La inteligibilidad de la violencia
Columna publicada en El Líbero el 13 de abril de 2026.
Algunas violencias escandalizan y otras, sin dejar de escandalizar, comienzan a parecer comprensibles. Ese tránsito —del rechazo inmediato a la comprensión indulgente— es un síntoma inquietante de nuestra época. Porque la violencia no se vuelve legítima cuando se la entiende, pero sí se vuelve más peligrosa cuando encuentra un lenguaje que la hace “razonable”; esto es, cuando deja de aparecer como un sinsentido práctico y comienza a presentarse como un medio proporcionado a un fin.
Conviene, sin embargo, precisar desde el inicio: no toda fuerza es violencia, y no toda coacción es irracional. Existe una fuerza legítima, ordenada por la razón al restablecimiento de la justicia —la del derecho, la de la autoridad debidamente constituida—, que no niega la racionalidad, sino que la protege. Lo que aquí interesa es otra cosa: la violencia irracional, esto es, aquella que sustituye el orden de la razón por la imposición inmediata de la voluntad, que no corrige un desorden conforme a derecho, sino que lo agrava; que no ejecuta un juicio racional, sino que lo reemplaza.
Durante mucho tiempo, la universidad fue —al menos como ideal— un lugar donde esa violencia irracional resultaba no sólo ilícita, sino ininteligible. No porque los hombres fueran mejores, sino porque el tipo de racionalidad que allí se cultivaba hacía que la coacción apareciera como un fracaso intrínseco. Donde la verdad es el fin, la violencia es irrelevante; donde la razón busca persuadir, la violencia se revela como incapacidad y derrota de la inteligencia práctica.
Pero ese mundo —y este es el punto que pretendo enfrentar— es cada vez más una referencia nostálgica; no tanto un ideal operativo como un residuo retórico.
La reciente polémica en torno a las agresiones a la ministra Ximena Lincolao en recintos universitarios, ha sido leída por algunos como una desviación puntual: un exceso, una falta de autocontrol, un desborde juvenil. Y, en esa línea, algunos, como el rector Carlos Peña —muy lúcido en su diagnóstico inmediato— vuelven a invocar la idea de universidad como espacio de razón que debe excluir la violencia.
El problema es que esa defensa, siendo correcta en el plano normativo, incurre en un punto ciego: presupone una universidad que, en gran medida, ha dejado de existir. O, al menos, que ha dejado de ser hegemónica en su propia auto comprensión; describe un deber ser sin hacerse cargo del ser efectivo de la institución.
No se trata de negar que la universidad deba ser un lugar de razón. Se trata de advertir que muchas universidades —chilenas y extranjeras— ya no se conciben primariamente así. Basta revisar sus propias declaraciones institucionales, sus planes estratégicos, sus pronunciamientos públicos: hablan de “impacto”, de “transformación social”, de “compromiso con causas”, de “formación de agentes de cambio”. No es una desviación marginal; es una redefinición programática. En todos estos casos, la constante es la misma: la primacía de la praxis sobre la contemplación; el paso desde el intelligere como fin al facere como criterio de legitimidad.
Y cuando la praxis se vuelve el principio ordenador, la razón cambia de estatuto. Ya no es medida por lo real, sino instrumento de intervención. Ya no busca comprender, sino transformar. El saber deja de ser fin en sí mismo y pasa a ser medio. Y cuando el saber es medio, los medios comienzan, muchas veces, a evaluarse por su eficacia y no por su conformidad con el bien.
En ese contexto, la violencia irracional no irrumpe como un absurdo absoluto. Sigue siendo injustificable —eso no cambia—, pero comienza a ser inteligible. Si la universidad es, en los hechos, un espacio de lucha por la imposición de determinadas visiones del mundo, entonces la transición desde el argumento a la presión, y desde la presión a la coacción, deja de ser un salto cualitativo radical y pasa a ser una intensificación de una misma lógica operativa.
Esto no equivale a decir que algunas universidades promuevan la violencia deliberada y directamente. Sería inexacto (aunque no utópico); sería, más bien, un error de imputación causal inmediata. Pero sí significa que muchas, en Chile y el extranjero, han contribuido a generar un ecosistema donde la violencia puede ser pensada como un recurso coherente con la lógica pragmática subyacente. No como un bien, pero sí como un medio eventualmente comprensible en términos de proporcionalidad subjetiva.
Por eso, me parece que la crítica debe volverse más exigente y pasar, también, a la autocrítica.
No basta con condenar la violencia ni con exhortar a la racionalidad. Es necesario interrogar la transformación más profunda: ¿qué tipo de razón se está cultivando? ¿Una razón que se subordina humildemente a la verdad, o una razón que se pone al servicio de causas previamente definidas? ¿Una universidad que contempla, o una universidad que actúa en función de métricas impuestas por terceros? Tenía razón Aristóteles cuando afirmó que ni la política ni la prudencia deben dar órdenes a la sabiduría —porque la sabiduría versa sobre lo más alto y no puede subordinarse a lo inferior—; qué diría hoy al observar, entre otros, el servilismo institucionalizado al mercado y a la agenda 2030 como criterios extrínsecos que reordenan (¿o imponen?) el fin al que debe dirigirse el saber.
La apelación a la universidad como espacio de pura racionalidad —como hace Peña— corre el riesgo de convertirse en una defensa abstracta de una institución idealizada, mientras se omite el hecho de que esa institución ha sido, en buena medida, desplazada por otra: una universidad funcionalizada, que ya no se mide por la verdad que alcanza, sino por los rankings en que aparece.
Se dirá, con razón, que incluso en la mejor universidad imaginable la violencia seguiría siendo posible. Por supuesto. La libertad humana siempre incluye esa posibilidad. Pero no todas las posibilidades tienen la misma densidad. Hay contextos en los que la violencia irracional es marginal y reconocida como tal, y otros en los que comienza a aparecer —para algunos— como medio legítimo de acción o, al menos, como medio comprensible dentro de una lógica de fines.
Por eso, la cuestión de fondo no es sólo disciplinaria y moral, sino también intelectual e institucional. Mientras la universidad siga desplazando la contemplación por la praxis, seguirá generando —aunque no lo quiera— las condiciones de posibilidad para que la violencia irracional deje de ser absurda y comience a ser, al menos para algunos, un recurso aparentemente razonable; es decir, un acto en el que la razón ya no gobierna por y para la verdad, sino que justifica a posteriori lo que la voluntad ha decidido imponer.
Perdimos el ancla
Columna publicada en El Líbero el 6 de abril de 2026.
San Juan Pablo II, en Evangelium Vitae, explica que la cultura de la muerte no surge principalmente de decisiones aisladas, sino de un fenómeno más hondo y radical: el eclipse del sentido de Dios. Allí donde Dios deja de ser reconocido —no sólo como idea, sino como presencia viva que funda la dignidad de cada persona— la vida humana comienza, lenta pero sistemáticamente, a perder su carácter de bien inviolable.
Este punto es fundamental. Porque ese eclipse no produce simplemente errores doctrinales. Produce un determinado ethos: una atmósfera cultural, social, jurídica y afectiva en la que las personas viven, sufren, toman decisiones y mueren.
Y es en ese ethos —no en una teoría abstracta— donde debe situarse el caso de Noelia Castillo.
Noelia no fue una filósofa de la autosuficiencia, ni una teórica del relativismo, ni una militante del nihilismo. Fue, más bien, alguien que vivió y murió dentro de un mundo estructurado por esos presupuestos. Un mundo donde esas categorías no se discuten, sino que se respiran.
La autosuficiencia, en ese contexto, deja de ser una afirmación orgullosa de independencia para convertirse en el trasfondo silencioso de una orfandad. Si no hay un amor originario que sostiene la existencia, cada cual queda remitido, en último término, a sí mismo. Pero cuando ese “sí mismo” ha sido herido, fragmentado, desgastado por una historia de abandono, la apelación a la autonomía se vuelve ambigua. Noelia no eligió un ideal de autosuficiencia; vivió en un mundo donde la dependencia radical —ser sostenido por otro— ha dejado de tener lugar estable.
El relativismo, por su parte, no operó en ella como una tesis explícita, sino como la imposibilidad cultural de afirmar algo como definitivamente bueno para su vida concreta. Así se acepta que, dadas sus circunstancias, su vida pueda no merecer ser vivida. No porque se haya demostrado que carece de bien en sí, sino porque, en ausencia de un fundamento último, el juicio queda entregado a la experiencia subjetiva del sufrimiento, convertida de hecho en criterio decisivo.
El nihilismo aparece como experiencia existencial extrema, no como sistema filosófico. Cuando el sentido se erosiona sin que nada ni nadie logre restituirlo de modo creíble, la idea de que la vida puede no ser un bien suficiente para continuar deja de ser absurda. Y una vez que deja de ser absurda, se vuelve posible; luego, aceptable; finalmente, ejecutable. Noelia no teoriza la nada: se encuentra, existencialmente, al borde de ella.
El gnosticismo contemporáneo introduce una fisura más sutil: la separación entre la persona y su propia realidad dada. Si no se experimenta que uno ha sido amado precisamente en su historia concreta —en ese cuerpo, en esas circunstancias—, esa realidad puede percibirse como algo ajeno, incluso hostil. No como un bien a integrar, sino como un dato del que sería legítimo desligarse, hasta el extremo de considerarlo prescindible. En ese marco, la propia vida deja de aparecer como algo recibido que debe ser custodiado.
A estos rasgos se suma otro, particularmente nocivo en nuestra cultura: el imperio de la competencia, la productividad y el éxito como criterios de medición del “valor” de la persona. Desde el colegio hasta el mundo laboral, la vida queda atravesada por métricas: puntajes, rankings, evaluaciones, desempeño. La persona es comparada, clasificada, cuantificada. Y aunque el discurso siga afirmando su dignidad intrínseca, la práctica cotidiana la somete a una lógica distinta, silenciosamente contradictoria.
El efecto es acumulativo. Si, de hecho, el reconocimiento familiar y social se vincula al rendimiento, entonces quien no alcanza, quien no produce, quien no “funciona”, comienza a percibirse —y a ser percibido— como deficitario. Esta lógica no se suspende en la fragilidad; se intensifica. La pregunta ya no es sólo si la vida es buena, sino si resulta suficiente, si cumple, si justifica su continuidad ante los parámetros dominantes. Noelia no necesitó formular esta equivalencia para padecer sus efectos: vivió en un mundo que la insinúa de manera constante.
El racionalismo y el positivismo, finalmente, estructuran el modo en que las instituciones procesan esa tóxica atmósfera que respiramos. Lo que no puede ser capturado por categorías técnicas —el bien intrínseco de una vida singular— queda fuera del campo operativo y, por tanto, de la decisión. En cambio, lo que sí puede ser regulado —procedimientos, evaluaciones, autorizaciones— se convierte en el núcleo de la decisión. Así, el desenlace de Noelia se traduce en informes, protocolos y validaciones. El sistema funciona. Y precisamente por eso, su muerte pudo ser administrada como una prestación.
En todos estos niveles, la constante es la misma: la pérdida del ancla.
Porque el ancla no es una idea moral ni una construcción cultural. Es una certeza ontológica y existencial: saberse amado infinita, gratuita e incondicionalmente. Esa certeza —cuando es real, cuando ha sido efectivamente experimentada— introduce una estabilidad radical incluso en medio del sufrimiento. Permite afirmar que la vida es buena antes de cualquier evaluación de su calidad, de su utilidad o de su carga, e incluso contra toda evidencia en contrario.
Cuando esa certeza falta de modo persistente —no sólo en el individuo, sino en las estructuras, instituciones, discursos, actitudes y relaciones que lo rodean— la voluntad se forma dentro de ese vacío. Y una sociedad que cultiva voluntades así termina, coherentemente, por reconocerlas, validarlas y ejecutarlas.
Por eso, el problema de fondo no se agota en discutir la eutanasia como práctica aislada. Es más radical: es el tipo de mundo que estamos construyendo.
Y en ese punto, la advertencia de Evangelium Vitae adquiere mayor peso. Si el eclipse del sentido de Dios es la raíz, entonces las consecuencias no pueden sino multiplicarse. Sin esa referencia primera y última, la vida deja de ser un don y pasa a ser un dato disponible; la libertad deja de estar ordenada al bien y pasa a ser criterio de validación de cualquier opción; el derecho deja de custodiar lo inviolable y pasa a gestionar lo posible.
Noelia vivió y murió en ese mundo.
Y, por lo mismo, la respuesta no puede limitarse a ajustes técnicos ni a refinamientos procedimentales. Si el eclipse se ha producido también en el discurso —si se ha dejado de decir lo verdadero—, entonces es necesario volver a decirlo. Decirlo sin ambigüedad y sin cansancio.
Proclamar, a tiempo y destiempo, que la persona es digna.
Recordar —¡gritar! — que cada vida es alguien, no algo.
Insistir, incluso cuando parece inútil, en que cada hombre y cada mujer son amados por Dios de modo infinito, gratuito e irrevocable.
Porque allí donde esa palabra falta, el vacío no queda neutro. Se llena. Y suele llenarse con veneno.
Pero hay una exigencia adicional. No basta con proclamar que la persona es digna. Si esa afirmación no se encarna, el llamado se vuelve, inevitablemente, una exhortación estéril, porque el ancla no se transmite sólo en el discurso; se aprende en la experiencia.
Y esa experiencia tiene mediaciones concretas, insustituibles. Entre ellas, y por sobre cualquier otra, el matrimonio y la familia. Allí donde un hombre y una mujer se reconocen y se donan recíprocamente con benevolencia total —no condicionada al rendimiento, al éxito o a la utilidad— se hace visible, de modo humano, ese amor originario que funda y sostiene toda dignidad. Luego, esa misma forma mentis se despliega: de los padres hacia los hijos, de los hijos hacia sus padres, entre los hermanos: una trama de vínculos donde la existencia no necesita justificarse para ser acogida y celebrada.
Cuando esas mediaciones fallan —o son sustituidas por relaciones funcionales, contractuales, reversibles, o simples disfraces del egoísmo mutuamente consentido—, la proclamación de la dignidad queda suspendida en el aire. Y entonces, en el momento crítico, cuando la vida se vuelve más frágil, no hay experiencia previa que sostenga la afirmación de que la persona sigue siendo un bien inconmensurable.
Por eso, la respuesta no puede limitarse a denunciar el error ni a corregir el lenguaje. Exige reconstruir —paciente, concreta, cotidianamente— las relaciones fundantes donde el hombre puede aprender, de hecho, que existir es ser amado por Dios, pase lo que pase.
Y sólo así el ancla deja de ser una imagen, para convertirse en una realidad que impide el naufragio.
Feriados
Columna publicada en El Líbero el 30 de marzo de 2026.
Los gremios empresariales descubren, cada cierto tiempo, que el calendario está lleno de días “improductivos”. Lo dicen con un suspiro técnico, casi compasivo, como quien observa un defecto de fábrica en la realidad. Hay demasiados feriados. Demasiados silencios en la máquina. Demasiados días en que el país no produce. Y uno sospecha que, si pudieran, corregirían también el domingo, la noche y, en un descuido, la muerte.
El supuesto es sencillo: el bien común se mide en flujo, en movimiento, en transacción. El país “funciona” cuando vende, compra, gira. Todo lo demás —la fiesta, el recogimiento, el descanso— aparece como residuo tolerable, una concesión sentimental que conviene administrar con prudencia. No sea cosa que el alma, ese viejo accesorio, interrumpa la cadena de pagos.
Pero aquí se comete un error de jerarquía, y no uno menor. Porque si el hombre trabaja para vivir, y no vive para trabajar, entonces el tiempo en que no trabaja no es un vacío, sino un cumplimiento. El ocio —no el ocio trivial, sino ese ocio que permite mirar, agradecer, contemplar— no es la excepción del sistema: es su razón de ser.
Esto lo entendía con claridad Santo Tomás de Aquino, que no tenía informes de productividad, pero sí una idea bastante precisa de lo que es el hombre. Para él, la ley no ordena simplemente actividades, sino fines. Y el fin último del hombre no es producir más, sino vivir bien. Y vivir bien incluye —de modo principal, no accesorio— la posibilidad de detenerse.
Por eso resulta tan ilustrativo el lenguaje de la “flexibilización”. Se dice: dejemos que cada uno elija. Que quien quiera trabajar, trabaje. Que quien quiera descansar, descanse. Suena razonable, hasta que uno recuerda que la libertad, en ciertas condiciones, es una palabra elegante para nombrar la necesidad. El dependiente que “elige” trabajar en un feriado religioso no está afirmando su autonomía: está administrando su precariedad. Y la ley que se retira, en nombre de esa elección, no se vuelve neutral: se vuelve cómplice. Porque ha decidido que el tiempo humano —todo él— está disponible para quien pueda pagarlo.
Aquí los feriados irrenunciables cumplen una función que los economistas suelen mirar con recelo: establecen límites. No a la libertad, sino al mercado. Le dicen clarito: hasta aquí llegas. Hay días que no te pertenecen. Hay tiempos que no están a la venta.
Y esto no es un capricho confesional, aunque toque de lleno lo religioso. Es, más bien, el reconocimiento de una evidencia antropológica: el hombre no puede sostener una vida verdaderamente humana si todo su tiempo está sometido a la lógica de la utilidad. Necesita tiempos comunes —comunes, no fragmentados— en los que la vida familiar sea posible, en los que la comunidad respire al unísono, en los que lo gratuito no sea una rareza.
Porque hay otro detalle que suele omitirse: no basta con tener “tiempo libre”. Hace falta tenerlo al mismo tiempo. Una sociedad en que cada uno descansa cuando puede —o cuando lo dejan— no descansa nunca. Se disuelve en agendas inconciliables. El padre trabaja cuando el hijo descansa; la madre descansa cuando el esposo trabaja; la familia se convierte en una suma de turnos. Y luego se habla de “crisis de la vida familiar” como si fuera un fenómeno meteorológico.
El feriado común, en cambio, es una pequeña conspiración contra esa dispersión. Obliga —bendita obligación— a coincidir. A verse. A interrumpir la cadena de la utilidad para recordar que hay bienes que no se producen, sino que se reciben.
Y en el caso de los feriados religiosos, hay algo más. No se trata sólo de descansar, sino de reconocer que no todo depende de nosotros. Que hay un orden anterior al mercado, anterior incluso a la política, al que la vida humana debe algo. Santo Tomás lo llamaba con una palabra insufrible para los oídos de la rentabilidad: religión, virtud de justicia por la cual damos a Dios lo que le es debido.
Eliminar o vaciar esos días no es simplemente reorganizar el calendario. Es educar —o deseducar— a una comunidad en la idea de que nada merece detenerlo todo. Que ni siquiera el misterio de la muerte de Dios justifica cerrar la tienda.
Se dirá que exagero, que se trata sólo de abrir algunos comercios, de dar opciones, de adaptarse a los tiempos. Pero las sociedades no se transforman a gritos, sino por erosión. No hay decreto que diga: “a partir de hoy, lo sagrado no importa”. Hay, en cambio, pequeñas decisiones repetidas que producen ese efecto sin necesidad de declararlo.
Al final, la pregunta no es cuántos puntos del PIB se pierden con un feriado más o menos. La pregunta es qué tipo de comunidad queremos ser. Si una en la que todo está disponible —y por tanto nada es realmente valioso por sí mismo—, o una en la que ciertos tiempos son intocables, precisamente porque en ellos se juega lo más importante. Por ello, reducir los feriados no es ganar tiempo; es perder el único que realmente importa.
Una economía sana soporta —y necesita— límites. Una cultura sana los celebra. Sólo una civilización decadente empieza a ver en el descanso un problema. Por lo mismo, la economía que no tolera el descanso no es más fuerte, es tiránica. Y toda tiranía, tarde o temprano, se vuelve contra el hombre que la sirve.
Si ni siquiera la muerte de Dios merece detener el comercio, entonces no es que hayamos modernizado el calendario: lo hemos vaciado de sentido. Y entonces sí: ya no quedarán demasiados feriados. Y quedará muy poco hombre.
Indultos
Columna publicada en El Líbero el 23 de marzo de 2026.
Cada vez que en Chile se menciona la palabra indulto se instala de inmediato un aire de escándalo. La escena se repite con regularidad: voces indignadas, diagnósticos severos, advertencias sobre el fin del Estado de Derecho, columnistas domingueros pontificando.
El debate actual sobre eventuales indultos a uniformados condenados por hechos del estallido social es un buen ejemplo. Para unos, todo indulto es impunidad (y si aplica a uniformados, dicen, es una herejía). Para otros, cualquier indulto es justicia. Ambas posturas tienen algo de reflejo automático, visceral y simplón, como si bastara con elegir un bando.
El problema real es más complejo.
Conviene, en primer lugar, despejar una confusión frecuente. El indulto no existe para corregir errores judiciales —para eso están los recursos que la ley establece—, aunque a veces pueda coincidir con un caso mal juzgado. Su lógica es distinta. El indulto presupone, más bien, que hay un culpable justamente condenado. No declara inocencia ni deshace la sentencia. Lo que hace es otra cosa: decidir, por razones superiores de bien común, que la pena no debe cumplirse en toda su extensión.
Contra lo que muchos puedan pensar, el indulto no es un resabio monárquico ni un error del sistema. Es una pieza deliberada y necesaria. Las repúblicas lo conservaron precisamente porque comprendieron algo que políticos —en particular aquellos que gritonean “ni perdón ni olvido”—, juristas —a veces demasiado enamorados de sus códigos— y columnistas —extasiados en sus citas de autoridad— tienden a olvidar: la justicia humana puede ser correcta y, aun así, quedarse corta.
Es que la justicia tiene un temperamento muy particular. Es exacta. Su objeto es lo estrictamente debido. Nada más, nada menos. Le gustan las reglas claras, las proporciones bien calibradas, las sentencias ordenadas. Pero la vida —y esto lo sabe cualquiera que haya tenido que juzgar algo más complejo que una ecuación— no se deja encerrar del todo en esa precisión. Las normas son generales; los casos, irrepetibles. Y entre ambos suele abrirse una distancia incómoda.
En ese espacio aparece la misericordia.
La misericordia, decía Santo Tomás de Aquino, no destruye la justicia. Es anterior a ella y la completa. La justicia da a cada uno lo suyo; la misericordia da lo que no es debido y jamás podría ser exigido. Mira algo más: la fragilidad, la miseria que persiste incluso después del juicio y también las consecuencias humanas y sociales de aplicar la pena en un caso concreto. Por eso puede decirse que está por encima de la justicia. No porque la contradiga, sino porque la lleva más lejos, especialmente cuando la aplicación estricta de la ley no agota la totalidad de lo justo.
Ahora bien, conviene no romantizar demasiado la idea.
La misericordia puede degenerar con rapidez. Cuando se ejerce contra la justicia, deja de ser misericordia y se convierte en otra cosa: favoritismo, cálculo, arbitrariedad con rostro compasivo. Un gobernante que perdona por conveniencia política no está practicando ninguna virtud. Está simplemente inclinando la balanza hacia sus propios amigos.
De modo que no se trata de decidir si el indulto es bueno o malo en abstracto. Se trata de examinar cada caso y hacerse una pregunta mucho más exigente: si ese acto concreto de misericordia completa y perfecciona la justicia o la desfigura.
Puede ocurrir que la perfeccione: cuando la pena resulta desproporcionada, cuando aparecen circunstancias excepcionales, cuando el bien común se ve realmente servido, cuando el perdón coopera a la reconciliación.
También puede ocurrir lo contrario: que el indulto debilite la justicia, humille a las víctimas o transforme la misericordia en una herramienta más de la lucha partisana.
No existen fórmulas mecánicas. Como toda virtud, la misericordia exige prudencia.
Y el buen gobernante —el que se sabe un pecador misericordiado y entiende el poder como servicio— ejercerá con prudencia su facultad constitucional de indultar evitando los dos extremos viciosos que Santo Tomás advirtió con inigualable sabiduría: la misericordia sin justicia es madre de disolución, y la justicia sin misericordia es crueldad.
Cambio de mando
Columna publicada en El Líbero el 16 de marzo de 2026.
En El Señor de los Anillos, Tolkien parece entender que el poder puede ejercerse de dos maneras profundamente distintas. Una consiste en presentarse como el protagonista de la historia; la otra consiste en servir a una historia que ya existía antes de uno.
Denethor, el administrador de Gondor, termina creyendo que el reino depende de su lucidez personal. Está convencido de ver con más claridad que los demás; se siente rodeado de mediocridad y, por lo mismo, moralmente superior. Desde esa altura psicológica contempla al pueblo casi como si fuese ignorante. El poder se vuelve entonces una especie de monólogo. El gobernante habla mucho de salvar al reino, pero cada vez parece más solo dentro de él.
Aragorn, en cambio, pasa décadas sin trono ni título visible. Trabaja, combate, se equivoca, se levanta. Vive como soldado, capitán, caminante. Cuando finalmente llega el momento de la corona, nadie tiene la sensación de que esté tomando el poder; más bien da la impresión de que el poder estaba esperando a alguien que hubiese aprendido primero a cargar mochilas, dormir a la intemperie y obedecer órdenes.
Algo semejante parece insinuarse hoy en la vida pública de nuestro país. No se trata de un simple cambio de ciclo político. Es, antes bien, ocasión para responder una pregunta más antigua y profunda: qué tipo de autoridad queremos reconocer. Para ello basta comparar.
Hay, a mi juicio, una diferencia moral muy profunda entre ambos estilos de autoridad. El primero creía que gobernar consistía en transformar la realidad según una visión personal. El segundo entiende que gobernar consiste, ante todo, en cuidar una realidad que no nos pertenece.
El primero solía manifestarse con una cierta teatralidad juvenil. Desconfiaba de los símbolos tradicionales del cargo, sospechaba de las formas y prefería los gestos espontáneos. Creía que la autoridad se legitimaba por la intensidad de las convicciones y las citas poéticas. Pero esa misma intensidad terminó sustituyendo la experiencia. El resultado fue una autoridad muy segura de sí misma en el plano moral y bastante deficiente en la conducción práctica.
El segundo estilo es más sobrio y, si se quiere, menos vistoso. No habla demasiado de sí mismo ni de su misión histórica. Suele aparecer acompañado de dos cosas muy poco espectaculares: años de trabajo y una familia detrás. Su autoridad no nace de una autoafirmación sino de una biografía.
Esa biografía suele comenzar en la humilde escuela de la familia. Allí se aprende que antes de gobernar una república hay que haber aprendido a gobernarse a sí mismo, y que la primera comunidad que educa en la responsabilidad no es el Estado ni la ideología, sino el matrimonio y la casa.
Tiene además un rasgo que nuestra época tiende a mirar con cierta incomodidad y que, sin embargo, es decisivo: una fe que no se esconde. No aparece como espectáculo ni como consigna, sino como una convicción serena que ordena la vida entera y todos sus ámbitos, públicos y privados. Lejos de apartarlo de la realidad, esa fe lo fija en ella con mayor firmeza: quien aprende a mirar al cielo suele terminar pisando la tierra con más cuidado. La autoridad que reconoce algo por encima de sí misma gobierna con mayor sobriedad que aquella que se cree la instancia última de juicio.
La comparación ofrece un criterio sorprendentemente simple. El gobernante auténtico no es necesariamente el más brillante ni el más carismático, tampoco el más espontáneo y menos aún el más revolucionario. Es aquel cuya presencia produce un efecto muy particular: la vida común comienza a ordenarse de nuevo. Las instituciones recuperan gravedad. Las palabras vuelven a significar algo. Las formas y tradiciones reaparecen. Y las personas sienten que el país ya no es un experimento, sino un hogar.
Por eso, cuando Aragorn es coronado, no promete un mundo nuevo. Dice que es tiempo de sanar el reino, porque “las manos de un sanador son las manos del rey”. Y quizá ese sea el verdadero signo del cambio de mando: no la llegada de un gobernante que pretende rehacer el país según su imaginación, sino la aparición de uno que recuerda algo más simple y definitivamente más sensato: que un país no se inventa; se cuida.
Un primer paso para prohibir la maternidad subrogada en Chile
Por Roberto Astaburuaga Briseño. Columna publicada en El Líbero el 2 de febrero de 2026.
Cerrando su trabajo legislativo, la Comisión de Familia de la Cámara de Diputados aprobó la semana pasada un proyecto de ley que prohíbe y sanciona la maternidad subrogada. La votación fue unánime -9 votos a favor y sin votos en contra ni abstenciones-, y con votos de todos los colores políticos (REP, PSC, UDI, EVO, DEM, PS y FA).
Su transversalidad demuestra lo obvio: la cosificación de la mujer no es admisible en nuestro ordenamiento jurídico, así como tampoco convertir a un niño en objeto de transacción.
El proyecto de ley establece que adolecerá de nulidad absoluta todo contrato o acuerdo de maternidad subrogada y sanciona al que actuare como intermediador entre quienes desean acoger a un niño y a la mujer que acepte gestarlo para entregárselo. Además, se incluye a la maternidad subrogada como un posible supuesto del tráfico ilícito de personas.
Una de las principales objeciones que se ha levantado es que se permita excepcionalmente la maternidad subrogada si es que se realiza con fines altruistas. Es decir, que no existiese una contraprestación por la gestación, como podría ocurrir en casos de amistad o parentesco. Pero la ilegitimidad de la maternidad subrogada no depende de su carácter gratuito u oneroso. En ese caso, la cosificación del niño y de la mujer sigue existiendo. La instrumentalización del cuerpo de la mujer y del niño no desparecen haya o no algún tipo de pago. El embarazo no es una prestación de servicios. Ese es el fondo del asunto. En términos simples, el fin no justifica los medios. El deseo de tener hijos no justifica la legitimación de conductas que lesionan la dignidad de terceros.
Existen otros argumentos que también atacan la maternidad subrogada altruista. Uno de ellos es que la explotación se disfraza mediante ofertas de incentivos indirectos. Lo anterior se relaciona directamente con el riesgo de una mercantilización encubierta al tratarse de una zona gris. Otro es que exista una presión moral en caso de arrepentimiento o retractación. Finalmente, es fácil que la excepción se convierta en regla general, y es una cuestión que ocurre normalmente en la legislación chilena, lo que se ve facilitado por una normativa infralegal que en muchos casos va más allá (o incluso en contra) de lo dispuesto por la ley. Si a eso se le suma una ausencia de fiscalización, el mercado queda abierto.
Lo cierto es que la maternidad subrogada separa artificialmente las distintas etapas de la maternidad: gestar, parir, cuidar, criar y amar. En cambio, la maternidad subrogada, incluida la altruista, considera que la gestación es una función aislada que puede ser ejecutada por cualquier mujer y luego transferida a otra, relegando absolutamente la conexión física, psicológica y afectiva de la maternidad durante el embarazo.
Esperamos que la Sala de la Cámara de Diputados, con una nueva integración, ratifique la prohibición y el proyecto pueda avanzar para proteger tanto a las mujeres como a los niños de una práctica inhumana e indigna.
Chile, vamos a ordenar la casa
Por Roberto Astaburuaga Briseño. Columna publicada en El Líbero el 26 de enero de 2026.
José Antonio Kast presentó a su gabinete de 24 ministros. Dejando de lado las críticas cantinfleras, la objeción a su primera línea por su carácter “tecnocrático” y falta de “tonelaje político” ha sido una de las más comunes. Que una gran mayoría fuesen independientes y pocos tuvieran una familia política que los cuidara se ha visto como una debilidad. Sin embargo, el carácter tecnócrata en un “gobierno de emergencia” puede tener otra explicación.
Quienes siguen de cerca el trabajo en el Congreso son testigos del mix entre creatividad humana y obsesión regulatoria. Basta revisar la cantidad de proyectos de ley presentados por cada parlamentario y comparar entre los presentados y los aprobados. La cantidad de proyectos de ley es inversamente proporcional a su calidad. Leyes buenas buenas buenas no son muchas. El Congreso se juega su reputación anual en un puñado de proyectos de ley. Lamentablemente, se privilegian iniciativas cortas, populistas e innecesarias, mientras que las realmente importantes y “fomes”, como la reforma procesal civil, siguen juntando polvo. El problema para la resolución de las urgencias sociales de Chile no va por la ausencia de legislación. Por supuesto que se necesitan leyes, pero hacer depender la conformación de un gabinete presidencial para el amarre de votos parlamentarios es erróneo.
Tenemos leyes. No todas las leyes se cumplen, ni se ejercen las atribuciones que entregan ni se fiscaliza su cumplimiento. El caso Dorothy es el mejor ejemplo. Sin ninguna nueva ley y ocupando las atribuciones que entrega la legislación vigente pudo, efectivamente, controlar. Pudo fiscalizar. Y cuando la fiscalización arrojaba alertas, se comunicaban los resultados y se exigía, al órgano fiscalizado, que cumpliera la ley, corrigiera y sancionara. Probablemente con la nueva presidenta de la Corte Suprema ocurra lo mismo. Hasta que no se promulgue la ley que resuelva la modalidad del nombramiento judicial y redistribución de funciones, Chevesich podrá lograr resultados aplicando la legislación vigente. La eficacia de la ley pareciera depender de la voluntad de la autoridad encargada de aplicarla y hacerla cumplir, y eso evidentemente es un problema.
Pudiera ser que a esto se refería el Presidente electo, en agosto pasado: «hoy llega una nueva contralora y hace el trabajo. Yo le diría al Gobierno hagan la pega, hagan el trabajo, hoy las leyes están». En un seminario profundizó esta mirada: «Nosotros estamos haciendo la revisión de todas las potestades administrativas que tiene el Estado, de todas las leyes que tienen sanciones incluidas que nadie aplica. Por eso cuando hablaba del tema de la facilitación regulatoria, y les lleva a la pasada el concepto de las guías ambientales, la guía ambiental no es ley». La doctrina socialcristiana y el gremialismo de Jaime Guzmán resuenan absoluta claridad: el Estado (y por ende, todo funcionario público) está al servicio de la persona, que autoridad se ejerce (no se “habita”), la ley tiene una función pedagógica y su incumplimiento debe sancionarse. Aplicar la ley, bajo la potestad reglamentaria que la Constitución entrega al Poder Ejecutivo, es lo que hará el nuevo Presidente. Sus promesas de realizar una auditoría general al Estado, el plan va en la misma línea.
El diagnóstico, evidente para todos, es que Chile requiere, con urgencia, orden y restablecimiento de la autoridad. La anomia ya es contagiosa. El nuevo Presidente, con la sencillez que lo caracteriza (despreciada por un columnista que necesita viadil), sabe que es necesario ordenar la casa.
Otro problema de muchas leyes es que su concreción va más allá de lo que ella misma permite e incluso puede contradecirla. Si con la ley se intentó doblarle la mano a la Constitución, con los reglamentos y decretos pasa lo mismo. Van mucho más allá de lo que la propia ley señala. Por tanto, aplicar la ley es cumplirla prudentemente. Ni más ni menos. Porque hemos caído en los dos extremos: o la ley no se aplica o se aplica según la interpretación del funcionario de turno (sin importar su jerarquía). Se ha normalizado que en la ejecución administrativa de las leyes se incurra en actuaciones que no tienen una fuente legal, se inventen excepciones a partir de principios del soft law, se retuerzan interpretaciones para hacer que la ley diga lo que no dice o se dicten reglamentos que van más allá de lo regulado por la ley. La desprolijidad, la ausencia de sanciones y el despilfarro de los recursos públicos (en las cuestiones más insólitas) es la consecuencia natural de una mentalidad que desdeña a la ley, y en el fondo, el orden. Una mentalidad frívola que desprecia a los que más ayuda necesitan.
En este sentido, el trabajo de las futuras divisiones jurídicas será titánico, pero realmente muy necesario. Hay voluntad de cambio. De revisar y separar la paja del trigo. Por eso, el carácter tecnócrata del gabinete presidencial apunta en la dirección correcta. Suponemos que los ministros deberán priorizar el trabajo de ordenar, auditar, corregir y limpiar sus “piezas”, antes que pasar tres de los cinco días de la semana en el Congreso. Que sean de confianza del Presidente electo responde a que comparten esta mirada de austeridad, eficiencia y respeto a la ley y a la Constitución, y de entender que son servidores públicos. Es probable que la cantidad de proyectos de ley que se envíe al Congreso sea la justa y necesaria, probablemente sobria y sin rellenos monumentales de principios, reconocimientos y creación de más órganos estatales.
Es lo que Chile lleva pidiendo hace años.
¿Cuánta información reservada sobre las FF.AA. se lleva el Partido Comunista para la casa?
Por Roberto Astaburuaga Briseño. Columna publicada en El Líbero el 19 de enero de 2026.
El subsecretario de Fuerzas Armadas, Galo Eidelstein, ha tenido la suerte (o habilidad) de durar los cuatro años en el puesto. La Subsecretaría es una institución clave en la seguridad chilena porque autoriza todo el financiamiento de las adquisiciones y renovación de material bélico del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea, como aviones, buques, tanques, misiles, fusiles, municiones y armamentos en generaly tramita todos los ascensos de los suboficiales y oficiales del Ejército, Armada y Fuerza Aérea. Es la primera vez que el cargo es ocupado por un militante comunista. Si bien Eidelstein no pudo integrar el Comité Central del Partido Comunista (Nº 100, con 2.357 votos), su jefe de gabinete y dos funcionarios más sí lo lograron.
Su paso por la subsecretaría no estuvo exento de polémicas. Su elección al cargo, en febrero de 2022, fue criticada por el Presidente electo, José Antonio Kast, por considerarlo absolutamente inaceptable y de estar directamente involucrado con Chávez y Maduro. La llegada de Eidelstein fue la “cabeza de playa” de un “batallón de jerarcas y militantes” comunistas, muchos de exclusiva confianza del expresidente Tellier, como investigó El Líbero. Según una denuncia de la oposición, en octubre de 2022, 70 funcionarios habrían sido desvinculados. Para esa misma fecha, el primer intento de intervencionismo llamó la atención mediática, ya que el subsecretario solicitó información sobre los planes de estudio u bibliografías de las escuelas matrices y las nuevas facultades de la Unidad de Educación Militar, que podría proponer a Eidelstein directrices educativas para las instituciones de educación de las FF.AA., lo que implicaba un grave riesgo de adoctrinamiento político e ideológico y fue motivo de preocupación entre exministros de Defensa, pero la Contraloría determinó que no se ajustaba a derecho y el Ministerio de Defensa dejó sin efecto la resolución.
Luego de las elecciones municipales de octubre de 2024, la Subsecretaría se convirtió en una agencia de empleos para políticos cesantes vinculados al PC, principalmente por la derrota de Hassler. El último episodio fue a fines de 2025, cuando se denunció el intento de un “amarre” al abrir concursos públicos en tres cargos de alta jefatura (Departamentos de Políticas Institucionales, Adquisiciones, y Estudios y Análisis) antes del cambio de gobierno, pero uno de los requisitos para postular es ser funcionario de planta o a contrata, lo que a juicio de diputados de la UDI, confirma la intención de acomodar a personas ya vinculadas con la actual administración.
¿Por qué son preocupantes todos estos antecedentes? ¿Por qué no existiría una aprehensión si fuese un ministerio ocupado por otro partido? Porque el Partido Comunista juega a largo plazo. Es paciente. Siembra y sabe esperar para cosechar. Porque creen en la violencia como una forma legítima de alcanzar el poder y lo demostraron durante el 18O y, también, posteriormente, incluidas las acusaciones constitucionales para destituir al Presidente de la República o el llamado anticipado a elecciones. Porque saben que sin las FF.AA. toda revolución está condenada al fracaso. Porque avanzan dos pasos y retroceden uno. Porque esa Subsecretaría llamó muy poco la atención, en comparación al resto de los ministerios, lo que implicó una menor fiscalización.
Porque, con seis convencionales, dominaron un tercio de la Convención y lograron arrodillar al FA y el PS, redactando un borrador constitucional que dejó a Chile al borde del abismo. Porque calmaron la calle durante cuatro años. Porque están preparándose para activarse, según las conclusiones del último Comité Central, y volver a ser una oposición aún más dura de lo que fueron con Sebastián Piñera. Porque son, de los partidos oficialistas, los que más se opusieron a la agenda de seguridad en el Congreso, rechazando proyectos de ley impulsados por el gobierno, y no dudaron en salir a criticar la Ley Naín Retamal, luego de la absolución en el caso Crespo. Porque su representación parlamentaria es de las pocas que ha aumentado en cada nueva elección entre 2010 – 2025. Porque, a pesar de su lucha interna y con sus socios de coalición, Carmona y Jadue terminarán doblándole la mano al FA y al PS y llegarán a ser el partido hegemónico de la futura posición.
Porque son aliados y defensores de los regímenes dictatoriales de Venezuela y Cuba, como se ha visto recientemente en sus emplazamientos al Presidente Boric. Y son esas dictaduras las que han desestabilizado y actuado en Chile, como en el caso Ojeda.
Porque no se sabe cuánto averiguaron del funcionamiento, financiamiento y cualquier información valiosa de las Fuerzas Armadas. Porque no se sabe cuántos cambios, sutiles y silenciosos, hicieron, ni cuantos militantes quedarán apernados en la subsecretaría. Porque no se sabe qué pueden hacer con la información clasificada sobre secretos militares, planes militares, debilidades y programas de armamentos. Si fueron capaces de poner en riesgo el orden institucional y social chileno durante el 18O y con la Convención, son capaces de hacerlo nuevamente.
En estas materias, acusar de alarmismo o conspiracionismo es ingenuidad.
El próximo ministro de Defensa no solo tiene un gran trabajo de cara al futuro, sino que también hacia el pasado, más allá de realizar auditorías y revisar que la caja cuadre, deberá hacer algo más delicado: indagar cuánta información reservada sobre las FF.AA. obtuvo el Partido Comunista en estos cuatro años.
León XIV recuerda algunas verdades para el segundo cuarto de siglo en Chile
Por Roberto Astaburuaga Briseño. Columna publicada en El Líbero el 12 de enero de 2026.
La semana pasada, el Papa León XIV pronunció un discurso ante el Cuerpo Diplomático que, para algunos, ha sido calificado como el más político de su elección. Al mismo tiempo, la atención mediática se ha centrado en las referencias a Venezuela, la migración y el derecho internacional. Pero el Papa profundizó en otras materias y denunció atentados a la dignidad humana y al cristianismo y que ocurren en Chile.
Ante los típicos y siempre infructuosos cantos de sirena sobre el deber de la Iglesia Católica de actualizarse según los tiempos modernos, el Santo Padre, de forma contundente y clara, recordó la doctrina sobre los bienes fundamentales que ha defendido y promovido históricamente. Recordó la importancia de la institución de la familia, como aquella unión exclusiva e indisoluble entre una mujer y un hombre, que acoge y cuida plenamente la vida por nacer. Ese cuidado al no nacido implica un rechazo categórico al aborto y al financiamiento del derecho al aborto seguro y el cuestionamiento a la asignación de recursos públicos para abortar en lugar de apoyar a las madres: el objetivo principal debe seguir siendo la protección de todos los niños no nacidos y el apoyo efectivo y concreto a todas las mujeres para que puedan acoger la vida. Al mismo tiempo, condenó la maternidad subrogada, como una práctica que considera al niño como un producto y a la madre, al explotar su cuerpo. Del mismo modo, condenó la eutanasia como una falsa forma de compasión, en lugar de promover políticas de auténtica solidaridad y ofreciendo soluciones al sufrimiento humano, como los cuidados paliativos.
El Papa también advirtió sobre los atentados contra la libertad religiosa y la persecución al cristianismo, respecto a la cual muchos prefieren mirar para el lado, como hemos comentado anteriormente. Defendió el rechazo por parte de médicos y profesionales de la salud a participar en prácticas como el aborto o la eutanasia y recordó cómo en América y Europa se extiende una forma sutil de discriminación religiosa contra los cristianos cuando se restringe su capacidad de proclamar las verdades del Evangelio por razones políticas o ideológicas.
León XIV advierte de los problemas de la comunicación de nuestro tiempo porque es necesario que haya acuerdo sobre las palabras y los conceptos que se utilizan, ya que, si las palabras pierden su conexión con la realidad, y la realidad misma se vuelve discutible y, en última instancia, incomunicable. Por ello, las palabras deben volver a expresar ciertas realidades de forma inequívoca y así podrá reanudarse el diálogo auténtico sin malentendidos (…) en nuestros hogares y espacios públicos, en la política, en los medios de comunicación y en las redes sociales. El Papa no desconoce que se está desarrollando un nuevo lenguaje al estilo orwelliano que, en un intento por ser cada vez más inclusivo, acaba excluyendo a quienes no se ajustan a las ideologías que lo alimentan.
Muchos de los males denunciados por el Romano Pontífice ocurren y se promueven en Chile, mientras otros ya han sido instalados y son mayoritariamente aceptados. Lo peor es que el Estado se ha convertido en el gran impulso y defensor de dichos males. Se impulsan leyes que permiten la eutanasia y el aborto libre, mientras restringe reglamentariamente la objeción de conciencia; no promueve iniciativas para prohibir la maternidad subrogada. Se impone la perspectiva de género en los reglamentos internos de todo establecimiento educacional desde la más tierna infancia y la perspectiva de género en todo órgano del Estado. Se manipula el lenguaje para introducir la ideología de género en caballos de Troya disfrazados de prevención del abuso sexual, referirse a la eutanasia como “muerte digna” o normalizar que se hormone niños desde los 9 años para intentar cambiar de sexo.
Si en el periodo 2000 a 2025 en Chile el progresismo cultural y el subjetivismo moral causaron graves y dañinos retrocesos en la protección de la vida, la familia, la religión y la educación, en el próximo cuarto de siglo es necesario avanzar en su promoción.
Comenzando el segundo cuarto de siglo, la valentía del Papa de decir las cosas por su nombre, sin distinciones enredadas ni disculpas innecesarias, constituye un llamado a todos los católicos en Chile de vivir y defender públicamente nuestra fe en las leyes, en las escuelas y en el hogar.
Comenzando el segundo cuarto de siglo, la valentía del Papa de decir las cosas por su nombre, sin distinciones enredadas ni disculpas innecesarias, constituye un llamado a todos los católicos en Chile de vivir y defender públicamente nuestra fe en las leyes, en las escuelas y en el hogar.
La Superintendencia del adoctrinamiento ideológico
Por Roberto Astaburuaga Briseño. Columna publicada en El Líbero el 5 de enero de 2026.
El 23 de diciembre recién pasado —fecha propicia para los regalos, pero no para los amarres— la Superintendencia de Educación aprobó dos resoluciones exentas que ordenan a todos los establecimientos de enseñanza básica y media incorporar la llamada “perspectiva de género” como principio rector de sus reglamentos internos y de la disciplina escolar (circulares 781 y 782). La medida fue criticada por asociaciones de padres, profesores, instituciones y diversas autoridades, que la calificaron, con razón, como un nuevo amarre ideológico del gobierno saliente. No es extraño: este particular Grinch educativo consiguió arruinarle la Navidad a más de uno.
En ambas circulares, la idea de fondo se formula con un lenguaje aparentemente inofensivo: no se puede discriminar a nadie por su identidad o expresión de género. Ahora bien, como suele ocurrir con las fórmulas vagas, el problema no está en la consigna sino en sus consecuencias. ¿Qué significa esto en la práctica? ¿Que un hombre de quince años que se identifique como mujer pueda ingresar a los baños o camarines femeninos? Hasta ahí llega el chiste, porque la inmensa mayoría de los padres no estaría dispuesta a tolerarlo y reaccionaría de inmediato. La pregunta es otra: ¿a qué sanciones se exponen quienes se opongan? ¿Estarán los colegios obligados a asumir multas por permitir lo que la autoridad llama, con elegante severidad burocrática, “actos transfóbicos”?
Las circulares se aplican a todos los establecimientos de enseñanza básica y media, incluidos numerosos colegios subvencionados de distintas confesiones religiosas. A la Superintendencia —siempre tan celosa de los reglamentos— se le olvida, con notable comodidad, que su actuación debe ajustarse a la Constitución. Esto implica respetar la libertad religiosa, el derecho y deber preferente de los padres a educar a sus hijos, la libertad de enseñanza y la autonomía de los cuerpos intermedios. Para estos funcionarios del nuevo catecismo civil, la inclusión y la diversidad son virtudes muy apreciadas… siempre que estén fuera. Una vez dentro, solo importa excluir toda disidencia y homogeneizar bajo una visión única y obligatoria.
A un gobierno que suele declamar con entusiasmo sobre la participación ciudadana, justo en este punto —justo, justo ahora— no le importó escuchar. La sociedad se oye solo cuando confirma lo que ya se decidió. Es evidente que, de haberse informado de manera transparente a las comunidades educativas, y no de forma selectiva y tardía, el contenido de estas circulares habría sido muy distinto. El fervor por las “mesas de trabajo” y por “escuchar a la calle” se evapora cuando la calle no aplaude. Entonces, la participación se transforma discretamente en decreto.
El contenido ideológico de estas circulares sería casi anecdótico si no fuera porque la llamada perspectiva de género es, en lo esencial, antiformativa. Enseñar a los niños, desde primero básico, que basta con sentirse del sexo opuesto para serlo no es un acto de apertura mental, sino un atentado contra la lógica y la biología, propio de quienes discuten seriamente si la Tierra es plana. La confusión que se introduce no es accidental ni ingenua: es profunda y deliberada.
Cabe esperar que el gobierno entrante —puesto que, contra toda sospecha, es posible caminar y mascar chicle al mismo tiempo— entienda que esta “normativa” debiera tener pronta fecha de vencimiento. Si algo se le reconoce es su declarado respeto por la Constitución y la ley. Restablecer el imperio del derecho no es una consigna grandilocuente, sino una tarea concreta: las leyes regulan materias específicas y dentro de un marco definido. Lo que lo excede no es audaz ni progresista; es simplemente ilegal e inconstitucional. Y, por lo mismo, debe ser corregido. Ni más ni menos.