Columna publicada en El Líbero el 19 de octubre de 2026.

El diputado Jaime Bassa dijo la semana pasada que el estallido ya no está en la calle, pero «sigue vivo en cada hogar». Le llovieron críticas, casi todas merecidas. Falta una, sin embargo, que nadie le ha hecho: la de tener razón. El estallido sigue vivo, en efecto. Sólo que no donde él lo busca. Y la mejor prueba de que sigue vivo es, en buena medida, el modo en que él lo busca.

Todo silogismo consta de tres proposiciones. Una premisa mayor enuncia un principio, una menor describe un caso y la conclusión se sigue necesariamente de ambas cuando el razonamiento es válido. Que sea válido no hace verdaderas sus premisas, y en eso está todo el problema. Octubre de 2019 fue, entre otras cosas, un silogismo. Su premisa mayor no afirmaba que el malestar pueda expresarse, cosa que nadie discute, sino que el malestar autoriza los medios: que la injusticia padecida da licencia para cometer otras. Su premisa menor constataba que en Chile había malestar, y no sin motivos. Y su conclusión se escribió con bencina sobre las estaciones de Metro. Siete años después, esa conclusión ya no se ve: no hay barricadas cada viernes. Y como no se ve, se da el capítulo por cerrado.

Pero ¿qué cambió? No la premisa menor: el malestar sigue ahí, y en eso Bassa acierta. Tampoco la premisa mayor, como se verá. Cambiaron el Gobierno, el Congreso, el ánimo y el cansancio; es decir, nada que figure en el silogismo. Se tomaron los cambios accidentales por nuevas premisas y se concluyó que el octubrismo estaba sepultado. No lo está. La conclusión octubrista no ha sido refutada: sólo ha sido aplazada. Es el error de quien recoge la fruta podrida del suelo y declara sano el árbol.

Empecemos por lo que Bassa ve, porque algo ve: la premisa menor. Hay desigualdades excesivas, deudas que se comen el mes, usura desatada, anatocismo, pensiones que no alcanzan y un desempleo que llegó a 9,6%. Negarlo sería caer en el error simétrico. Pero explicar no es justificar: una causa puede dar cuenta del malestar sin dar licencia a nadie. La tradición cristiana tiene incluso un nombre severo para estas cosas: estructuras injustas. Ese nombre, con todo, dice exactamente lo contrario de lo que la lectura octubrista le hace decir. Una estructura injusta es la sedimentación de muchos actos libres e injustos: nace de culpas personales y condiciona las conductas que vienen después, pero no las determina ni exime de ellas. El concepto católico de injusticia estructural incrimina a la libertad; en cambio, la lectura que hace de la estructura una coartada la disuelve. Por eso, cuando Bassa, al abordar la violencia, responde que no es cura para repartir condenas ni indulgencias, cree abstenerse. Es el mismo que meses atrás calificó aquella violencia de «bien contenida». Cuando lo que está en juego es condenar un incendio, negarse a hacerlo no es neutralidad: es una absolución por omisión, sin penitente ni penitencia. Ningún confesor llegó jamás tan lejos.

El estallido, sin embargo, vive sobre todo en su forma, que es su alma: en el clima de ideas que mantiene en pie su premisa mayor.

Vive en la idea de que el ciudadano es un acreedor y el Estado su deudor moroso. Por eso el diputado enumera condiciones materiales como quien lee facturas impagas, sin que en la lista figure un solo deber. Y de ahí se da, sin justificarlo nunca, el paso decisivo: creer que la mora del deudor libera al acreedor de sus deberes de justicia hacia terceros, como si el vecino de La Granja respondiera con su estación de Metro por las deudas del Estado. La tradición clásica conoce el derecho de resistencia al tirano, pero lo rodea de condiciones tan severas que incendiar una estación de Metro no satisface ninguna.

Vive en la sospecha de principio contra toda autoridad, que hace del carabinero un sospechoso y del encapuchado un mero síntoma. En buena parte del debate público, quien usó la fuerza para defender el orden carga con la prueba de su inocencia, mientras quien atacaba ese orden recibe el beneficio de la sociología.

Vive en la convicción de que la legitimidad nace del número de personas que ocupan una plaza, y de que la justicia de lo que se pide santifica los medios con que se pide.

Vive en la fe mágica en la Constitución como remedio universal, esa fe que llevó a casi todo el arco político, derecha incluida, a ofrecer el 15 de noviembre la Carta Fundamental como rescate a cambio de la paz. El país rechazó dos veces el experimento, por 62% y por 56%, pero dos derrotas no son un examen de conciencia; son apenas dos derrotas.

Vive en un cristianismo reducido a diagnóstico sociológico, más cómodo con la sensibilidad social que con la Cruz y el Evangelio. Cuando la redención se confunde con la mejora de las condiciones materiales, se termina predicando con otro vocabulario la misma antropología que se debía corregir.

Vive, en definitiva, en el horizonte inmanente que respiramos, del que no siempre escapan, vaya ironía, quienes critican a Bassa. Según había informado The Clinic, La Moneda se proponía dejar pasar el 18 de octubre sin actos, con la atención puesta en lo que considera urgente: seguridad, economía y empleo. Es una agenda razonable, y el Gobierno niega en la práctica la premisa mayor cada vez que persigue el delito. Pero negarla con la policía no es refutarla con razones, y que lo material sea urgente no lo vuelve suficiente. Bassa dice que el problema son las condiciones materiales; el Gobierno responde con más orden y mejores condiciones materiales. Ambos discuten la menor; ninguno discute la mayor. Y no reparan en que el malestar es la única premisa que ninguna política podrá suprimir del todo. Reducirlo es obligatorio; hacer depender de su ausencia la legitimidad del orden es apostar a un mundo que no existe.

Octubre no se explica sólo por carencia. Los chilenos de 2019 eran incomparablemente menos pobres que los de 1990, lo que no prueba que las condiciones materiales no pesaran, sino que no bastan para explicar el incendio. Una sociedad que sólo se ofrece a sí misma bienestar no puede reclamar lealtad cuando el bienestar se atrasa. Quien enseña a sus ciudadanos que deben obediencia mientras su bienestar aumente no debería sorprenderse cuando dejan de obedecer en cuanto deja de aumentar. Si el vínculo social es un contrato de prestaciones, el incumplimiento se lee como causa de resolución. En este sentido, el estallido fue la cobranza de una promesa fundada en una filosofía y teología materialistas.

La lealtad política, en cambio, no se compra con prestaciones: se funda en la justicia debida al bien común y se robustece con la amistad cívica, que ve en los demás no competidores por los beneficios del Estado, sino conciudadanos llamados a participar de un bien que ninguno puede alcanzar por sí solo.

Bassa, por tanto, tiene razón: el estallido sigue vivo. Pero no vive, como él cree, en la cuenta que no se alcanza a pagar, sino en la idea de que esa cuenta es lo único que está en juego, y en la licencia que de ahí se pretende sacar. Esta es la más irónica de las victorias octubristas: perder las batallas callejeras de los viernes y ganar la guerra porque el vencedor nunca discutió su gramática. Mientras nadie toque la premisa mayor, podremos cambiar diez veces de gobierno y bajar el desempleo a la mitad: bastará el primer malestar, y nunca falta, para que alguien vuelva a deducir la conclusión. El orden será una tregua, y las treguas se rompen el primer mes en que la economía no cumple. La calle, por ahora, está tranquila. El silogismo, en cambio, sigue abierto, esperando a quien quiera ejecutarlo.

Columna publicada en El Líbero el 12 de octubre de 2026.

El Presupuesto 2027 llegó al Congreso con el ruido habitual de las tijeras. Los gobernadores regionales calculan lo que pierden, el mundo de la cultura mide su rebaja y Educación descubre que crecer en el papel puede significar encogerse frente a la inflación. Cada partida tiene su doliente y cada doliente su micrófono. Sin embargo, la decisión más importante del proyecto no aparece en ninguna partida, no tiene doliente con cifra y no ahorra un solo peso. Hacienda, sencillamente, no pidió a los ministerios que miraran sus programas con “perspectiva de género”. Nadie lo anunció. Se supo porque alguien en una cartera lo comentó a la prensa. Es el recorte más barato de la historia fiscal chilena, y quizá el más difícil de digerir para quienes construyeron lo recortado.

Para entender por qué, hay que saber qué se dejó de hacer. Desde 2022, cada servicio debía identificar qué programas contribuían a cerrar las brechas entre hombres y mujeres. Desde 2024, la Dipres además los etiquetaba, con instructivo metodológico y capacitaciones incluidas. El resultado fue asombroso: el 22,5% del presupuesto de 2025, unos 18,5 billones de pesos repartidos en 22 ministerios, “contribuía a la igualdad de género”. Para 2026 la proporción subió al 23%. Un lector desprevenido creería que el Estado chileno dedicaba casi la cuarta parte de su gasto a la causa. Nada de eso. El dinero iba a lo mismo de siempre. Lo que cambió fue el color del cristal.

Porque la perspectiva de género, en materia presupuestaria, nunca fue un gasto. Fue un par de anteojos. Quien se pone lentes rosados no compra un mundo rosado; sólo lo ve así. El propio informe de Hacienda lo confesaba con candor. De ese 22,5%, apenas el 1,31% era contribución directa, como la atención a víctimas de violencia o las campañas de prevención. El 21,2% restante era “indirecto”. Dicho de otro modo, de cada dieciocho pesos con perspectiva de género, diecisiete eran pesos destinados a otra cosa, pero mirados con perspectiva de género. El Programa de Recuperación de Barrios entraba en la cuenta porque tenía un eje “de género y cuidado”; un programa de Sercotec, porque incluía contenidos sobre autonomía económica femenina. La plaza seguía siendo plaza y el curso seguía siendo el curso, pero un funcionario debidamente capacitado los había contemplado con el ceño adecuado, y así quedaban bautizados y contabilizados.

El método tiene la virtud de no conocer límite. Con una perspectiva etaria descubriríamos que buena parte del gasto sirve a la vejez. Con una perspectiva del peatón hallaríamos que también le contribuyen las veredas, y lo mismo valdría para el ciclista, el zurdo o el vecino de regiones. Sumadas todas, el presupuesto contribuiría al trescientos por ciento de algo. Hay, en cambio, una sola etiqueta bajo la cual todo el gasto público cabe legítimamente al cien por ciento, y es justamente la que este sistema había olvidado: el bien común. Un presupuesto no necesita que le añadan perspectiva, porque ya tiene una, la del bien de todos y cada uno, el bien de la persona en sociedad. La anteojera de género no la enriquece, la reemplaza. Donde había un pueblo con necesidades espirituales y materiales, instala un libro de combate contable de dos columnas, con saldos, déficits y acreedores.

La Dipres defendía el etiquetado en nombre de la transparencia, pues permitiría a la ciudadanía comprender y seguir las políticas de igualdad. Es una curiosa transparencia la que tiñe la cuarta parte del gasto, porque no ilumina, encandila. Cuando todo es política de género, nada lo es, y lo que verdaderamente protege a la mujer queda sepultado bajo un veinte por ciento decorativo. Ahí estaba la injusticia más fina del sistema: usaba el bien real de unas pocas partidas como aval para el prestigio de moda de todas las demás. Proteger a una mujer del golpe es justicia sin apellido. No necesita perspectiva; necesita policías, fiscales y casas de acogida.

Hay algo más. La categoría de “brecha de género” supone que toda diferencia entre hombres y mujeres es una deuda que el Estado debe saldar. Pero la justicia no consiste en que todos tengan lo mismo, sino en que cada uno reciba lo suyo. La igualdad que exige la justicia distributiva es de proporción, no de planilla ideológica. La perspectiva de género no puede verlo, porque su cristal tiene un punto ciego exactamente del tamaño de la familia. Mira individuos sexuados en competencia y nunca ve esposos, ni padres, ni hijos. Bajo esa mirada, la madre que decide quedarse con sus niños pequeños aparece en el registro como una cifra de participación laboral por corregir, y la mayor brecha del país resulta ser, en definitiva, la maternidad. El sistema no necesitaba decirlo; le bastaba con contarlo. Y un Estado que mira a la madre como un déficit acabará, con toda buena voluntad, financiando su ausencia.

Celebro, entonces, la sensatez del Gobierno. Pero la sensatez silenciosa tiene un defecto: es reversible sin costo. Lo que se deja de hacer sin razones se vuelve a hacer sin esfuerzo, y una ideología destronada por omisión regresa por decreto el primer día de la administración siguiente, con el instructivo intacto y las capacitaciones ya diseñadas. Lo que se abandonó por descuido no se puede defender; lo que se abandonó por convicción, sí. Hace un año, en la discusión del presupuesto anterior, la crítica de la entonces oposición a esta perspectiva fue de prioridades y de costo: cuánto se gastaba en esto y a quién se contrataba. Es una objeción razonable, pero insuficiente. Si el etiquetado hubiese sido gratuito, el error habría sido idéntico. El problema nunca fue el precio de los anteojos, sino lo que hacían ver. El Ejecutivo haría bien en decirlo, no en un comunicado altisonante, sino con la sobriedad con que se corrige una mala contabilidad.

Quitarse los anteojos no es ver menos. Es volver a ver lo que siempre estuvo ahí: hombres y mujeres que no se deben nada como adversarios y se lo deben todo como prójimos, niños que no son una carga en la cuenta de nadie, matrimonios y familias que no son un obstáculo para la igualdad sino el lugar donde se fragua el bien común. El Presupuesto 2027 no gastará un peso menos por haber dejado el cristal ideológico en el cajón. Gastará, eso sí, a ojos descubiertos. Y no hay mejor perspectiva que esa.

Columna publicada en El Líbero el 28 de septiembre de 2026.

Se fue de noche y volvió de noche. En la madrugada del 12 de marzo de 2021, una grúa levantó al general Baquedano de su pedestal. En la madrugada del 10 de marzo de 2026, otra grúa lo devolvió, pasadas las cuatro de la mañana, en el último día de un gobierno que un año antes había pedido llevárselo para siempre. Es curioso el destino de un monumento levantado para ser visto a pleno sol por toda una ciudad: tuvo que marcharse y regresar a oscuras, como quien entra a su propia casa procurando no despertar a nadie. Hubo que esperar hasta el sábado 19, con casi dos mil uniformados desfilando ante él y el plinto limpio de veintitrés capas de pintura retiradas a bisturí, para que el general recibiera de día lo que de día se le debía. Corresponde celebrarlo. Pero celebrar no es olvidar, y lo que importa recordar no es solo quién lo atacó, sino quién lo bajó.

Porque la turba no pudo. Durante meses lo rayaron y lo golpearon; un lunes intentaron cortarlo para derribarlo, y el viernes siguiente le prendieron fuego. El bronce resistió, y resistió también la piedra, que los técnicos encontraron después sin daños mayores bajo la mugre. Lo que no logró la sierra lo logró la burocracia. Fue el Consejo de Monumentos Nacionales quien acordó retirarlo, «temporalmente» y «en el menor tiempo posible», y fue el Estado, bajo un gobierno al que nadie podría acusar de antipatía hacia el general, quien lo desmontó. La violencia fracasó en su propósito; la administración se lo concedió. Se dirá que lo retiraron para salvarlo, y es cierto que el peligro era real. Pero el mismo Consejo había acordado un año antes, por unanimidad, mantenerlo en su sitio y reforzarlo. Proteger un monumento en su lugar es defenderlo; protegerlo retirándolo es librar al Estado de la molestia de defenderlo. Hay algo más temible que el iconoclasta, y es el funcionario público que le ahorra el trabajo.

La lengua, que suele saber más que nosotros, tiene aquí dos palabras donde solemos ver una. Despreciar es negarle a algo todo precio; menospreciar es asignarle uno menor. La turba despreció. Juzgó que el general no valía nada, porque no valía nada lo que el general significaba (una patria que alguna vez venció, un ejército que ofreció su vida por ella), y trató al signo conforme a esa tasación. El Estado, en cambio, no despreció a Baquedano: lo menospreció, que es cosa más discreta y más grave. Lo puso en la balanza junto a la tranquilidad de los viernes, el costo de custodiar un óvalo y el calendario de una obra, y encontró que pesaba menos. El odio toma en serio lo que odia; el menosprecio ni siquiera se molesta en odiar. Hay profanaciones que se cometen con fuego y otras con timbre de oficina. Pero el desprecio del signo es siempre, a la larga, la factura de un menosprecio previo de lo significado. Nadie abandona el retrato de quien ama, sino el de quien ha dejado de amar.

La historia administrativa del monumento puede leerse como una lista de precios a la baja. En enero de 2020 valía lo bastante para quedarse. En marzo de 2021 valía menos que su custodia, y se fue «por un tiempo». En octubre de ese año, derribada la reja que protegía su base, valía menos que el riesgo de repararla allí, y se autorizó exhumar, a petición del propio Ejército, los restos del soldado desconocido. En junio de 2022 valía menos que un depósito seguro, y se lo destinó al museo. En febrero de 2025 valía menos que la Nueva Alameda, y el Consejo aprobó por catorce votos de diecisiete trasladarlo en forma definitiva. Un año después, con otro resultado electoral a la vista, el mismo Consejo, bajo la misma presidencia, descubrió por unanimidad que valía lo bastante para volver. Que nadie diga que el criterio técnico carece de convicciones: las tiene todas, sucesivamente.

La tumba del soldado desconocido resultó destruida al exhumarlo, y lo que quedaba de su nicho terminó de perderse con las obras de la Nueva Alameda: donde no llegó la turba, llegó la avenida. El precio más bajo quedó para el más humilde: cuarenta millones de pesos, IVA incluido, según la estimación para reconstruir su nicho. Como se ve, precio tiene; lo que todavía no tiene es aprecio, y espera en una urna metálica a que alguien apruebe un diseño.

Hay en esta depreciación alguien que habló claro: «Pongan el monumento que quieran», dijo el diputado Jaime Bassa, «esa plaza es y seguirá siendo Plaza Dignidad». Es la frase más honesta y lamentable de toda la polémica, y hay que agradecérsela. Pero digno es precisamente lo que merece honor, y quien no distingue qué lo merece se ha quedado con una palabra vacía. Cuesta llamar digno al lugar donde un soldado muerto por su patria no pudo seguir descansando, pero es perfectamente coherente llamarlo así si nada de lo que allí se honraba valía algo.

Y aquí la cuestión deja de ser estética para volverse política, en el sentido más grave de la palabra. El honor no es un adorno que la república pueda conceder o retirar según el humor de la temporada: es una deuda. A quien sobresale en virtud se le debe el reconocimiento de su excelencia, y la comunidad que reparte honores no es dueña de ellos, sino su deudora. Negarlos a quien los merece no es neutralidad, sino injusticia; entregarlos a quien no los merece es la misma injusticia vista desde el otro lado. Una ciudad que baja de su pedestal al general que ganó una guerra, mientras una parte de ella insiste en rebautizar la plaza en homenaje a la revuelta que intentó quemarlo, disfraza de problema arquitectónico una grave injusticia.

Y el general que retiramos sabía de honores. Terminada la guerra, Baquedano presentó su espada ante una imagen de la Virgen del Carmen y dijo: «A ella le debemos todos nuestros triunfos». El hombre a quien levantamos un monumento entendía su gloria como una deuda: tasó su victoria por debajo de otra, y por eso la ofreció. La paradoja golpea: la estatua honra a quien se negó a ser el destinatario del honor. Y dijo «nuestros», en plural, porque en ese plural cabía el soldado sin nombre que ganó las mismas batallas sin que nadie supiera su apellido. Él entregó su espada hacia arriba; nosotros entregamos su estatua a una bodega. Con ella no se retiró solo a un vencedor, sino una lección: la de quien sabe a quién le debe lo que tiene. El daño no recae sobre el bronce, que no siente, sino sobre los vivos, que aprenden. Los monumentos son la cátedra de una república: enseñan sin programa ni evaluación, a cada niño que pasa en micro, qué vale la pena llegar a ser. Retirados los modelos, nadie se queda sin modelos; se queda con los que sobran, que suelen ser los peores, aunque algunos los llamen dignos. Después nos lamentamos de una juventud sin referentes, como quien tapió las ventanas y se queja de la oscuridad.

Nada de esto resta un gramo a la alegría. El general está de vuelta gracias a la porfía de quienes no aceptaron que un plinto vacío se volviera paisaje. Pero un regreso no es una reparación mientras no se reconozca la falta. No basta con decir que Baquedano «nunca debió salir»: hay que preguntar por qué salió. Y, también, mientras El Centinela y La Gloria sigan incompletos y el soldado espere en su urna, la restauración estará, literalmente, a medias, y eso delata que la injusticia no se ha reparado del todo.

Pero el sábado 19 nos dio una buena señal. Horas antes del desfile ante el general, al abrirse la Parada Militar y antes que los blindados y los batallones, entró en la elipse una imagen de la Virgen del Carmen, patrona y generala de las Fuerzas Armadas, con ocasión del centenario de su coronación. El Ejército hizo ese día lo que hizo Baquedano con su espada: honró primero a aquella a quien debía sus triunfos, y solo después al general que los ganó. Primero la Generala, después el general; falta el soldado, el peldaño más bajo y por eso el más revelador. La presencia de la Virgen se anunció como excepcional, por el centenario. Ojalá la excepción se vuelva costumbre, y el soldado vuelva a su tumba sin que ningún alcalde tenga que exigirlo, sin licitación urgente ni foto de madrugada. Entonces el orden estará completo, y no será una novedad ni una conquista, sino lo que siempre debió ser: todos nuestros triunfos, devueltos a quienes se los debemos, y en el orden en que se los debemos.

Columna publicada en El Líbero el 14 de septiembre de 2026.

El ministro Quiroz tiene el don de las imágenes, que es escaso entre economistas y más escaso todavía entre ministros de Hacienda. Hace unas semanas explicó los impuestos que ahuyentan al inversionista extranjero con el frigobar del hotel: cada chocolate cuesta una fortuna, y por eso nadie abre la puertecita. Para su reforma al mercado de capitales eligió un acuario, y lo describió con una precisión que ya quisieran los manuales. El mercado de capitales dijo, “era como un gran acuario, donde el agua es el flujo que va alimentando a las empresas, a las personas, la compra de viviendas, etc.”. Esos son los peces. Y continuó: “lo que pasó es que alguien comenzó a quitarle el agua al acuario, por lo que terminó transformándose en una pecera”. Hasta ahí, la imagen es exacta. Pero en la misma declaración el ministro remató: “hoy nuestro mercado de capitales es una ballena en una pecera”.

La receta es echarle más agua para que la ballena pueda nadar. Nadie parece haber reparado en el cambio de papel. Los niños, que miran los acuarios con la nariz pegada al vidrio, se dan cuenta de estas cosas. Del acuario pasamos a la ballena; el recipiente pasó a ser el animal. Y en ese desliz hay una premisa que vale la pena revisar. Lo que sigue no es un juicio sobre el ministro; más bien, es mi inquietud respecto a una cosmovisión cuasi religiosa que parece dominar buena parte de nuestra vida en común.

El ministro tiene razón en lo principal. Un acuario sin agua es un cementerio de vidrio. El crédito de largo plazo se encareció, la empresa mediana no encuentra quién le preste a plazo razonable, y una pareja joven que quiere su primera casa descubre que el banco le pide un pie que no tiene y un dividendo imposible de asumir. Eso es real. Y no es un misterio quién le quitó el agua al acuario. Fueron millones de afiliados que, con la bendición del Congreso, retiraron cerca de cincuenta mil millones de dólares de sus fondos, e inversionistas que, ante la incertidumbre política y económica, se llevaron su dinero a otra parte.

Pero volvamos al cambio: el mercado era un acuario; hoy es una ballena. En la primera imagen el ministro dijo la verdad completa, y la dijo con lista y todo: el acuario y su agua existen para alimentar a las empresas, a las personas, la compra de la casa. En esa imagen el mercado de capitales es un medio, como corresponde. En la segunda imagen, en cambio, el mercado de capitales es la ballena. El acuario y su agua ya no están para que vivan los peces: están para que nade el mercado. Ahora el mercado no es medio sino fin. Hay que alimentarlo para que crezca, y mientras más crece, más hay que alimentarlo. No por nada la tradición llamó a la avaricia una forma de idolatría: el ídolo es un medio al que se rinde culto de fin, y por eso quien lo sirve nunca se sacia.

El vidrio revela un segundo detalle. Un pez de acuario crece a la medida de su pecera. Es una criatura doméstica, y la palabra no es casual: la pecera es un objeto de la casa, y la casa es la primera escuela de la medida. La casa sabe cuánto necesita: techo, pan, colegio para los niños, algo guardado para el invierno. Los antiguos distinguían entre adquirir para vivir y adquirir para adquirir, y observaban que lo primero tiene término y lo segundo no. La ballena pertenece a la segunda especie. Su única demanda es “más agua”, y cada litro que se le echa no sube el nivel: agranda al animal. Por eso la ambición declarada de convertir a Chile en centro financiero regional suena, dentro de la imagen, a ballena que sueña con tragarse el océano.

Y luego está la bomba, ese aparatito que succiona el agua por un lado, la devuelve por el otro y levanta una columna de burbujas que da gusto mirar. Hay que mirarlas con cuidado: en economía, no todas las burbujas son oxígeno; algunas son solo la ilusión del bienestar, y las burbujas, tarde o temprano, revientan.

Hay, sin embargo, una lección en la ballena que el ministro no buscó: por mucha agua que se le eche, no respira agua. Tiene que subir a buscar aire, algo que no está en la pecera y que el agua no fabrica. Así también, el mercado de capitales necesita respirar la realidad a la que sirve: el trabajo de personas de carne y hueso, los bienes y servicios que a ellas sirven. La especulación que se alimenta de sí misma -la del derivado sobre el derivado del derivado- puede levantar burbujas, pero no darle aire.

Nada malo hay en que el mercado crezca y el agua abunde, siempre que la ballena no olvide que no es la dueña de la casa, y nadie confunda su apetito con el hambre de los peces. Un acuario sin agua es una tragedia. Pero un acuario lleno hasta el borde, con la bomba zumbando, las burbujas subiendo y todo su espacio copado por una ballena insaciable, es algo más triste. Es un desastre de proporciones, en el sentido exacto de la palabra.

Columna publicada en El Líbero el 7 de septiembre de 2026.

Dieciocho ministros, un Pleno extraordinario, más de medio centenar de togas esperando turno y treinta minutos por defensa. Lo que la Corte Suprema comenzó la semana pasada no tiene precedente, y está bien que lo haga. Hubo fraude, y a escala nacional: decenas de miles de licencias que la Contraloría encontró paseando por aeropuertos. Un juez que falsifica un reposo para irse a la playa no es un caso más de esa estadística sino uno mucho peor, porque el sello que profanó es el mismo con el que firma sentencias. La Corte no está haciendo una purga. Está haciendo la pregunta que la Constitución le manda hacer: no si estos jueces viajaron, sino si todavía pueden ser jueces en razón de su comportamiento.

Que la pregunta sea difícil lo prueba un dato de junio: al decidir qué cuadernos abrir, 16 ministros votaron y en nueve casos el resultado fue ocho contra ocho. No discrepaban sobre los hechos; discrepaban sobre qué estaban juzgando. Y esa es la discusión que vale la pena, porque las respuestas fáciles que circulan alrededor del Palacio de Tribunales son, miradas de cerca, absurdas.

La primera dice: el viaje ya fue sancionado o absuelto en sede disciplinaria, luego no queda nada que juzgar. Llevada a su término, una multa pagada certificaría al juez como apto hasta su jubilación, con la sanción convertida en salvoconducto. Pero la Constitución no habla de faltas: habla de “buen comportamiento” como condición de la inamovilidad, y la propia ley orgánica, al enumerar los casos en que se presume su ausencia, no describe infracciones sino signos: reiteración, conducta viciosa, negligencia habitual. Actos que revelan una disposición. La disciplina castiga lo que el juez hizo; la remoción pregunta por los hábitos y el carácter del juez que lo hizo. La Corte tiene razón al insistir en que la segunda pregunta no se agota en la primera.

La segunda respuesta es la inversa: viajó con licencia, luego fuera. Igualmente absurda. Si toda infracción fuera mal comportamiento, la escala entera de sanciones judiciales sería un decorado. Quien lee el artículo 80 como un reglamento de asistencia convierte al juez en funcionario, que es lo que muchos jueces quisieran ser cuando les acomoda y niegan ser cuando se les pide cuenta.

La tercera habla de prestigio. Pero el prestigio es un termómetro, no una enfermedad; si la remoción dependiera de él, el juez más expuesto sería el que dicta la sentencia justa que nadie quiere leer.

Todas tropiezan en lo mismo: discuten la conclusión sin haber dicho la premisa mayor. Y la premisa mayor es la pregunta que subyace a la evaluación de su comportamiento: ¿para qué existe un juez?

Un juez existe para reconocer y decir el derecho de otro. Cualquier litigante lo sabe: no viene a que le inventen un derecho sino a que le reconozcan el que ya tiene y así lo declaren. El derecho de Pedro sobre su casa no nace en la sentencia; la sentencia lo encuentra, o no. Decir el derecho exige, antes que nada, verlo, y para ver hacen falta inteligencia y ciencia. Ojos y letras. Quien flaquea ahí tiene remedio conocido: estudiar, formarse. El problema es que buena parte de la formación que hoy se ofrece a los jueces hace lo contrario: no enseña a ver mejor el derecho de Pedro sino a mirarlo a través de prejuicios que ya decidieron quién tiene o debe tener razón antes de abrir el expediente. Una muestra: el Poder Judicial premia cada año, con ceremonia y discurso, la mejor sentencia dictada “con perspectiva de género”; celebra oficialmente que el juez haya puesto un lente entre sus ojos y el caso. Ahí el problema no es que el juez sea tonto: es que abunda la tontera y se premia con diploma. El buen comportamiento exige también cierta higiene intelectual.

Pero lo intelectual es lo de menos. Aristóteles enseñó que a cada cual el fin le parece según cuál es él mismo: el avaro ve un negocio donde el generoso ve una ocasión de dar, y el juez ve lo justo o lo conveniente según lo que lleve dentro. Esto es lo que la discusión no ha tocado y es lo único que importa. La connaturalidad con lo justo, esa familiaridad que hace reconocer lo suyo y debido al otro, no es connaturalidad con el Código ni con haber leído los mismos argumentos diez mil veces, y mucho menos con la erudición que disfraza la ideología. Es algo más radical: la rectitud de la voluntad sin la cual la prudencia no existe. Y la voluntad no se endereza solo con la justicia, que quiere dar a cada uno lo suyo; también con la fortaleza, que resiste, y con la templanza, que modera. El juez ignorante yerra porque no sabe. El juez corrupto yerra porque no ve lo debido sino lo que quiere. Su defecto no está (solo) en la cabeza sino en el desorden de su voluntad, y por eso el saber y la higiene ideológica no lo salva, como no salva al ladrón conocer el Código Penal.

Con esa vara, el pasaporte deja de ser el problema y se vuelve lo que siempre fue: un signo del carácter. Una licencia auténtica y un viaje imprudente prueban una falta, y las faltas tienen su sanción. Una licencia pedida a sabiendas de que no había reposo que guardar, repetida, cobrada y negada después ante el sumario prueba otra cosa: un hombre que, puesto a elegir entre la playa y su deber, quiso más la playa. Lo que se remueve no es un viajero: es una voluntad que ya no se inclina hacia lo debido al otro.

Esa es la demostración que cada cuaderno de remoción le debe al país, en voz alta y caso por caso. Y lo curioso es que, al hacerla, la Corte Suprema estará juzgando a sus jueces, aunque no lo diga, conforme al estándar más obvio y más olvidado de todo el derecho chileno vigente, el que aparece en el Código Civil, en el Código Penal y en la Constitución, y que juristas ilustrados llevan décadas tratando como a un pariente pobre en la foto familiar: la moral y las buenas costumbres. Resulta que no era un adorno decimonónico. Era la descripción de lo que hace falta para que un hombre pueda ver y decir el derecho de otro.

Columna publicada en El Líbero el 31 de agosto de 2026.

Se ha advertido estos días, a propósito de la reforma constitucional en materia de seguridad, contra el error de volver a constitucionalizar la política. La advertencia es sensata y viene, además, del propio sector que gobierna, lo que la vuelve más digna de atención. Una Carta Fundamental, afirman, está para organizar, distribuir y limitar el poder, no para zanjar en su articulado las disputas de cada temporada. Quisiera examinar una condición que ese argumento da por cumplida y que nadie enuncia.

Porque la regla ordena no llevar la política a la Constitución, y presupone con ello que todavía nada se ha llevado. ¿Y si algo se hubiera instalado antes, no en el texto sino en el modo de leerlo y de leernos? No hablo de artículos ni de incisos, sino de una manera de entender qué es una Constitución, qué es la política y qué puede decirse en ella; una manera instalada hace tanto que ya no parece una opción entre varias, sino el aire que respiramos. Si así fuera, la regla no protegería a la Constitución de la política, sino a esa manera de leerlas, que es cosa muy distinta y bastante menos inocente. Y no se la discutiría jamás, porque no se cuenta entre las cosas que miramos.

Para comprobar si es así no hace falta leer el proyecto de reforma constitucional. Basta repasar el mes. El Gobierno suprimió del proyecto de reconstrucción la prohibición del anatocismo, el derecho al olvido financiero y la garantía de pago a treinta días, y lo hizo alegando encarecimiento del crédito, restricción de la oferta de financiamiento y efectos sobre los balances de las instituciones. Impugnó luego la norma que ordena reponer el agua a las familias damnificadas, y no dijo que fuera injusta: dijo que se apartaba de las ideas matrices, y fue a pedirle a un tribunal lo que no supo argumentar en el Congreso, y perdió. El Presidente descartó impulsar la iniciativa sobre el latido del corazón porque generaba una tensión que no era necesaria para el actual momento político. La prensa y buena parte del mundo empresarial recibieron la carta del Arzobispo de Santiago como una opinión más que enriquece el pluralismo, valiosa en la medida en que no pretenda imponerse. Y un reputado columnista liberal, al objetar con toda razón que se prive de la pensión garantizada a quien rayó un muro, sólo pudo llamar a eso iliberal.

Cinco asuntos sin parentesco alguno y una misma imposibilidad. Sobre las deudas se habló de tasas; sobre el agua, de competencias; sobre el niño por nacer, de oportunidad; sobre la fe, de pluralismo; sobre el castigo, de libertad. De lo debido, nunca.

Ya se ve. Lo que estaba antes de la regla no es una doctrina escrita en el articulado, sino el liberalismo hecho gramática: una manera de entender la Constitución y la política según la cual nadie tiene nada que decir en público acerca de qué sea una vida buena. Rige para todos los que hablan, y cada uno se la aplica a sí mismo sin que nadie se la imponga. Por eso el Arzobispo es admitido a condición de no pretender imponer, y por eso quien objeta un castigo desmedido dispone de iliberal y no dispone de injusto: no se lo prohibió una autoridad, se lo prohibió la lengua. No se ha constitucionalizado el liberalismo como se constitucionaliza una materia, con quórums y comisiones, sino como se instala un idioma, hasta que hablar de otro modo suena a error de sintaxis.

Y entonces sólo restan potestades y permisos, y con ellos una sola cosa que decir: lo que agrada y lo que disgusta.

En las primeras páginas de la Política, Aristóteles distingue precisamente eso. La voz la tienen también los demás animales y sirve para señalar lo que duele y lo que agrada. La palabra es propia del hombre, y sirve para manifestar lo conveniente y lo perjudicial, y por eso mismo —dice— también lo justo y lo injusto. Ese por eso mismo lo decide todo: no son dos funciones separables, sino una sola que se despliega, de modo que hablar humanamente de lo útil lleva necesariamente a hablar sobre lo debido. Y agrega lo que aquí importa: es la comunidad en lo justo y lo injusto la que hace la casa y la ciudad. Una política (y un constitucionalismo) que ya no puede nombrar lo justo se vuelve flatus vocis, ruido vacío.

Así se explica cómo terminó de vaciarse la palabra derecho, que ya no nombra lo que a alguien se le debe sino lo que a una mayoría le complace conceder. Por eso el mismo vocablo ampara hoy amar y odiar, decir la verdad y mentir, socorrer e ignorar, proteger y matar, según sople el gusto de la mayoría del momento, sea la del Congreso, la de una sala de tribunal o la de un gabinete. No hay contradicción en ello, porque un ruido jamás se contradice consigo mismo.

La regla del comienzo estaba bien enunciada y mal dirigida. Lo intocable entre nosotros no es la Constitución: es la clave con que la leemos y con que entendemos la política entera. El problema está en que una política sin lengua para lo justo y lo injusto ha dejado de ser política. No es siquiera voz, que al menos manifiesta con verdad lo que duele al animal: es ruido que embrutece. Volver a hablar de lo justo y de lo injusto es condición para la vida buena en común.

Columna publicada en El Líbero el 24 de agosto de 2026.

Hay que advertir contra este hombre, y conviene hacerlo antes del almuerzo, porque anda suelto, sonriendo, y —lo que es imperdonable— convenciendo a gente. Es un tipo peligroso, de esos que todavía creen cosas. Ya sé que suena increíble a estas alturas de la civilización, pero es literal: el hombre cree cosas, y las cree verdaderas, y encima piensa que la verdad tiene algo que decir sobre la vida en común. Nosotros, que hemos sudado siglos para desintoxicarnos de semejante vicio y bautizar la resaca con el nombre de tolerancia, no podemos permitir que un aficionado nos estropee la abstinencia. Vigílenlo. Y no le devuelvan la sonrisa, que es contagiosa.

Su primer defecto —menor, pero exasperante— es que pregunta demasiado, y peor: pregunta bien. Uno le explica, con la paciencia que reservamos para los niños y provincianos, que el poder debe tener límites. En vez de aplaudir, levanta el dedo y pregunta quién pone el límite. Uno le contesta lo elegante, lo que se responde en los buenos salones: que el límite nos lo ponemos nosotros, de común acuerdo, entre todos. Y ahí sonríe. Y dice que un límite que uno mismo se pone y se puede quitar el día que le apriete no es un límite, sino una nota adhesiva de color rosado. Miren la impertinencia. Habíamos levantado una cerca espléndida —votada, inclusiva, con placa conmemorativa— y viene el rústico a observar que la puerta se abre desde dentro. Detalles. Manías de quien no entiende que la cerca no era para el toro, sino para la foto.

Su segundo defecto es de una insolencia ya metafísica: sostiene que hay algo por encima de la voluntad de todos nosotros juntos. Respiren hondo, porque duele oírlo. Habíamos conseguido por fin el cielo despejado, sin techos, sin dueños, sin nadie por encima salvo el resultado de la próxima votación. Y el sujeto insiste en que hay un techo, y que no lo alcanzamos ni haciéndonos escalera unos a otros. Un cándido. Un hombre del año mil. Lo malo es que, si uno comete el error de escucharlo cinco minutos, se le mete una duda ridícula entre ceja y ceja: que el día en que un poderoso de veras grande meta la mano en lo nuestro, este atrasado será el único con un clavo firme donde sujetarse, mientras nosotros, los sin-techo por elección propia, palparemos la pared buscando el asidero que tuvimos la brillante idea de arrancar. Bobadas, claro. Supersticiones de campanario. Sigamos.

Y llegamos a la tercera abominación, la que ya nos provoca acidez estomacal: el hombre ha abandonado la neutralidad, y encima en materia religiosa, que es donde nos gusta cobrar. Porque nosotros somos los neutrales, nosotros no imponemos ninguna visión del hombre. Sólo organizamos la escuela para que enseñe que ninguna verdad obliga, redactamos la ley sobre la base de que nadie puede hacer del bien un asunto público, y trazamos la plaza para el único culto permitido, que es el de cada cual a lo suyo. Todo ello, por supuesto, en nombre de no imponer nada. El iliberal tiene la mala educación de sacar la cuenta en voz alta y anunciar el resultado: que la neutralidad que profesamos es una religión con todas sus letras —tiene su dogma, que es que no hay dogmas; su moral entera, que es la autonomía; y hasta su clero, que somos nosotros—. Y remata, el grosero, con la única frase que de veras no le perdonamos: que él al menos confiesa su credo a plena luz, mientras nosotros administramos el nuestro jurando que no es un credo. Porque un hombre que le enrostra a uno la doctrina que uno predicaba creyéndose sin doctrina no comete una impertinencia: comete una herejía contra la iglesia que juraba no ser iglesia.

Pero lo que ya no tiene nombre es la pirueta con que nos devuelve nuestras propias amenazas envueltas para regalo. Le mostramos, para que se le hiele la sangre, el retrato del pensador tenebroso que redujo la política al capricho de un soberano que zanja el nudo de un tajo. Se lo ponemos delante como un espejo: «éste es usted, iliberal». Y el hombre mira el retrato, ni parpadea, y contesta que el monstruo no es hijo suyo, sino nuestro. Que el soberano caprichoso no combate al mundo sin verdades: lo hereda. Porque —dice— cuando se decreta que nadie puede hacer del bien un asunto público, no se abre un claro luminoso de neutralidad; se abre un trono vacío, y los tronos vacíos no duran vacíos ni una tarde. Alguien acaba sentándose, y se sienta sin razones, porque para eso las jubilamos. Tiene el descaro de decirnos, a nosotros, que derribamos el establo con nuestras propias manos, colgamos el cartelito de «aquí las ovejas se autodeterminan», y ahora convocamos ruedas de prensa para condenar al lobo. Una infamia, por supuesto. Una infamia de una coherencia irreprochable, que es la única especie de infamia contra la que no tenemos vacuna.

Se dirá en su descargo —siempre los hay— que al menos el hombre es coherente, y que no defiende a cualquier déspota con tal de llevarnos la contraria. Peor todavía, porque le da alas: condena al poder que atropella a la gente por el humor de uno solo, y lo condena con más dureza que nosotros. Nosotros sólo sabemos reprocharle al abusador que se pasó de la raya de la autonomía de cada quien, esa raya que cada quien traza donde le conviene. Él le suelta algo más pesado: que un poder así no es fuerte, es huérfano, y los huérfanos con ejército dan miedo. Nosotros nos indignamos en la tribuna; él juzga desde un suelo firme. Y hay que admitir, apretando los dientes, que juzgar pesa más que indignarse, aunque haga menos ruido y presente menos libros.

Ahí lo tienen. Un hombre que pregunta quién limita al poder y no se paga con espejos; que cree en un techo que nos cubre a todos justamente porque no lo clavamos nosotros; que confiesa su credo a plena luz mientras nosotros escondemos el nuestro; que nos prueba, sonriendo, que el déspota que nos quita el sueño nació en nuestra cocina; y que condena el abuso con razones más hondas que las que nos quedan a nosotros, que ya casi no tenemos razones, sólo encuestas. Un hombre que quiere la libertad tan escandalosamente en serio que se niega a dejarla colgada del aire, y exige plantarle raíces, no vaya a llevársela el primer ventarrón. Ésa es la calaña.

Llámenlo iliberal. Escúpanlo con desdén, como escupimos todas las palabras que no sabemos rebatir. Y si un mal día, al pronunciarla, la palabra les suena de pronto sospechosamente a elogio —a hombre que ata corto al poder, que no se arrodilla ante el número, que prefiere el bien de personas con nombre al aplauso de las abstracciones—, no cunda el pánico. Es sólo que se les ha escapado una oda por debajo de la diatriba. Pasa en las mejores familias.

Columna publicada en El Líbero el 17 de agosto de 2026.

José Joaquín Brunner publicó la semana pasada una columna que hace algo infrecuente: tomarse en serio un adjetivo. Sostiene que la simetría de “a diestra y siniestra” engaña, porque hay una ultraderecha global, nacional y gobernante, mientras la ultraizquierda chilena sobrevive arrinconada en los bordes del mundo letrado. Se puede discutir el reparto. Lo que interesa aquí es otra cosa: un dato que él anota casi al pasar y que vale por toda la discusión. Nadie se declara ultraizquierdista. Nadie firma. El adjetivo existe únicamente en boca ajena, se aplica siempre al de enfrente o al de más allá del pasillo, y un término que jamás se conjuga en primera persona no es una descripción: es una acusación disfrazada de coordenada. De ahí una pregunta que no es retórica sino literal, y que casi nunca se formula. Ultra significa “más allá”. Más allá, ¿de qué? No de quién: de qué. Es lo que se le pregunta a cualquiera que dice estar midiendo: dónde está el cero de su regla.

Interroguemos primero al testigo más humilde, que suele ser el más veraz. El diccionario recoge la locución “a diestro y siniestro” y la define sin piedad: sin tino, sin orden, sin discreción ni miramiento. Es decir, repartir hacia ambos lados no describe una puntería equitativa, sino la ausencia de puntería. El castellano llevaba siglos advirtiéndonos que quien golpea a la derecha y a la izquierda no está apuntando a nada, y lo había dejado escrito con esa terquedad de las lenguas viejas, que conservan la sabiduría en el sótano, aunque los inquilinos hayan mudado de opinión. El título de Brunner es, por eso, más exacto de lo que él mismo quiso: nombra con precisión el modo en que se distribuyen hoy los adjetivos.

El segundo testigo es la partida de nacimiento del vocabulario, y aquí la comedia se pone buena. La división entre derecha e izquierda no procede de la naturaleza de las cosas ni de una meditación sobre el hombre, sino de un plano de butacas: de dónde se sentaron unos y otros en una asamblea francesa de 1789 cuando se discutía el veto del rey. Toda nuestra metafísica política desciende de un mueble. La palabra ultra, por su parte, nació una generación después, en la Restauración, y designaba a los ultrarrealistas, aquellos que se declaraban más monárquicos que el rey. Nótese lo decisivo: la palabra funcionaba porque había un cero explícito y nombrado. Estar “más allá” era estar más allá del trono y de la Carta, dos cosas que cualquiera podía señalar con el dedo. Hemos conservado religiosamente el comparativo y hemos extraviado el término de comparación. Y como la ironía nunca viaja sola, la última vez que “ultra” significó algo preciso, significaba católico y monárquico.

El tercer testigo es nuestro propio mapa, y su declaración es demoledora por lo simple. José Antonio Kast era, en 2017, el ultra marginal del sistema; en 2025 fue el Presidente más votado de la historia de Chile; y hoy el presidente del Partido Nacional Libertario declara en televisión que tiene al gobierno “bailando la música que ponemos nosotros”. El mismo hombre pasó de extremo a moderado sin desplazarse un milímetro: lo que se movió no fue él, fue el observador. Gabriel Boric, en noviembre de 2019, fue durante la misma semana el ultra del estallido para unos y el traidor acomodaticio para los suyos, y hoy encarna para media prensa la moderación institucional.

De estas declaraciones se sigue un teorema que todos practicamos y nadie enuncia: moderado significa cerca de mí, ultra significa lejos de mí, y mí es, por definición, el punto medio. El círculo es perfecto y no tiene salida, porque el observador no está en la escala: es la escala. Por eso las disputas sobre el adjetivo no terminan nunca y no pueden terminar. No son discusiones sobre la realidad, sino sobre la ubicación del que habla, y la ubicación del que habla la fija, con encomiable comodidad, el que habla.

Toca entonces reconocer la paradoja: el único que ocupa una posición estrictamente extrema es el que se proclama centro. Si nadie se declara ultra y todos se declaran moderados, los dos hechos son en realidad uno solo, porque el centrista es el que sostiene, sin advertirlo y con excelentes modales, que el cero de la escala coincide con su propia persona. Existe, pues, un ultracentrismo que consiste en tener el ojo clavado en el propio ombligo y llamar a eso equilibrio, y es la posición más inmodesta del tablero, justamente porque se presenta como la más modesta. Los ingleses, para trazar sus mapas, hicieron pasar el meridiano cero por un observatorio de Greenwich, y tuvieron al menos la decencia de admitir que la elección era suya y de firmarla en un tratado. Nuestros centristas dibujan el mismo mapa haciendo pasar el meridiano por su propia butaca (aunque cambien de asiento), y sostienen a continuación que la geografía les dio la razón.

Falta el testigo más antiguo, y es el que explica a los demás. Hace veinticinco siglos, unos griegos que todavía hacían aritmética con reverencia religiosa dejaron escrita una lista de diez pares de opuestos: lo uno y lo múltiple, lo determinado y lo indeterminado, la luz y las tinieblas, lo recto y lo curvo, el bien y el mal. Y en esa misma lista, en esa misma columna, figuraban la derecha y la izquierda. La derecha del lado del bien, naturalmente; la izquierda del lado de las tinieblas. Lo notable es que la modernidad no derogó jamás esa tabla. Se limitó a cruzar el pasillo y a mudar sus simpatías a la otra columna, dejando el mueble intacto. Y una tabla de dos columnas tiene una propiedad fatal: no admite tercer término. Solo permite oscilar. Cada síntesis se convierte de inmediato en la tesis que suscita la antítesis siguiente, y así indefinidamente, que es exactamente la historia política que llevamos doscientos años relatando como si fuera progreso.

Aquí está la verdad incómoda, y no es política sino metafísica. Esto que practicamos como análisis político tiene un nombre viejo y exacto: maniqueísmo. No el insulto de sobremesa, sino la doctrina literal —dos principios, dos columnas, una guerra sin árbitro—, y da lo mismo que hoy se profese en versión de derecha o en versión de izquierda, porque el error no está en la columna que uno elige sino en el hecho de que haya tabla. Partir el mundo en dos columnas le concede al mal consistencia, lo asciende a principio, le da media realidad en propiedad. Y de paso condena como malas muchas dimensiones enteramente buenas de lo real, por el delito de haber quedado del lado equivocado del pasillo: la autoridad, porque cae a la derecha; la comunidad, porque cae a la izquierda; el orden, la espontaneidad, la ley, la libertad, cada una desacreditada no por lo que es, sino por la compañía que le tocó en la lista. Ningún país piensa bien mientras use un instrumento que le impide considerar las cosas en sí mismas.

Y una ideología, por definición, no se queda quieta donde nació. El prefijo emigró hace rato del Congreso y hoy se adhiere a todo: ultraconservador el que sostiene que a un niño le va mejor con padre y madre; ultraliberal el que cree lo que creía cualquier profesor de economía en 1990; ultracatólico —joya de la corona— el que se limita a repetir el catecismo tal como está impreso.

Bajo este vocabulario, ninguna cuestión se examina: se localiza. Si un plan de seguridad es justo, si un indulto es debido en justicia o es un favor entre amigos, si una ley ampara efectivamente al inocente, son preguntas que tienen respuesta y que exigen trabajo; averiguar dónde se sienta el que las formula no requiere trabajo alguno, y produce la agradable sensación de haber pensado. Peor todavía: gobernar deja de consistir en hacer lo justo y pasa a consistir en no ser rotulado. El propio Brunner observa que a las derechas chilenas parece preocuparles más evitar el calificativo que resolver sus diferencias reales, y tiene razón; pero eso mismo describe a todos. Quien teme el rótulo navega hacia el centro de una línea cuyo centro nadie ha definido jamás, es decir, hacia donde suena más fuerte el ruido. Es una brújula que apunta al griterío.

Brunner cierra su columna con una exigencia honrada: contra los ultrismos no basta con llamarlos ultras, hay que demostrar que existen alternativas que funcionen, y admite que esa demostración sigue pendiente. Añade algo más valiente todavía sobre su propio sector: que un grupo definido por lo que rechaza corre el riesgo de no definirse por nada. Ambas cosas son ciertas, y son la misma. La demostración seguirá pendiente mientras la pregunta sea dónde se sienta uno, porque “funcionar” es palabra de medios y ningún medio se acredita sin un fin declarado. Lo único capaz de dar cero a la línea no es un lugar sino un término: el bien común, lo debido a este hombre concreto, la verdad sobre lo que el hombre es. Con esa medida, moderado y ultra dejan de ser categorías interesantes, porque nada es verdadero por estar al medio ni falso por estar al borde.

Hace medio siglo, a un metafísico catalán llamado Francisco Canals Vidal le preguntaban a menudo si era de derecha o de izquierda. Respondía que no era ni lo uno ni lo otro, y tampoco “ni de derecha ni de izquierda”, que es la tercera casilla de la misma tabla. Y remataba citando a su maestro: que lo único que en definitiva importa es la esperanza de que, en el juicio final, a uno lo sitúen a la derecha del Hijo del Hombre. Hay, pues, una sola derecha que debería quitarnos el sueño. No la fijan las encuestas, y allí no se llega solo ni habiendo sido moderado.