$900 millones para que el PAIG siga su experimento transafirmativo en niños
Por Roberto Astaburuaga Briseño. Columna publicada en El Líbero el 20 de octubre de 2025.
El Informe Cass provocó un giro copernicano en la experimentación social, hormonal y quirúrgica con un enfoque transafirmativo en niños y adolescentes. El supuesto consenso mundial se hizo trizas al demostrar que se trataba de medicina basada en ideología y no en evidencia. Organizaciones médicas nacionales e internacionales tuvieron más espacio para que sus alertas fuesen escuchadas y la cancelación por “transfobia” se transformara en un recurso tan inútil como poco creíble. Cada vez son más los países que han adoptado medidas restrictivas o prohibitivas para impedir que se dañe física y psicológicamente a los niños. La discusión en Chile reflotará durante la tramitación del proyecto de ley de Presupuestos para el año 2026.
En nuestro país funciona el PAIG, un programa ministerial para menores entre tres (¡¿?!) a 17 años identificados trans, comenzó a ejecutarse en 2023 en 37 hospitales públicos, con un psicólogo y un trabajador social. Entrega un apoyo psicosocial transafirmativo, es decir, si un niño cree que es una niña o viceversa, el PAIG despliega acciones para apoyar su transición, buscando eliminar los factores de riesgo, y proponiendo un plan de cuidados que incluye acompañamiento psicológico, familiar y educacional. Así, la angustia del menor se origina en la reacción social negativa (la transfobia), y por ende corresponde transformar la sociedad.
Como muestra abundante y sólida evidencia científica, los que niños que inician la transición social tienen altas probabilidades de pasar a la transición hormonal. Ninguno de los defensores del PAIG ha logrado refutar que este funciona como la antesala de la hormonación (desde los diez años con bloqueo puberal y desde los 14 para la hormonación cruzada), puesto que los funcionarios puede derivarlos a las unidades de endocrinología del mismo hospital en el que operan o del más cercano para iniciar la intervención hormonal. Por ejemplo, el PAIG del Hospital de Melipilla, de abril de este año, reconoció en una respuesta de transparencia que al ser psicosocial, no realiza directamente interconsultas. Se remite (para evaluar la pertinencia de entregar esta información), las SIC generadas desde la Unidad de Pediatría a solicitud de PAIG. SIC generadas desde Pediatría HSJM a Endocrinología HSJD. Así el PAIG logra evadir la imposibilidad de derivar a endocrinología. Otros once hospitales reconocieron lo mismo.
Conscientes del grave peligro, el año pasado el Congreso, mediante la Ley de Presupuestos para el 2025, ordenó a la Subsecretaría de la Niñez que el PAIG debía entregar información sobre su ejecución y revisar su diseño e implementación, mediante una Mesa Técnica de “Expertos, y enviar un Informe de recomendaciones al Congreso (glosa 13), que considerara las conclusiones del Informe de la Comisión Investigadora Nº 57 de la Cámara de Diputados, aprobado por amplia mayoría en mayo de 2025. Por supuesto, los “expertos” resultaron ser instituciones públicas y privadas favorables al enfoque transafirmativo, y en lugar de realizar una revisión crítica del PAIG, decidieron fortalecerlo. Si la Comisión Investigadora advertía sobre las derivaciones del PAIG para hormonizar niños, la Subsecretaría proponía formalizarlo mediante protocolos específicos. En lugar de cambiar el corte etario de ingreso por sus errores (básicamente, adelantaron la edad de ingreso de los 11 a los 3 años), los “expertos” lo mantuvieron. Y en lugar de eliminar o prohibir la posibilidad de judicializar a los “padres opositores” que se oponían a que sus hijos ingresaran al PAIG o que no se requería su consentimiento (bastaba con informarles), crítica esencial de la CEI 57, el Informe de la Subsecretaría lo mantuvo, limitándose a enfatizar que los usuarios del PAIG debían contar con «información clara y suficiente para poder decidir libre y voluntariamente su ingreso y continuidad». Es decir, incumplieron absolutamente lo ordenado por la Ley de Presupuestos 2025.
El PAIG continúa financiándose en el proyecto de Ley de Presupuestos 2026 con casi $900.000.000 de pesos, a pesar de ser objetado técnicamente en el proceso de formulación presupuestaria 2026, entre otras cosas, porque aún no permite dimensionar adecuadamente la magnitud del problema ni su evolución, y no presenta indicadores de desempeño ni resultados de evaluaciones anteriores.
El PAIG causa un daño enorme a los niños (y a sus familias) que confían en la solución del Estado, pero que se encuentra con un experimento social que destroza cuerpos y mentes. Aparte de los daños provocados por las intervenciones hormonales y quirúrgicas, ya las medidas de la transición social implementada PAIG (cambio de nombre y pronombre, uso de ropa, baños y camarines del sexo opuesto) son gravísimas, como explicó una endocrinóloga pediátrica en la CEI 57: la transición social es una intervención que modifica las experiencias de vida del niño, el curso espontáneo del proceso de desarrollo psicosexual y la maduración cerebral.
Diputados y Senadores, en sus manos está la responsabilidad de enfocar los recursos en medicina basada en evidencia, y no permitir que esta locura continue funcionando. Debemos cuidar a los niños de una experimentación brutal, catalogada como uno de los mayores escándalos en la historia de la medicina y una violación a los derechos humanos de los niños.
Santo Padre, nuestro gobierno en Chile impulsa el aborto y la eutanasia libre
Por Roberto Astaburuaga Briseño. Columna publicada en El Líbero el 13 de octubre de 2025.
El Presidente partió a Italia. Lo recibirá el Papa León XIV, máxima autoridad y representante de la Iglesia Católica. Pero antes de dejar Chile, Boric pidió bajar un par de cambios en las urgencias legislativas al proyecto de ley de eutanasia, para que la votación no calzara con la visita al Santo Padre.
Una jugada infantil y patética. Como si en el Vaticano no fuesen a enterarse de lo hecho por el representante de un país. ¿Será tan ingenuo de pensar que Robert Prevost desconoce la situación en Chile, mientras vivía su sacerdocio en Perú, hasta antes de su elección? ¿O que en Roma no leen las noticias ni hablan con los representantes locales de la Iglesia Católica? ¿Por qué lo hizo? ¿Una muestra de “deferencia”, de “respeto”? En realidad, es un insulto, un intento de ocultar una fechoría, de hacer pasar por tonto a otro. La verdad, es un poco ridículo: “Mire Santo Padre, llevo meses tratando de que el Congreso me apruebe una ley de eutanasia y presenté otra sobre el aborto libre hace unos meses, pero justo esta semana no se van a discutir ni votar, para que tengamos conversación más relajada. Eso sí, cuando retorne a Chile, vuelvo a ponerle máxima urgencia a las dos cosas”. No se puede tapar el sol con un dedo.
Como magistralmente describió Daniel Mansuy en su libro “Los inocentes al poder”, nuestro Presidente pertenece a esa generación del Frente Amplio que cree posible asumir el poder político sin asumir los costos de sus errores. Cree que puede presentar e impulsar proyectos de ley sobre aborto y eutanasia libre, cuestiones a las que la Iglesia Católica se ha opuesto, y que basta sacarlas de la pantalla mediática durante la semana en que visita al Papa para que no sea tema de conversación. Es lo mismo que ocurre con la nominación de la expresidenta Bachelet a la ONU: no se puede pedir a EE.UU. que no la veten, mientras borran o reinterpretan los tweets y declaraciones públicas de Boric contra Trump. Así como probablemente la nominación fracase, Boric tampoco logrará ocultarle el tema al Papa.
Pero la decisión es curiosa en otro sentido. En sus dos últimas Cuentas Públicas Boric ha enfatizado que se debe aprobar esta ley de eutanasia, y quiere dejarla como parte de su legado. Ahora, privilegiando las relaciones internacionales, decide postergar la votación. Le importa más su imagen ante el Papa que ser consecuente con sus ideas y electorado, e incluso por aquellos pacientes que cita como razón para impulsar la eutanasia.
¿Cree que el Papa no conoce al cardenal Chomalí, quien ha dado una fuerte pelea para evitar la aprobación de dos leyes que permiten el asesinato de las personas más inocentes y vulnerables de nuestra sociedad, como son los que están por nacer y los que están por morir? Boric, que tanta poesía lee y cita, ¿habrá leído Dignitas Infinita, que condena como atentados contra la dignidad los dramas de la guerra, la pobreza y la migración, pero también el aborto y la eutanasia?
La decisión también impacta en los senadores católicos, de cualquier signo político. Hace menos de un mes, León XIV destacaba la importancia de que los líderes políticos y sociales trabajen de forma coherente con su fe: “No hay separación en la personalidad de una persona pública: no hay por un lado el hombre político y por otro el cristiano. ¡Pero hay un hombre político que, bajo la mirada de Dios y de su conciencia, vive cristianamente sus compromisos y sus responsabilidades!”. Pero el Papa no ignora las consecuencias para el político católico que legisla conforme a su fe, y sabe de las presiones y los costos personales, sociales y políticos que puede implicar, y por eso los anima a tener valor: «el valor de decir a veces ‘no, no puedo’, cuando está en juego la verdad y a no perder la esperanza de un mundo mejor, manteniendo la certeza de que, unidos a Cristo, sus esfuerzos darán fruto y obtendrán su recompensa».
Vale la pena recordar que Robert Prevost, como Obispo de Chiclayo, apoyó la carta de la Conferencia Episcopal Peruana contra la decisión judicial de autorizar la primera eutanasia en dicho país: «la eutanasia siempre será el camino equivocado (…)». Invitamos a recordar lo que ha dicho el Papa Francisco: «La eutanasia y el suicidio asistido son una derrota para todos. La respuesta que hemos de dar es no abandonar nunca a quien sufre, no rendirnos, sino cuidar y amar a las personas para devolverles la esperanza».
La ternura del verdugo
Por Roberto Astaburuaga Briseño. Carta publicada en El Líbero el 9 de octubre de 2025.
Señor Director:
Daniel Loewe celebra la eutanasia como “una buena noticia”: signo de una civilización tan madura que el médico puede escoger si curar o matar según el gusto del paciente. Pero la realidad -esa señora que no lee a los sofistas- dice otra cosa: en Países Bajos las muertes por soledad y trastornos mentales crecieron un 10% en 2024, y Canadá debió postergar su expansión a enfermedades psiquiátricas tras constatar abusos. Cuando la compasión se vuelve política, se transforma en máquina, y las máquinas no tienen remordimientos. Chile, en cambio, ya reconoce el derecho a cuidados paliativos integrales y sedación terminal. Podemos aliviar el dolor sin administrar la muerte.
Loewe invoca la autonomía como fundamento moral supremo, pero su razonamiento gira sobre sí mismo: “La vida vale si la deseo; no la deseo, luego no vale”. Un espejo que se aplaude por coherente. Así, el pluralismo se convierte en dogma y el yo autónomo en religión de Estado. Paradójicamente, hay que respetar la valoración subjetiva de quien quiere morir, pero no la de quien niega ese axioma impersonal. La libertad se impone por decreto: el nuevo paternalismo ordena ser autónomo.
El Estado, antaño protector de la vida, ahora acompaña a la muerte con formulario y testigos lúcidos. No tutela para vivir, sino para desaparecer con protocolo. Y ese pluralismo que niega todo valor común acaba siendo un vacío compartido: si la vida es relativa, también lo son la libertad y la democracia.
Toda comunidad, incluso la más laica, necesita bienes indisponibles: la vida, la verdad, la justicia, la dignidad. Sin ellos no hay suelo común, sólo cálculo. Pero la panacea de la autonomía se desintegra: el individuo moderno, reducido a molécula moral, termina revelándose como un niño que juega a ser rey sobre una silla. Su “mayoría de edad” no es otra cosa que una rabieta perpetua contra todo padre, humano o divino.
En realidad, toda vida comienza como deuda: nadie se da el ser ni sobrevive sin otros. La autonomía existe sólo en relación. Cada argumento de Loewe que pretende entronizar al soberano autónomo se apoya en vínculos que muestran la ilusión: el pedestal nunca existió. El liberal cree sostenerse solo, cuando en verdad vive gracias a los demás.
No. La eutanasia no es una buena noticia: es la antesala del último formulario del Estado moderno: “Marque con una cruz si desea seguir existiendo”.
Y entonces, el liberal sonríe, el médico asiente y el paciente -libre, autónomo, plural- se convierte, al fin, en el ciudadano perfecto: el que ya no respira y, por lo mismo, ya no piensa. Cuando una sociedad autoriza a matar en nombre de la compasión, pronto descubre que la compasión es cara y la muerte, barata. Y así, el tan celebrado progreso liberal se revela como lo que es: la administración racional de la desesperación.
Roberto Astaburuaga Briseño – Abogado de Comunidad y Justicia
Lea antes de consumir: Presupuestos alto en perspectiva de género
Por Roberto Astaburuaga Briseño. Columna publicada en El Líbero el 6 de octubre de 2025.
La Ley de Etiquetado de Alimentos trajo las famosas etiquetas octogonales negras con la frase “ALTO EN” si es que determinados productos (papas fritas, chocolates, etc.) contenían una cantidad de calorías, azúcares, sodio o grasas saturadas mayores a las recomendadas. Así, la ley buscaba disuadir de comprar productos poco saludables. Sin embargo, un problema que enfrenta el consumidor común es que no lleva un registro de la cantidad de productos “ALTO EN” que ha comprado. Así, el efecto disuasivo en una compra se puede diluir al no considerar plazos mayores. Por ello, más de alguna vez, cerramos los ojos y simplemente pagamos. Pensamos “no se notará”, pero, si se repite una y otra vez, la acumulación de grasa nos pasa la cuenta. Igual que con la Ley de Presupuestos al meter la perspectiva de género, año a año, en cada ministerio, programa o capacitación posible.
La Ley de Presupuestos de este año es extremadamente alta en perspectiva de género. Tanto así, que la semana pasada, en la exposición de Hacienda y la Dipres ante la Comisión Especial Mixta de Presupuesto, en la que se informaron los principales números, el senador Macaya (UDI) llamó la atención sobre el etiquetado de la Dipres para identificar cuánto del gasto público contribuye a políticas de igualdad para mujeres: “El papel aguanta todo, pero de repente aguanta cosas que me gustaría entender de qué se tratan, para que me lo puedan explicar. (Hay cosas) tan especiales, por no calificarlo de otra manera, como el proceso etiquetado para un Presupuesto con Perspectiva de Género. O sea, que se etiquete un presupuesto con perspectiva de género es…, no sé, cuánto se gastarán en esto, a quién estarán contratando para estos fines, me parece que están mal puestas las prioridades”. Se concluyó que un 22,5% del Presupuesto tiene la etiqueta “ALTO EN PERSPECTIVA DE GÉNERO” (1,31% tiene contribución directa y el restante 21,2% lo hace indirectamente), lo que 18,5 billones de pesos, distribuidos en 22 ministerios.
Hace dos meses, la Diputada Labra (RN) exigía explicaciones al Ministerio de Energía por los casi $4.000 millones en gastos de la Oficina de Género. Posteriormente se descubrió que existían órdenes de compra por $29.000.000 de pesos en consultoría para un documento que promovía la realización de charlas sobre corresponsabilidad y nuevas masculinidades. Y estamos hablando solo de un ministerio.
Otra caso es el del Ministerio de Salud. Como muchas veces no se detalla el contenido de los programas en la Ley de Presupuestos, el Minsal deberá informar al Congreso si incluyen contenidos orientados a la transversalización del género, igualdad de género, perspectiva de género, nuevas masculinidades, orgullo LGBTQIA+, educación sexual, disidencias y/o diversidades sexogenéricas. Por otro lado, el Ministerio de Desarrollo Social y Familia, continúa financiando el PAIG (un programa que apoya la transición de niños identificados trans, desde los tres a los 17 años, y que deriva a intervenciones hormonales y quirúrgicas para el cambio de sexo, que pueden causar daños irreversibles, como la esterilidad), con más de $800 millones de pesos. En el Ministerio de la Mujer no se quedan cortos, comprando servicios profesionales para ciclos de perfeccionamiento en redacción jurídica forense y litigación con perspectiva de género. Existen cientos de órdenes de compra para capacitaciones en perspectiva de género en todos los organismos público, desde las municipalidades y seremis hasta las subsecretarías y órganos autónomos, que no están contabilizados en esos 18,5 billones. Y así suma y sigue.
Por supuesto que existen programas que buscarán (y lograrán) una ayuda real y no ideológica para ayudar a las mujeres, como el pago de pensiones de alimentos, cuestiones de salud o medidas especiales para madres en la cárcel que están embarazadas o con hijos pequeños. Pero otra cosa es pintar de color morado toda la Ley de Presupuestos y saltarse varios pueblos. Se requiere más números y menos ideología. Y como esto es algo acumulativo, la cantidad de ideología que le han metido año a año a la Ley de Presupuestos pasa desapercibida, hasta que la situación no da para más. El etiquetado de perspectiva de género en la Ley de Presupuestos es una advertencia para hacer doble click y recortar todo lo que sea necesario, a fin de destinar los recursos de forma responsable a las principales necesidades sociales de los chilenos.
Ningún chileno sobra
Por Roberto Astaburuaga Briseño. Columna publicada en El Líbero el 29 de septiembre de 2025.
Entre las cuestiones trascendentales, comunes y ciertas en todas las personas están aquellas referidas al origen y al fin de su existencia. Todos somos hijos de alguien y todos vamos a morir. Si bien podemos conocer detalles sobre nuestro origen, como la identidad de nuestros padres, no ocurre lo mismo con el término. Nadie sabe el lugar, la hora de su muerte ni el cómo de su muerte. Por lo mismo, siempre es inesperada. Chile y los chilenos se enfrentan, por decirlo de alguna manera, a distintas muertes.
Una de las más comunes es la muerte asociada a la delincuencia y a la crisis de seguridad. El aumento de homicidios en una década se ha quedado en discusiones sobre la forma de contabilizarlos y su variación interanual. Resulta chocante especialmente el aumento de víctimas menores de edad. El sicariato y las muertes violentas se han extendido. En 2024 se registraron 1.200 homicidios (6 por cada 100.000 habitantes), en donde más del 80% de las víctimas son hombres.
Otra se refiere a la muerte por suicidio y su relación con la crisis de salud mental. Chile enfrenta una durísima tarea en esta materia, superando a los homicidios: aproximadamente 2.000 suicidios en 2024 (10,3 por cada 100.000 habitantes), pero una proporción similar entre hombres y mujeres: cinco hombres por cada mujer. Las muertes atribuidas a suicidios aumentaron 10 veces en un siglo, pasando de 0,1% a un 2%. Un estudio de 2024, analizando datos entre 2019 – 2022, alertaba que «las conductas suicidas, autolesiones y suicidios están aumentando de forma alarmante en adolescentes chilenos», y según datos del Minsal del año pasado, el suicidio fue la principal causa de muerte de jóvenes entre 15 a 29 años.
La tercera acepción es la muerte demográfica. Chile se extingue: 1,16 hijos por mujer en 2024 (dentro del top 20 a nivel mundial). Mueren más de los que nacen. No hay recambio generacional. Los jóvenes chilenos no quieren tener hijos o los postergan. La crisis de natalidad está a la cola de la crisis económica y de seguridad. La inmigración no resuelve el problema, es la cultura chilena de baja natalidad la que impacta en la cultura migrante de alta natalidad y no al revés, por lo que disminuye la tasa de natalidad migrante en lugar de aumentar la tasa de natalidad chilena. Pero, al mismo tiempo, la cultura chilena comienza a perder lo más importante: quienes encarnan, viven y trasmiten la cultura. Muere un país, muere una cultura y una identidad, mueren tradiciones.
Una última referencia son los muertos “egresados” de las listas de espera. En los últimos tres años, más de 30.000 pacientes pacientes “egresaron” por fallecimiento, independiente de su causa, aunque muchas veces la muerte guarda relación con el retraso de atención. Si bien se han hecho esfuerzos para disminuir la cantidad de días de espera, la calidad de vida de estos pacientes se deteriora, física y psicológicamente. Son muertes de quienes «vivieron la espera no desde un intervalo transitorio, sino como un estado permanente, una espera que fragmenta el tiempo y transforma la vida en un eterno ´mientras tanto`, en el que la solución nunca llega».
Imposible no conectar este tipo de muertes. La crisis de natalidad, cuya solución no solo depende de resolver la crisis económica, impactará en la cantidad de muertos “egresados”: una fuerza laboral baja, con problemas de salud mental e incapaz de sostener a una población de adultos mayores creciente hará reventar los sistemas de seguridad social. Pero no basta la tecnocracia.
Chile necesita un cambio de switch rápido y profundo, y parte de su futuro depende de ello. Nadie se salva solo. Hay que cuidar la vida de cada chileno: la de los que vienen, porque traen esperanza; la de los que están, porque cuidan; y la de los que van partiendo, porque transmiten identidad. Ningún chileno sobra, pero no por lo que aporta o puede aportar, sino por ser persona. La dignidad que le corresponde a cada persona es incondicionada y, como señala Dignitas Infinita, «más allá de toda circunstancia y en cualquier estado o situación en que se encuentre».
El gobierno busca una ley de eutanasia libre
Por Roberto Astaburuaga Briseño. Columna publicada en El Líbero el 22 de septiembre de 2025.
La discusión sobre la eutanasia no ha puesto suficiente atención al detalle normativo del proyecto de ley que el gobierno está impulsando. Es contradictorio que en un Estado al servicio de la persona se defienda la idea de legalizar el asesinato de un ser humano inocente con su consentimiento. El peligro es aún peor considerando la acelerada tasa de envejecimiento, la crisis del sistema de salud y el desborde en la situación de salud mental.
Por otro lado, la señora Sofía Salas afirma que «el presente proyecto de ley dista mucho de ser de «‘eutanasia libre'», como yo sugeriría. En la columna señalé «las causales de eutanasia (…) de las indicaciones del Ejecutivo (prácticamente, eutanasia libre)», cuestión que mantengo, por lo que complementaré sus aclaraciones.
En primer lugar, las indicaciones del Ejecutivo eliminan que el requisito de reiteración de la solicitud de eutanasia conste por escrito y los cuatro momentos establecidos por el proyecto de ley. Que la solicitud sea simplemente reiterada, sin dar detalles, es una exigencia de papel. Además, el gobierno eliminó que la certificación de ausencia de perturbaciones psíquicas que afecten la capacidad de tomar decisiones sea hecha por un psiquiatra, sino que debe ser por un médico tratante, el cual hace el seguimiento al paciente. Pastelero a tus pasteles.
Pero, al mismo tiempo, previendo una eventual duda del psiquiatra permite que se pida una segunda opinión a otro médico. ¿Cuál opinión prevalece, si son contradictorias? Asimismo, y esto es lo que va al fondo del asunto, el Minsal sustituye las dos causales de eutanasia o el suicidio asistido originales -(1) enfermedad terminal (aquella que sea incurable, irreversible y progresiva, sin posibilidades de respuesta a los tratamientos curativos y con un pronóstico de vida limitado), o (2) por el cumplimiento de requisitos copulativos: una enfermedad o dolencia seria e incurable, caracterizada por una disminución avanzada e irreversible de sus capacidades, que le ocasiona sufrimientos físicos persistentes e intolerables y que no pueden ser aliviados en condiciones que considere aceptables- por la siguiente: una condición o enfermedad grave e incurable o terminal. No se exige nada más: ni dolor, ni corto tiempo de vida, ni disminución de las capacidades, etc. Ningún país ni jurisdicción ha tenido la frialdad de aceptar algo así.
Esto es un verdadero bolsillo de payaso que abre la puerta a la eutanasia libre. Aquí cabe desde la anorexia hasta el cáncer. Basta recordar la inquietud de varios promotores y defensores en una sesión parlamentaria sobre el universo de personas que podrían solicitar la eutanasia.
Adicionalmente, la ministra Aguilera propone crear un comité que realice un control obligatorio ex ante de la realización de la eutanasia, eliminando el control ex post (lo que impide fiscalizar el cumplimiento de los requisitos al realizar la eutanasia), pero dicho comité sólo puede ser integrado por funcionarios públicos, impide que los objetores sean parte de él o sean invitados, y no establece una sanción en caso de que el médico incumpla la decisión del Comité, ni siquiera la de denunciar.
Por lo demás, basta ver cómo la pendiente de los países que legalizan la eutanasia se vuelve cada vez más resbaladiza. A los belgas les dijeron que sólo se aplicaría para adultos, pero 10 años después bajaron los criterios etarios. A los holandeses les aseguraron que les informarían sobre el momento de la eutanasia, pero en 2019 un caso judicial aprobó la eutanasia de alguien con demencia que no podía ser informado ni consentir y tuvo que ser inmovilizado para la inyección letal. A los canadienses les prometieron que la eutanasia se aplicaría sólo si la muerte era razonablemente previsible, pero ya no se exige. A los colombianos los calmaron con que sólo se aplicaría en fase terminal, pero eliminaron el requisito en 2021. Y todo esto acompañado de casos de eutanasia contra o sin la voluntad del paciente.
En resumen, una solicitud “reiterada”sin decir cómo, una certificación sobre el estado de lucidez del paciente que no la hace un psiquiatra, una causal que es un verdadero bolsillo de payaso y un comité ad hoc sin molestosos.
Como dije, el gobierno busca una ley de eutanasia libre.
Pluralismo con bozal
Por Roberto Astaburuaga Briseño. Carta publicada en El Líbero el 21 de septiembre de 2025.
Señor Director:
Sofía Salas nos tranquiliza: las religiones pueden hablar en público… siempre y cuando digan lo que ella considera razonable. Es decir, pluralismo con bozal. Un pluralismo tan abierto que excluye de entrada cualquier argumento que supere su definición privada de razón. Así, en nombre de la diversidad, se pide uniformidad; en nombre de la libertad de expresión, se predica censura previa.
Sus ejemplos lo confirman. Cita a musulmanes y testigos de Jehová para demostrar que hay convicciones religiosas incomunicables. Y, con un elegante giro, concluye que sólo pueden entrar en la plaza pública aquellas afirmaciones que ella apruebe como “razonables”. Pero ¿qué es lo “razonable”? El filtro es tan neutro como un examen que sólo aprueba a los que piensan igual que el examinador.
De este modo, se nos pide a los creyentes no “imponer” nuestras creencias… imponiéndonos la creencia liberal de que sólo la razón reducida merece ser escuchada en la plaza pública. Se acusa a la Iglesia de fideísmo, pero se cae en el fideísmo secular: fe ciega en una neutralidad imposible sobre la cual el diálogo es discusión de sordos.
El verdadero pluralismo no consiste en domesticar la voz de la Iglesia, sino en permitir que se escuche en toda su amplitud. No es la primera vez que se pretende silenciar la voz de la fe en nombre de la razón. Durante la Revolución Francesa, la Virgen María fue expulsada de Notre Dame y en su lugar se entronizó a la “diosa Razón”. Una fiesta solemne, con discursos grandilocuentes, cantos a la neutralidad y promesas de libertad universal. Todos sabemos el desenlace: no vino la paz de los libres, sino la guillotina, los templos convertidos en establos y el reino del terror. La razón, cuando se queda sola y se proclama diosa, indefectiblemente se traiciona a sí misma, siendo reemplazada por la fuerza de una dictadura.
La propuesta de Salas, en versión light, se parece mucho a esa escena: “saquen a María del debate público y pónganle flores a la diosa Razón”. Una sustitución elegante y aséptica que, en nombre de la neutralidad, termina siendo la más dogmática y violenta de las religiones.
Roberto Astaburuaga Briseño – Abogado de Comunidad y Justicia
La voz de la Iglesia en el debate público
Por Roberto Astaburuaga Briseño. Columna publicada en El Líbero el 15 de septiembre de 2025.
En su columna del jueves pasado, Sofía Salas repite un viejo dogma del liberalismo: la Iglesia no debe “imponer sus creencias” y, en el debate público, solo puede hablar con “argumentos racionales”.
El punto tiene algo de verdad. Santo Tomás de Aquino enseña que, para persuadir a quien no acepta lo divino, hay que recurrir a principios comunes de razón natural. Pero Tomás jamás dijo que la Iglesia deba callar su fe. Una cosa es el arte de persuadir, otra muy distinta es el deber de dar testimonio. El sofisma radica en disfrazar el laicismo racionalista como legítima crítica al fideísmo. La táctica es clara: la Iglesia es bienvenida en el foro mientras deje de ser Iglesia.
El laicismo exige que la Iglesia no moleste y se limite a “persuadir” con razones neutras, olvidando lo obvio: nada persuade más que el testimonio fiel. Es el argumento que se encarna, la palabra que se hace carne. Al renunciar al testimonio, se renuncia también a persuadir. Digamos la verdad sin rodeos: “Iglesia, exprésate igual que el resto, Chile es un Estado laico”, lo que en traducción simultánea significa: “no digas nada”.
Así se termina aceptando una Iglesia reducida a un seminario de lógica formal. Una Iglesia con tiza y pizarrón, pero sin altar ni sagrario; un profesor simpático que presenta silogismos “neutros” y luego abandona la sala para no incomodar. Lo que Salas presenta como “sana laicidad” es, en realidad, laicismo ideológico: la pretensión de que solo ciertas voces pueden hablar con todas sus convicciones, mientras a las demás se les exige mutilarlas. Se nos pide a los creyentes dejar la fe en la puerta del foro público, como quien se saca los zapatos al entrar en casa ajena. Pero el espacio público también es nuestra casa.
La ideología liberal que destila la columna de Salas es, en el fondo, una religión que exige fe en su dogma de “neutralidad”. Porque la fe más supersticiosa hoy no es la del campesino que se arrodilla en una ermita, sino la del ciudadano burgués que reza al evangelio del desinfectante: jura que no tiene fe, mientras lleva un frasco de alcohol gel en el cerebro. La ironía es evidente: quienes piden excluir la fe del debate público lo hacen movidos, ellos mismos, por convicciones que trascienden la pura razón. Fe en el progreso, fe en la autonomía, fe en la neutralidad imposible, fe en que hablan sin agenda. Prohíben a la Iglesia hacer lo que ellos practican sin cesar.
Esa confianza ciega en un liberalismo clínicamente aséptico, que promete neutralidad mientras exige devoción absoluta a su vacío, es la más ideológica de las imposiciones. Se presenta como plenitud cívica, pero no pasa de suero envenenado: mata el alma y esteriliza toda posibilidad de vida virtuosa en común, limitando el horizonte a la inmanencia e higiene -tan alegre, tan pulcra, tan neutra…- de un cementerio.
Reducir la voz de la Iglesia a un manual de ética civil es tan absurdo como pedirle a un médico que solo diagnostique, pero nunca recete; o invitar a un poeta a recitar, pero prohibiéndole la metáfora porque “no todos creen en la belleza”. Callar las razones de fe no es neutralidad, es censura. Y se nos presenta como pluralismo lo que, en realidad, es un monólogo obligatorio.
La concesión liberal que se nos ofrece -ese metro cuadrado delimitado por la sola razón natural- obliga a la Iglesia a disfrazarse de cátedra neutral, exigiéndole de facto (y de iure, no seamos ingenuos) renegar de lo que es. Si la Iglesia renunciara a esa misión, sería infiel a sí misma. Sería como un faro que apaga la luz para no ofender a los marineros que prefieren navegar a oscuras. Pedir a la Iglesia que no sea Iglesia es como permitir que un árbol esté en la plaza con tal de que no dé sombra. Muy tolerante.
Más aún, el silencio mundanizado que algunos quisieran imponer a la Iglesia no repara en su consecuencia inmediata: la clausura del misterio y, con ella, el aburrimiento. La razón emancipada del asombro se convierte en racionalismo: no canta, grita; no abre, encierra. Como advirtió Chesterton, la esfera perfecta del racionalista es impecable y sin fisuras, pero también sin ventanas. El loco no carece de razón -decía en Ortodoxia-: tiene solo razón, y nada más.
Por eso el racionalismo es, en esencia, un somnífero. Con discursos largos y bostezos solemnes, reduce la vida a planilla Excel. Creyó que matando al misterio conquistaba el mundo; lo único que conquistó fue el tedio. Y cuando un aburrido tiene poder, se vuelve más peligroso que un loco con cuchillo: la historia lo demuestra con guillotinas, gulags, hornos de Auschwitz y clínicas eugenésicas o abortistas, todas justificadas con lógica impecable.
La cruz, en cambio, no es una esfera perfecta sino una paradoja viva: un palo que interrumpe otro palo, figura que se abre hacia los cuatro vientos y siempre expande la mirada. Mientras la razón sola termina encerrándose en sí misma, la razón acompañada por la fe florece en sabiduría. Lo más irracional es pretender ser pura razón. Lo más lógico, al final, es arrodillarse.
El cristianismo no aburre porque no clausura nada: allí siempre hay paradoja, fiesta, don. La fe introduce en el debate público palabras y paradojas insoportables para el manual racionalista: gracia, pecado, salvación, ángeles y demonios, misericordia; felices los que lloran, los pobres, los hambrientos y los perseguidos, quien pierde su vida la encuentra. Son expresiones que devuelven a la política su dignidad de servicio al hombre real, con hambre y esperanza reales. Expulsar esas verdades no es neutralidad, sino manipulación.
Un discurso racionalista puede inflar el pecho con “valores” -esa palabra tan superflua que sirve para todo y para nada-, pero, como recordó León XIV, valores sin Cristo son globos desinflados: flotan un rato en los cumpleaños infantiles, pero no cambian el mundo.
Y solo la Iglesia cambia el mundo. No fue instituida para recitar eslóganes dulzones bajo la indulgente permisión laicista, el engaño liberal y el soporífero techo del racionalismo, sino para anunciar a Cristo vivo y procurar que su Reino eche raíces: en los corazones, en las leyes, en las escuelas y en el hogar, todo en perfecta armonía con la razón natural, pero sin limitarse a ella, curando y elevando nuestra miserable naturaleza a punta de paradojas y misterios insondables que arrancan carcajadas. Esa es la Iglesia. Esa es su misión. Ese es su derecho. Ese es su irrenunciable deber.
Por un tercer y bien puesto portazo al aborto libre
Por Roberto Astaburuaga Briseño. Columna publicada en El Líbero el 8 de septiembre de 2025.
En plena campaña electoral, el gobierno está tirando toda la carne a la parrilla. Lo que no hizo en cuatro años, quiere hacerlo en pocos meses. Quiere darse un gustito. Hay una crisis enorme en el sistema de salud, con listas de espera y problemas de financiamiento, pero Boric, Orellana y Aguilera priorizan el aborto (y la eutanasia) libre.
Esperaron a que comenzara la carrera electoral para ponerle urgencia y acelerar la tramitación. Dicen que no tienen los votos, pero les importa más que se discuta, y que pueden negociar la cantidad de semanas para realizar el aborto. Como si se tratara de regatear el precio de la verdura en la feria. Es de una frivolidad y crueldad impresionante. Se dicen feministas, pero no dudan en instrumentalizar el dolor y la vulnerabilidad de la mujer para subir uno o dos miserables puntitos en la Cadem semanal, fidelizando a su 30%. Amiga, date cuenta. Si realmente les importara, lo hubieran presentado antes. ¿Y ahora se vienen a preocupar de las mujeres que abortan y supuestamente mueren, son encarceladas o de bajos recursos? Tuvieron que inventar excusas para atrasar la presentación del proyecto y esperar a apretar el acelerador para que calzara con la campaña electoral. Tampoco les importa no tener los votos. Quieren que se hable de aborto, pero porque sí. Ahí van preparando miradas serias, voces lastimeras y lágrimas de cocodrilo, con el pañolito verde amarrado y alguna cancioncita nueva que se habrán inventado. Un show despreciable y miserable.
El proyecto de ley, por supuesto, está al nivel de las iniciativas de la Convención Constitucional. Aburridamente reiterativo, citando la opinión de cuanto comité internacional se les cruza, el proyecto sería tres veces más corto. La circularidad de sus argumentos daría risa si no se tratara de un tema delicado. Las cifras y estudios manipulados convenientemente intentando que digan lo que no pueden decir. Por supuesto, a escondidas, intentan ampliar las causales vigentes. Si se les debe reconocer que no lo redactaron en lenguaje inclusivo y ahora ocupan la palabra mujer y no persona gestante, persona con capacidad de gestar. Al menos eso aprendieron… aunque basta una levantada de ceja del lobby trans para pedir perdón y cambiarlo.
Como buenos reyes de la voltereta, predican contra la discriminación, pero prefieren ignorar la eugenesia del aborto libre, que se ensaña especialmente en los niños no nacidos con Síndrome de Down (SD). En la mayoría de los países que cuentan con buenas técnicas de diagnóstico prenatal es posible detectarlo a través de la amniocentesis, un estudio con líquido amniótico que sirve para detectar enfermedades o anomalías, como la del SD. Sin embargo, el mal uso de estas técnicas cuando se permite el aborto libre ha provocado un antes y después en la cantidad de nacimientos de estos niños. Se ha calculado que en Europa el 54% de los casos en que se detectó síndrome de Down terminaron en aborto, cifra que sube a 83% en España y al 92% en Islandia. Para ellos no hay inclusión. Hasta ahí no más con la diversidad.
Ninguna vida vale menos, haya nacido o no. Toda madre tiene el derecho a exigir del Estado y la sociedad la ayuda necesaria antes, durante y después del parto para traer su hijo al mundo.
Chile ya les dijo que no quiere el aborto hasta las 14 semanas, cuando la Cámara rechazó en 2021 un proyecto de ley similar. Les volvió a decir que no cuando quisieron meter el aborto libre como un derecho en la Constitución. Pero parece que no aprenden. Será necesario un tercer portazo.
Encuestas sobre eutanasia: volver a la ley del más fuerte
Por Roberto Astaburuaga Briseño. Columna publicada en El Líbero el 1 de septiembre de 2025.
Esta semana, la Comisión de Salud del Senado terminará de escuchar a los expositores sobre el proyecto de ley de eutanasia, para luego votarlo en general. Sus promotores han enfatizado dos argumentos: el largo tiempo que lleva en el Congreso y el alto apoyo ciudadano, según distintas encuestas. Hay que hacer un doble click.
El origen del actual proyecto de ley de eutanasia se remonta a cuatro iniciativas de diputados: una de 2011, otra en 2014 y dos en 2018. Todas ellas fueron refundidas en agosto de 2018, aprobándose por la Cámara y despachándose al Senado en abril de 2021. En cuatro años, el Senado solo ha destinado 10 sesiones para su revisión (cinco en 2021, ninguna en 2022 y 2023, 2 en 2024 y 3 en 2025), lo que totaliza apenas cuatro horas de discusión en los últimos dos años. Que un proyecto lleve varios años en el Congreso no significa que se discutió con profundidad. Es evidente que no ha existido un debate serio y profundo, en comparación con otros temas vitales y profundamente delicados. El Gobierno apura al Senado, buscando legislar a matacaballo.
El segundo argumento apunta a las encuestas ciudadanas. Partamos reconociendo que los ciudadanos no son infalibles y se pueden equivocar: el nivel de apoyo o rechazo ciudadano a una medida no dice nada sobre su licitud o ilicitud. Hay medidas controvertidas con gran apoyo ciudadano, pero de ello no se sigue que deban legalizarse o apoyarse: 65,7% repondría la pena de muerte (Signos; mar., 2025); 70% prefiere tener seguridad sobre libertad (Criteria; nov. 2022); 88% apoyaba un segundo retiro del 10% (Pulso; nov., 2020).
Además, la opinión puede cambiar, especialmente si se trata de mediciones a largo plazo: ¿un joven sano que apoya la eutanasia a los 18 o 25 años tendrá la misma opinión cuando sea un adulto mayor de 70 años? ¿Acaso no ha cambiado la opinión ciudadana en temas como apoyo a la migración o retiros de AFP, considerando especialmente los efectos que han tenido? Si se aprueba la eutanasia porque hoy tiene apoyo ciudadano, ¿se podrá revertir si la opinión cambia el día de mañana? No es responsable legislar basándose en encuestas.
Los encuestados pueden estar apoyando algo con lo que en realidad no creen y la aprobación real a la eutanasia sea mucho menor. Un estudio canadiense de 2007 mostró que los encuestados confundía la eutanasia con el retiro de tratamientos (66%), con la provisión de analgésicos que alivian el dolor que también aceleraran la muerte (49%) y con la suspensión del tratamiento (38%). Muchas encuestas no definen lo que es la eutanasia ni se explica cuando se ocupan eufemismos como muerte anticipada/digna/asistida o solicitar/recibir asistencia médica para morir. Es decir, «si la formulación de qué es eutanasia no es precisa, es más probable que los encuestados confundan términos y declaren apoyar algo en lo que en realidad no creen» (Suazo, Un atajo hacia la muerte, p. 26).
Por otro lado, en las encuestas no se pregunta por una opción para aliviar el sufrimiento distinta de la eutanasia, sino que lo reducen a apoyar o rechazar la eutanasia, provocando que los encuestados entiendan, como advertía Houellebecq, que se les pregunta si preferirían que les ayudaran a morir o pasar el resto de su vida en un sufrimiento terrible. Las encuestas no incluyen la alternativa de los cuidados paliativos. Sea porque ignoren su existencia de los cuidados paliativos o no este en las alternativas de respuesta, la aprobación de la eutanasia, como “salida” al dolor, es mucho más alta de lo real.
¿Quiénes responden las encuestas? ¿Enfermos terminales y/o incurables? Las encuestas no detallan el estado de salud de los encuestados, pero difícilmente serán personas que están en situaciones de enfermedad terminal y con dolores insoportables. Los estudios revelan que los pacientes que entran a unidades de cuidados paliativos solicitando la eutanasia, luego de un tiempo, desisten de esta idea: el dolor se alivia, la soledad se reemplaza por el acompañamiento. Si los sanos deciden por los enfermos Chile retrocede a la ley del más fuerte imponiéndose sobre el más débil.
Además, algunas encuestas revelan que los sectores socioeconómicos más vulnerables y los grupos de mayor edad son los que menos aprueban la legalización de la eutanasia: el sector D-E (68,5%) tiene 10,1 puntos menos que el sector ABC1 (78,6%); los de 51 años o más (57,4%) tienen más de 20 puntos de diferencia con los de 18 a 30 años (84,4%) (Pulso Ciudadano; junio, 2025).
Esto es especialmente relevante, porque las causales de eutanasia del proyecto de ley y de las indicaciones del Ejecutivo (prácticamente, eutanasia libre) están muy lejos de coincidir con los supuestos de las preguntas de las encuestas, y, en el fondo, con las convicciones reales de los chilenos.