Castigar o esconder
Columna publicada en El Líbero el 29 de junio de 2026.
Ante la muerte de un niño de 12 años en una encerrona, una alcaldesa resumió el clamor de muchos en una línea: los menores “están delinquiendo porque saben que no tienen ni una pena”. Quien la pronunció creía hablar de disuasión. Sin advertirlo, dijo algo más hondo y cierto: que un muchacho a quien sus actos no le devuelven consecuencia alguna no aprende que ha hecho un mal, sino algo peor, que el mal no existe. Tiene razón. Es de justicia que el delito tenga pena, y un orden que libera al día siguiente a quien acaba de quebrarlo no es más humano: es más cruel, porque le confirma al joven que su voluntad no topa con muro alguno en la realidad. Y un alma sin muros es un alma a la que se abandonó.
Hasta aquí, los alcaldes que pidieron urgencia para la reforma de la ley penal adolescente tienen toda la razón. Corresponde concedérselo entero, porque sólo quien admite que el castigo es debido tiene después derecho a preguntar por su forma. Y la pregunta es difícil: cuando pedimos “régimen cerrado”, ¿sabemos lo que pedimos?
Debemos mirar la cosa real y no el folleto. La ley promete continuidad de estudios, tratamiento de adicciones, reinserción. El recinto entrega otra cosa. No hace falta admirar al sistema interamericano —confieso que no lo admiro— para reconocer que, de tarde en tarde y casi a pesar de sí mismo, acierta. En noviembre de 2024 condenó al Estado de Chile por las condiciones en que ese mismo Estado mantiene a los adolescentes que encierra: hacinamiento, celdas de castigo, aislamiento, ausencia de separación por edad. Hay una ironía difícil de digerir en pedir como solución, a gritos y con urgencia, precisamente aquello por lo cual ya fuimos condenados. Llamamos remedio a lo que un tribunal —uno que rara vez me da la razón— acaba de llamarnos enfermedad.
Podría pensarse que, fealdad aparte, el encierro al menos cumple su promesa central: devolver a la calle un joven mejor. Los números dicen lo contrario y con una crudeza que desarma. De todas las sanciones que contempla la ley, el régimen cerrado es el que más reincidencia produce: más de la mitad de quienes egresan vuelven a delinquir dentro de dos años. Se ha estimado que la privación de libertad en la adolescencia aumenta en 36 puntos la probabilidad de reincidir ya de adulto. Léase con calma: no es que el régimen cerrado fracase en formar al joven. Es que fabrica, con puntería estadística, al delincuente adulto que dice venir a prevenir. Pedimos endurecer la máquina que produce, con exactitud, el resultado que tememos. Si un hospital contagiara a la mayoría de sus pacientes, no pediríamos más camas.
Y aquí la pregunta deja de ser técnica y se vuelve moral. Si el encierro no corrige, no repara nada y degrada a quien lo sufre, entonces se sostiene únicamente en la tranquilidad del resto. Y conviene decir lo que eso significa, con todo el respeto por quienes lo piden desde el espanto de un niño muerto, pero sin ceder un milímetro en el argumento. Una persona, también la culpable, se ordena al bien común como la parte al todo; pero sólo en aquello en que es parte, no en todo lo que es, porque hay en ella un destino que ninguna comunidad agota. Por eso jamás puede ser tratada como mera pieza al servicio de la seguridad ajena. Cuando el castigo se justifica únicamente por su utilidad para los demás, ha dejado de ser castigo: se ha vuelto sacrificio. Y un Estado que sacrifica a los suyos, aunque sean culpables, repite con mejor caligrafía el gesto del que delinque: usar a otro como cosa.
Detrás de todo esto late una confusión más honda: hemos olvidado qué es un castigo. Un castigo que no duele no es un castigo; es una ceremonia. La pena es un bien que se padece —un bien por su fin, que es restaurar la justicia— pero que llega necesariamente en forma de mal, de algo que se sufre contra la propia voluntad. Quítese el padecer y se quitó la cosa: una pena que no cuesta nada es como un ayuno que permite comer. Y no sólo resulta inútil; es injusta, porque deja la balanza donde el delito la dejó. Educar, por lo demás —en el sentido más viejo de la palabra, el que tenía Platón cuando decía que consiste en aprender a alegrarse y a dolerse como es debido—, no es otra cosa que reordenar los afectos: que duela lo que debe doler y agrade lo que debe agradar. Y el que delinque es justamente aquel cuyos goces y penas se han desquiciado: se alegra de lo que tendría que apenarlo, y no le pesa lo que tendría que pesarle. Devolverlo al orden exige, antes que nada, que el daño vuelva a dolerle.
Pero entonces la cuestión no es si el castigo debe doler, sino qué dolor. Hay uno que reordena y otro que sólo embrutece. El de la celda degradante duele, por cierto, pero es el dolor equivocado: no se enlaza con lo que el joven hizo, y así no le enseña a apenarse del mal que causó, sino a apiadarse del que él padece. De ahí no nace arrepentimiento sino rencor. El otro dolor —mirar a la víctima, reparar lo roto, sostener la cara de aquello que se quebró— es el que vuelve a anudar la pena con el acto y reenseña al alma a dolerse donde corresponde. Y ese, digámoslo, es el más arduo de los dos.
Por eso castigar de verdad es más difícil que encerrar, y nunca más blando. La blandura cómoda y la dureza inútil se parecen más de lo que creen: ninguna de las dos le cobra al joven lo que su falta de veras vale. La experiencia comparada en justicia restaurativa —responsabilizar al infractor ante su víctima, exigirle reparar— muestra resultados modestos pero reales, mejores que los del puro cerrojo. No es indulgencia: es exigencia de la más áspera. Uno se pregunta por qué la única firmeza que sabemos imaginar es la del candado. Hubo tiempos en que se creyó que a un joven sin rumbo se lo enderezaba encuadrándolo, formándolo, exigiéndole un servicio, imponiéndole disciplina dolorosa y modales con rigor; no escondiéndolo. No propongo una fórmula específica: propongo abandonar el falso dilema. Entre soltar y sepultar hay un país entero por explorar, y lo hemos dejado baldío. El alcalde Agustín Iglesias ha dado un primer y valioso paso en esta dirección.
“No tienen ni una pena”, dijo la alcaldesa, y tenía razón a medias. Porque tampoco tienen pena —en el sentido grave y restaurador de la palabra— los que entran al régimen cerrado y salen peores. Tienen un castigo que no restituye nada, no corrige a nadie y sólo los guarda hasta que regresan, más deshumanizados, a la misma esquina. La verdadera impunidad no es únicamente la del que sale libre mañana. Es también la del Estado que llama justicia a un encierro que ya le fue reprochado como injusticia, y duerme tranquilo —por un rato— creyendo que cumplió.
Queda el muro. Lo imaginamos como lo primero firme contra lo cual un alma a la deriva podría, por fin, apoyarse. Pero hay otro muro, y es el que levantamos con más prisa: el que no se alza para sostener a nadie, sino para esconder lo que no queremos mirar. El mismo muro, dos sentidos. Y toda la diferencia entre castigar y esconder cabe en cuál de los dos elegimos.
Autogol
Por Javier Mena Mauricio. Columna publicada en El Líbero el 26 de junio de 2026.
El gobierno que prometió defender a la familia del Estado acaba de presentar un proyecto para ponerla bajo mayor tutela del Estado. No es un trabalenguas: es el Mensaje N° 060-374, que “fortalece el ejercicio de la responsabilidad parental” y entró a la Cámara este mes.
Su fin es bueno, y hay que decirlo sin reticencia: que los padres estén presentes, que guíen, que no abdiquen. Nadie de buena fe defiende al padre ausente. El reparo no es al fin, sino al medio. Para conseguir padres diligentes, el texto resuelve poner a todos los padres bajo sospecha; para socorrer a la familia que fracasa, instala al Estado como auditor anticipado de la familia que tropieza y se levanta. Y lo hace desde una administración que, se supone, entiende qué es la subsidiariedad —menos tutela, más familia, respeto del hogar frente al aparato—. Es como si los bomberos, hartos de incendios, fundaran una escuela de pirotecnia.
El mecanismo merece mirarse, porque el diablo asoma en el detalle. El nuevo procedimiento “especial, preventivo y tutelar” se gatilla cuando un niño o un adolescente comete cualquier falta —o incurre en una conducta dañosa para sí mismo— y alguien supone que detrás hubo “falta de diligencia” de los padres. ¿Quién puede denunciarlos? Además de la policía, los abuelos, los profesores, el director del colegio y la Defensoría de la Niñez. Si el tribunal sospecha, en cualquier momento, una “vulneración grave”, abre de oficio una medida de protección, que es la antesala cortés de la separación del hijo. Y para corregir a los padres, el Estado los deriva —obligatoriamente— a “programas de habilidades parentales”. El gobierno que jura no reemplazar a los padres los matricula en un curso para aprender a serlo.
Conviene anticipar la objeción, porque es la primera que se hará: la escuela ya denuncia. Hace tiempo que el profesor y el director están obligados a poner en conocimiento de la justicia el maltrato o el abuso que sufre un alumno, y está bien que así sea. Pero adviértase el giro, porque en él cabe todo. Hasta hoy la mirada del colegio se dirigía a quien daña al niño, para protegerlo; el proyecto la voltea hacia los padres, para sancionarlos por lo que el niño hizo. La escuela deja de ser centinela contra el daño y pasa a ser auditora de la crianza: ya no avisa que a un alumno lo lastiman, sino que sus padres no lo educaron bastante bien. A la institución a la que entregamos a los hijos para que los forme con nosotros, el proyecto la enrola como posible acusadora de nuestra idoneidad para formarlos. Y ahí, no en la denuncia del abuso, se quiebra la confianza callada sobre la que descansa la subsidiariedad educativa.
Ahora bien: todo esto se entrega a los tribunales de familia. Y aquí le pido al lector un ejercicio que, sospecho, los redactores del proyecto no hicieron. Que vaya un día cualquiera, a las ocho y media de la mañana, al pasillo de un juzgado de familia. Verá, banca contra banca, a madres agotadas y a padres separados que apenas se miran, a abuelos cargando con lo que otros soltaron, a niños oyendo lo que no deberían. Y verá circular un vocabulario de goma —“interés superior”, “maltrato psicológico”, “buena crianza”— que cada consejero técnico llena con el contenido que su criterio, y el aire turbio de la época, le dictan. Quien haya litigado ahí sabe que ese contenido dista de ser neutral, y con qué vara suele medirse a la familia que no calza con el molde.
Y no se diga que este recelo es manía chilena, fantasma de un litigante mal dormido. Donde el aparato tutelar lleva más años y más holgura, el estándar elástico ya enseñó adónde conduce. En Noruega, el servicio de protección se llevó a los cinco hijos del matrimonio Bodnariu —de tres meses a nueve años— y los repartió en hogares de acogida; el expediente había empezado con la llamada de una directora de escuela, inquieta por una crianza que juzgaba demasiado estricta y religiosa. Los exámenes médicos no hallaron rastro de maltrato, y los niños volvieron a casa recién meses después, tras una protesta internacional. En Alemania, una veintena de policías y asistentes sociales retiró por tres semanas a los cuatro hijos del matrimonio Wunderlich, cuya única falta era enseñarles en casa; entre los riesgos que el tribunal anotó figuraba el apego demasiado intenso de esos niños a sus padres. Y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, al que nadie acusará de nostalgia conservadora, no halló nada que reprochar. No afirmo que Chile sea Noruega ni Alemania; afirmo que el peligro no anida en la latitud, sino en el estándar: entréguese a cualquier Estado una vara de goma y la palabra “riesgo”, y tarde o temprano la usará para medir a una familia que no ha dañado a nadie.
Y ya que hablamos de lo que esos tribunales saben hacer, una pregunta directa para los autores del proyecto, sin segundas intenciones: ¿saben cómo trata hoy un juzgado de familia chileno al padre o a la madre que se atreve a dudar de las dudas de un hijo menor de catorce años sobre su identidad sexuada? ¿Han visto con qué naturalidad, bajo el “interés superior” y la “no discriminación”, el progenitor que vacila puede pasar de parte preocupada a sospechoso de vulnerar? No lo pregunto para abrir ese debate aquí, sino para uno más simple: antes de entregarle a ese tribunal más poder sobre el hogar, lo prudente sería averiguar cómo ejerce el que ya tiene.
A ese lugar —no al tribunal aséptico y técnico que alguien imaginó en un escritorio— el proyecto quiere darle más poder sobre el hogar, sobre más materias y con estándares más elásticos. De donde sólo caben dos explicaciones, y sólo dos. La primera, que quienes lo firmaron conozcan ese terreno y, aun así, hayan decidido entregárselo. La segunda, que no lo conozcan; que jamás se hayan sentado a esperar un comparendo de familia. Por caridad —y, francamente, por verosimilitud— me quedo con la segunda. Estarían legislando, con la mejor intención del mundo, sobre un país que no han pisado: han leído el mapa y no el territorio, y han confundido el tribunal que existe con el que les habría gustado que existiera.
Hay deslices más finos —el texto confunde el deber personalísimo de guiar con sanciones patrimoniales y sucesorias, mezclando lo que él mismo distinguía con pulcritud en su primer párrafo—, pero eso es un primor de técnica al lado de lo grueso, que es de principios: un gobierno pro familia, para fortalecerla, la pone bajo la tutela de quienes menos confían en ella. Y las buenas intenciones tienen mala memoria. La maquinaria que hoy se arma con patrocinio pro familia no lleva grabado el nombre de quien la enciende: la heredará, montada y aceitada, la administración que venga, piense lo que piense sobre la “buena crianza”. Quien construye el caballo no decide quién entra en él.
Por lo demás, el Estado no puede dar lo que no tiene. No posee paternidad que conferir, ni fabrica presencia por multa ni cariño por oficio. No se cita a comparendo el amor de un padre. Lo que sí puede hacer —y este proyecto lo hace— es desconfiar del hogar mientras jura defenderlo.
Lo demás se dice solo. Un gobierno que prometió defender a la familia del Estado terminó, con la mejor intención, metiendo la pelota en su propio arco. Quiero creer que es desconocimiento del terreno —y apuro por mostrar “medidas”—, no de doctrina; entre ambos males, es el único que tiene cura. Y la cura es barata: ir, sentarse en la banca de un juzgado de familia, esperar el comparendo. Después, reconocer el autogol y retirar el proyecto, ya que, en política como en la cancha, rectificar a tiempo no desprestigia a nadie: lo honra.
Mover la aguja II
Carta publicada en El Líbero el 24 de junio de 2026.
Señor Director:
Agradezco a Sofía Salas su carta, porque me regala la ocasión de hacer precisamente lo que mi columna pedía: hablar de matrimonio sin complejos. Y conviene empezar por su método, porque asume una metodología característica de cierta sociología contemporánea y nada neutra: toda correlación favorable al matrimonio es reinterpretada como efecto de variables previas de selección. Esa misma lógica podría utilizarse para vaciar de contenido cualquier institución: si los matrimonios exitosos son exitosos únicamente porque las personas exitosas se casan, entonces el matrimonio nunca puede tener efectos propios. Sin embargo, precisamente las instituciones existen porque reconocen, protegen y favorecen conductas valiosas. Negar que el matrimonio tenga efectos institucionales equivale, en buena medida, a negar la razón de ser de las instituciones mismas. Por lo demás, ninguna política pública espera la prueba monocausal: el Estado promueve la escolaridad sin haber aislado cada causa del éxito escolar. No se trata de que el matrimonio lo explique todo, sino de que no explique nada, que es lo único que su carta necesitaría probar y no prueba, so pretexto de precisión conceptual.
Pero hay un pasaje suyo que merece gratitud especial. Concede que lo que ha cambiado en Chile no es la pareja ni el compromiso con la crianza, sino “la institucionalización jurídica de la pareja”. Exactamente. Ese es el punto entero. Una institución no es un adorno notarial sobre una realidad que seguiría intacta sin ella. La pregunta no es por qué la gente deja de casarse cuando el matrimonio conserva rasgos distintivos fuertes; la pregunta es por qué habría de casarse cuando progresiva y progresistamente se le han retirado esos rasgos. Dicho de otro modo: si todas las ventajas relevantes pueden obtenerse fuera del matrimonio; si la estabilidad ya no se presume como deber jurídico; si la diferencia sexual dejó de ser constitutiva; si la permanencia dejó de ser una expectativa social; entonces el matrimonio deja de ser una institución con identidad propia y se transforma en una ceremonia opcional. Donde había una institución que sostenía la apertura a los hijos queda una elección privada que ya no la sostiene. Su descripción no contradice lo que la columna lamentaba; lo fecha y, a la vez, deja muy claro qué se le ha ido retirando al matrimonio, que es justamente lo que una política seria tendría que devolverle.
Y agradezco a Sofía Salas, sobre todo, porque su carta ilustra mi tesis mejor que mi propia columna. Sostuve que hemos perdido el diccionario; ella lo confirma —desliz involuntario, asumo— al pedir estudios que demuestren que el vínculo estable entre un hombre y una mujer es el suelo natural de los hijos. Repárese en la magnitud de lo que se exige probar “con cautela”: no un punto oscuro, sino lo más evidente que existe. Pedir un paper indexado para creerlo es el síntoma: quien necesita un estudio para ver el sol no tiene un problema de datos, sino de mediodía. De ahí que su objeción central tenga mala puntería. Yo no sostuve que toda convivencia sea inestable, ni que cada hijo de casados esté mejor que cada hijo de convivientes. Sostuve algo más modesto y más difícil de negar: que una sociedad que deja de casarse termina teniendo menos hijos. La cuestión no era si toda unión libre es frágil, sino por qué unas uniones engendran más que otras; y una convivencia, aun estable, es menos fecunda que un matrimonio.
Datos hay en abundancia y concluyentes para quien los quiera —de Cummins a la demografía comparada—. Sin embargo, ofrecer papeles Q1 como si el asunto se dirimiera ahí sería entrar en la trampa. Hay verdades que las planillas ilustran, no fundan; las sabíamos antes de saber contar. Aristóteles lo dijo en cuatro palabras —la naturaleza nada hace en balde—, y el sentido común lo sabía sin haber leído a Aristóteles. De modo que no escribo para recomendar lecturas. Convertir lo evidente en hipótesis a demostrar y exigir prueba de lo que se ve a simple vista no es exceso de rigor: es haber extraviado la palabra que nombraba la cosa que no se quiere ver. Yo no la he extraviado, y por eso la diré una vez más, con todas sus letras y sin pedir permiso: matrimonio. Y si el solo decirlo todavía incomoda, habremos confirmado, otra vez, de qué iba la columna.
Álvaro Ferrer Del Valle – Director ejecutivo Comunidad y Justicia
Mover la aguja
Columna publicada en El Líbero el 22 de junio de 2026.
“Mover la aguja”. Así se ha descrito el propósito —urgente y, por una vez, transversal— de revertir la caída de los nacimientos en Chile. La expresión es tecnocrática, pero la inquietud que la anima es de las más hondas que un país puede tener. Que el Estado se alarme ante una cuna vacía es un destello de cordura. La pregunta que importa, entonces, no es si hay que mover la aguja —hay que hacerlo—, sino hacia dónde empujar para que de verdad se mueva.
Las cifras no admiten eufemismo. Chile cruzó el umbral del reemplazo en 1999 y no ha vuelto a alcanzarlo; en 2025 la fecundidad se hundió hasta 0,99 hijos por mujer, la más baja de su historia y, por primera vez, bajo un hijo por mujer. El propio Gobierno proyecta que hacia 2028 habrá más funerales que partos. Como lo graficó la Ministra de Desarrollo Social, sin anestesia, de no actuar iremos más a los cementerios que a las salas de maternidad. No es un dato más entre otros: es la condición de posibilidad de todos los otros. Un país que deja de tener hijos deja, despacio, de tener futuro.
Por eso hay que celebrar que el Gobierno tome el toro por las astas. El Plan Chile Renace, con su comisión de expertos y su voluntad de poner el problema en el centro, nace de una alarma sincera y merece más aplauso que reparo. Y entre sus ocho ejes hay uno que, a mi juicio, vale por todos los restantes juntos, porque toca el nervio del asunto: la formación y estabilidad de los vínculos familiares. Ahí está la aguja. Quien lo formuló acertó, y hay que tomarle la palabra y seguirla hasta el final, porque ese eje, llevado en serio, dice mucho más de lo que su prudente redacción confiesa.
¿Qué es, en efecto, “estabilidad de los vínculos” llevada hasta el fondo? Es aquello que durante siglos sostuvo a la familia y la mantuvo abierta a los hijos: un compromiso fiel, público y para siempre. Tiene un nombre antiguo y exacto —matrimonio—, y la evidencia, esa que con razón el Gobierno pide atender, apunta a él con insistencia incómoda: donde el vínculo se afloja, la cuna se vacía. Las cifras chilenas lo gritan. En el mismo medio siglo en que el matrimonio se batió en retirada —de cerca de cien mil uniones anuales a poco más de sesenta mil—, la natalidad se desplomó tras él; hoy tres de cada cuatro niños nacen fuera del matrimonio, cuando en 1960 lo hacía uno de cada seis. No es que la convivencia no matrimonial sea menos fértil por un capricho: es que el compromiso estable, el que no se reserva de antemano la puerta de salida, es el suelo en que un hijo deja de ser un riesgo para volverse una esperanza.
Y no es una rareza local. En el mundo desarrollado, los demógrafos atribuyen al retroceso del matrimonio la mayor parte del desplome de nacimientos de este siglo (a falta de sentido común: L. Stone y S. James, Marriage Still Matters: Demonstrating the Link between Marriage and Fertility in the 21st Century, Institute for Family Studies & Wheatley Institute, 2023; L. Stone, Yes, Marriage Still Matters for Fertility: New Evidence, IFS, 2025: cerca del 75% de la caída de fecundidad desde 2007 atribuible al descenso del matrimonio).
Vale la pena, además, desarmar de antemano la objeción típica —que todo se arregla con plata, salas cuna y permisos—, porque los países nórdicos llevan décadas repartiendo exactamente eso y su natalidad se hundió igual: Finlandia cerró 2024 en 1,25 hijos por mujer, un tercio menos que en 2010, y su propia agencia estatal ya admite que sus generosas políticas familiares no explican su fecundidad. Si el bienestar y la inserción laboral bastaran, Helsinki rebosaría de niños. El problema es más hondo, y por eso aquel eje del plan es tan certero: la apertura a la vida es el fruto de un amor que confía, que se atreve a prometer para siempre porque se sabe acogido sin reservas. El hijo es el sí más incondicional que existe; difícilmente se le puede pedir a quien no ha aprendido a decir me doy y te recibo para siempre.
De ahí que fortalecer los vínculos no sea un adorno entre las ocho medidas, sino la medida. Y aquí me permito, con respeto y con esperanza, pedirle al Gobierno un paso más: que se atreva a decir la palabra. Ha tenido el coraje —nada obvio hoy— de nombrar la estabilidad del vínculo; le falta solo nombrar el vínculo estable por excelencia. No para excluir a nadie, sino porque las cosas se reparan cuando se las llama por su nombre y se descuidan cuando se las rodea. Quien no nombra la causa termina por no verla, y quien no la ve no puede atenderla. Hablar de “familias” en abstracto es cómodo y no molesta a nadie; pero la política pública que no se atreve a promover, expresamente, el matrimonio y su estabilidad se condena a mover la aguja en todos los indicadores menos en el que manda.
Sé lo que se objetará, porque se objeta siempre: que hablar en estos términos rompe el equilibrio político, tensiona la convivencia, azuza a los extremos y resucita la “discusión valórica” que todos dicen querer enterrar. Es la prudencia del que prefiere no mover el avispero. Pero cabe mirar de frente dónde nos ha llevado esa prudencia, porque la estrategia del silencio no ha funcionado nunca. Callar no es neutral: es ceder el terreno sin combatir. Mientras una mitad guarda el asunto bajo la alfombra “para no dividir”, la cultura no se detiene a esperar el consenso; avanza, y avanza en la dirección contraria, hasta que un día advertimos que hemos perdido el diccionario: que palabras como matrimonio, fidelidad o para siempre suenan ya a reliquia o a imposición. Y no está de más reparar en una asimetría que debería avergonzar a quienes callan por cálculo: los de la vereda del frente no padecen ese pudor. Saben exactamente lo que quieren, lo nombran sin complejos y, cuando tienen el poder, lo promueven sin pedir permiso. El silencio en materia no negociable no compra paz: compra derrotas a plazo. Lo he escrito antes y lo sostengo: el consenso que hoy se echa de menos no se construye callando, sino actuando; no es el punto de partida que exigimos antes de movernos, sino el punto de llegada al que solo se arriba después de haberse atrevido a decir y a hacer.
Conviene recordar, al final, por qué todo esto importa, y no es por la planilla previsional. Decía Chesterton que la maravilla de los niños es que cualquier cosa, para ellos, es una maravilla: cada niño que llega nos devuelve la capacidad de asombro que el mundo nos gasta. Aunque sobraran, ninguno sobra; cada uno es y “vale” más que el universo entero. Repoblar Chile no es una operación contable: es volver a creer que vale la pena unirse a alguien para siempre y abrir la casa a quien venga. La aguja se moverá —de eso no me cabe duda— el día en que nos atrevamos a empujarla donde de verdad responde: en la raíz, donde todo empezó a secarse. El resto, con ser bueno, es mover la aguja alrededor de la aguja. Y convengamos en que la cultura anti vida no se da vuelta en cuatro años. Por ello, no sería poca cosa que este Gobierno lograra el cambio que abre la puerta y funda todo lo demás: que, en adelante, no nos avergüence hablar de matrimonio.
No es cualquier ministerio, tampoco el único
Columna publicada en El Líbero el 15 de junio de 2026.
El día que asumió como ministro de Hacienda, Jorge Quiroz dijo algo a la vez exacto y modesto: “El Ministerio de Hacienda no es cualquier ministerio”. Tenía toda la razón. El problema está en el sentido en que la tenía.
Lo dijo, claro, para subrayar la gravedad de la tarea fiscal: ordenar las cuentas, sincerar los números, pagar lo que se debe. Y conviene decirlo sin ironía, porque la ironía vendrá después: hay en ese hombre una probidad austera que escasea. Cuando esta semana reconoció ante el Senado que no se alcanzará el equilibrio fiscal prometido en campaña, y que la meta realista es un déficit en torno al 1,5% del Producto hacia 2030, hizo algo que la política rara vez perdona y la justicia siempre agradece: prefirió el número incómodo a la cifra cómoda. “No estoy aquí para ser popular”, ha dicho, y le creemos. Un ministro que no miente sobre la aritmética del Estado es, en estos tiempos, casi una institución.
Y, sin embargo, la tradición clásica, que nada tiene contra la aritmética, escucha en esa frase —“no es cualquier ministerio”— menos un elogio que una advertencia.
Toda disciplina —toda ciencia, todo saber— no se distingue por la materia que toca, sino por la luz bajo la cual la mira: el aspecto formal desde el cual considera las cosas, lo que los antiguos llamaban la ratio formalis bajo la que se ve. Sobre un mismo hombre se inclinan el médico, el jurista y el economista, y cada uno ve algo distinto y verdadero: el médico un cuerpo que sanar, el jurista un sujeto de derechos, el economista una unidad de costo y productividad. Ninguno miente. Cada uno ve de veras, y cada uno, fuera de su formalidad, puede volverse ciego, o miope. Una disciplina es, por definición, una manera disciplinada de no mirarlo todo. En eso consiste su fuerza, que es la precisión; y en eso su límite, que es la estrechez. Sólo dos miradas escapan a esa estrechez, no por carecer de forma, sino por tenerla universal: la metafísica, que mira el ser en cuanto ser, y la teología, que mira todas las cosas a la luz de su causa primera. No son una ventana más: son las que juzgan desde dónde se abren las demás.
La luz propia del economista es lo útil cuantificable: lo que puede medirse, ponderarse, convertirse en precio, producir margen y rentabilidad. Bajo esa luz —y la imagen no es mía, la tomé prestada de la prensa económica, que describía las tres promesas del gobierno tratando de convivir “en una misma planilla Excel”— buena parte de lo real sencillamente no aparece. No porque sea falso, sino porque no refracta esa luz. La virtud no figura en la planilla. Tampoco la amistad cívica, ni la belleza de una ciudad, ni el culto, ni la dignidad de un oficio. Proyectan, sobre la celda, exactamente ninguna sombra.
Y no es una sospecha de biblioteca. Lo he comprobado en la mesa, entre grandes amigos —economistas, ingenieros comerciales, hombres de finanzas a quienes quiero y admiro—: gente lúcida y generosa con la que, sin embargo, cuesta sostener una conversación que no derive, como el agua hacia el mar, al negocio, a la “pasada”, a la rentabilidad de aquello, a la inversión de lo otro y, por cierto, a las adquisiciones del último mes y los planes de viaje del siguiente. No es codicia; es óptica. Han aprendido a mirar, y miran de veras; sólo que miran siempre por la misma ventana, y han llegado a creer que el paisaje termina justo donde termina el marco.
Aristóteles llamaba a la política la ciencia “arquitectónica”: la que manda sobre todas las demás artes —incluida la economía— y las ordena al bien humano. El estadista usa al economista como el arquitecto usa al albañil: con respeto, con necesidad y sin confundir los oficios. Porque la ciudad, decía, nace para vivir, pero existe para vivir bien; y el “vivir bien” no es una partida del presupuesto.
Lo que observamos en estos primeros meses es, con perdón, la inversión exacta de ese orden. No que Hacienda importe demasiado —importa lo que debe—, sino que ha dejado de ser una parte para volverse el todo. El propio Gobierno lo confirma sin querer: un estudio de medios mostró que, descontada la figura del Presidente, el ministro de Hacienda dobla y triplica en presencia pública a Interior, a Vivienda, a la vocería. Los demás ministerios parecen anexos que vienen a rendir cuentas ante la planilla. La seguridad se pondera por su costo; la vivienda, por su impacto fiscal; y uno aguarda, con cierto temor, el día en que la familia y la cultura deban presentar su informe de rentabilidad.
Y la verdad más incómoda no es para la oposición, que sólo protesta por el reparto, sino para el sector que aplaude al ministro. Un gobierno de derecha —que presume de defender la nación, la familia, el orden moral, las cosas que no se compran— ha terminado por organizar toda su identidad pública en torno al crecimiento, la tasa de primera categoría y el techo de la deuda. Y conste que el programa no carece de otras notas: trae seguridad, permisología, incluso gestos hacia la familia. Pero una cosa es el contenido y otra la jerarquía. El reproche no es que el Gobierno haga poco fuera de la economía, sino que sólo dispone de un idioma para contar lo que hace, y a ese idioma lo traduce todo. Combate así el materialismo del adversario con un materialismo rival. Vista de lejos, la discusión ya no es si la polis es una planilla, sino de quién será la planilla. Se concede la premisa y se disputa la cifra. Es una manera elegante, técnica y rentable de perder precisamente aquello que se decía venir a defender.
Sería injusto —además de cómodo— cargar toda la culpa al Gobierno, o a su discurso. La planilla no manda sola: la corean. La misma prensa que deplora el economicismo del Ejecutivo persigue, publica y encumbra la noticia del alza, del IPC, del punto de crecimiento, por sobre cualquier otra; y lo hace, seamos honestos, porque esa noticia se lee, se comenta y se comparte. El círculo es tan perfecto como vicioso: el Gobierno habla en el idioma que el país premia, el país premia el idioma que la prensa amplifica, y la prensa amplifica el idioma que el Gobierno habla. No se sabe dónde empieza ni dónde acaba, y todos —gobernantes, periodistas, lectores y quien firma estas líneas— cooperamos con notable diligencia en sostener una mirada ramplona, clavada en la urgencia material del mes. Es la única conspiración en la que nadie conspira y todos colaboran.
Pero que la culpa sea de todos no significa que sea de todos por igual. Quien tiene por oficio conducir al bien común no carga con la responsabilidad exclusiva, mas sí con una especialísima: la de no sumarse al coro, sino enmendarle el rumbo. Y aquí el reproche se vuelve, al fin, consejo de amigo. El Gobierno dispone de medios de sobra —la agenda, la vocería, el púlpito que regala el cargo, la simple decisión de a qué cosa ponerle luz— para mostrar, con el énfasis y la dignidad que de veras merecen, cuánto se hace y se quiere hacer en favor del matrimonio, de la familia, de la infancia, de la educación, de la cultura, de la ciencia. No como adornos pintorescos colgados del crecimiento, sino como lo que son: asuntos de importancia principalísima, fines y no decorado. Bastaría con tratarlos así —hablar de ellos como se habla del déficit: con urgencia, con cifras y con rostro— para empezar a levantar la mirada de un país entero. Y sería, de paso, la astucia mayor, porque un Gobierno que enseña a mirar más alto se vuelve, él mismo, más difícil de medir con la vara baja.
Que no se me malentienda. El sustento material de la ciudad no es un lujo ni una bajeza: es condición de posibilidad. Santo Tomás lo dice con todas sus letras: hace falta una suficiencia de bienes para que florezca la operación virtuosa. Un Estado quebrado difícilmente puede perseguir algún bien alto; sanear las cuentas es, en primer lugar, un acto de justicia. El reproche, pues, no cae sobre la importancia de Hacienda, sino sobre su primacía. No sobre el oficio del mayordomo, sino sobre el día en que el mayordomo se sienta a la cabecera y empieza, muy amablemente, a gobernar la casa.
Porque eso es, al cabo, un ministro de Hacienda: el mayordomo mayor de la república, el que cuida la despensa para que la familia pueda vivir. Oficio noble y necesario. Pero una casa donde sólo se habla de la despensa ha olvidado para qué quería comer. El pan es imprescindible; un Gobierno que sólo sabe hablar de pan ha perdido de vista la razón por la cual quería al pueblo alimentado.
A Quiroz, como persona, le deseo de veras el mejor de los éxitos: que ordene, que sincere, que pague. Pero hay una paradoja que conviene mirar de frente, y es que su éxito es, justamente, lo que más debiéramos temer. Un ministro de Hacienda que fracasa —cosa grave, sin duda— deja un desorden que otro podrá enmendar mañana. Uno que triunfa del todo —que cuadra cada celda, sincera cada cifra y ordena la despensa hasta el último gramo— bien podría entregarnos una república impecablemente contabilizada y, a la vez, en quiebra: en quiebra de aquello que ningún Excel sabe contar y que, por lo mismo, ningún PowerPoint echa de menos. Esa es la única bancarrota que se celebra con un superávit en la planilla y un déficit en el alma.
Que Dios bendiga a Chile
Columna publicada en El Líbero el 8 de junio de 2026.
El Presidente de la República concluyó su primera Cuenta Pública con una frase escueta y para nada novedosa: «Que Dios bendiga a Chile». Eugenio Tironi, sociólogo de notoria influencia en los círculos de opinión de la ex Concertación, comentó en CNN Chile que el Presidente parece «el gran párroco de la nación antes que el Presidente de la nación». La observación fue celebrada en ciertos ambientes como un golpe certero. A mi juicio, golpe bajo y de baja calidad.
Nótese lo que Tironi no dijo. No dijo que Kast estuviera equivocado. No argumentó que Dios no existe, ni que la bendición divina sea una categoría incoherente, ni que la trascendencia sea una superstición que un gobernante ilustrado debería haber superado. Esas serían posiciones filosóficas discutibles, pero al menos honestas. Lo que dijo es más modesto y revelador: que eso no corresponde decirlo ahí, en ese lugar, con esa investidura. Es una crítica de protocolo. Y las críticas de protocolo, cuando se usan para sustituir el argumento de fondo, son la forma más elegante de esquivarlo.
¿Tiene razón el Presidente o no la tiene? Si la tiene —si hay algo que razonablemente pueda llamarse Dios, y si ese algo puede bendecir o no a una nación, y si invocar esa bendición al cerrar un discurso de gobierno tiene sentido— entonces la observación de Tironi es irrelevante. Los protocolos no determinan la verdad. Si no la tiene, entonces la crítica debería ser esa: que el Presidente invocó a alguien que no existe, o que la noción de bendición divina sobre una nación es incoherente. Pero ese argumento Tironi no lo hizo, porque hacerlo lo obligaría a defender una determinada metafísica, y la ortodoxia modernista prefiere no defenderse: prefiere presentarse como la ausencia de metafísica.
Ahí está la trampa conceptual que conviene desmontar. En adelante no me refiero a Eugenio Tironi, sino a la forma mentis que subyace en tantos que, como él, rechazan la mirada trascendente en el espacio público so pretexto de neutralidad. Eso no es “sana laicidad”: es laicismo. El laicismo no es la neutralidad entre cosmovisiones: es una cosmovisión que ha conseguido que la llamen neutralidad. Su operación fundamental es declarar que las referencias religiosas o trascendentes son «particulares» e «impositivas», mientras sus propias referencias —el individuo autónomo, la preferencia subjetiva como criterio último, la inmanencia como horizonte sin más allá— son «universales» y «objetivas». Es como si alguien dijera que todos los mapas están distorsionados, excepto el suyo, que es la realidad misma. La afirmación de que el hombre se agota en su dimensión temporal y social no es más neutral que la afirmación contraria: es simplemente la afirmación contraria, pronunciada con mayor confianza en los salones escépticos y asépticos donde se forma la opinión dominante.
Tomás de Aquino, que pensó estas cuestiones con más rigor que los librepensadores de ayer y de hoy, enseñaba que los fines se ordenan jerárquicamente y que el fin inferior debe subordinarse al superior. El bien común temporal —la paz, la justicia, el desarrollo, la seguridad— es un bien real y exigible. Ningún gobernante puede ignorarlo. Pero no es el bien último del hombre. El hombre está ordenado a un fin que trasciende la comunidad política: su comunión con el bien absoluto, con aquello que la razón natural puede reconocer como el fundamento del ser y la moral puede identificar como la fuente de toda obligación. Ese fin no es privado ni políticamente irrelevante: es el horizonte dentro del cual la política misma adquiere sentido y encuentra su límite. El gobernante que lo ignora no es más neutral: ha adoptado, sin declararlo, la metafísica que afirma que el hombre se agota en lo que puede medirse. Y eso no es objetividad: es una posición filosófica que se niega a presentar sus credenciales.
La Constitución chilena no es ajena a esta cuestión. Su artículo primero declara que «El Estado está al servicio de la persona humana y su finalidad es promover el bien común, para lo cual debe contribuir a crear las condiciones sociales que permitan a todos y a cada uno de los integrantes de la comunidad nacional su mayor realización espiritual y material posible». La persona humana de la que habla ese artículo no es un dato sociológico ni un conjunto de preferencias: es un ser dotado de dignidad que precede al Estado y lo trasciende. La tradición iusnaturalista que inspira ese texto —presente en los debates constituyentes, en la doctrina de la Comisión Ortúzar, en la filosofía que nutre esa generación de juristas y a toda la cultura occidental— supone una antropología que no se agota en lo inmanente. Recordar esa dimensión desde la tribuna de la Cuenta Pública no es violar la Constitución: es recordar lo que ella expresamente reconoce.
Aquí conviene distinguir dos cosas que suelen confundirse. La confesionalidad del Estado —la adscripción institucional a una religión determinada— es una cuestión prudencial, contingente, que depende de las circunstancias históricas y que la propia Iglesia Católica, por ejemplo, no impone como exigencia universal en el momento presente. El reconocimiento de la dimensión trascendente del hombre es otra cosa enteramente: es una exigencia del sentido común que no depende de la fe sino de la razón, accesible en principio a cualquier inteligencia que examine con honestidad qué es el hombre y a qué está ordenado. Kast no propuso un Estado confesional; quienes rasgan vestiduras, en cambio, confiesan su exigencia de neutralidad no neutra.
Se dirá, y de hecho se dice, que el Presidente tiene derecho a expresar su fe porque la libertad de expresión lo ampara. Es el peor argumento posible en su favor, aunque sea el más cómodo políticamente y el adecuado según los manuales de la ortodoxia constitucional. Primero, porque reduce una verdad a una preferencia. Si la dimensión trascendente del hombre es real —y hay razones filosóficas serias para sostenerlo, con independencia de cualquier fe revelada— entonces no es una «opinión» que el Presidente «expresa»: es una verdad que recuerda. Defenderla como ejercicio de libertad de expresión es concederle al laicismo exactamente lo que quiere: que se trate de una preferencia particular entre otras, protegida por el derecho, pero sin pretensión de verdad. Es capitular en el terreno de los principios para ganar un punto en el terreno de los derechos subjetivos. Segundo, porque quien habla no es un ciudadano que ejerce su fuero interno: es el Presidente de la República que señala la raíz y el horizonte de su gobierno. El argumento correcto no es «tiene derecho a decirlo»: es «tiene razón en decirlo».
Reducir al absurdo la posición contraria ayuda a ver con claridad lo que está en juego. Si el argumento laicista es correcto, el Presidente de la República debería terminar su Cuenta Pública sin invocar nada que esté más allá del producto interno bruto, la tasa de desempleo y los índices de seguridad ciudadana. Cualquier referencia a la dignidad humana debería evitarse, porque la dignidad es un concepto con raíces metafísicas que el Estado laico no puede hacer suyo sin tomar partido. Cualquier apelación a la justicia debería moderarse, porque la justicia como virtud —no como procedimiento— supone un orden objetivo de bienes que el laicismo no reconoce (aunque se beneficia de él). Llevado a su consecuencia, el ideal laicista del espacio público produce un gobernante que habla en vacío: que administra procedimientos sin poder decir para qué sirven, que gestiona instituciones sin poder decir en nombre de qué, que preside una nación, en definitiva, sin poder decir qué es una nación. La neutralidad perfecta no es un horizonte político: es un horizonte de (sin)sentido que se ha vaciado a sí mismo.
Chesterton habría encontrado en esta inversión —que lo máximo sea demasiado y que lo mínimo sea suficiente— la marca de una época que ha perdido la escala. Un gobernante que pide la bendición de Dios sobre su nación está haciendo, al menos, dos cosas que no son menores: está reconociendo que hay Alguien por encima de él a quien debe rendir cuentas, y está admitiendo que el bien de Chile no depende sólo de lo que él haga. Ambas cosas son políticamente saludables. La primera es humildad y seriedad ante el poder. La segunda es realismo ante los límites de la política. Si eso es ser párroco, el problema no está en el Presidente: está en una religión secular que teme ser desplazada por la verdad.
Y hay un dato que quizás no todos conocen, y que merece ser referido sin estridencia, pero con claridad. En la capilla del Palacio de La Moneda —el edificio donde se ejerce el gobierno de la República, donde se toman las decisiones que afectan el destino del país— se celebra la Santa Misa dos veces al día, todos los días. Cada viernes se realiza además la Adoración al Santísimo Sacramento. Las autoridades que así lo desean se postran ante Él. Quienes lo saben y quienes no lo saben podrían preguntarse qué significa que en el centro mismo del poder político latiera el Corazón de Dios.
No se trata de libertad de culto, aunque la libertad de culto lo ampare. No se trata de clericalizar un espacio público, aunque el espacio sea público. Se trata de algo mucho más importante y radical: de ordenar el poder según su origen y su destino. El sentido común, antes que cualquier filosofía, advierte que ningún poder humano se origina en sí mismo ni se sostiene por sí solo. El gobernante no se ha creado a sí mismo, no ha creado a quienes gobierna, no ha establecido el orden moral que está obligado a respetar y hacer respetar. Recibió todo eso. Y lo que se recibe supone un donante. Reconocer ese donante no es debilidad del poder: es su condición de legitimidad más honda. Cuando las autoridades se arrodillan ante el Rey no están abdicando de su función: están reconociendo el fundamento sin el cual esa función no tiene sentido ni medida. El poder no se niega cuando reconoce algo por encima de sí: encuentra su verdadero nombre. Y Chile, cuando pide la bendición de Dios por boca de su Presidente, no abdica de su destino: lo pone en manos del Único que puede cumplirlo.
Enriquecimiento sin causa y rechazo sin razón
Columna publicada en El Líbero el 1 de junio de 2026.
Algunas injusticias requieren de un análisis sofisticado para ser reconocidas. La usura moderna, por ejemplo, opera a través de estructuras contractuales tan complejas que resulta, si no excusable, al menos comprensible que el ciudadano común —y el legislador común— no alcance a ver con nitidez lo que ocurre. El sistema financiero ha perfeccionado durante décadas el arte de hacer invisible lo que cobra, de distribuir la extracción en cuotas aparentemente razonables, de ocultar el costo real bajo capas de tecnicismo que desalientan la pregunta. Frente a esa sofisticación, cierto grado de ignorancia es casi inevitable.
El anatocismo no pertenece a esa categoría. El anatocismo -cobrar interés sobre el interés no pagado, capitalizar mes a mes la deuda, hacer que lo que se debe crezca geométricamente mientras los ingresos del deudor crecen, en el mejor caso, linealmente- es una injusticia que no requiere formación especializada para ser reconocida. Explota en la cara. Es la operación más simple del mundo: tomar lo que ya se cobró, sumarlo al capital, y volver a cobrarlo. Una vez. Y otra. Y otra. Hasta que la deuda original se vuelve irreconocible y el deudor, insolvente permanente, ha financiado con su trabajo una renta que nunca cesa.
La Cámara de Diputados aprobó hace días, con 79 votos, una indicación que prohíbe esta práctica. La reacción de la industria financiera fue inmediata y coordinada: bancos, retail financiero y expertos del establishment salieron en bloque a advertir sobre las consecuencias de la medida. Sus argumentos merecen atención:
El primero sostiene que el anatocismo remunera el costo real del dinero en el tiempo. Hay aquí una trampa conceptual que conviene exponer. Si la tasa ordinaria ya remunera ese costo —y debe hacerlo, porque de lo contrario nadie prestaría (¿y habrá que recordar que la industria no es de beneficencia?)— el anatocismo no remunera nada distinto: cobra por segunda vez por el mismo período. No es que el costo se traslade cuando se lo prohíbe; es que el anatocismo era un margen adicional sin contraprestación real, disfrazado de costo inevitable. Que la industria admita poder trasladarlo a otros componentes del contrato es, involuntariamente, la confesión de que ese margen existe y puede reubicarse. Los costos inevitables no se reubican.
El segundo argumento es más hábil: los depósitos a plazo también capitalizan intereses en favor del ahorrante, luego la capitalización no sería en sí misma injusta. La simetría es aparente. El ahorrante que recibe intereses capitalizados es acreedor; nadie lo obliga a renovar; la capitalización es una concesión que el banco hace para captar fondos. El deudor no tiene esa opción. No es equivalente pagar porque quiero y me conviene a pagar a pesar de que no quiero y no me conviene. La misma operación matemática produce efectos moralmente distintos según quién la sufre y en qué condiciones. Ignorar esa diferencia no es neutralidad técnica: es parcialidad disfrazada de ecuanimidad. Y cuando se invoca el consentimiento del deudor —firmó el contrato, conocía las condiciones, quien conoce y consiente no padece injusticia— el argumento escolástico se aplica mal por dos razones distintas y acumulativas:
La primera es que el consentimiento que libera de injusticia debe ser libre: no coaccionado por la necesidad. Quien firma para pagar el arriendo, cubrir una enfermedad, alimentar a sus hijos, no consiente en el sentido moralmente relevante. Consiente en el único sentido que le queda: el de quien no tiene alternativa. Aprovecharse de esa ausencia de alternativa para imponer condiciones que jamás se aceptarían en libertad no es respetar el consentimiento: es explotarlo. La necesidad del deudor no purifica el acto del prestamista. Lo agrava, porque añade al cobro injusto la deliberación de quien conoce la situación del otro y la usa como palanca.
La segunda razón es más simple: el consentimiento informado exige que quien consiente sepa realmente lo que consiente. Y el sistema financiero ha hecho de la omisión de esa información una política. El ejemplo más masivo y más cotidiano es el pago mínimo de la tarjeta de crédito. El titular que paga cada mes el mínimo que le indica el estado de cuenta no está gestionando su deuda: está financiando indefinidamente una renta para el emisor. El interés no cubierto por ese mínimo se capitaliza, se suma al saldo, y el mes siguiente genera nuevo interés sobre el interés anterior. La deuda no baja: en muchos casos sube, aunque el titular pague puntualmente todos los meses. Una deuda de quinientos mil pesos puede tardar décadas en extinguirse pagando el mínimo, y el titular habrá desembolsado en ese tiempo varios múltiplos del capital original. Esa información es calculable con precisión. El emisor la conoce. No la informa. El estado de cuenta muestra el saldo, la cuota mínima y la fecha de vencimiento. No muestra cuántos años tardará en extinguirse la deuda ni cuánto habrá pagado en total el titular si sigue así. En Estados Unidos esa información es obligatoria por ley desde 2009. En Chile no lo es. El silencio no es descuido: es arquitectura. Un consentimiento prestado sobre información deliberadamente incompleta no es consentimiento en ningún sentido que el derecho o la moral puedan reconocer. Es una firma obtenida en la oscuridad.
El tercer argumento de la industria predice exclusión financiera y daño a los más pobres. Es el argumento más antiguo y el que más debería avergonzar a quien lo formula, porque consiste en invocar como escudo al mismo que se explota: si se prohíbe la explotación, el pobre quedará sin acceso al crédito. Llevado a su lógica, justificaría cualquier práctica abusiva con tal de que la alternativa informal fuera más onerosa. No establece límite. No es un argumento: es una amenaza.
Conviene precisar el contexto, porque en él está el argumento más demoledor contra la industria. La ley chilena ya prohíbe capitalizar el interés moratorio: el que se genera cuando el deudor cae en mora. Lo que la indicación aprobada por la Cámara agrega es la prohibición de capitalizar el interés devengado: el que se genera durante la vida normal del crédito, sobre el deudor que paga. La distinción es decisiva. El interés moratorio es una sanción: nace del incumplimiento, lleva incorporada la reprochabilidad de la conducta del deudor, y aun así la ley lo declaró incapitalizable. El interés devengado durante el cumplimiento normal no es sanción de nada: es el cobro ordinario sobre quien honra puntualmente sus obligaciones. Si el más gravoso —el que castiga al incumplidor— no puede capitalizarse, el menos gravoso —el que recae sobre quien cumple— no puede capitalizarse con mayor razón. La industria defiende, en otros términos, el derecho a tratar peor al buen pagador que al moroso.
Y hay algo que en este debate nadie dice en voz alta pero que cualquiera que haya leído el contrato de un crédito de consumo puede verificar: el sistema de amortización estándar reserva la devolución del capital para el final del plazo. Durante la mayor parte de la vida del crédito, las cuotas cubren casi exclusivamente intereses; el capital apenas baja. Eso significa que la base sobre la cual se capitalizan los intereses devengados permanece artificialmente alta durante años. La capitalización no opera sobre una deuda que mengua: opera sobre una deuda que el propio diseño del contrato mantiene hinchada. El anatocismo y la amortización tardía del capital no son dos prácticas independientes: son los dos engranajes de una misma máquina. Uno retarda la reducción del capital; el otro cobra interés sobre ese capital que no baja.
Todo lo anterior debería bastar.
Pero hay un comportamiento político en este debate que debe señalarse, porque es revelador. Los partidos de derecha votaron mayoritariamente en contra de la indicación o se abstuvieron. Es su derecho. La derecha adoptó sin examen el lenguaje de la industria financiera: valor del dinero en el tiempo, práctica internacional, inclusión financiera. Es una curiosidad intelectual que merece registro: en materia de usura y anatocismo, el sector que supuestamente adscribe a principios del derecho natural y a la Doctrina Social de la Iglesia parece haberlos olvidado por completo en el momento en que su aplicación resultaba incómoda.
Pero más llamativo que el voto en contra fue la reserva de constitucionalidad presentada contra la indicación, fundada en que vulneraría las ideas matrices del proyecto de ley. El argumento formal puede ser jurídicamente discutible o no —eso lo resolverá el Tribunal Constitucional si llega a ese punto—. Lo que resulta difícil de sostener con seriedad es la proposición de fondo que lo anima: que la Constitución de la República podría ser obstáculo para prohibir una práctica que cobra interés sobre el interés al deudor que cumple, aprovechándose de su necesidad, sin contraprestación real que lo justifique. Valerse del formalismo de las ideas matrices para, en el fondo, sostener que la prohibición de una injusticia que clama al cielo sería contraria a la Carta Fundamental, es un uso del derecho constitucional que merece más reflexión que aplausos. Las constituciones no se dan para blindar la extracción de renta de los vulnerables. Y si alguna norma pudiera interpretarse en ese sentido, el problema no estaría en la indicación: estaría en la interpretación.
Por último, existe una dimensión política que sería imprudente ignorar. La megarreforma de reconstrucción que impulsa el Gobierno está siendo atacada desde la oposición, con algún eco en la opinión pública, bajo la acusación de favorecer a los más poderosos en desmedro de los más vulnerables. Es un debate legítimo y sus términos son discutibles. Lo que no es discutible es que, en ese contexto político preciso, el oficialismo vote en contra de la prohibición del anatocismo, entregándole a la oposición el mejor argumento que podría desear. No un argumento construido, no una interpretación forzada: el hecho desnudo de que el oficialismo tuvo la oportunidad de prohibir que los bancos cobren interés sobre el interés al deudor que paga, y no lo hizo. Quien quiera sostener que la megarreforma sirve a todos y no sólo a los que ya tienen, difícilmente puede hacerlo habiendo sepultado la única norma del paquete que beneficia inequívocamente a los deudores de menores ingresos. La torpeza política y la injusticia moral coinciden aquí en el mismo acto. Es una combinación no tan infrecuente, lamentablemente.
El Senado tiene ante sí una oportunidad que ocho proyectos de ley anteriores, de todos los sectores políticos, no lograron concretar. Los argumentos de la industria son poderosos en recursos y endebles en razones. La permisividad chilena en materia financiera es sencillamente un escándalo que ha pasado desapercibido demasiado tiempo y que corresponde corregir.
Más que apagar incendios
Columna publicada en El Líbero el 25 de mayo de 2026.
José Joaquín Brunner ha publicado en estas páginas una columna que merece tomarse en serio porque, en lo medular, tiene razón. Sostiene que al gobierno del Presidente Kast empieza a faltarle una narrativa que dé coherencia a la acción, unifique los discursos dispersos de los ministerios y «legitime el sentido histórico del régimen de emergencia». Documenta, con cuidado, turbulencias en cultura, ciencias, comunicaciones y educación. Y concluye que el problema mayor no es comunicacional sino, dice, ideológico: tiene que ver con las metáforas, los significados, la construcción simbólica de una identidad de gobierno.
Corresponde partir reconociendo lo justo. Un gobierno necesita relato, y por una razón muy práctica: sin él, los ministerios hablan idiomas distintos, las decisiones aparecen como improvisaciones aisladas, los aliados naturales se desconciertan y el adversario fija el marco interpretativo del día. Weber lo formuló hace un siglo: ningún poder se sostiene sólo por su eficacia administrativa; necesita ser percibido como legítimo, y la legitimidad descansa siempre sobre un fundamento simbólico. Que las nuevas derechas lean a Gramsci para combatirlo es un dato significativo. Han entendido el punto antes que la centroderecha tradicional, que aún cree que basta con gestionar bien para que el sentido común se acomode solo.
Lo que conviene matizar es el cuadro general. El gobierno no carece de acción sustantiva: la tiene en seguridad, en disciplina fiscal, en orden migratorio, en intentos serios de modernización del Estado. El balance es desigual, pero no es vacío. Lo que falta no es hacer, sino articular lo que se hace en un horizonte mayor, y la «emergencia» —la categoría que ha hecho las veces de relato— es estructuralmente incapaz de cumplir esa función.
La emergencia es, por definición, un estado de excepción. Es una categoría defensiva: indica de qué nos protegemos, no hacia dónde vamos. Funciona como ordenador transitorio precisamente porque promete su propio fin: la emergencia termina cuando el incendio se apaga. Por eso un gobierno puede declararse de emergencia en sus primeros meses sin pagar costo. Pero no puede sostener esa categoría como horizonte durante cuatro años, porque el horizonte vital de cualquier persona —y por agregación, de cualquier sociedad— aspira a algo más que apagar incendios. El ciudadano que vota, paga impuestos y cría hijos no quiere solamente no morir asaltado, no perder su empleo, no quebrar financieramente. Quiere, además, vivir bien, formar familia, educar a los suyos, transmitir algo, pertenecer a una comunidad que tiene un para qué. La emergencia se ocupa, con razón, del primer plano. Pero deja el segundo entero sin nombrar.
Hay todavía un problema mayor, y conviene decirlo con todas sus letras: el relato centrado en atender la emergencia es, además de insuficiente, soberbio. Los incendios reales —la inseguridad, el estancamiento, la fractura social, la crisis migratoria, el deterioro educativo— no son fenómenos que un gobierno extinga en un período presidencial. Son procesos largos, con causas estructurales hondas, que admiten avances significativos, pero no resoluciones definitivas. El gobernante conduce una comunidad imperfecta hacia un bien que nunca se alcanza plenamente en el tiempo. La modernidad política, en cambio, ha tendido a prometer soluciones finales —la revolución que termina con la explotación, la técnica que resuelve la escasez, el progreso que cura la historia—, y cuando esas promesas no se cumplen, la decepción producida ha sido el combustible de los peores ciclos.
Un gobierno conservador que se presente como solución al incendio está, sin saberlo, hablando el lenguaje de aquello que dice combatir. Lo honesto —y lo prudente— sería decir: vamos a avanzar lo más posible en una crisis que durará más que este mandato, y vamos a dejar instaladas las condiciones para que quienes vengan después puedan seguir avanzando. Eso es realismo clásico. Lo otro es, en rigor, un disparo en los pies, porque cifra toda la legitimidad del gobierno en un resultado que la realidad no le va a entregar. Van menos de tres meses y ya le están cobrando factura, cabe imaginar cómo será en marzo de 2030.
El rótulo de emergencia, además, en su uso actual opera como cobertura. Permite excluir del campo de atención del gobierno injusticias graves —prioritarias, según cualquier jerarquía moral seria— bajo el argumento de que no caben en la lista. No basta apagar los incendios visibles si, mientras tanto, se opta deliberadamente por no acercarse a los incendios incómodos. La emergencia, así entendida, no disculpa la omisión: la administra.
¿Qué relato podría reemplazar —o, mejor, integrar y trascender— la emergencia? La pregunta no es ociosa, y la centroderecha chilena lleva décadas eludiéndola. Lo que sí puede decirse, con humildad, pero con claridad, es que existe una tradición intelectual rica, propia y largamente desatendida que ofrece los materiales: la del pensamiento clásico cristiano, recogido y actualizado por la doctrina social desde León XIII hasta hoy.
Cuatro elementos bastarían para empezar. Primero, el bien común como horizonte explícito: no la suma de bienestares individuales ni el agregado de PIB, sino las condiciones que permiten a las personas concretas —en familias, comunidades, cuerpos intermedios— alcanzar su perfección, primero espiritual y, en orden subordinado, material. Segundo, la primacía de la persona y la subsidiariedad bien entendida: el Estado promueve a los cuerpos intermedios —y muy especialmente a la familia fundada en el matrimonio—, lo que en las actuales circunstancias significa, antes que cualquier otra cosa, retroceder. Dejar que esas comunidades naturales alcancen sus fines propios sin imposiciones ideológicas, sin tutelas burocráticas, sin la pretensión expansiva de un Estado que ha aprendido a confundir su servicio con su sustitución, tratando a la familia como botín de guerra de la agenda progresista, a los niños como rehenes de los deseos de los adultos, y a la educación como centro de adoctrinamiento. Tercero, la justicia como medida superior a la eficacia: la pregunta política no es qué funciona, sino qué es justo; funcionar es necesario, no suficiente, y ninguna eficacia administrativa exonera al gobernante del deber de atender, con todos los medios a su alcance, las injusticias más graves —empezando por aquellas que padecen quienes no pueden defenderse—. Cuarto, la cultura entendida como cultivo —cultura animi, decía Cicerón—: las humanidades importan no porque «generen empleo» sino porque forman ciudadanos, y el libro empastado en la biblioteca cumple una función civilizatoria que ninguna métrica capta.
Estos cuatro elementos no son ideología en el sentido constructivista. Son verdades accesibles a la razón humana en cuanto humana, anteriores e independientes de cualquier confesión religiosa específica. Pueden ser sostenidas por católicos, evangélicos, agnósticos lúcidos, liberales clásicos honestos: por cualquiera dispuesto a reconocer que algunas cosas son objetivamente buenas y otras objetivamente malas.
El gobierno del Presidente Kast tiene aún tiempo —no mucho, pero tiene— para articular un horizonte que vaya más allá del incendio inmediato. Que reconozca, sin abandonar la emergencia, que la emergencia no basta, no alcanza, ni promete con honestidad lo que un mandato puede cumplir. Que se atreva a nombrar qué Chile quiere construir, no solo de qué Chile quiere defenderse. Y que entienda, sobre todo, que el ciudadano común no espera del gobierno apenas que apague el fuego: espera, además, que le ayude a mirar al cielo y le diga qué casa estamos construyendo entre todos para cuando el fuego, aunque sea con menos llama, siga ardiendo bajo el techo de quienes vengan después.
La zanja de emergencia
Columna publicada en El Líbero el 18 de mayo de 2026.
La Ministra de la Mujer, consultada por eventuales modificaciones a la ley de aborto en tres causales, sostuvo hace pocos días que “lo que está legislado, ya está legislado”, que “Chile ya zanjó esta materia”, y que el Gobierno se concentrará en “avanzar en la agenda y en el compromiso que tenemos con las mujeres de nuestro país”. Las frases tienen el aire desganado de quien comunica una observación meteorológica: el clima es el que es, la ley es la que es, no hay nada que discutir. Zanjado.
Las convicciones personales de la ministra en esta materia son firmes, públicas y conocidas. Cabe asumir que sus frases son, simple y lamentablemente, las que le impone un guion de un segundo piso. De modo que la crítica que aquí me interesa no se dirige a quien repite un guion, sino al guion mismo. Y el guion tiene un nombre conocido: la emergencia.
El Gobierno actual se ha presentado en sociedad como uno de emergencia. La lista de emergencias es razonable y se aplaude sola. Es la lista que cualquier ciudadano sensato reconocería como apremiante. Pero, como ocurre con todo lo que se aplaude solo, conviene preguntarse qué queda fuera. Porque las emergencias, igual que los invitados de una fiesta, se definen tanto por los presentes como por los ausentes.
Una emergencia, en sentido estricto, es una situación de urgencia tal que reclama acción inmediata aun a costa de otras consideraciones. Y aquí está la primera observación: las emergencias no son hechos puros del mundo, sino construcciones del juicio. Hay terremotos que no se declaran emergencia y problemas administrativos que sí. Hay fenómenos que matan diariamente a miles y que no entran en el rótulo, y fenómenos estadísticamente menores que sí. Lo que distingue a una emergencia de un mero problema no es la magnitud objetiva del daño, sino la decisión política de mirarlo y atenderlo. La emergencia no se descubre: se proclama. Esto tiene consecuencias incómodas. Si la emergencia es una categoría declarativa, entonces el listado de emergencias de un Gobierno no es la fotografía de la realidad: es la fotografía de su atención.
Aquí aparece, con toda su solidez aparente, el argumento que recorre el debate público chileno como un mantra: “no hay piso político”, “la ciudadanía no está disponible”, “no tenemos los votos”. Es un argumento que tiene la virtud de sonar humilde y realista, casi noble, y la grave deficiencia de ser, examinado con calma, completamente circular. Porque la pregunta que nadie se hace es de dónde viene ese piso, cómo se construye, quién lo construye. Y la respuesta histórica, terca, comprobable, es que el piso lo construyen quienes hablan y hacen algo, incluso mínimo. La opinión pública no es una placa tectónica que se desplaza por causas naturales; es el sedimento de miles de actos y omisiones, de palabras y silencios, de coraje y de cobardía, de coherencia y de pragmatismo. Si el Gobierno calla sobre una materia, el silencio es ya una intervención: comunica que la materia no es urgente, que puede esperar, que no merece el peso de la primera plana. Y cuando, años después, alguien constata que “no hay piso político”, está midiendo el resultado de su propio silencio anterior y presentándolo como si fuese un dato externo. Es una pequeña obra maestra de ilusionismo argumentativo. El truco consiste en convertir una decisión en una circunstancia. Decisión: no hablar del asunto. Circunstancia: no hay quién hable del asunto. La primera es responsabilidad; la segunda, fatalidad. Pero la fatalidad, en este caso, es hija directa de la responsabilidad eludida. El gobernante que dice “esperaré a que haya consenso para actuar” está, en términos estrictos, renunciando a la dimensión formativa del oficio político, que consiste precisamente en, al menos, intentar producir el consenso que no existe.
Por ello, la frase “Chile ya zanjó esta materia” no es, en rigor, una constatación: es la conclusión natural de una decisión previa: que esta materia no entra en la emergencia. Y como no entra, no merece tiempo, ni capital político, ni una sola línea del programa, ni siquiera una distinción discursiva. La frase no zanja porque la cuestión esté zanjada; zanja porque se ha decidido, desde antes, que esta zanja conviene mantenerla.
La palabra, vista así, es involuntariamente precisa. Y reveladora. Zanjar viene de zanja: una fosa, una excavación, un corte en la tierra para separar dos territorios, como el mismo Gobierno hizo en la frontera norte. Lo que la emergencia selectiva produce, en la práctica, es exactamente eso: un foso cavado alrededor de ciertas materias para que nadie pueda cruzar y atenderlas. Y aquí la ironía se vuelve triste. Porque si “emergencia” significa “aquello tan grave que reclama acción aun a costo de la popularidad” —como dejar correr el alza en el precio de los combustibles— entonces la muerte procurada de un niño inocente aún no nacido debería estar primero en la lista. ¡Primero! Que no lo esté revela que la palabra emergencia ha sido vaciada y reasignada al servicio de otros cálculos.
Quizá lo más honesto sería, simplemente, devolver a las palabras su sentido. Aceptar que un Gobierno puede legítimamente decidir que su programa es de prioridades, de gestión, de continuidad, de vale otro, de lo que sea. Pero entonces ya no es de emergencia, y la palabra debería desocupar el cargo majadero que ocupa en los discursos.
Quienes quedan al otro lado de la zanja, mientras tanto, siguen allí. No votan, no marchan, no aparecen en encuestas amigables, no firman columnas. Dependen enteramente de que alguien, en algún lugar, no los excluya por la “emergencia”: alguien que se acuerde, mire, hable, actúe; alguien que construya el piso, tan lento o tan rápido como sea posible. Y la respuesta que dé la historia, dentro de cincuenta o de cien años, dependerá menos de las exclusiones de emergencia de hoy que del coraje de quienes, en estos años, sigan negándose a aceptar que una zanja lingüística basta para desterrar lo que nunca debió ser desterrado. Confío —sin ironía— en que Judith Marín y el Presidente José Antonio Kast estarán entre ellos.
Donde la autoridad no entra
Columna publicada en El Líbero el 11 de mayo de 2026.
En la madrugada del miércoles pasado, Carabineros ingresó a la comunidad de Temucuicui con apoyo del Ministerio Público y del Ejército. Hubo disparos, impactos balísticos en vehículos blindados -dato que conviene leer dos veces- y cinco detenidos por atentados incendiarios en la Ruta 5 Sur y delitos de droga. La ministra de Seguridad defendió el procedimiento, pidió “paciencia” y remató con una frase que merece masticarse: “Esto demuestra que el Estado cumple su labor en todo el territorio nacional”.
Esa oración debe mirarse como se examina un síntoma. Si el Estado cumpliera ordinariamente su labor en todo el territorio, el operativo no sería noticia. La prensa lo califica como una de las mayores intervenciones desde 2023. Tres años. Una madrugada. Blindados. Ejército. Eso no es lo que la autoridad hace cuando administra normalmente su soberanía; es lo que hace cuando entra -el verbo es del periodista, no inocente- a un territorio que no controla. La frase de la ministra no demuestra normalidad: demuestra excepción. Y la excepción, es confesión involuntaria.
Conviene decir, entonces, la palabra que la liturgia oficial evita con un esfuerzo digno de mejor causa. Una porción del territorio chileno está, de facto, ocupada. No por una potencia extranjera -ojalá fuera tan simple: la doctrina tiene previstas las invasiones-, sino por un grupo que ejerce dentro de un sector las funciones que toda teoría política atribuye a la autoridad civil: presencia armada estable, sanción efectiva, dominio del territorio. Que esto se llame “comunidad”, “conflicto” o “complejidad” es asunto de retórica.
La autoridad, según Santo Tomás, existe para conducir la comunidad al bien común, y de esa finalidad -no de un consentimiento revocable- derivan todos sus deberes y sus límites. El bien común, a su vez, no es eslogan ni cifra: es la condición material y moral que permite a cada miembro de una comunidad ordenar la propia vida hacia su máxima perfección. Tiene una primera capa, sin la cual ninguna otra subsiste: la paz, entendida -con Agustín, asumido por Tomás- como tranquillitas ordinis. No la ausencia de tensión, que sería paz de cementerio, sino la presencia activa del orden. Sin orden no hay paz; sin paz no hay vida buena.
De ahí, en la doctrina clásica, la centralidad del acto de castigar. El gobernante debe penar los actos que hacen imposible la vida en común porque la pena restablece el equilibrio quebrantado por el delito, defiende a los inocentes y enseña al cuerpo social qué cosas no son tolerables. Es, ante todo, acto de justicia. Cuando la pena no llega, el silencio de la autoridad se convierte en mensaje: cada delito impune extiende un permiso tácito; cada zona donde la autoridad no entra es un trozo del bien común abandonado por aquel a quien su oficio mismo le encomendaba protegerlo.
Llegados aquí, la palabra paciencia exige cuidado. Pedir paciencia al ciudadano que sufre los ataques, mientras la autoridad reconoce -por la sola excepcionalidad de su despliegue- que normalmente no entra al territorio, no es invocar una virtud: es transferirle una deuda que no es primariamente suya, sino del oficio público que ha dejado de cumplir su finalidad. La fórmula “se pide paciencia, pero realizando trabajo concreto, día a día” sería defendible si el trabajo concreto fuera ordinario y la excepción fuera el descontrol. Pero el cuadro es el inverso: lo ordinario es la ausencia, y lo excepcional, el operativo. Pedir paciencia así equivale a pedirla en abstracto, sin objeto. Y la paciencia sin objeto es derrota internalizada que algún día -si el cuerpo social conserva un mínimo de salud- se convertirá en cólera.
Conviene decir, por último, que esto no es problema de un solo gobierno. La administración actual lleva cincuenta días; la anterior se fio del diálogo -¿soberbia o inocencia?-; las que la precedieron, de la deuda histórica. Cada una contribuyó a su modo a una doctrina tácita -transversal, vergonzosa- según la cual en cierta porción del territorio la autoridad podía no entrar, y cuando entrara lo haría como expedición. El fruto natural está a la vista: un sector donde el delincuente con orden de captura vigente vive sin sobresalto, donde los disparos ya no escandalizan, y donde un operativo policial es -según la prensa- uno de los mayores en tres años.
Que la ministra Steinert pida paciencia no agrava ese cuadro: lo retrata. Y lo retrata con la frase que ella misma probablemente no escuchó al pronunciar: el Estado cumple su labor en todo el territorio nacional. Quien tiene que afirmarlo es porque sabe que la afirmación no se sostiene sola. La evidencia no necesita pruebas; la imposibilidad, sí. Y mientras esa imposibilidad se siga vistiendo de paciencia, el bien común seguirá siendo, en boca de las autoridades chilenas, una cita escolar sin domicilio conocido.
