Columna publicada en El Líbero el 10 de agosto de 2026.

Hay quien supone que el derecho chileno guarda silencio en materia moral. Es exactamente al revés: no para de hablar. La Constitución nombra la moral y las buenas costumbres al garantizar el ejercicio de los cultos, al fijar los límites de la libertad de enseñanza, al prohibir ciertas asociaciones y al reconocer el derecho a emprender. El Código Civil declara ilícitos el objeto y la causa contrarios a las buenas costumbres. El Código Penal conserva un párrafo entero que todavía se titula “De los ultrajes públicos a las buenas costumbres”. Y cuando llega al servicio público sube el tono en vez de bajarlo: el Estatuto Administrativo exige del funcionario una conducta “moralmente intachable” y, todavía más lejos, le manda “observar una vida social acorde con la dignidad del cargo”. No estamos ante un ordenamiento afónico, sino ante uno notablemente locuaz. Lo que ocurre es que nadie se siente ya autorizado a entender lo que dice.

La semana pasada tuvimos la prueba. Gendarmería había preguntado a la Contraloría si la venta de contenido sexual en una plataforma digital por parte de una funcionaria podía dar lugar a un sumario. La respuesta fue que eso debe ponderarse caso a caso. Antes recordó que todo funcionario tiene derecho a ejercer libremente cualquier profesión, industria, comercio u oficio conciliable con su posición. Y ahí está el detalle que nadie subrayó: esa libertad, en la Constitución que la reconoce, es el derecho a desarrollar cualquiera actividad económica que no sea contraria a la moral, al orden público o a la seguridad nacional. Citamos con entusiasmo la mitad de la cláusula que habilita y tratamos como jeroglífico egipcio la mitad que la define. Es un modo original de leer: como quien invoca su derecho a conducir y encuentra indescifrable la parte que habla del límite de velocidad.

El síntoma está aguas arriba. Y está en un punto preciso. Todas esas cláusulas —la del culto, la de la enseñanza, la del objeto ilícito, la del emprendimiento— hablan de actos, de contratos, de actividades: cosas que se pueden juzgar sin mirar a nadie a la cara. El Estatuto Administrativo hace algo distinto. Toma el mismo vocabulario y lo apoya sobre una persona. No dice qué actividades son contrarias a las buenas costumbres; dice que hay una vida que debe estar a la altura de un cargo. Es el único lugar donde la moral del ordenamiento deja de ser un adjetivo de las conductas y pasa a ser una exigencia de alguien.

Y es exactamente ahí, ni un párrafo antes, donde la doctrina progre se sobresalta y descubre que las palabras resultan ininteligibles. No parece casual: un estándar abstracto se tolera sin dificultad; uno que mira a una persona a los ojos, no. Por ello, el progresismo alega que la “dignidad del cargo” sería una noción demasiado indeterminada para fundar reproche alguno y restringir el ejercicio de “derechos fundamentales” (como, en este caso, sería exhibir mayor desnudez a mayor precio).

Pero hay que preguntarse desde cuándo nos complica tanto la vida semejante indeterminación. Las palabras que designan conductas no nacen imprecisas: se vuelven imprecisas. Y no se desgastan solas, ni por el paso del tiempo, ni por descuido del legislador. Se desgastan por uso, como se desgastan las monedas, y quien las gasta es cada conducta que se aparta de ellas sin consecuencia. Cada vez que un funcionario hace lo que el cargo no admitía y no pasa nada, la palabra que lo prohibía pierde un poco de filo; a la décima vez ya no describe una exigencia sino una expectativa; a la centésima se ha convertido en esa clase de término que los gurús declaran, con razón, ininteligible. Adviértase el contraste con la palabra probidad: nació general —el mismo texto la define como conducta “moralmente intachable”— y, sin embargo, hoy nadie la tacha de ininteligible: tiene contornos, precedentes, criterios finos. No los tuvo siempre; se los ganó a fuerza de aplicarse. La imprecisión, por tanto, no es el punto de partida: es el sedimento de los malos ejemplos impunes. Primero dejamos de exigir, después dejamos de entender, y por último venimos a explicar que era imposible entender desde el principio.

Y lo mismo funciona al revés, que es la parte esperanzadora del asunto. Si los malos ejemplos vacían las palabras, los buenos las llenan de carne. Nadie sabe definir qué es un buen padre, y la expresión ha sobrevivido a siglos de imprecisión sin que a nadie se le ocurriera derogarla, porque cada generación conoció a alguno y con eso le bastó: la definición estaba en el comedor de la casa, sentada a la cabecera. Nadie sabe definir qué es un buen profesor —los ministerios lo han intentado con rúbricas, indicadores y estándares de desempeño, con los resultados que todos conocemos—, pero cualquiera puede nombrar en dos segundos al que le enseñó algo que todavía recuerda, y en ese nombre está toda la definición que hace falta. Con la dignidad de un cargo ocurre igual. Nadie sabe definirla; todos hemos conocido a alguien que la encarnó. El funcionario que no cobró lo que podía haber cobrado, el que trató bien a quien no podía devolverle el favor, el que hizo su trabajo con esmero un día en que nadie lo estaba mirando: ninguno de ellos redactó una definición, y sin embargo cada uno le devolvió a la expresión un gramo de contenido que ningún dictamen sabría restituirle. Los conceptos morales no se aclaran por vía de reglamento. Se aclaran por vía de personas.

La dignidad del cargo no es, por eso, una fórmula ceremonial heredada de tiempos más severos. Describe antes de mandar. Un cargo público no es un empleo con jornada y grado: es una porción de autoridad ejercida sobre personas, y su instrumento de trabajo no es una máquina ni un escritorio, sino el hombre mismo que lo ocupa. Nadie ha obedecido nunca a un uniforme. Se obedece a alguien que lo lleva, y ese alguien recibe del cargo un crédito que no ganó y le devuelve, o no le devuelve, el suyo propio. Esa es toda la mecánica: el cargo presta y el hombre paga. De ahí que la ejemplaridad no sea un deber añadido a la función pública, algo que el legislador le colgó encima por escrúpulo; es la función pública misma vista desde afuera. Quien acepta un cargo público acepta ser mirado, y no porque el legislador sea un mojigato, sino porque “público” no es un adjetivo decorativo.

Y de ahí, también, que la relación entre el servicio público y las buenas costumbres sea intrínseca y no fingida. Un servicio no puede exigir del ciudadano una conducta que no reconoce en los suyos sin quedar convertido en una oficina que reparte reglas en las que no cree. La moral, en el cargo, no es un requisito de ingreso ni un adorno del reglamento: es la materia con que está hecho. Sacarla de ahí no deja un cargo neutral.

Nada de esto se aprende leyendo reglamentos: nadie se ha vuelto valiente estudiando el reglamento del valor. La virtud se pega antes de que se enseñe; se adquiere como se adquiere un acento, por vecindad. Los ejemplos no son adorno del bien común: son su vehículo ordinario, y una comunidad sin modelos visibles no queda en blanco, queda a merced de los que sí son visibles, que hoy se producen en cantidades industriales, se bombean en los medios y no suelen distinguirse por su templanza.

Por ello, además, resulta trágico detenerse en quién hizo la pregunta a la Contraloría: la hizo el servicio encargado de custodiar y reinsertar a quienes tropezaron; el que trabaja a diario con las consecuencias acumuladas de una vida sin nadie a quien imitar. Que la duda naciera ahí no fue mojigatería: fue el olfato de una institución que sabe, por oficio, lo que cuesta la falta de ejemplos. Le respondimos que “dependía”.

Debo aquí un descargo, y no por cortesía. Quien escribe no lo hace desde el pedestal de su excelencia (mi falta de estatura no es sólo moral) sino desde el fondo del pozo de sus propios defectos. Es un mirador incómodo, pero instructivo: desde abajo se ve, con una nitidez que el pedestal no concede, para qué sirven los buenos modelos. Uno no los reclama porque le sobren; los reclama porque le faltan. Los buenos ejemplos no son un lujo de los virtuosos: son la necesidad diaria de los mediocres.

Desde ese fondo se aprecia, además, lo que los antiguos cifraron en tres palabras: corruptio optimi pessima. La corrupción de lo mejor es la peor. No porque quien cae desde más alto valga más como persona, sino porque cae desde donde se le ve, y su caída enseña, aunque él no quiera enseñar nada. Lo mejor que tiene el servicio público es precisamente esto: que en él un hombre común puede volverse, sin proponérselo y sin cobrar nada extra por ello, el modelo de persona que muchos, demasiados, nunca tuvieron. Perder eso no es perder un requisito administrativo. Es perder lo único que un cargo modesto tiene de grande.

Con todo, las normas siguen ahí, encendidas. Un faro no deja de alumbrar porque los barcos hayan dejado de mirarlo; sigue señalando la roca, y su luz es justamente lo que permite advertir que nadie corrige el rumbo. La letra que llamamos muerta no está muerta: acusa. Y acusa con una paciencia irritante, esperando que alguien vuelva a leerla en voz alta. Hemos leído la cláusula de la dignidad del cargo como un lastre, casi como una intromisión. Léase al derecho: es un cumplido, quizá el único que el ordenamiento le hace al servidor público. Da por supuesto que hay alguien cuya vida la comunidad puede mirar sin bajar los ojos. Declarar que la norma “depende” no libera a nadie: lo degrada, porque le informa, con toda la hipocresía de la técnica jurídica, que ya nadie espera nada de él.

Columna publicada en El Líbero el 6 de julio de 2026.

Existe un lugar en el mundo donde las injusticias descansan cómodas, calientes, casi mimadas: el archivo de los asuntos «en revisión». No es la cárcel ni el tribunal, sino esa antesala administrativa donde un expediente puede envejecer con dignidad, porque nadie lo ha negado y nadie lo ha resuelto.

El Presidente Kast —que ha hecho de la emergencia su bandera y de la prisa una promesa— ha dicho, con una franqueza que debo agradecerle, que usará la facultad presidencial del indulto. Lo ha repetido más de una vez: «la facultad del indulto… yo la voy a utilizar». Ha precisado que revisará los casos uno a uno, que no prometió indultos absolutos, que primero la empleará y después propondrá reformarla, y que de todos modos no es la prioridad de un país donde hay gente que tiene hambre, que no tiene casa, que no tiene seguridad. Todo esto es razonable. Todo esto es, palabra por palabra, defendible. Tal vez, dicen algunos, es lo prudente.

La prudencia, sin embargo, no es la virtud de quienes deliberan bien, sino la de quienes deliberan y mandan bien. Su acto propio no es la consulta ni el juicio, sino el imperio: el mandato efectivo de ejecutar aquello que la razón ya juzgó debido. Deliberar es el vestíbulo; juzgar, la sala de espera; pero la prudencia sólo llega a su casa cuando ordena hacer. Un médico que diagnostica de maravilla y no receta nunca no es un médico prudente: es un erudito de la enfermedad ajena.

La distinción no es bizantina, porque hay dos demoras que se parecen como dos gotas de agua y son radicalmente opuestas. La primera es la del gobernante que sabe qué debe hacer y escoge el momento oportuno, porque obrar hoy causaría un daño mayor que esperar; en él la espera no posterga el deber, sino que forma parte del mismo juicio prudente. La segunda es la del que ya tiene el juicio formado, ya conoce la obligación, y no obstante vuelve a abrir, una y otra vez, la deliberación que había cerrado. La primera demora es prudencia. La segunda tiene otros nombres, bastante menos halagüeños: inconstancia, cuando la razón concluye y la voluntad retrocede ante la dificultad; negligencia, cuando se reconoce el deber, pero no se ponen los medios para cumplirlo; pusilanimidad, cuando se cede ante la magnitud del costo de realizar lo que se sabe que es correcto.

Lo incómodo es que la falsificación de la prudencia se parece muchísimo al original. Nadie posterga un deber anunciando «voy a postergar un deber». Se dice, más bien, «es más complejo de lo que parece», «hay que verlo caso a caso», «sin prisa y con pausa», «otra cosa es con guitarra». Frases impecables, todas, mientras describan un trabajo que avanza; frases siniestras, las mismas, cuando describen un trabajo que no empieza o que empieza y se abandona. La palabra puede ser el bisturí del cirujano o la coartada del cobarde, y desde fuera no se distingue el filo del mango.

Conviene afinar el caso, porque el debate público se ha enredado —comprensiblemente— en los indultos discutibles: los del culpable cuya pena se perdona. De ésos no hablo, y por una razón sencilla: al culpable la clemencia no se le debe, se le regala, y un regalo puede esperar sin que nadie cometa injusticia al demorarlo. El caso que me interesa es el contrario: el del inocente —o el de aquel cuya inocencia se presume con fuerza— que sigue tras las rejas. Porque ahí la demora deja de ser administrativa y se vuelve un problema moral: cada día adicional de encierro injusto no es un bien futuro que se aplaza, sino un daño presente que se prolonga. No estamos ante algo que todavía no ocurre, sino ante una aberración que sigue ocurriendo. Se dirá que el indulto perdona la pena, pero no borra la condena; es cierto, y poco consuela al inocente la pulcritud de sus antecedentes cuando lo que le sobra es reja. Mientras la autoridad «revisa», el reloj no cuenta.

Una omisión puede ser tan voluntaria, y tan imputable, como el más deliberado de los actos, porque quien pudiendo y debiendo obrar no obra, algo hace precisamente al no hacerlo. No se requiere un decreto que ordene la injusticia; basta el silencio de quien tenía el deber, los medios y la hora para remediarla. Porque los preceptos que mandan hacer obligan siempre, aunque no a cada instante: obligan a su tiempo y en su lugar. Mientras la hora no llega, el «todavía no» es inocente; cuando la urgencia, la certeza moral y la competencia coinciden, la hora ha llegado, y entonces la postergación deja de ser una pausa para volverse una respuesta. Un «no» conjugado en futuro sigue siendo un «no»; y la voluntad que aplaza sin término lo que sabe debido no es que no haya decidido: ha decidido no decidir, que es la única forma de negar sin que se note. La firma que falta tranquiliza al expediente, no a la conciencia.

Hay un viejo recurso de Chesterton que viene aquí como anillo al dedo. Comienza él por el cabello de una niña pobre, de pelo rojizo, a la que —por la inmundicia del conventillo— alguien propone rapar para acabar con los piojos. Y Chesterton, en vez de aceptar el trato razonable, lo invierte con furia: antes que cortar ese cabello derribemos el conventillo entero. La niña es el punto fijo; lo demás es lo que debe ceder, y no al revés. Tal es la primacía de la persona y su dignidad. Pues bien: el inocente en su celda es ese pelo rojizo. Y lo que se pone en la otra bandeja de la balanza no es ya un conventillo, sino algo más liviano todavía: el fastidio de lidiar con una oposición que mañana, como todos los días, hará lo posible por viciar el gesto, fiel a su liturgia del «ni perdón ni olvido». Dejemos el eufemismo de lado: un día de un inocente es irreparable y concreto; la objeción del adversario es previsible, repetida y —sobre todo— segura, pues ocurrirá igual se haga lo que se haga. Quien deja al inocente adentro para ahorrarse el ruido de afuera no ha pesado dos bienes: ha cortado el pelo del inocente y de su familia para no incomodar al conventillo, y ha dejado, de paso, que una consigna forjada contra los culpables cobre su precio en los inocentes.

Nada de esto es un cargo contra el Presidente. Sería una insolencia —y, de paso, una imprudencia mía— dictaminar desde una simple columna lo que sólo él puede saber: si su demora es de la primera especie o de la segunda, si el calendario está al servicio de la justicia o reemplazándola. Quien tiene los expedientes a la vista es él, no yo. Pero la tradición que él mismo profesa —y la profesa, no es un decorado— le ofrece algo mejor que un crítico externo: le ofrece un examen interior. La pregunta no es «¿qué dirán?», sino «¿haré lo que sé que debo hacer?». Si los costos políticos, el desgaste mediático o el cálculo electoral ya no alteran su juicio sobre lo que es justo en un caso concreto, entonces esos costos han dejado de pertenecer a la prudencia y han pasado, sin ruido, al departamento de la conveniencia. Allí puede haber astucia, cálculo, sagacidad. Virtud, no.

La tentación de todo poder serio y bienintencionado —y éste lo es— se formula así: «reconozco lo que debe hacerse ahora, pero todavía no…». Tranquiliza porque no niega nada: ni el deber, ni el bien, ni la urgencia; sólo los corre de fecha. Y un aplazamiento sin fecha es, para el inocente que aguarda en su celda, indistinguible de una negativa. Ojalá —lo digo con afecto y sin ironía— que cuando la historia abra estos expedientes encuentre, al final de la línea, un día y un mes. Y no la expresión «todavía no», que es la manera cortés que ha inventado el hombre para decir «nunca».

Columna publicada en El Líbero el 29 de junio de 2026.

Ante la muerte de un niño de 12 años en una encerrona, una alcaldesa resumió el clamor de muchos en una línea: los menores “están delinquiendo porque saben que no tienen ni una pena”. Quien la pronunció creía hablar de disuasión. Sin advertirlo, dijo algo más hondo y cierto: que un muchacho a quien sus actos no le devuelven consecuencia alguna no aprende que ha hecho un mal, sino algo peor, que el mal no existe. Tiene razón. Es de justicia que el delito tenga pena, y un orden que libera al día siguiente a quien acaba de quebrarlo no es más humano: es más cruel, porque le confirma al joven que su voluntad no topa con muro alguno en la realidad. Y un alma sin muros es un alma a la que se abandonó.

Hasta aquí, los alcaldes que pidieron urgencia para la reforma de la ley penal adolescente tienen toda la razón. Corresponde concedérselo entero, porque sólo quien admite que el castigo es debido tiene después derecho a preguntar por su forma. Y la pregunta es difícil: cuando pedimos “régimen cerrado”, ¿sabemos lo que pedimos?

Debemos mirar la cosa real y no el folleto. La ley promete continuidad de estudios, tratamiento de adicciones, reinserción. El recinto entrega otra cosa. No hace falta admirar al sistema interamericano —confieso que no lo admiro— para reconocer que, de tarde en tarde y casi a pesar de sí mismo, acierta. En noviembre de 2024 condenó al Estado de Chile por las condiciones en que ese mismo Estado mantiene a los adolescentes que encierra: hacinamiento, celdas de castigo, aislamiento, ausencia de separación por edad. Hay una ironía difícil de digerir en pedir como solución, a gritos y con urgencia, precisamente aquello por lo cual ya fuimos condenados. Llamamos remedio a lo que un tribunal —uno que rara vez me da la razón— acaba de llamarnos enfermedad.

Podría pensarse que, fealdad aparte, el encierro al menos cumple su promesa central: devolver a la calle un joven mejor. Los números dicen lo contrario y con una crudeza que desarma. De todas las sanciones que contempla la ley, el régimen cerrado es el que más reincidencia produce: más de la mitad de quienes egresan vuelven a delinquir dentro de dos años. Se ha estimado que la privación de libertad en la adolescencia aumenta en 36 puntos la probabilidad de reincidir ya de adulto. Léase con calma: no es que el régimen cerrado fracase en formar al joven. Es que fabrica, con puntería estadística, al delincuente adulto que dice venir a prevenir. Pedimos endurecer la máquina que produce, con exactitud, el resultado que tememos. Si un hospital contagiara a la mayoría de sus pacientes, no pediríamos más camas.

Y aquí la pregunta deja de ser técnica y se vuelve moral. Si el encierro no corrige, no repara nada y degrada a quien lo sufre, entonces se sostiene únicamente en la tranquilidad del resto. Y conviene decir lo que eso significa, con todo el respeto por quienes lo piden desde el espanto de un niño muerto, pero sin ceder un milímetro en el argumento. Una persona, también la culpable, se ordena al bien común como la parte al todo; pero sólo en aquello en que es parte, no en todo lo que es, porque hay en ella un destino que ninguna comunidad agota. Por eso jamás puede ser tratada como mera pieza al servicio de la seguridad ajena. Cuando el castigo se justifica únicamente por su utilidad para los demás, ha dejado de ser castigo: se ha vuelto sacrificio. Y un Estado que sacrifica a los suyos, aunque sean culpables, repite con mejor caligrafía el gesto del que delinque: usar a otro como cosa.

Detrás de todo esto late una confusión más honda: hemos olvidado qué es un castigo. Un castigo que no duele no es un castigo; es una ceremonia. La pena es un bien que se padece —un bien por su fin, que es restaurar la justicia— pero que llega necesariamente en forma de mal, de algo que se sufre contra la propia voluntad. Quítese el padecer y se quitó la cosa: una pena que no cuesta nada es como un ayuno que permite comer. Y no sólo resulta inútil; es injusta, porque deja la balanza donde el delito la dejó. Educar, por lo demás —en el sentido más viejo de la palabra, el que tenía Platón cuando decía que consiste en aprender a alegrarse y a dolerse como es debido—, no es otra cosa que reordenar los afectos: que duela lo que debe doler y agrade lo que debe agradar. Y el que delinque es justamente aquel cuyos goces y penas se han desquiciado: se alegra de lo que tendría que apenarlo, y no le pesa lo que tendría que pesarle. Devolverlo al orden exige, antes que nada, que el daño vuelva a dolerle.

Pero entonces la cuestión no es si el castigo debe doler, sino qué dolor. Hay uno que reordena y otro que sólo embrutece. El de la celda degradante duele, por cierto, pero es el dolor equivocado: no se enlaza con lo que el joven hizo, y así no le enseña a apenarse del mal que causó, sino a apiadarse del que él padece. De ahí no nace arrepentimiento sino rencor. El otro dolor —mirar a la víctima, reparar lo roto, sostener la cara de aquello que se quebró— es el que vuelve a anudar la pena con el acto y reenseña al alma a dolerse donde corresponde. Y ese, digámoslo, es el más arduo de los dos.

Por eso castigar de verdad es más difícil que encerrar, y nunca más blando. La blandura cómoda y la dureza inútil se parecen más de lo que creen: ninguna de las dos le cobra al joven lo que su falta de veras vale. La experiencia comparada en justicia restaurativa —responsabilizar al infractor ante su víctima, exigirle reparar— muestra resultados modestos pero reales, mejores que los del puro cerrojo. No es indulgencia: es exigencia de la más áspera. Uno se pregunta por qué la única firmeza que sabemos imaginar es la del candado. Hubo tiempos en que se creyó que a un joven sin rumbo se lo enderezaba encuadrándolo, formándolo, exigiéndole un servicio, imponiéndole disciplina dolorosa y modales con rigor; no escondiéndolo. No propongo una fórmula específica: propongo abandonar el falso dilema. Entre soltar y sepultar hay un país entero por explorar, y lo hemos dejado baldío. El alcalde Agustín Iglesias ha dado un primer y valioso paso en esta dirección.

“No tienen ni una pena”, dijo la alcaldesa, y tenía razón a medias. Porque tampoco tienen pena —en el sentido grave y restaurador de la palabra— los que entran al régimen cerrado y salen peores. Tienen un castigo que no restituye nada, no corrige a nadie y sólo los guarda hasta que regresan, más deshumanizados, a la misma esquina. La verdadera impunidad no es únicamente la del que sale libre mañana. Es también la del Estado que llama justicia a un encierro que ya le fue reprochado como injusticia, y duerme tranquilo —por un rato— creyendo que cumplió.

Queda el muro. Lo imaginamos como lo primero firme contra lo cual un alma a la deriva podría, por fin, apoyarse. Pero hay otro muro, y es el que levantamos con más prisa: el que no se alza para sostener a nadie, sino para esconder lo que no queremos mirar. El mismo muro, dos sentidos. Y toda la diferencia entre castigar y esconder cabe en cuál de los dos elegimos.

Columna publicada en El Líbero el 15 de junio de 2026.

El día que asumió como ministro de Hacienda, Jorge Quiroz dijo algo a la vez exacto y modesto: “El Ministerio de Hacienda no es cualquier ministerio”. Tenía toda la razón. El problema está en el sentido en que la tenía.

Lo dijo, claro, para subrayar la gravedad de la tarea fiscal: ordenar las cuentas, sincerar los números, pagar lo que se debe. Y conviene decirlo sin ironía, porque la ironía vendrá después: hay en ese hombre una probidad austera que escasea. Cuando esta semana reconoció ante el Senado que no se alcanzará el equilibrio fiscal prometido en campaña, y que la meta realista es un déficit en torno al 1,5% del Producto hacia 2030, hizo algo que la política rara vez perdona y la justicia siempre agradece: prefirió el número incómodo a la cifra cómoda. “No estoy aquí para ser popular”, ha dicho, y le creemos. Un ministro que no miente sobre la aritmética del Estado es, en estos tiempos, casi una institución.

Y, sin embargo, la tradición clásica, que nada tiene contra la aritmética, escucha en esa frase —“no es cualquier ministerio”— menos un elogio que una advertencia.

Toda disciplina —toda ciencia, todo saber— no se distingue por la materia que toca, sino por la luz bajo la cual la mira: el aspecto formal desde el cual considera las cosas, lo que los antiguos llamaban la ratio formalis bajo la que se ve. Sobre un mismo hombre se inclinan el médico, el jurista y el economista, y cada uno ve algo distinto y verdadero: el médico un cuerpo que sanar, el jurista un sujeto de derechos, el economista una unidad de costo y productividad. Ninguno miente. Cada uno ve de veras, y cada uno, fuera de su formalidad, puede volverse ciego, o miope. Una disciplina es, por definición, una manera disciplinada de no mirarlo todo. En eso consiste su fuerza, que es la precisión; y en eso su límite, que es la estrechez. Sólo dos miradas escapan a esa estrechez, no por carecer de forma, sino por tenerla universal: la metafísica, que mira el ser en cuanto ser, y la teología, que mira todas las cosas a la luz de su causa primera. No son una ventana más: son las que juzgan desde dónde se abren las demás.

La luz propia del economista es lo útil cuantificable: lo que puede medirse, ponderarse, convertirse en precio, producir margen y rentabilidad. Bajo esa luz —y la imagen no es mía, la tomé prestada de la prensa económica, que describía las tres promesas del gobierno tratando de convivir “en una misma planilla Excel”— buena parte de lo real sencillamente no aparece. No porque sea falso, sino porque no refracta esa luz. La virtud no figura en la planilla. Tampoco la amistad cívica, ni la belleza de una ciudad, ni el culto, ni la dignidad de un oficio. Proyectan, sobre la celda, exactamente ninguna sombra.

Y no es una sospecha de biblioteca. Lo he comprobado en la mesa, entre grandes amigos —economistas, ingenieros comerciales, hombres de finanzas a quienes quiero y admiro—: gente lúcida y generosa con la que, sin embargo, cuesta sostener una conversación que no derive, como el agua hacia el mar, al negocio, a la “pasada”, a la rentabilidad de aquello, a la inversión de lo otro y, por cierto, a las adquisiciones del último mes y los planes de viaje del siguiente. No es codicia; es óptica. Han aprendido a mirar, y miran de veras; sólo que miran siempre por la misma ventana, y han llegado a creer que el paisaje termina justo donde termina el marco.

Aristóteles llamaba a la política la ciencia “arquitectónica”: la que manda sobre todas las demás artes —incluida la economía— y las ordena al bien humano. El estadista usa al economista como el arquitecto usa al albañil: con respeto, con necesidad y sin confundir los oficios. Porque la ciudad, decía, nace para vivir, pero existe para vivir bien; y el “vivir bien” no es una partida del presupuesto.

Lo que observamos en estos primeros meses es, con perdón, la inversión exacta de ese orden. No que Hacienda importe demasiado —importa lo que debe—, sino que ha dejado de ser una parte para volverse el todo. El propio Gobierno lo confirma sin querer: un estudio de medios mostró que, descontada la figura del Presidente, el ministro de Hacienda dobla y triplica en presencia pública a Interior, a Vivienda, a la vocería. Los demás ministerios parecen anexos que vienen a rendir cuentas ante la planilla. La seguridad se pondera por su costo; la vivienda, por su impacto fiscal; y uno aguarda, con cierto temor, el día en que la familia y la cultura deban presentar su informe de rentabilidad.

Y la verdad más incómoda no es para la oposición, que sólo protesta por el reparto, sino para el sector que aplaude al ministro. Un gobierno de derecha —que presume de defender la nación, la familia, el orden moral, las cosas que no se compran— ha terminado por organizar toda su identidad pública en torno al crecimiento, la tasa de primera categoría y el techo de la deuda. Y conste que el programa no carece de otras notas: trae seguridad, permisología, incluso gestos hacia la familia. Pero una cosa es el contenido y otra la jerarquía. El reproche no es que el Gobierno haga poco fuera de la economía, sino que sólo dispone de un idioma para contar lo que hace, y a ese idioma lo traduce todo. Combate así el materialismo del adversario con un materialismo rival. Vista de lejos, la discusión ya no es si la polis es una planilla, sino de quién será la planilla. Se concede la premisa y se disputa la cifra. Es una manera elegante, técnica y rentable de perder precisamente aquello que se decía venir a defender.

Sería injusto —además de cómodo— cargar toda la culpa al Gobierno, o a su discurso. La planilla no manda sola: la corean. La misma prensa que deplora el economicismo del Ejecutivo persigue, publica y encumbra la noticia del alza, del IPC, del punto de crecimiento, por sobre cualquier otra; y lo hace, seamos honestos, porque esa noticia se lee, se comenta y se comparte. El círculo es tan perfecto como vicioso: el Gobierno habla en el idioma que el país premia, el país premia el idioma que la prensa amplifica, y la prensa amplifica el idioma que el Gobierno habla. No se sabe dónde empieza ni dónde acaba, y todos —gobernantes, periodistas, lectores y quien firma estas líneas— cooperamos con notable diligencia en sostener una mirada ramplona, clavada en la urgencia material del mes. Es la única conspiración en la que nadie conspira y todos colaboran.

Pero que la culpa sea de todos no significa que sea de todos por igual. Quien tiene por oficio conducir al bien común no carga con la responsabilidad exclusiva, mas sí con una especialísima: la de no sumarse al coro, sino enmendarle el rumbo. Y aquí el reproche se vuelve, al fin, consejo de amigo. El Gobierno dispone de medios de sobra —la agenda, la vocería, el púlpito que regala el cargo, la simple decisión de a qué cosa ponerle luz— para mostrar, con el énfasis y la dignidad que de veras merecen, cuánto se hace y se quiere hacer en favor del matrimonio, de la familia, de la infancia, de la educación, de la cultura, de la ciencia. No como adornos pintorescos colgados del crecimiento, sino como lo que son: asuntos de importancia principalísima, fines y no decorado. Bastaría con tratarlos así —hablar de ellos como se habla del déficit: con urgencia, con cifras y con rostro— para empezar a levantar la mirada de un país entero. Y sería, de paso, la astucia mayor, porque un Gobierno que enseña a mirar más alto se vuelve, él mismo, más difícil de medir con la vara baja.

Que no se me malentienda. El sustento material de la ciudad no es un lujo ni una bajeza: es condición de posibilidad. Santo Tomás lo dice con todas sus letras: hace falta una suficiencia de bienes para que florezca la operación virtuosa. Un Estado quebrado difícilmente puede perseguir algún bien alto; sanear las cuentas es, en primer lugar, un acto de justicia. El reproche, pues, no cae sobre la importancia de Hacienda, sino sobre su primacía. No sobre el oficio del mayordomo, sino sobre el día en que el mayordomo se sienta a la cabecera y empieza, muy amablemente, a gobernar la casa.

Porque eso es, al cabo, un ministro de Hacienda: el mayordomo mayor de la república, el que cuida la despensa para que la familia pueda vivir. Oficio noble y necesario. Pero una casa donde sólo se habla de la despensa ha olvidado para qué quería comer. El pan es imprescindible; un Gobierno que sólo sabe hablar de pan ha perdido de vista la razón por la cual quería al pueblo alimentado.

A Quiroz, como persona, le deseo de veras el mejor de los éxitos: que ordene, que sincere, que pague. Pero hay una paradoja que conviene mirar de frente, y es que su éxito es, justamente, lo que más debiéramos temer. Un ministro de Hacienda que fracasa —cosa grave, sin duda— deja un desorden que otro podrá enmendar mañana. Uno que triunfa del todo —que cuadra cada celda, sincera cada cifra y ordena la despensa hasta el último gramo— bien podría entregarnos una república impecablemente contabilizada y, a la vez, en quiebra: en quiebra de aquello que ningún Excel sabe contar y que, por lo mismo, ningún PowerPoint echa de menos. Esa es la única bancarrota que se celebra con un superávit en la planilla y un déficit en el alma.