafos, y ninguna autoridad sobre nadie. Los empresarios, por encumbrados que sean, no hacen leyes: a lo sumo se aconsejan, y en este caso a sí mismos, que es el consejo menos escuchado del mundo. Promover la ley corresponde a quienes tienen a su cargo el bien de todos, y estaban en la foto: el Presidente de los Estados Unidos, que firmó como uno más, y el de la Cámara de Representantes, que se apresuró a aclarar que todo era voluntario. El texto confirma el diagnóstico con su propia gramática: los signatarios «creen» que cada empresa «debería» adoptar ciertos controles, y admiten que con el tiempo «podría tener sentido» convertirlos en ley. No hay sanción, ni juez, ni autoridad que apruebe nada. La obligación moral ni siquiera alcanza a todos los comensales: dos de las grandes compañías presentes en el almuerzo no firmaron. Nada de esto significa que el contenido sea malo. Auditores externos, equipos internos de verificación, vigilancia desde los directorios: el acuerdo recoge buena parte de lo que León XIV pedía en mayo, en Magnifica humanitas. Lo que el Papa añadía, y el acuerdo omite, era la otra mitad: que no basta invocar genéricamente la ética, que se necesitan marcos jurídicos adecuados y una política que no renuncie a su tarea.
Se responde que las empresas tienen incentivos para portarse bien, porque se juegan su propio negocio. El argumento prueba demasiado: con él habría que derogar el Código Penal, pues tampoco al que adultera alimentos le interesa quedarse sin clientes. Se responde también que las leyes vigentes y la policía federal bastan. La sanción posterior sirve para los daños que admiten reparación; es inútil ante aquellos que no dejan a nadie en pie para demandar.
Hay, además, una dificultad que el propio acuerdo lleva adentro. La promesa obliga en conciencia, pero lo prometido aquí son medidas de prudencia, y la prudencia se ajusta a las circunstancias. Las circunstancias las anunció el Presidente de EE.UU. ese mismo día: la carrera con China tendrá un ganador y un perdedor, y no habrá segundo lugar. Una semana antes, en Naciones Unidas, había dicho que venía a impulsar esta tecnología, no a frenarla. Una promesa hecha sobre el tablero de una carrera trae incorporada su cláusula de salida: bastará que el rival mueva una pieza para que la conciencia se sienta, de buena fe, liberada de lo prometido. No de lo debido. «Si no lo hacemos nosotros, lo hará China» es la frase que disuelve cualquier compromiso moral, precisamente porque se presenta como un argumento moral. Lo que ninguna jugada del rival puede levantar es el deber que está debajo, que no es de hacer sino de abstenerse: no someter a inocentes a un peligro grave e injusto obliga siempre, con promesa o sin ella. El acuerdo tradujo esa prohibición, que no cede nunca, al idioma de las buenas prácticas, que ceden cada vez que el tablero lo pide. Por eso León XIV habla de desarmar esta tecnología: sustraerla a una competencia que ya no es solo militar, sino económica y cognitiva, y romper la ecuación entre poder técnico y derecho a gobernar. Hay aquí, por último, una contradicción que no se resuelve con adjetivos. En Naciones Unidas, el Presidente Trump rechazó todo «esquema globalista» de control. Tenía derecho a desconfiar de las burocracias sin rostro. Pero el resultado no ha sido la ausencia de un control global, sino su privatización: el destino de la humanidad, si hemos de creer a quienes lo invocan, queda encomendado a seis directorios y a sus auditorías.
Lo más desconcertante es que los atados pedían la cuerda. Días antes, ante el Consejo de Seguridad, los jefes de dos de las empresas firmantes advirtieron que esta tecnología, mal gestionada, podía ser un riesgo para la humanidad entera, y uno de ellos prometió frenar cuanto fuera necesario. Es Ulises pidiendo que lo amarren al mástil porque sabe que no resistirá el canto de las sirenas. No hay debilidad en ese gesto, sino la forma más alta de lucidez: la de quien conoce la medida de su propia voluntad. El acuerdo de la Casa Blanca hace lo contrario: desata a Ulises, le estrecha la mano y le pide su palabra de honor. Y Ulises, cortésmente, firmó. La falla no está tanto en quien pedía la cuerda como en quien tiene el oficio de anudarla y prefiere fiarse del marinero. Gobernar no es aplaudir la buena voluntad ajena; es suplir con la ley lo que la buena voluntad no alcanza.
Chile no fabrica superinteligencias, pero discute su propia ley. El proyecto que regula los sistemas de inteligencia artificial sigue en el Senado, y en su comisión se ha anunciado un giro: cambiar la revisión previa por la revisión posterior, mirando modelos distintos del europeo, como los de Japón, Singapur y Corea. Para la mayoría de los usos, el cambio puede ser sensato; nadie necesita permiso del Estado para que un programa le recomiende una película. Pero la lección de estos días vale también aquí. La ley no está hecha para reprimir todos los males, sino aquellos sin cuya represión la convivencia no se sostiene; y hay daños que solo pueden evitarse antes. Bastaría que el legislador distinguiera entre lo que se corrige después y lo que después ya no tiene arreglo.
El Presidente Trump tenía razón: el acuerdo obliga moralmente. Ata en conciencia a todos, pero no le ata las manos a nadie. Una sociedad que confía su supervivencia a la palabra de honor de los competidores no ha elevado la moral a la altura de la ley; ha rebajado la ley a la altura de una promesa de hacer el bien. Y esas promesas, como sabe cualquiera que haya jugado al ajedrez, se sacrifican igual que los peones: siempre por una buena razón.
Todos nuestros triunfos
Columna publicada en El Líbero el 28 de septiembre de 2026.
Se fue de noche y volvió de noche. En la madrugada del 12 de marzo de 2021, una grúa levantó al general Baquedano de su pedestal. En la madrugada del 10 de marzo de 2026, otra grúa lo devolvió, pasadas las cuatro de la mañana, en el último día de un gobierno que un año antes había pedido llevárselo para siempre. Es curioso el destino de un monumento levantado para ser visto a pleno sol por toda una ciudad: tuvo que marcharse y regresar a oscuras, como quien entra a su propia casa procurando no despertar a nadie. Hubo que esperar hasta el sábado 19, con casi dos mil uniformados desfilando ante él y el plinto limpio de veintitrés capas de pintura retiradas a bisturí, para que el general recibiera de día lo que de día se le debía. Corresponde celebrarlo. Pero celebrar no es olvidar, y lo que importa recordar no es solo quién lo atacó, sino quién lo bajó.
Porque la turba no pudo. Durante meses lo rayaron y lo golpearon; un lunes intentaron cortarlo para derribarlo, y el viernes siguiente le prendieron fuego. El bronce resistió, y resistió también la piedra, que los técnicos encontraron después sin daños mayores bajo la mugre. Lo que no logró la sierra lo logró la burocracia. Fue el Consejo de Monumentos Nacionales quien acordó retirarlo, «temporalmente» y «en el menor tiempo posible», y fue el Estado, bajo un gobierno al que nadie podría acusar de antipatía hacia el general, quien lo desmontó. La violencia fracasó en su propósito; la administración se lo concedió. Se dirá que lo retiraron para salvarlo, y es cierto que el peligro era real. Pero el mismo Consejo había acordado un año antes, por unanimidad, mantenerlo en su sitio y reforzarlo. Proteger un monumento en su lugar es defenderlo; protegerlo retirándolo es librar al Estado de la molestia de defenderlo. Hay algo más temible que el iconoclasta, y es el funcionario público que le ahorra el trabajo.
La lengua, que suele saber más que nosotros, tiene aquí dos palabras donde solemos ver una. Despreciar es negarle a algo todo precio; menospreciar es asignarle uno menor. La turba despreció. Juzgó que el general no valía nada, porque no valía nada lo que el general significaba (una patria que alguna vez venció, un ejército que ofreció su vida por ella), y trató al signo conforme a esa tasación. El Estado, en cambio, no despreció a Baquedano: lo menospreció, que es cosa más discreta y más grave. Lo puso en la balanza junto a la tranquilidad de los viernes, el costo de custodiar un óvalo y el calendario de una obra, y encontró que pesaba menos. El odio toma en serio lo que odia; el menosprecio ni siquiera se molesta en odiar. Hay profanaciones que se cometen con fuego y otras con timbre de oficina. Pero el desprecio del signo es siempre, a la larga, la factura de un menosprecio previo de lo significado. Nadie abandona el retrato de quien ama, sino el de quien ha dejado de amar.
La historia administrativa del monumento puede leerse como una lista de precios a la baja. En enero de 2020 valía lo bastante para quedarse. En marzo de 2021 valía menos que su custodia, y se fue «por un tiempo». En octubre de ese año, derribada la reja que protegía su base, valía menos que el riesgo de repararla allí, y se autorizó exhumar, a petición del propio Ejército, los restos del soldado desconocido. En junio de 2022 valía menos que un depósito seguro, y se lo destinó al museo. En febrero de 2025 valía menos que la Nueva Alameda, y el Consejo aprobó por catorce votos de diecisiete trasladarlo en forma definitiva. Un año después, con otro resultado electoral a la vista, el mismo Consejo, bajo la misma presidencia, descubrió por unanimidad que valía lo bastante para volver. Que nadie diga que el criterio técnico carece de convicciones: las tiene todas, sucesivamente.
La tumba del soldado desconocido resultó destruida al exhumarlo, y lo que quedaba de su nicho terminó de perderse con las obras de la Nueva Alameda: donde no llegó la turba, llegó la avenida. El precio más bajo quedó para el más humilde: cuarenta millones de pesos, IVA incluido, según la estimación para reconstruir su nicho. Como se ve, precio tiene; lo que todavía no tiene es aprecio, y espera en una urna metálica a que alguien apruebe un diseño.
Hay en esta depreciación alguien que habló claro: «Pongan el monumento que quieran», dijo el diputado Jaime Bassa, «esa plaza es y seguirá siendo Plaza Dignidad». Es la frase más honesta y lamentable de toda la polémica, y hay que agradecérsela. Pero digno es precisamente lo que merece honor, y quien no distingue qué lo merece se ha quedado con una palabra vacía. Cuesta llamar digno al lugar donde un soldado muerto por su patria no pudo seguir descansando, pero es perfectamente coherente llamarlo así si nada de lo que allí se honraba valía algo.
Y aquí la cuestión deja de ser estética para volverse política, en el sentido más grave de la palabra. El honor no es un adorno que la república pueda conceder o retirar según el humor de la temporada: es una deuda. A quien sobresale en virtud se le debe el reconocimiento de su excelencia, y la comunidad que reparte honores no es dueña de ellos, sino su deudora. Negarlos a quien los merece no es neutralidad, sino injusticia; entregarlos a quien no los merece es la misma injusticia vista desde el otro lado. Una ciudad que baja de su pedestal al general que ganó una guerra, mientras una parte de ella insiste en rebautizar la plaza en homenaje a la revuelta que intentó quemarlo, disfraza de problema arquitectónico una grave injusticia.
Y el general que retiramos sabía de honores. Terminada la guerra, Baquedano presentó su espada ante una imagen de la Virgen del Carmen y dijo: «A ella le debemos todos nuestros triunfos». El hombre a quien levantamos un monumento entendía su gloria como una deuda: tasó su victoria por debajo de otra, y por eso la ofreció. La paradoja golpea: la estatua honra a quien se negó a ser el destinatario del honor. Y dijo «nuestros», en plural, porque en ese plural cabía el soldado sin nombre que ganó las mismas batallas sin que nadie supiera su apellido. Él entregó su espada hacia arriba; nosotros entregamos su estatua a una bodega. Con ella no se retiró solo a un vencedor, sino una lección: la de quien sabe a quién le debe lo que tiene. El daño no recae sobre el bronce, que no siente, sino sobre los vivos, que aprenden. Los monumentos son la cátedra de una república: enseñan sin programa ni evaluación, a cada niño que pasa en micro, qué vale la pena llegar a ser. Retirados los modelos, nadie se queda sin modelos; se queda con los que sobran, que suelen ser los peores, aunque algunos los llamen dignos. Después nos lamentamos de una juventud sin referentes, como quien tapió las ventanas y se queja de la oscuridad.
Nada de esto resta un gramo a la alegría. El general está de vuelta gracias a la porfía de quienes no aceptaron que un plinto vacío se volviera paisaje. Pero un regreso no es una reparación mientras no se reconozca la falta. No basta con decir que Baquedano «nunca debió salir»: hay que preguntar por qué salió. Y, también, mientras El Centinela y La Gloria sigan incompletos y el soldado espere en su urna, la restauración estará, literalmente, a medias, y eso delata que la injusticia no se ha reparado del todo.
Pero el sábado 19 nos dio una buena señal. Horas antes del desfile ante el general, al abrirse la Parada Militar y antes que los blindados y los batallones, entró en la elipse una imagen de la Virgen del Carmen, patrona y generala de las Fuerzas Armadas, con ocasión del centenario de su coronación. El Ejército hizo ese día lo que hizo Baquedano con su espada: honró primero a aquella a quien debía sus triunfos, y solo después al general que los ganó. Primero la Generala, después el general; falta el soldado, el peldaño más bajo y por eso el más revelador. La presencia de la Virgen se anunció como excepcional, por el centenario. Ojalá la excepción se vuelva costumbre, y el soldado vuelva a su tumba sin que ningún alcalde tenga que exigirlo, sin licitación urgente ni foto de madrugada. Entonces el orden estará completo, y no será una novedad ni una conquista, sino lo que siempre debió ser: todos nuestros triunfos, devueltos a quienes se los debemos, y en el orden en que se los debemos.
Hasta cuándo
Columna publicada en El Líbero el 21 de septiembre de 2026.
El jueves, a las puertas del penal de Colina I, un diputado del oficialismo le devolvió al Presidente una frase suya. El lunes, en la radio, el Mandatario había dicho que no corresponde que una persona muera en la cárcel. El diputado le recordó que en ese penal, bajo su gobierno, han muerto siete, y preguntó hasta cuándo. Ese mismo día, un diario ponía el asunto en otros términos: ¿Antes o después de la aprobación del presupuesto? Dos preguntas en una semana, y no son del mismo género. Una pide una razón; la otra, una fecha. La del diputado es la correcta, y me la llevo prestada, aunque no suscriba todo lo que él pide con ella. Lo que está mal no es la pregunta. Es la moneda en que los dos bandos se disponen a pagarla.
En la misma crónica, una diputada republicana -que ha hecho campaña por estos indultos- sostiene que la libertad y la justicia no son monedas de cambio, y pide una decisión por convicción y no por cálculo político. La vicepresidente de la Cámara, de Renovación Nacional, pide que nadie se pase cuentas ni ponga condiciones. Y debajo de estas declaraciones late un verbo que nadie pronuncia precisamente porque todos lo están usando: conviene. Es una de las palabras más mansas del castellano y la que ha absuelto más injusticias que todos los tribunales juntos. No niega nada, no afirma nada, no compromete a nadie: se limita a informar que las cuentas no calzaron.
Y sin embargo la pregunta por la fecha, bien mirada, ya trae adentro una respuesta que nadie se atreve a decir en voz alta. Porque sólo hay tres posibilidades. Si el indulto viene exigido por graves razones de justicia -porque constituye el último remedio disponible frente a una condena que se tiene por injusta-, su oportunidad no puede quedar subordinada al calendario parlamentario; si es gracia y no deuda, entonces sí admite oportunidad, pero cuidado: la clemencia, aunque no sea exigible por el reo, tiene igualmente su propia regla, y esa regla mira la edad, la salud, el tiempo cumplido, el bien de la comunidad. Lo único que la clemencia no mira jamás es el calendario legislativo de un tercero. Y, por último, si el indulto es injusto, ninguna fecha lo vuelve justo, y discutir el mes en que se aplica es discutir cuándo sale más barato hacer el mal.
Se objetará que el indulto es un acto político y discrecional. En parte, lo es. Pero discrecional nunca ha sido sinónimo de arbitrario. Y si la fecha de una decisión de justicia o clemencia se fija según su utilidad para obtener un resultado parlamentario distinto, el indulto deja de ser tratado según su razón propia y pasa a funcionar como un activo político.
Un presupuesto es cálculo por naturaleza, y está muy bien que lo sea. Su materia son partidas, ingresos, déficits, votos necesarios: magnitudes que, para los efectos del cálculo político, admiten compensación y sustitución. Se parecen en esto a las cosas que el derecho civil llama fungibles, aquellas que se restituyen con otro tanto del mismo género y calidad. El dinero es el ejemplar puro: mil pesos se devuelven con cualquier otro mil. Los votos se intercambian, las partidas se compensan, los plazos se corren, y nada de eso tiene nombre propio. La libertad de un hombre determinado, en cambio, pertenece a otro orden, y la razón es exacta y no sentimental: no es fungible porque el tiempo no se restituye en la misma especie. Dos meses de cárcel no se devuelven más tarde con otros dos meses de nada. Nadie sostiene que no puedan compararse bienes de géneros distintos; eso hace la prudencia todos los días, cada vez que elige entre un hospital y una escuela sabiendo que no se miden con la misma vara. Lo que no cabe es que aquello que, por justicia o por una decisión de clemencia ya suficientemente fundada, corresponde restituir a una persona con nombre y apellido figure como contraprestación en un intercambio. Comparar bienes, sí; convertir la libertad concreta de un hombre en precio de otro bien, no.
Hay algo peor, y es que este modo de decidir no posterga una vez: posterga siempre. En marzo el horizonte era resolver dentro del año. En agosto, según fuentes de la propia bancada libertaria, el Presidente les habría transmitido que el asunto podría verse una vez despachada la megarreforma económica. Hoy el horizonte que se propone es después del Presupuesto, o sea el 30 de noviembre. Eso ya no es un aplazamiento: es un mecanismo que se renueva solo. La prudencia también mira las consecuencias -su materia son las cosas contingentes, y quien la imagine ciega a los efectos no ha entendido nada-, pero las pondera desde el bien que debe realizarse. El cálculo invierte el orden: pregunta cuánto cuesta realizar ese bien y, si el precio sube demasiado, vuelve a poner el bien mismo en discusión. Y el precio, abandonado a la mano invisible del mercado partidista, no termina de fijarse nunca. Siempre habrá una tramitación, una encuesta, una marcha, un adversario inconforme, un dolor de cabeza, un mes peor.
Nada de esto es un alegato por algún indulto en particular. Si el Gobierno resuelve mañana no indultar a nadie, y lo resuelve por razones de justicia, no tendré una línea que objetar. Lo que objeto es que la razón para no hacerlo sea la conveniencia del calendario. Hace unos meses escribí aquí que «todavía no» era la manera más cortés que ha inventado el hombre para decir «nunca». Me quedé corto. Hay una más cortés todavía -y ciertamente más burocrática- que ni siquiera se molesta en negar: se limita a avisar que ya se sacaron las cuentas y que todavía no dan.
El acuario y la ballena
Columna publicada en El Líbero el 14 de septiembre de 2026.
El ministro Quiroz tiene el don de las imágenes, que es escaso entre economistas y más escaso todavía entre ministros de Hacienda. Hace unas semanas explicó los impuestos que ahuyentan al inversionista extranjero con el frigobar del hotel: cada chocolate cuesta una fortuna, y por eso nadie abre la puertecita. Para su reforma al mercado de capitales eligió un acuario, y lo describió con una precisión que ya quisieran los manuales. El mercado de capitales dijo, “era como un gran acuario, donde el agua es el flujo que va alimentando a las empresas, a las personas, la compra de viviendas, etc.”. Esos son los peces. Y continuó: “lo que pasó es que alguien comenzó a quitarle el agua al acuario, por lo que terminó transformándose en una pecera”. Hasta ahí, la imagen es exacta. Pero en la misma declaración el ministro remató: “hoy nuestro mercado de capitales es una ballena en una pecera”.
La receta es echarle más agua para que la ballena pueda nadar. Nadie parece haber reparado en el cambio de papel. Los niños, que miran los acuarios con la nariz pegada al vidrio, se dan cuenta de estas cosas. Del acuario pasamos a la ballena; el recipiente pasó a ser el animal. Y en ese desliz hay una premisa que vale la pena revisar. Lo que sigue no es un juicio sobre el ministro; más bien, es mi inquietud respecto a una cosmovisión cuasi religiosa que parece dominar buena parte de nuestra vida en común.
El ministro tiene razón en lo principal. Un acuario sin agua es un cementerio de vidrio. El crédito de largo plazo se encareció, la empresa mediana no encuentra quién le preste a plazo razonable, y una pareja joven que quiere su primera casa descubre que el banco le pide un pie que no tiene y un dividendo imposible de asumir. Eso es real. Y no es un misterio quién le quitó el agua al acuario. Fueron millones de afiliados que, con la bendición del Congreso, retiraron cerca de cincuenta mil millones de dólares de sus fondos, e inversionistas que, ante la incertidumbre política y económica, se llevaron su dinero a otra parte.
Pero volvamos al cambio: el mercado era un acuario; hoy es una ballena. En la primera imagen el ministro dijo la verdad completa, y la dijo con lista y todo: el acuario y su agua existen para alimentar a las empresas, a las personas, la compra de la casa. En esa imagen el mercado de capitales es un medio, como corresponde. En la segunda imagen, en cambio, el mercado de capitales es la ballena. El acuario y su agua ya no están para que vivan los peces: están para que nade el mercado. Ahora el mercado no es medio sino fin. Hay que alimentarlo para que crezca, y mientras más crece, más hay que alimentarlo. No por nada la tradición llamó a la avaricia una forma de idolatría: el ídolo es un medio al que se rinde culto de fin, y por eso quien lo sirve nunca se sacia.
El vidrio revela un segundo detalle. Un pez de acuario crece a la medida de su pecera. Es una criatura doméstica, y la palabra no es casual: la pecera es un objeto de la casa, y la casa es la primera escuela de la medida. La casa sabe cuánto necesita: techo, pan, colegio para los niños, algo guardado para el invierno. Los antiguos distinguían entre adquirir para vivir y adquirir para adquirir, y observaban que lo primero tiene término y lo segundo no. La ballena pertenece a la segunda especie. Su única demanda es “más agua”, y cada litro que se le echa no sube el nivel: agranda al animal. Por eso la ambición declarada de convertir a Chile en centro financiero regional suena, dentro de la imagen, a ballena que sueña con tragarse el océano.
Y luego está la bomba, ese aparatito que succiona el agua por un lado, la devuelve por el otro y levanta una columna de burbujas que da gusto mirar. Hay que mirarlas con cuidado: en economía, no todas las burbujas son oxígeno; algunas son solo la ilusión del bienestar, y las burbujas, tarde o temprano, revientan.
Hay, sin embargo, una lección en la ballena que el ministro no buscó: por mucha agua que se le eche, no respira agua. Tiene que subir a buscar aire, algo que no está en la pecera y que el agua no fabrica. Así también, el mercado de capitales necesita respirar la realidad a la que sirve: el trabajo de personas de carne y hueso, los bienes y servicios que a ellas sirven. La especulación que se alimenta de sí misma -la del derivado sobre el derivado del derivado- puede levantar burbujas, pero no darle aire.
Nada malo hay en que el mercado crezca y el agua abunde, siempre que la ballena no olvide que no es la dueña de la casa, y nadie confunda su apetito con el hambre de los peces. Un acuario sin agua es una tragedia. Pero un acuario lleno hasta el borde, con la bomba zumbando, las burbujas subiendo y todo su espacio copado por una ballena insaciable, es algo más triste. Es un desastre de proporciones, en el sentido exacto de la palabra.
El pasaporte y la toga
Columna publicada en El Líbero el 7 de septiembre de 2026.
Dieciocho ministros, un Pleno extraordinario, más de medio centenar de togas esperando turno y treinta minutos por defensa. Lo que la Corte Suprema comenzó la semana pasada no tiene precedente, y está bien que lo haga. Hubo fraude, y a escala nacional: decenas de miles de licencias que la Contraloría encontró paseando por aeropuertos. Un juez que falsifica un reposo para irse a la playa no es un caso más de esa estadística sino uno mucho peor, porque el sello que profanó es el mismo con el que firma sentencias. La Corte no está haciendo una purga. Está haciendo la pregunta que la Constitución le manda hacer: no si estos jueces viajaron, sino si todavía pueden ser jueces en razón de su comportamiento.
Que la pregunta sea difícil lo prueba un dato de junio: al decidir qué cuadernos abrir, 16 ministros votaron y en nueve casos el resultado fue ocho contra ocho. No discrepaban sobre los hechos; discrepaban sobre qué estaban juzgando. Y esa es la discusión que vale la pena, porque las respuestas fáciles que circulan alrededor del Palacio de Tribunales son, miradas de cerca, absurdas.
La primera dice: el viaje ya fue sancionado o absuelto en sede disciplinaria, luego no queda nada que juzgar. Llevada a su término, una multa pagada certificaría al juez como apto hasta su jubilación, con la sanción convertida en salvoconducto. Pero la Constitución no habla de faltas: habla de “buen comportamiento” como condición de la inamovilidad, y la propia ley orgánica, al enumerar los casos en que se presume su ausencia, no describe infracciones sino signos: reiteración, conducta viciosa, negligencia habitual. Actos que revelan una disposición. La disciplina castiga lo que el juez hizo; la remoción pregunta por los hábitos y el carácter del juez que lo hizo. La Corte tiene razón al insistir en que la segunda pregunta no se agota en la primera.
La segunda respuesta es la inversa: viajó con licencia, luego fuera. Igualmente absurda. Si toda infracción fuera mal comportamiento, la escala entera de sanciones judiciales sería un decorado. Quien lee el artículo 80 como un reglamento de asistencia convierte al juez en funcionario, que es lo que muchos jueces quisieran ser cuando les acomoda y niegan ser cuando se les pide cuenta.
La tercera habla de prestigio. Pero el prestigio es un termómetro, no una enfermedad; si la remoción dependiera de él, el juez más expuesto sería el que dicta la sentencia justa que nadie quiere leer.
Todas tropiezan en lo mismo: discuten la conclusión sin haber dicho la premisa mayor. Y la premisa mayor es la pregunta que subyace a la evaluación de su comportamiento: ¿para qué existe un juez?
Un juez existe para reconocer y decir el derecho de otro. Cualquier litigante lo sabe: no viene a que le inventen un derecho sino a que le reconozcan el que ya tiene y así lo declaren. El derecho de Pedro sobre su casa no nace en la sentencia; la sentencia lo encuentra, o no. Decir el derecho exige, antes que nada, verlo, y para ver hacen falta inteligencia y ciencia. Ojos y letras. Quien flaquea ahí tiene remedio conocido: estudiar, formarse. El problema es que buena parte de la formación que hoy se ofrece a los jueces hace lo contrario: no enseña a ver mejor el derecho de Pedro sino a mirarlo a través de prejuicios que ya decidieron quién tiene o debe tener razón antes de abrir el expediente. Una muestra: el Poder Judicial premia cada año, con ceremonia y discurso, la mejor sentencia dictada “con perspectiva de género”; celebra oficialmente que el juez haya puesto un lente entre sus ojos y el caso. Ahí el problema no es que el juez sea tonto: es que abunda la tontera y se premia con diploma. El buen comportamiento exige también cierta higiene intelectual.
Pero lo intelectual es lo de menos. Aristóteles enseñó que a cada cual el fin le parece según cuál es él mismo: el avaro ve un negocio donde el generoso ve una ocasión de dar, y el juez ve lo justo o lo conveniente según lo que lleve dentro. Esto es lo que la discusión no ha tocado y es lo único que importa. La connaturalidad con lo justo, esa familiaridad que hace reconocer lo suyo y debido al otro, no es connaturalidad con el Código ni con haber leído los mismos argumentos diez mil veces, y mucho menos con la erudición que disfraza la ideología. Es algo más radical: la rectitud de la voluntad sin la cual la prudencia no existe. Y la voluntad no se endereza solo con la justicia, que quiere dar a cada uno lo suyo; también con la fortaleza, que resiste, y con la templanza, que modera. El juez ignorante yerra porque no sabe. El juez corrupto yerra porque no ve lo debido sino lo que quiere. Su defecto no está (solo) en la cabeza sino en el desorden de su voluntad, y por eso el saber y la higiene ideológica no lo salva, como no salva al ladrón conocer el Código Penal.
Con esa vara, el pasaporte deja de ser el problema y se vuelve lo que siempre fue: un signo del carácter. Una licencia auténtica y un viaje imprudente prueban una falta, y las faltas tienen su sanción. Una licencia pedida a sabiendas de que no había reposo que guardar, repetida, cobrada y negada después ante el sumario prueba otra cosa: un hombre que, puesto a elegir entre la playa y su deber, quiso más la playa. Lo que se remueve no es un viajero: es una voluntad que ya no se inclina hacia lo debido al otro.
Esa es la demostración que cada cuaderno de remoción le debe al país, en voz alta y caso por caso. Y lo curioso es que, al hacerla, la Corte Suprema estará juzgando a sus jueces, aunque no lo diga, conforme al estándar más obvio y más olvidado de todo el derecho chileno vigente, el que aparece en el Código Civil, en el Código Penal y en la Constitución, y que juristas ilustrados llevan décadas tratando como a un pariente pobre en la foto familiar: la moral y las buenas costumbres. Resulta que no era un adorno decimonónico. Era la descripción de lo que hace falta para que un hombre pueda ver y decir el derecho de otro.