Not autocrítica
Por Roberto Astaburuaga Briseño. Columna publicada en El Líbero el 29 de diciembre de 2025.
Termina el 2025 y los partidos sacan cuentas. La moda es la autocrítica. Todos tienen que hacer autocrítica, principalmente en la izquierda. No lo hicieron con el Rechazo ni con la segunda vuelta presidencial de 2021. No han querido o no han podido. Pero lo que hemos visto hasta el momento está lejos de ser una autocrítica.
Por un lado, la rapidez en la publicación de algunos análisis hace dudar de su seriedad y valor, intuyendo que responden más a desahogos personales y posicionamientos políticos. A río revuelto, ganancia de pescadores.
Por otro lado, el alcance de la autocrítica, ¿comprende solo la gestión presidencial o incluye el diagnóstico? La excusa “Mamá, él empezó” para evadir responsabilidades por mala gestión (como la reciente revisión de la Contraloría General de la República) y echarle la culpa al gobierno anterior se convirtió en la salida fácil y barata del Frente Amplio y sus socios.
Los fallos en la gestión son innumerables, graves y, muchos de ellos, ideológicos y vergonzosos. Sin embargo, poco sentido tiene reconocer errores en la gestión, si el diagnóstico sigue siendo el mismo. Algunos de los análisis son una muestra de esto: la autocrítica solo comienza al analizar el desempeño del Ejecutivo en 2022, pero relatan los hechos desde 2010 como lo han hecho durante todos estos años.
Al igual que la Convención, creen que la derrota o fracaso se explica por la forma, por lo que la autocrítica no va por el fondo. Las causas identitarias son un ejemplo. El problema, para ellos, no es incluirlas o no, analizando el mérito de las mismas, sino la profundidad de los cambios radicales que proponían. Las demandas indigenistas, feministas y ecologistas no serán abandonadas. La elitización provocó una desconexión (ejemplo nada más alejado de las demandas de la mujer esforzada y de clase media que una ley que asigna cupos reservados a mujeres en los directorios de sociedades anónimas) de la cual aun no despiertan y tiene toda la pinta de que se hundirán con ellas.
El precio de no haber hecho una autocrítica en serio luego del Rechazo quizás explica las derrotas consecutivas y en especial la última. Si no lo hacen de forma seria, probablemente desaparezcan o se conviertan en el vagón de cola del Partido Comunista hasta el fin de sus días, que es lo mismo.
A nivel de Gobierno, la autocrítica está lejos de llegar. La Ley de amarre y el apitutamiento de les amigues son la mejor muestra de que cualquier ejercicio de autocrítica a nivel partidario será inútil hasta que se produzca el cambio de mando.
Luego del próximo 11 de marzo está claro quién ganará el gallito entre defender el legado y hacer autocrítica.
Antonia Orellana y la tumba del feminismo
Por Roberto Astaburuaga Briseño. Columna publicada en El Líbero el 22 de diciembre de 2025.
Antonia Orellana pasará a la historia como la ministra que llevó el Ministerio de la Mujer al centro del poder político, dotándolo de visibilidad, recursos y acceso privilegiado al comité político. Paradójicamente, ese mismo protagonismo terminó por sepultar el relato feminista que la impulsó hasta allí. Su legado —si es que existe— puede resumirse en un nombre: Monsalve.
Portadora de un feminismo radical revestido de superioridad moral frenteamplista, la derrota electoral del oficialismo expresa también la derrota de su diagnóstico, su gestión y su promesa. Las cifras son elocuentes. Aún distribuyendo de manera conservadora el voto femenino, millones de mujeres optaron por la alternativa que el feminismo gubernamental presentaba como una amenaza existencial: 3.6 millones de mujeres votaron por él y 2.6 por ella. Ajustándolo pudo haber sido, al menos, una diferencia entre un 6% – 8% (780.000 a 1 millón de votos). Tras cuatro años de poder, recursos y agenda prioritaria, el mensaje no convenció. Las advertencias de “retrocesos gravísimos en derechos” no fueron creídas. El electorado femenino no respondió al miedo ni a la caricatura.
La derrota resulta aún más significativa por quién fue el vencedor: un hombre católico, conservador, casado, padre de familia numerosa, identificado con valores de austeridad, mérito y orden. Exactamente el arquetipo que el feminismo oficial ha presentado durante años como enemigo cultural. El contraste no pudo ser más elocuente.
En este contexto se inscribe también la polémica por la restauración del cargo de Primera Dama. La ministra Orellana sostuvo, con razón, que en un Estado moderno no resulta adecuado que una función pública dependa del parentesco. Sin embargo, esa convicción apareció tardía y selectiva: durante este mismo gobierno se creó un cargo ad hoc para la entonces pareja presidencial, presentado luego como un simple “error administrativo”. La incoherencia es evidente.
Pero ningún episodio resultó tan devastador como el caso Monsalve. Allí, el feminismo gubernamental enfrentó su propia prueba de coherencia. Y falló. La ministra de la Mujer no lideró, no interpeló ni exigió responsabilidades políticas claras. La carga recayó en Interior. El silencio de las calles y la ausencia de movilización feminista durante semanas fueron el síntoma más elocuente: el lema “Amiga, yo te creo” dejó de ser universal y pasó a ser selectivo.
Mientras tanto, los resultados de gestión tampoco respaldan el relato. El desempleo femenino se mantiene elevado, los femicidios consumados no disminuyen y los frustrados aumentan. La aprobación de la Ley de Cuidados fue celebrada como un hito, pese a que los recursos comprometidos están muy por debajo de las expectativas creadas. La retórica fue abundante; los resultados, escasos.
Nada ha sido más perjudicial para las mujeres que un feminismo convertido en ideología de poder, incapaz de autocrítica y subordinado a cálculos políticos. No sorprende, entonces, que muchas mujeres optaran por una alternativa que, acertada o no, al menos identificó el problema en su raíz y prometió enfrentarlo.
El balance es claro. El feminismo gubernamental perdió credibilidad, autoridad moral y capacidad de convocatoria. Ese es, quizás, el único legado indiscutible de la gestión de Antonia Orellana.
Apoyarse en el matrimonio
Por Roberto Astaburuaga Briseño. Columna publicada en El Líbero el 15 de diciembre de 2025.
José Antonio Kast es el nuevo Presidente de Chile. Luego de dos campañas presidenciales, la tercera fue la vencida. Probablemente existirán muchos análisis sobre su trayectoria, victoria y los elementos clave de la campaña electoral, pero hay un factor humano que, quizás por obvio se olvida, pero es esencial. El apoyo de la nueva Primera Dama, Pía Adriasola (y los famosos martes de pololeo), y el de su familia, ha sido fundamental, como públicamente lo ha destacado y agradecido varias veces.
Para los chilenos (6 de cada 10), la familia sigue siendo la institución más valorada y el principal apoyo frente a las dificultades. La familia es irremplazable, configura gran parte de la identidad de sus integrantes y en ella más del 90% ve su principal fuente de identidad. Para muchos políticos, el cónyuge suele ser el principal consejero, cable a tierra y pilar de apoyo, orientación y contención, especialmente, en las decisiones y momentos difíciles. La historia está repleta de hombres y mujeres que ocupando (o no) cargos de poder de todo tipo han tenido un apoyo irremplazable en su matrimonio.
Los “martes de pololeo” (la tradición de dedicar unas horas con cierta periodicidad para salir a comer y conversar) de un matrimonio de más de 30 años y nueve hijos contrasta con la tendencia decreciente en las generaciones más jóvenes a casarse y postergar la formación de una familia. Es común encontrar cada vez más noticias y estudios en el extranjero que intentan responder la pregunta sobre esta decisión tan vital. Distintas razones, especialmente de desarrollo profesional y laboral, surgen para aplazar esta decisión. También hay otras, relacionadas con malas experiencias de los propios padres o la dificultad y costos de todo tipo que se imaginan por vivir con otra persona, con todos sus defectos y virtudes. La Encuesta Bicentenario UC 2024 también revela una desconfianza en que el matrimonio dure para siempre, y según cifras del INE 1 de cada 5 matrimonios dura menos de 10 años, y en las generaciones más recientes duran incluso menos. Hay una menor disposición a trabajar a largo plazo en solucionar conflictos maritales.
Es inevitable que en un matrimonio existan desencuentros, que ya no haya tiempo para hablar. Hacerse el tiempo para conversar, con cierta periodicidad, por cierto que ayuda. Se trata de una cuestión de buena voluntad y, especialmente, de perseverancia, que impide que la intensidad del día a día convierta a los matrimonios en dos extraños que comparten techo y rutina. Y esto es fundamental en una sociedad dominada por las redes sociales. Comentario común es “¿para qué salen, si se quedan pegados viendo el celular y no conversan?”. De hecho, según estudios chilenos de 2022 y 2024, la infidelidad se facilita por el contacto de las redes sociales y apps de citas. La presencialidad y desconexión es el mejor antídoto contra la droga moderna de la virtualidad alienante.
A los chilenos nos encantan las tradiciones y las buenas tradiciones hay que mantenerlas y promoverlas. Quizás muchos matrimonios podrían encontrar más tiempo para ellos mismos en los martes (o cualquier otro día) de pololeo y de ponerse al día, apostando por la comida, la perseverancia y la presencialidad. Al menos, ahora tenemos un ejemplo que sí ha funcionado.
Boric quiere eutanasiar a Kast
Por Roberto Astaburuaga Briseño. Columna publicada en El Líbero el 8 de diciembre de 2025.
No se aguantó. Aceleró al máximo la votación del proyecto de ley de eutanasia en el Senado justo la última semana electoral. Su descarado intervencionismo electoral reapareció en un último intento desesperado para forzar su discusión, buscando abrirle un flanco al candidato republicano. La decisión dice mucho de la actitud de nuestro mandatario.
De forma calculada, fría y maquiavélica el gobierno usa la causa de la eutanasia para sus propios fines, sin importarle el dolor de quienes supuestamente accederían a ella si se legalizara. Si hace un par de meses evitó que la votación del proyecto de ley calzara con su visita al Papa León XIV, ahora intenta provocar la votación para perjudicar al candidato presidencial de la oposición. Las promesas de sus cuentas públicas se las lleva el viento. Las urgencias las maneja a conveniencia según lo que la contingencia le indique. En política no todo vale y con el dolor no se juega.
Para el Presidente, hay que ocupar o hacer lo que sea con tal de evitar que Kast llegue a ser Presidente de Chile. En el fondo, le da lo mismo que se apruebe o se rechace la eutanasia. No le importa. Lo que le importa es incomodar a Kast (aún cuando él ya dijo que vetaría la ley). Para Boric, la eutanasia es simplemente un peón más en el tablero electoral que feliz sacrifica a cambio, ¿de qué?
Presionar para votar en época electoral un tema, literalmente, de vida o muerte, revela que ni la una ni la otra le merecen respeto. Chile ya está hasta la coronilla de tener a la muerte desatada en las calles como para que también en los hospitales, los lugares destinados para curar, sanar y aliviar, se asesine a los pacientes. Los doctores también contarán con licencia para matar. Las cosas por su nombre y sin eufemismos. La eutanasia es matar a un tercero inocente. El dolor o el consentimiento no cambian la naturaleza propia del acto.
Como ha sido la tónica en su mandato, el gobierno se cuelga de temas con aprobación ciudadana para subir un par de puntos en la aprobación dominical y empujar su agenda identitaria. X (Twitter) y las encuestas dominan sus decisiones. Existiendo mil y un temas más urgentes que atender y que requieren presupuestos, con hospitales sin remedios y proveedores con pagos atrasados, el gobierno avanza con una iniciativa woke que le cuesta al Estado más de mil millones solo en su implementación. Cuando Chile requiere con urgencia duplicar su cobertura en cuidados paliativos, la verdadera solución a los enfermos terminales o con graves dolores, Boric se da el gustito de derrochar recursos que, además, sabe que el Estado no tiene… o en realidad, no sabe cuánto tiene, como se demostró en la Ley de Presupuestos 2026.
El fantasma de la Convención Constitucional, y su mamarracho que incluía la eutanasia como un derecho constitucional (art. 68), sigue rondando en La Moneda. Todo indica que la estrategia de Boric, la suerte de su candidata presidencial y la votación del proyecto de ley en el Senado tendrán el mismo destino que el 4S: un rechazo.
El fin del PAIG y su experimentación transafirmativa en niños
Por Roberto Astaburuaga Briseño. Columna publicada en El Líbero el 1 de diciembre de 2025.
El Congreso rechazó la semana pasada el financiamiento para el PAIG en la Ley de Presupuestos 2026. El Senado lo rechazó por nueve votos a favor y 18 en contra, y la Cámara lo ratificó por 57 a favor, 61 en contra y tres abstenciones. El PAIG no tiene recursos para funcionar durante el 2026. Fue el gobierno de Boric el que cavó la tumba del PAIG.
Como hemos detallado anteriormente, los problemas y errores del PAIG son graves y numerosos, pero lo esencial radica en su intención: el enfoque transafirmativo, es decir, la validación de la percepción (de niños entre tres a 17 años) de ser del sexo opuesto, disponiendo medidas de acompañamiento personal, familiar y escolar que afirmen dicha percepción. Por ejemplo, fomentar el uso de nombres, pronombres, ropa o uso de baños y camarines del sexo opuesto. El sufrimiento de estos niños por la separación entre su sexo y su percepción, según los transafirmativistas, se origina en el rechazo social (la “transfobia”). La sociedad es la culpable de no respetar la “identidad de género” y por tanto, hay que cambiar la sociedad. Sin duda, un número considerable de padres, asustados y perdidos, aceptaron, pensando en lo mejor para sus hijos, que recibieran atención transafirmativa, coaccionados por el chantaje emocional del hijo trans o hijo muerto. Como es evidente, nada bueno puede salir de esto.
Políticamente, se dio vuelta la tortilla. Cada vez son más los parlamentarios del oficialismo que no entregan su voto favorable, y varios se atreven incluso a rechazar, y la oposición cada vez adopta una postura más unitaria, salvo los descuelgues de Evópoli. Si en 2022, el PAIG se aprobó con 83 votos a favor, en 2025 fueron 26 votos menos. El Informe de la Comisión Investigadora Nº57, cuya primera recomendación fue suspender el PAIG, solo contó con el rechazo de 31 diputados. Defender y apoyar que se experimente con niños no sale gratis.
Esta victoria es muestra del cambio que vive Chile. El Rechazo del 4S fue la primera señal del rechazo a una agenda ideológica identitaria y arrogante, propia de la izquierda progresista y de sus cómplices liberales de la derecha. Se metieron con los niños y cruzaron la línea roja de respetar lo sagrado, como es su inocencia y vulnerabilidad. Las responsabilidades (personales, políticas, penales, contractuales) comenzarán a cobrarse y así mismo, ocupando la neolengua, se exigirán garantías de verdad, justicia, reparación y no repetición por el daño físico y psicológico causado a miles de niños y sus familias.
El fracaso más evidente en proteger a los niños se materializa en, irónicamente, la Defensoría de la Niñez. El órgano por excelencia encargado de velar por la seguridad y el bienestar de los niños no ha dudado en apoyar y promover el enfoque transafirmativo, llamando a los diputados a rechazar el Informe de la Comisión Investigadora y condenando la votación que dejo al PAIG sin financiamiento. Un fracaso absoluto de una institución al servicio de una ideología.
El PAIG quedó sin recursos públicos, pero el trabajo de erradicar el enfoque transafirmativo está lejos de terminar. La votación de la semana pasada es solo el inicio. El apoyo a transicionar niños se ha extendido a municipalidades, la red de salud, programas sociales relacionados con niños y en el mundo privado campean a sus anchas. No desaparecerán porque se reiventarán, con nuevos discursos (“un retroceso civilizatorio”), eufemismos y discursos victimistas (pronto escucharemos de las alertas por suicidios debido al cierre del PAIG).
El rechazo al PAIG es un golpe fuerte y contundente, que acogió las alertas sobre el escándalo que ocurre en Chile, y un llamado a seguir cuidando a los niños.
Libros para pervertir niños o cómo 2 + 2 = 1
Por Roberto Astaburuaga Briseño. Columna publicada en El Líbero el 24 de noviembre de 2025.
Supongamos que una fundación ofrece textos escolares de matemáticas y que uno de sus títulos proclama: “Matemáticas distintas, o cómo 2 + 2 = 1”. ¿Quién, en su sano juicio, los compraría para la formación de un niño? La situación roza lo absurdo, pero permite iluminar algo esencial. Imagine que una profesora enseñara a sus alumnos que arriba es abajo; que lo rosado se llama azul y lo celeste, rosado; que la sal es dulce y el azúcar, salado; que el fuego enfría y el hielo calienta. O peor aún: que la luz roja del semáforo significa avanzar; que se puede respirar bajo el agua; que basta con saltar y mover los brazos para volar sin caer.
Enseñar tales falsedades no solo impediría que esos niños aprendieran a sumar: les fracturaría su capacidad más básica de enfrentarse a la realidad. Sería formar -si es que puede llamarse así- contra lo real, una anti-educación.
La tradición clásica siempre comprendió que la educación comienza por la mirada. El niño aprende antes de comprender: mira, recibe, confía. Su inteligencia, aún en germen, se abre al mundo a través de ojos que creen lo que ven y, sobre todo, lo que ven mirar a los adultos. En los primeros años no distingue con nitidez la ficción de la verdad, la broma del engaño, la metáfora del hecho. Vive en un estado de receptividad radical.
Por eso Aristóteles afirmaba que “quien educa, engendra en el alma”; y Santo Tomás recordará luego que el primer acto del que aprende es fiarse de quien enseña. La pedagogía clásica siempre fue consciente de esta fragilidad preciosa: la mirada infantil es un lugar sagrado, donde la verdad entra, o donde se la hiere para siempre.
Exponer esa mirada a tergiversaciones deliberadas no es un experimento inocente: es una crueldad miserable. Es jugar con la confianza de quien no puede defenderse, ni comprender, ni resistir.
Mucho se nos repite hoy que la educación debe ajustarse a cómo “el niño siente”, “el niño percibe”, “el niño se identifica”. Pero esto confunde un hecho antropológico fundamental.
Los niños, precisamente porque están aprendiendo, no pueden ser criterio de la verdad, de la misma manera que su balbuceo no puede ser regla de la gramática ni sus dibujos regla de la geometría.
Si un niño cree que 2 + 2 = 1, se le corrige; si pronuncia mal una palabra, se le enseña a pronunciarla bien; si llama “perro” a un caballo, nadie piensa que hay que ajustar el lenguaje del resto para acomodarse a su error. Hacerlo sería ridículo, y además inhumano: lo privaría de la posibilidad de comunicarse y comprender el mundo.
La educación no consiste en validar la imagen subjetiva que un niño tiene de la realidad, sino en introducirlo progresivamente en la verdad del ser de las cosas. Eso es precisamente lo que constituye la dignidad racional del hombre: adecuar la mente a lo real, no someter lo real a caprichos subjetivos.
Volvamos a los libros. Dar a niños textos que afirman que 2 + 2 = 1 sería causarles un daño objetivo, independientemente de que ellos los acepten o incluso los disfruten. Ese daño se agrava si el Estado participa en la elaboración y distribución de tales materiales, comenzando por los jardines infantiles.
El Estado, llamado a asegurar una educación de calidad, se convertiría así en agente de distorsión sistemática, como si patrocinara la enseñanza de que la Tierra es plana. Eso no es educación: es adoctrinamiento.
La lengua es clara: según la RAE, “pervertir” significa perturbar el orden de las cosas. Estos hipotéticos textos serían —con toda propiedad— libros pervertidos y, por tanto, libros para pervertir niños.
No es verdad que 2 + 2 sea 1, ni 5, ni 890.779.000. Es una mentira. Y enseñar mentiras a los niños no es un error pedagógico menor, sino una injusticia contra su inteligencia naciente.
No basta que la lectura de tales textos sea voluntaria u obligatoria. La concordancia con la realidad no depende del consentimiento. Un libro que enseña falsedades no educa, punto.
Y hoy, más que nunca, los niños necesitan que se les eduque en la verdad y no que se les someta a ingeniería ideológica pintada con colores.
Desandar el camino de Boric
Por Roberto Astaburuaga Briseño. Columna publicada en El Líbero el 17 de noviembre de 2025.
En una reciente columna, Juan Manuel de Prada rescata la insistente advertencia que hacía G.K. Chesterton sobre la visión progresista del hombre y de la sociedad: «para salvarse, al hombre no le bastará con bajarse del tren del progreso, sino que tendrá que darse la vuelta, hasta llegar a la encrucijada donde tomó el camino errado». Ante el error, no basta con detener el rumbo equivocado, sino que hay que “retroceder”, lo que plantea dificultades inherentes a las circunstancias temporales y estructuras presentes de cada sociedad y época. Lo anterior también aplica a la vida de los países y Chile pronto conocerá si el tren continuará su camino al precipicio o será capaz de detener y, lentamente, echar marcha atrás.
Ese abismo pareciera ser el resultado del caos que se desataría si las crisis nacionales no se resuelven. El crisismo (la explosión coetánea de múltiples crisis) desde 2019 en adelante obedece o a una tendencia de magnificar la gravedad de determinados problemas sociales para atraer atención nominándolos como “crisis” y priorizar su solución o al anticipo de una insostenibilidad cada vez más grande del Estado y de la sociedad. En el fondo, como a todos los problemas se les trata de crisis, cuesta priorizar. Los representantes de cada gremio, sector o ámbito en crisis considerarán que es evidente que lo propio se encuentra en ese grave estado. Es lo que vemos con las crisis en delincuencia e inmigración ilegal, economía e inversión, salud (y salud mental), educación, vivienda y trabajo, por nombrar las más citadas. También hay una crisis laboral, de pensiones, de natalidad, de probidad administrativa y judicial, etc. Y así, suma y sigue.
Por supuesto, las distintas crisis que vivimos (y su solución) no se explican si es que no se mira la crisis moral que corroe a Chile hace décadas: el olvido de Dios y la pérdida de cualquier sentido de trascendencia, la desvalorización de la familia y el matrimonio y el fortalecimiento de un individualismo radical que conoce mucho de derechos y casi nada de deberes. Retomar la conducción no consiste en reducir, en una visión material y asistencialista del bien común, la puntería sobre la técnica correcta para resolver las necesidades sociales, sino, especialmente, atender aquella dimensión espiritual cada vez más abandonada, y que es la otra cara de la moneda.
Ahora bien, ¿todas las crisis se originan en el gobierno de Gabriel Boric y de su sector político? Evidentemente no, no todas. Hay crisis que se remontan a los gobiernos anteriores o cuyas señales no se advirtieron. Pero también es evidente que el camino elegido por este gobierno para enfrentarlas no ha dado resultados.
Luego de la victoria del Rechazo, el Presidente sostuvo que “no puedes ir más rápido que tu pueblo ni pretender adelantarse a tu tiempo”, por lo que “tendremos que ir más lento”. Como muchos criticaron, el oficialismo veía que se trataba de un problema de velocidad y no de dirección de los cambios -verdaderas transformaciones estructurales de la sociedad-. Para ellos, el Rechazo fue una activación del freno de emergencia de un tren que los llevaba muy rápido al “paraíso”. Pasado el susto, el tren, si bien más lento, siguió avanzado en la misma dirección. La elección de ayer (y la segunda vuelta) indicarán si los chilenos pretenden acelerar el rumbo o tirar del freno, pero esta vez, además, si se decidirán a desandar el camino.
Si los diagnósticos y soluciones del gobierno sobre los problemas de los chilenos son incorrectos, no basta con el cambio de timón. No tiene sentido simplemente cambiar la dirección si seguimos avanzando paralelamente al precipicio, porque el peligro de caer no nos abandonará. Hay que alejarse de él. ¿Esto significa que hay que hacer un borrón y cuenta nueva? No, hay que distinguir aquello que sea bueno y útil, que permanezca y se mejore, aquello que sea perfectible, que se corrija y se enmiende. Pero aquello que está mal planteado de raíz, que provoca un daño, que se detecte la fuente y se elimine. Corresponderá que este ejercicio, orientado por la prudencia, se realice en cada área crítica del Estado y de la sociedad.
Para cerrar nuestra analogía, no decimos que hay que desenganchar la locomotora del resto de los carros y colocarla en el sentido opuesto. Hay que revisar cada vagón, sacar lo inútil y lo pesado de cada uno o incluso desechar más de algún vagón en mal estado, limpiarlos, poner marcha atrás y ahí, solo ahí, emprender nuevo rumbo buscando el verdadero bien común para todos los chilenos.
Los candidatos presidenciales y el PAIG
Por Roberto Astaburuaga Briseño. Columna publicada en El Líbero el 10 de noviembre de 2025.
Sea quien sea el próximo presidente de Chile, debe suspender la ejecución del Programa de Acompañamiento a la Identidad de Género (PAIG). Un “programa social” dirigido a niños entre tres a 17 años que se perciben del sexo opuesto y que impulsan esa percepción mediante el enfoque transafirmativo, y que además deriva a los niños a intervenciones hormonales que son verdaderos experimentos capaces de provocar daños irreversibles. Un programa, que a pesar de ser objetado técnicamente, se incluyó en el proyecto de Ley de Presupuestos para el 2026. Cada candidato puede tener sus razones para decidir si se continua o no con una agenda trans que viola sistemáticamente los derechos humanos de los niños.
De partida, solo un candidato se refiere explícitamente al PAIG: Jeannette Jara, del Partido Comunista. La medida 221 de su programa de gobierno propone mejorar y reforzar el PAIG para que la identidad de género de los jóvenes trans “no sea motivo de ruptura familiar y para otorgarle legitimidad pública a este servicio social”, y entre las medidas de refuerzo no hay nada mejor que elaborar (o publicar) recomendaciones técnicas sobre hormonoterapia en jóvenes trans. Si, la candidata del oficialismo propone hormonizar menores, usarlos como conejillos de Indias, destruyendo sus cuerpos y mentes y contribuir al enriquecimiento de la industria farmacéutica. Así, se propone una política pública sustentada en evidencia científica de la peor calidad posible y contraria a las reacciones de los países pioneros en esta brutal maquinación que han decidido restringirlas o derechamente prohibirlas. Una decisión que no sorprende, considerando que 29 diputados oficialistas (desde la DC al PC) –muchos de los cuales van a la reelección– rechazaron el Informe de la Comisión Investigadora Nº57 de la Cámara de Diputados que proponía suspender el PAIG y no permitir intervenciones hormonales ni quirúrgicas transafirmativas en menores de 18 años. En este sentido, el programa de gobierno de Jara sigue la senda del programa de gobierno de Boric.
Ni Johannes Kaiser, ni Evelyn Matthei ni José Antonio Kast se refieren explícitamente al PAIG en sus programas presidenciales, pero un punto en común es que todos se han pronunciado en contra del tema en distintos momentos y destacados parlamentarios de sus partidos han realizado un trabajo de fiscalización y alerta de forma seria y rigurosa, buscando proteger a los niños y a sus familias.
Prácticamente, casi todos los partidos de oposición, salvo Evópoli y Demócratas, han tenido una postura clara y tajante en proteger a los niños, al igual que pocas y valientes excepciones de diputados de partidos del oficialismo. Casi todos los diputados de Chile Vamos (salvo Evópoli), Republicanos, Social Cristianos, Demócratas, Amarillos y Libertarios firmaron la solicitud para la creación de la Comisión Investigadora mencionada; hubo al menos un representante de cada partido en dicha Comisión y más de 50 de ellos aprobaron el Informe Final y solo dos lo votaron en contra (Erika Olivera y Francisco Undurraga). Lo mismo ocurrió en el Senado respecto a prohibir que el Minsal financiara intervenciones hormonales transafirmativas a menores en la Ley de Presupuestos del año pasado (salvo por los votos de Kast y Walker) y defender la norma prohibitiva cuando el gobierno la llevó al Tribunal Constitucional.
Si Dios quiere, quien llegue a La Moneda el próximo año contará con un amplio apoyo ciudadano, político y parlamentario para terminar con pseudomedicina experimental, basada en ideología y sin evidencia que causa daños irreparables, y entregar una ayuda real, seria, responsable y que busca lo mejor para miles de niños confundidos y padres asustados. Esa es la oportunidad que tienen los candidatos presidenciales y el bien que pueden lograr.
La eutanasia como un factor de aumento de las tasas de suicidio
Por Roberto Astaburuaga Briseño. Columna publicada en El Líbero el 3 de noviembre de 2025.
Existen muchas y muy buenas razones para oponerse a la legalización de la eutanasia en Chile, pero nos parece relevante abordar el tema del suicidio, debido al alarmante estado de salud mental, y de altas tasas en nuestro país, y el impacto que tendría la legalización de la “muerte digna”.
En el debate sobre eutanasia y/o suicidio asistido (ESA), quienes la apoyan, sostienen que legalizarla reduce la tasa total de suicidios y pospone los que se produzcan, mientras que quienes se oponen señalan que aumentarían tanto las muertes por ESA como por suicidio. En abril de 2022, D.A. Jones comparó las tasas de suicidio entre los países europeos que han legalizado la eutanasia/suicidio asistido y algún país vecino que no lo haya hecho, por cada 100.000 habitantes, entre 1990 y 2016.
Comparando la evolución entre Bélgica y Francia, desde que Bélgica legalizó la eutanasia/suicidio asistido en 2002, la tasa de suicidios no asistidos ha disminuido (3,6: de 19,5 a 15,9), pero no tanto como en Francia durante el mismo período (5,3: de 17,6 a 12,3). La diferencia también se nota si se trata de mujeres: la disminución en Francia fue de 3.7 y en Bélgica fue 1.7. Esto último puede explicarse porque desde 2002 en Bélgica las tasas de muerte autoinfligida aumentan de forma pronunciada y constante. En 2016, Bélgica tenía la tasa de suicidio más alta de la OCDE en Europa occidental. Entre Suiza y Austria, desde 1990, las tasas de suicidio no asistido en Suiza y Austria disminuyen paralelamente, pero, mientras en Austria continuaban descendiendo, en Suiza la tasa de muertes autoiniciadas (suicidio no asistido más suicidio asistido) se estabiliza en 1998 (19,0), cuando el gobierno codifica el suicidio asistido como distinto a otras formas de suicidio, y luego comienza a aumentar (de 16,1 en 2010 a 22,2 en 2017). En las mujeres es aún más dramático: entre 1990 y 2017 la disminución de las tasas de suicidio no asistido es muy similar entre Austria y Suiza. Sin embargo, la tasa de suicidio (asistido y no asistido) de suizas de 9,4 en 1998 casi se duplica a 18,6 en 2017, mientras que la tasa de suicidio no asistido de austriacas bajó de 8,7 a 5,0 en el mismo periodo.
El estudio concluyó que en comparación con las jurisdicciones vecinas sin eutanasia/suicidio asistido, los estados que sí las legalizaron «muestran pruebas claras de un aumento de las muertes autoinducidas y algunas pruebas de un aumento de los suicidios no asistidos». Por otro lado, «ninguna jurisdicción muestra una reducción en el suicidio no asistido tras la introducción» de la eutanasia/suicidio asistido en comparación con los estados vecinos que no la legalizaron.
Otro estudio del mismo año midió las tasas de suicidio en diez estados de EE.UU. que legalizaron el suicidio asistido hasta finales de 2019, comparando los cambios en las tasas de suicidio antes y después de la implementación legal con los estados que no aprobaron dichas leyes. El «análisis considera tanto las tasas totales de suicidio (es decir, incluyendo los suicidios asistidos) como las tasas de suicidio sin asistencia». Concluyeron que existía «evidencia sólida de que la legalización del suicidio asistido se asocia con un aumento significativo del 18% de las tasas totales de suicidios», y este aumento «mostró mayor intensidad en los mayores de 64 años y en las mujeres (40%)». Reconocen que existe «evidencia menos sólida de que el suicidio asistido también se asocie con un aumento de los suicidios sin asistencia (aproximadamente un 6% de aumento en general, un 13% en mujeres). Y no se encontró evidencia de que las leyes de suicidio asistido se asocien con una reducción en las tasas de suicidio totales o de suicidios sin asistencia».
Es necesario considerar lo anterior, tomando en cuenta al realidad chilena. Un estudio de agosto de 2024 (UNAB), revisó el aumento del suicidio en Chile (1920-2010): la tasa actual de suicidio para Chile es superior a 10 por cada 100.000 habitantes (2%), sobre promedio mundial (1,3%); durante la década de 2010, el 53% de todos los suicidios fueron cometidos por personas de 40 años o más, un aumento respecto del 23% durante la década de 1920; y, el 29% de todos los suicidios durante la década de 2010 fueron cometidos por hombres mayores de 50 años, frente al 10% en la década de 1920. Los resultados de la ENS 2016-2017 muestran que, en el país, 1 de cada 10 personas de 18 años y más, ha “pensado seriamente en suicidarse” alguna vez en la vida. Para 2022, los decesos aumentaron a 10,3 casos por 100.000 habitantes.
En 2023, se presentó un proyecto de ley en la Cámara de Diputados que buscaba consagrar el derecho a un permiso laboral por hasta 15 días en caso de que un familiar requiera acompañamiento por un riesgo cierto de suicidio (Boletín Nº 16267-13). En la fundamentación del proyecto de ley, se indicaba que Chile, en 2019, era el sexto país de América Latina y el Caribe con mayor alta tasa de suicidios con 9 por cada 100.000 habitantes, mientras que el promedio de la región fue 6,2, según cifras del Banco Mundial (El País).
Legalizar la eutanasia sí tiene efectos en la tasa de suicidios: la aprobación de la primera no implica un descenso de la segunda, si no que lo contrario: la evidencia comparada sugiere que sería un factor importante en el aumento de las tasas totales de suicidio y, si bien no con el mismo nivel de certeza, también incidiría en las tasas de suicidio asistido. Chile se encuentra en una delicadísima situación de salud mental, con tasas de suicidio crecientes y mayores a las del promedio mundial. Es altamente probable que, al permitir la eutanasia en Chile, se potencie uno de los factores de riesgo para la realización de suicidios. Lo anterior afectaría políticas públicas tales como el Plan Nacional de Salud Mental 2017–2025, el Programa Nacional de Prevención del Suicidio o el programa Quédate.
$1.062.125.000 de pesos para implementar la eutanasia en Chile
Por Roberto Astaburuaga Briseño. Columna publicada en El Líbero el 27 de octubre de 2025.
Ese es el precio que el gobierno fijó para implementar la eutanasia en Chile: $1.062.125.000 de pesos el primer año y $862.286.000 para los siguientes, según el Informe Financiero. A nivel individual es bastante menor: cada procedimiento eutanásico costaría $134.780 pesos por persona. Pero, ¿de dónde saldrán los recursos para financiar la eutanasia? ¿Están contemplados en las partidas del Minsal o Tesoro Público del proyecto de ley de Presupuestos 2026? ¿O logran que se apruebe la ley y le dejan el problema de financiarla para el siguiente gobierno?
Así, de aprobarse e implementarse la eutanasia en Chile, al menos 800 millones de pesos serían para financiar su ejecución. El gobierno calcula que serían 240 solicitudes anuales de las cuáles se acogerían 120. Pero cualquier persona con un mínimo de conocimiento sobre la evolución de la eutanasia a nivel comparado sabe que es una pendiente resbaladiza y que año a año aumenta la cantidad de pacientes asesinados por “compasión”. Y si la cantidad de pacientes aumenta, el financiamiento también requerirá una expansión.
¿Acaso estos recursos no podrían tener un mejor destino, como aumentar el presupuesto para capacitar pediatras o perfeccionar servicios de salud mental, entre mil cuestiones más que requieren atención urgente e inmediata?
¿Cuánto más mejoraría la situación de miles de pacientes si esos mil millones de pesos se destinaran a cuidados paliativos (CP)?
Podría contratarse a más equipos multidisciplinarios para atención domiciliaria, incluyendo enfermeras, psicólogos y kinesiólogos, enfocándose en regiones con baja cobertura en CP. También permitiría adquirir más medicamentos e insumos de acuerdo a lo recomendado por la OMS (analgésicos, opioides, bombas de infusión y oxígeno portátil), así como invertir en la compra de más camas paliativas. Se podría ampliar la atención al capacitar a unidades de hospitales rurales o que permita el seguimiento remoto a través de telemedicina. Se estima que la cantidad de pacientes que requerirán de cuidados paliativos en las próximas décadas aumentará casi el doble: de 117.000 pacientes en 2021 a 209.000 en 2050.
Por supuesto, no es un tema de pesos más o pesos menos. Aunque no costara ni un solo peso, la eutanasia seguiría siendo un acto intrínsicamente inmoral.
Pero tampoco puede ignorarse que en las circunstancias económicas a nivel nacional y las necesidades prioritarias a nivel sanitario, la aprobación e instalación de la eutanasia es de una frivolidad y desconexión brutal. ¿Cuántos chilenos sufren en sus regiones por tantas carencias, problemas, atrasos, postergaciones y dolores, y resulta que los senadores que los representan aprueban que fondos multimillonarios se derrochen en leyes que contradicen el sentido común de los chilenos? Algunos dirán que las encuestas reflejan un apoyo mayoritario, pero sería distinto si la pregunta se formulara considerando las necesidades del ámbito de salud según la realidad del distrito y la alternativa de elegir que esos cuantiosos recursos se destinen a solucionarlo o a implementar la eutanasia.
Probablemente, la señora Juanita prefiera que esa plata se destine a comprar remedios, a mejorar el Cesfam que atiende a su hija o tener mejores camas en el hospital regional, y no en financiar que algún día Fonasa le informe que no puede seguir pagando sus tratamientos, pero que la eutanasia, aprobada por el senador que ella votó, cuesta solo $134.780.