Columna publicada en El Líbero el 19 de octubre de 2026.
El diputado Jaime Bassa dijo la semana pasada que el estallido ya no está en la calle, pero «sigue vivo en cada hogar». Le llovieron críticas, casi todas merecidas. Falta una, sin embargo, que nadie le ha hecho: la de tener razón. El estallido sigue vivo, en efecto. Sólo que no donde él lo busca. Y la mejor prueba de que sigue vivo es, en buena medida, el modo en que él lo busca.
Todo silogismo consta de tres proposiciones. Una premisa mayor enuncia un principio, una menor describe un caso y la conclusión se sigue necesariamente de ambas cuando el razonamiento es válido. Que sea válido no hace verdaderas sus premisas, y en eso está todo el problema. Octubre de 2019 fue, entre otras cosas, un silogismo. Su premisa mayor no afirmaba que el malestar pueda expresarse, cosa que nadie discute, sino que el malestar autoriza los medios: que la injusticia padecida da licencia para cometer otras. Su premisa menor constataba que en Chile había malestar, y no sin motivos. Y su conclusión se escribió con bencina sobre las estaciones de Metro. Siete años después, esa conclusión ya no se ve: no hay barricadas cada viernes. Y como no se ve, se da el capítulo por cerrado.
Pero ¿qué cambió? No la premisa menor: el malestar sigue ahí, y en eso Bassa acierta. Tampoco la premisa mayor, como se verá. Cambiaron el Gobierno, el Congreso, el ánimo y el cansancio; es decir, nada que figure en el silogismo. Se tomaron los cambios accidentales por nuevas premisas y se concluyó que el octubrismo estaba sepultado. No lo está. La conclusión octubrista no ha sido refutada: sólo ha sido aplazada. Es el error de quien recoge la fruta podrida del suelo y declara sano el árbol.
Empecemos por lo que Bassa ve, porque algo ve: la premisa menor. Hay desigualdades excesivas, deudas que se comen el mes, usura desatada, anatocismo, pensiones que no alcanzan y un desempleo que llegó a 9,6%. Negarlo sería caer en el error simétrico. Pero explicar no es justificar: una causa puede dar cuenta del malestar sin dar licencia a nadie. La tradición cristiana tiene incluso un nombre severo para estas cosas: estructuras injustas. Ese nombre, con todo, dice exactamente lo contrario de lo que la lectura octubrista le hace decir. Una estructura injusta es la sedimentación de muchos actos libres e injustos: nace de culpas personales y condiciona las conductas que vienen después, pero no las determina ni exime de ellas. El concepto católico de injusticia estructural incrimina a la libertad; en cambio, la lectura que hace de la estructura una coartada la disuelve. Por eso, cuando Bassa, al abordar la violencia, responde que no es cura para repartir condenas ni indulgencias, cree abstenerse. Es el mismo que meses atrás calificó aquella violencia de «bien contenida». Cuando lo que está en juego es condenar un incendio, negarse a hacerlo no es neutralidad: es una absolución por omisión, sin penitente ni penitencia. Ningún confesor llegó jamás tan lejos.
El estallido, sin embargo, vive sobre todo en su forma, que es su alma: en el clima de ideas que mantiene en pie su premisa mayor.
Vive en la idea de que el ciudadano es un acreedor y el Estado su deudor moroso. Por eso el diputado enumera condiciones materiales como quien lee facturas impagas, sin que en la lista figure un solo deber. Y de ahí se da, sin justificarlo nunca, el paso decisivo: creer que la mora del deudor libera al acreedor de sus deberes de justicia hacia terceros, como si el vecino de La Granja respondiera con su estación de Metro por las deudas del Estado. La tradición clásica conoce el derecho de resistencia al tirano, pero lo rodea de condiciones tan severas que incendiar una estación de Metro no satisface ninguna.
Vive en la sospecha de principio contra toda autoridad, que hace del carabinero un sospechoso y del encapuchado un mero síntoma. En buena parte del debate público, quien usó la fuerza para defender el orden carga con la prueba de su inocencia, mientras quien atacaba ese orden recibe el beneficio de la sociología.
Vive en la convicción de que la legitimidad nace del número de personas que ocupan una plaza, y de que la justicia de lo que se pide santifica los medios con que se pide.
Vive en la fe mágica en la Constitución como remedio universal, esa fe que llevó a casi todo el arco político, derecha incluida, a ofrecer el 15 de noviembre la Carta Fundamental como rescate a cambio de la paz. El país rechazó dos veces el experimento, por 62% y por 56%, pero dos derrotas no son un examen de conciencia; son apenas dos derrotas.
Vive en un cristianismo reducido a diagnóstico sociológico, más cómodo con la sensibilidad social que con la Cruz y el Evangelio. Cuando la redención se confunde con la mejora de las condiciones materiales, se termina predicando con otro vocabulario la misma antropología que se debía corregir.
Vive, en definitiva, en el horizonte inmanente que respiramos, del que no siempre escapan, vaya ironía, quienes critican a Bassa. Según había informado The Clinic, La Moneda se proponía dejar pasar el 18 de octubre sin actos, con la atención puesta en lo que considera urgente: seguridad, economía y empleo. Es una agenda razonable, y el Gobierno niega en la práctica la premisa mayor cada vez que persigue el delito. Pero negarla con la policía no es refutarla con razones, y que lo material sea urgente no lo vuelve suficiente. Bassa dice que el problema son las condiciones materiales; el Gobierno responde con más orden y mejores condiciones materiales. Ambos discuten la menor; ninguno discute la mayor. Y no reparan en que el malestar es la única premisa que ninguna política podrá suprimir del todo. Reducirlo es obligatorio; hacer depender de su ausencia la legitimidad del orden es apostar a un mundo que no existe.
Octubre no se explica sólo por carencia. Los chilenos de 2019 eran incomparablemente menos pobres que los de 1990, lo que no prueba que las condiciones materiales no pesaran, sino que no bastan para explicar el incendio. Una sociedad que sólo se ofrece a sí misma bienestar no puede reclamar lealtad cuando el bienestar se atrasa. Quien enseña a sus ciudadanos que deben obediencia mientras su bienestar aumente no debería sorprenderse cuando dejan de obedecer en cuanto deja de aumentar. Si el vínculo social es un contrato de prestaciones, el incumplimiento se lee como causa de resolución. En este sentido, el estallido fue la cobranza de una promesa fundada en una filosofía y teología materialistas.
La lealtad política, en cambio, no se compra con prestaciones: se funda en la justicia debida al bien común y se robustece con la amistad cívica, que ve en los demás no competidores por los beneficios del Estado, sino conciudadanos llamados a participar de un bien que ninguno puede alcanzar por sí solo.
Bassa, por tanto, tiene razón: el estallido sigue vivo. Pero no vive, como él cree, en la cuenta que no se alcanza a pagar, sino en la idea de que esa cuenta es lo único que está en juego, y en la licencia que de ahí se pretende sacar. Esta es la más irónica de las victorias octubristas: perder las batallas callejeras de los viernes y ganar la guerra porque el vencedor nunca discutió su gramática. Mientras nadie toque la premisa mayor, podremos cambiar diez veces de gobierno y bajar el desempleo a la mitad: bastará el primer malestar, y nunca falta, para que alguien vuelva a deducir la conclusión. El orden será una tregua, y las treguas se rompen el primer mes en que la economía no cumple. La calle, por ahora, está tranquila. El silogismo, en cambio, sigue abierto, esperando a quien quiera ejecutarlo.