Comunidad y Justicia

Opinión

Columnas y cartas del equipo de Comunidad y Justicia publicadas en la prensa.

Los candidatos presidenciales y el PAIG

Por Roberto Astaburuaga Briseño. Columna publicada en El Líbero el 10 de noviembre de 2025.

Sea quien sea el próximo presidente de Chile, debe suspender la ejecución del Programa de Acompañamiento a la Identidad de Género (PAIG). Un “programa social” dirigido a niños entre tres a 17 años que se perciben del sexo opuesto y que impulsan esa percepción mediante el enfoque transafirmativo, y que además deriva a los niños a intervenciones hormonales que son verdaderos experimentos capaces de provocar daños irreversibles. Un programa, que a pesar de ser objetado técnicamente, se incluyó en el proyecto de Ley de Presupuestos para el 2026. Cada candidato puede tener sus razones para decidir si se continua o no con una agenda trans que viola sistemáticamente los derechos humanos de los niños.

De partida, solo un candidato se refiere explícitamente al PAIG: Jeannette Jara, del Partido Comunista. La medida 221 de su programa de gobierno propone mejorar y reforzar el PAIG para que la identidad de género de los jóvenes trans “no sea motivo de ruptura familiar y para otorgarle legitimidad pública a este servicio social”, y entre las medidas de refuerzo no hay nada mejor que elaborar (o publicar) recomendaciones técnicas sobre hormonoterapia en jóvenes trans. Si, la candidata del oficialismo propone hormonizar menores, usarlos como conejillos de Indias, destruyendo sus cuerpos y mentes y contribuir al enriquecimiento de la industria farmacéutica. Así, se propone una política pública sustentada en evidencia científica de la peor calidad posible y contraria a las reacciones de los países pioneros en esta brutal maquinación que han decidido restringirlas o derechamente prohibirlas. Una decisión que no sorprende, considerando que 29 diputados oficialistas (desde la DC al PC) –muchos de los cuales van a la reelección– rechazaron el Informe de la Comisión Investigadora Nº57 de la Cámara de Diputados que proponía suspender el PAIG y no permitir intervenciones hormonales ni quirúrgicas transafirmativas en menores de 18 años. En este sentido, el programa de gobierno de Jara sigue la senda del programa de gobierno de Boric.

Ni Johannes Kaiser, ni Evelyn Matthei ni José Antonio Kast se refieren explícitamente al PAIG en sus programas presidenciales, pero un punto en común es que todos se han pronunciado en contra del tema en distintos momentos y destacados parlamentarios de sus partidos han realizado un trabajo de fiscalización y alerta de forma seria y rigurosa, buscando proteger a los niños y a sus familias.

Prácticamente, casi todos los partidos de oposición, salvo Evópoli y Demócratas, han tenido una postura clara y tajante en proteger a los niños, al igual que pocas y valientes excepciones de diputados de partidos del oficialismo. Casi todos los diputados de Chile Vamos (salvo Evópoli), Republicanos, Social Cristianos, Demócratas, Amarillos y Libertarios firmaron la solicitud para la creación de la Comisión Investigadora mencionada; hubo al menos un representante de cada partido en dicha Comisión y más de 50 de ellos aprobaron el Informe Final y solo dos lo votaron en contra (Erika Olivera y Francisco Undurraga). Lo mismo ocurrió en el Senado respecto a prohibir que el Minsal financiara intervenciones hormonales transafirmativas a menores en la Ley de Presupuestos del año pasado (salvo por los votos de Kast y Walker) y defender la norma prohibitiva cuando el gobierno la llevó al Tribunal Constitucional.

Si Dios quiere, quien llegue a La Moneda el próximo año contará con un amplio apoyo ciudadano, político y parlamentario para terminar con pseudomedicina experimental, basada en ideología y sin evidencia que causa daños irreparables, y entregar una ayuda real, seria, responsable y que busca lo mejor para miles de niños confundidos y padres asustados. Esa es la oportunidad que tienen los candidatos presidenciales y el bien que pueden lograr.

La eutanasia como un factor de aumento de las tasas de suicidio

Por Roberto Astaburuaga Briseño. Columna publicada en El Líbero el 3 de noviembre de 2025.

Existen muchas y muy buenas razones para oponerse a la legalización de la eutanasia en Chile, pero nos parece relevante abordar el tema del suicidio, debido al alarmante estado de salud mental, y de altas tasas en nuestro país, y el impacto que tendría la legalización de la “muerte digna”.

En el debate sobre eutanasia y/o suicidio asistido (ESA), quienes la apoyan, sostienen que legalizarla reduce la tasa total de suicidios y pospone los que se produzcan, mientras que quienes se oponen señalan que aumentarían tanto las muertes por ESA como por suicidio. En abril de 2022, D.A. Jones comparó las tasas de suicidio entre los países europeos que han legalizado la eutanasia/suicidio asistido y algún país vecino que no lo haya hecho, por cada 100.000 habitantes, entre 1990 y 2016.

Comparando la evolución entre Bélgica y Francia, desde que Bélgica legalizó la eutanasia/suicidio asistido en 2002, la tasa de suicidios no asistidos ha disminuido (3,6: de 19,5 a 15,9), pero no tanto como en Francia durante el mismo período (5,3: de 17,6 a 12,3). La diferencia también se nota si se trata de mujeres: la disminución en Francia fue de 3.7 y en Bélgica fue 1.7. Esto último puede explicarse porque desde 2002 en Bélgica las tasas de muerte autoinfligida aumentan de forma pronunciada y constante. En 2016, Bélgica tenía la tasa de suicidio más alta de la OCDE en Europa occidental. Entre Suiza y Austria, desde 1990, las tasas de suicidio no asistido en Suiza y Austria disminuyen paralelamente, pero, mientras en Austria continuaban descendiendo, en Suiza la tasa de muertes autoiniciadas (suicidio no asistido más suicidio asistido) se estabiliza en 1998 (19,0), cuando el gobierno codifica el suicidio asistido como distinto a otras formas de suicidio, y luego comienza a aumentar (de 16,1 en 2010 a 22,2 en 2017). En las mujeres es aún más dramático: entre 1990 y 2017 la disminución de las tasas de suicidio no asistido es muy similar entre Austria y Suiza. Sin embargo, la tasa de suicidio (asistido y no asistido) de suizas de 9,4 en 1998 casi se duplica a 18,6 en 2017, mientras que la tasa de suicidio no asistido de austriacas bajó de 8,7 a 5,0 en el mismo periodo.

El estudio concluyó que en comparación con las jurisdicciones vecinas sin eutanasia/suicidio asistido, los estados que sí las legalizaron «muestran pruebas claras de un aumento de las muertes autoinducidas y algunas pruebas de un aumento de los suicidios no asistidos». Por otro lado, «ninguna jurisdicción muestra una reducción en el suicidio no asistido tras la introducción» de la eutanasia/suicidio asistido en comparación con los estados vecinos que no la legalizaron.

Otro estudio del mismo año midió las tasas de suicidio en diez estados de EE.UU. que legalizaron el suicidio asistido hasta finales de 2019, comparando los cambios en las tasas de suicidio antes y después de la implementación legal con los estados que no aprobaron dichas leyes. El «análisis considera tanto las tasas totales de suicidio (es decir, incluyendo los suicidios asistidos) como las tasas de suicidio sin asistencia». Concluyeron que existía «evidencia sólida de que la legalización del suicidio asistido se asocia con un aumento significativo del 18% de las tasas totales de suicidios», y este aumento «mostró mayor intensidad en los mayores de 64 años y en las mujeres (40%)». Reconocen que existe «evidencia menos sólida de que el suicidio asistido también se asocie con un aumento de los suicidios sin asistencia (aproximadamente un 6% de aumento en general, un 13% en mujeres). Y no se encontró evidencia de que las leyes de suicidio asistido se asocien con una reducción en las tasas de suicidio totales o de suicidios sin asistencia».

Es necesario considerar lo anterior, tomando en cuenta al realidad chilena. Un estudio de agosto de 2024 (UNAB), revisó el aumento del suicidio en Chile (1920-2010): la tasa actual de suicidio para Chile es superior a 10 por cada 100.000 habitantes (2%), sobre promedio mundial (1,3%); durante la década de 2010, el 53% de todos los suicidios fueron cometidos por personas de 40 años o más, un aumento respecto del 23% durante la década de 1920; y, el 29% de todos los suicidios durante la década de 2010 fueron cometidos por hombres mayores de 50 años, frente al 10% en la década de 1920. Los resultados de la ENS 2016-2017 muestran que, en el país, 1 de cada 10 personas de 18 años y más, ha “pensado seriamente en suicidarse” alguna vez en la vida. Para 2022, los decesos aumentaron a 10,3 casos por 100.000 habitantes.

En 2023, se presentó un proyecto de ley en la Cámara de Diputados que buscaba consagrar el derecho a un permiso laboral por hasta 15 días en caso de que un familiar requiera acompañamiento por un riesgo cierto de suicidio (Boletín Nº 16267-13). En la fundamentación del proyecto de ley, se indicaba que Chile, en 2019, era el sexto país de América Latina y el Caribe con mayor alta tasa de suicidios con 9 por cada 100.000 habitantes, mientras que el promedio de la región fue 6,2, según cifras del Banco Mundial (El País).

Legalizar la eutanasia sí tiene efectos en la tasa de suicidios: la aprobación de la primera no implica un descenso de la segunda, si no que lo contrario: la evidencia comparada sugiere que sería un factor importante en el aumento de las tasas totales de suicidio y, si bien no con el mismo nivel de certeza, también incidiría en las tasas de suicidio asistido. Chile se encuentra en una delicadísima situación de salud mental, con tasas de suicidio crecientes y mayores a las del promedio mundial. Es altamente probable que, al permitir la eutanasia en Chile, se potencie uno de los factores de riesgo para la realización de suicidios. Lo anterior afectaría políticas públicas tales como el Plan Nacional de Salud Mental 2017–2025, el Programa Nacional de Prevención del Suicidio o el programa Quédate.

$1.062.125.000 de pesos para implementar la eutanasia en Chile

Por Roberto Astaburuaga Briseño. Columna publicada en El Líbero el 27 de octubre de 2025.

Ese es el precio que el gobierno fijó para implementar la eutanasia en Chile: $1.062.125.000 de pesos el primer año y $862.286.000 para los siguientes, según el Informe Financiero. A nivel individual es bastante menor: cada procedimiento eutanásico costaría $134.780 pesos por persona. Pero, ¿de dónde saldrán los recursos para financiar la eutanasia? ¿Están contemplados en las partidas del Minsal o Tesoro Público del proyecto de ley de Presupuestos 2026? ¿O logran que se apruebe la ley y le dejan el problema de financiarla para el siguiente gobierno?

Así, de aprobarse e implementarse la eutanasia en Chile, al menos 800 millones de pesos serían para financiar su ejecución. El gobierno calcula que serían 240 solicitudes anuales de las cuáles se acogerían 120. Pero cualquier persona con un mínimo de conocimiento sobre la evolución de la eutanasia a nivel comparado sabe que es una pendiente resbaladiza y que año a año aumenta la cantidad de pacientes asesinados por “compasión”. Y si la cantidad de pacientes aumenta, el financiamiento también requerirá una expansión.

¿Acaso estos recursos no podrían tener un mejor destino, como aumentar el presupuesto para capacitar pediatras o perfeccionar servicios de salud mental, entre mil cuestiones más que requieren atención urgente e inmediata?

¿Cuánto más mejoraría la situación de miles de pacientes si esos mil millones de pesos se destinaran a cuidados paliativos (CP)?

Podría contratarse a más equipos multidisciplinarios para atención domiciliaria, incluyendo enfermeras, psicólogos y kinesiólogos, enfocándose en regiones con baja cobertura en CP. También permitiría adquirir más medicamentos e insumos de acuerdo a lo recomendado por la OMS (analgésicos, opioides, bombas de infusión y oxígeno portátil), así como invertir en la compra de más camas paliativas. Se podría ampliar la atención al capacitar a unidades de hospitales rurales o que permita el seguimiento remoto a través de telemedicina. Se estima que la cantidad de pacientes que requerirán de cuidados paliativos en las próximas décadas aumentará casi el doble: de 117.000 pacientes en 2021 a 209.000 en 2050.

Por supuesto, no es un tema de pesos más o pesos menos. Aunque no costara ni un solo peso, la eutanasia seguiría siendo un acto intrínsicamente inmoral.

Pero tampoco puede ignorarse que en las circunstancias económicas a nivel nacional y las necesidades prioritarias a nivel sanitario, la aprobación e instalación de la eutanasia es de una frivolidad y desconexión brutal. ¿Cuántos chilenos sufren en sus regiones por tantas carencias, problemas, atrasos, postergaciones y dolores, y resulta que los senadores que los representan aprueban que fondos multimillonarios se derrochen en leyes que contradicen el sentido común de los chilenos? Algunos dirán que las encuestas reflejan un apoyo mayoritario, pero sería distinto si la pregunta se formulara considerando las necesidades del ámbito de salud según la realidad del distrito y la alternativa de elegir que esos cuantiosos recursos se destinen a solucionarlo o a implementar la eutanasia.

Probablemente, la señora Juanita prefiera que esa plata se destine a comprar remedios, a mejorar el Cesfam que atiende a su hija o tener mejores camas en el hospital regional, y no en financiar que algún día Fonasa le informe que no puede seguir pagando sus tratamientos, pero que la eutanasia, aprobada por el senador que ella votó, cuesta solo $134.780.

$900 millones para que el PAIG siga su experimento transafirmativo en niños

Por Roberto Astaburuaga Briseño. Columna publicada en El Líbero el 20 de octubre de 2025.

El Informe Cass provocó un giro copernicano en la experimentación social, hormonal y quirúrgica con un enfoque transafirmativo en niños y adolescentes. El supuesto consenso mundial se hizo trizas al demostrar que se trataba de medicina basada en ideología y no en evidencia. Organizaciones médicas nacionales e internacionales tuvieron más espacio para que sus alertas fuesen escuchadas y la cancelación por “transfobia” se transformara en un recurso tan inútil como poco creíble. Cada vez son más los países que han adoptado medidas restrictivas o prohibitivas para impedir que se dañe física y psicológicamente a los niños. La discusión en Chile reflotará durante la tramitación del proyecto de ley de Presupuestos para el año 2026.

En nuestro país funciona el PAIG, un programa ministerial para menores entre tres (¡¿?!) a 17 años identificados trans, comenzó a ejecutarse en 2023 en 37 hospitales públicos, con un psicólogo y un trabajador social. Entrega un apoyo psicosocial transafirmativo, es decir, si un niño cree que es una niña o viceversa, el PAIG despliega acciones para apoyar su transición, buscando eliminar los factores de riesgo, y proponiendo un plan de cuidados que incluye acompañamiento psicológico, familiar y educacional. Así, la angustia del menor se origina en la reacción social negativa (la transfobia), y por ende corresponde transformar la sociedad.

Como muestra abundante y sólida evidencia científica, los que niños que inician la transición social tienen altas probabilidades de pasar a la transición hormonal. Ninguno de los defensores del PAIG ha logrado refutar que este funciona como la antesala de la hormonación (desde los diez años con bloqueo puberal y desde los 14 para la hormonación cruzada), puesto que los funcionarios puede derivarlos a las unidades de endocrinología del mismo hospital en el que operan o del más cercano para iniciar la intervención hormonal. Por ejemplo, el PAIG del Hospital de Melipilla, de abril de este año, reconoció en una respuesta de transparencia que al ser psicosocial, no realiza directamente interconsultas. Se remite (para evaluar la pertinencia de entregar esta información), las SIC generadas desde la Unidad de Pediatría a solicitud de PAIG. SIC generadas desde Pediatría HSJM a Endocrinología HSJD. Así el PAIG logra evadir la imposibilidad de derivar a endocrinología. Otros once hospitales reconocieron lo mismo.

Conscientes del grave peligro, el año pasado el Congreso, mediante la Ley de Presupuestos para el 2025, ordenó a la Subsecretaría de la Niñez que el PAIG debía entregar información sobre su ejecución y revisar su diseño e implementación, mediante una Mesa Técnica de “Expertos, y enviar un Informe de recomendaciones al Congreso (glosa 13), que considerara las conclusiones del Informe de la Comisión Investigadora Nº 57 de la Cámara de Diputados, aprobado por amplia mayoría en mayo de 2025. Por supuesto, los “expertos” resultaron ser instituciones públicas y privadas favorables al enfoque transafirmativo, y en lugar de realizar una revisión crítica del PAIG, decidieron fortalecerlo. Si la Comisión Investigadora advertía sobre las derivaciones del PAIG para hormonizar niños, la Subsecretaría proponía formalizarlo mediante protocolos específicos. En lugar de cambiar el corte etario de ingreso por sus errores (básicamente, adelantaron la edad de ingreso de los 11 a los 3 años), los “expertos” lo mantuvieron. Y en lugar de eliminar o prohibir la posibilidad de judicializar a los “padres opositores” que se oponían a que sus hijos ingresaran al PAIG o que no se requería su consentimiento (bastaba con informarles), crítica esencial de la CEI 57, el Informe de la Subsecretaría lo mantuvo, limitándose a enfatizar que los usuarios del PAIG debían contar con «información clara y suficiente para poder decidir libre y voluntariamente su ingreso y continuidad». Es decir, incumplieron absolutamente lo ordenado por la Ley de Presupuestos 2025.

El PAIG continúa financiándose en el proyecto de Ley de Presupuestos 2026 con casi $900.000.000 de pesos, a pesar de ser objetado técnicamente en el proceso de formulación presupuestaria 2026, entre otras cosas, porque aún no permite dimensionar adecuadamente la magnitud del problema ni su evolución, y no presenta indicadores de desempeño ni resultados de evaluaciones anteriores.

El PAIG causa un daño enorme a los niños (y a sus familias) que confían en la solución del Estado, pero que se encuentra con un experimento social que destroza cuerpos y mentes. Aparte de los daños provocados por las intervenciones hormonales y quirúrgicas, ya las medidas de la transición social implementada PAIG (cambio de nombre y pronombre, uso de ropa, baños y camarines del sexo opuesto) son gravísimas, como explicó una endocrinóloga pediátrica en la CEI 57: la transición social es una intervención que modifica las experiencias de vida del niño, el curso espontáneo del proceso de desarrollo psicosexual y la maduración cerebral.

Diputados y Senadores, en sus manos está la responsabilidad de enfocar los recursos en medicina basada en evidencia, y no permitir que esta locura continue funcionando. Debemos cuidar a los niños de una experimentación brutal, catalogada como uno de los mayores escándalos en la historia de la medicina y una violación a los derechos humanos de los niños.

Santo Padre, nuestro gobierno en Chile impulsa el aborto y la eutanasia libre

Por Roberto Astaburuaga Briseño. Columna publicada en El Líbero el 13 de octubre de 2025.

El Presidente partió a Italia. Lo recibirá el Papa León XIV, máxima autoridad y representante de la Iglesia Católica. Pero antes de dejar Chile, Boric pidió bajar un par de cambios en las urgencias legislativas al proyecto de ley de eutanasia, para que la votación no calzara con la visita al Santo Padre.

Una jugada infantil y patética. Como si en el Vaticano no fuesen a enterarse de lo hecho por el representante de un país. ¿Será tan ingenuo de pensar que Robert Prevost desconoce la situación en Chile, mientras vivía su sacerdocio en Perú, hasta antes de su elección? ¿O que en Roma no leen las noticias ni hablan con los representantes locales de la Iglesia Católica? ¿Por qué lo hizo? ¿Una muestra de “deferencia”, de “respeto”? En realidad, es un insulto, un intento de ocultar una fechoría, de hacer pasar por tonto a otro. La verdad, es un poco ridículo: “Mire Santo Padre, llevo meses tratando de que el Congreso me apruebe una ley de eutanasia y presenté otra sobre el aborto libre hace unos meses, pero justo esta semana no se van a discutir ni votar, para que tengamos conversación más relajada. Eso sí, cuando retorne a Chile, vuelvo a ponerle máxima urgencia a las dos cosas”. No se puede tapar el sol con un dedo.

Como magistralmente describió Daniel Mansuy en su libro “Los inocentes al poder”, nuestro Presidente pertenece a esa generación del Frente Amplio que cree posible asumir el poder político sin asumir los costos de sus errores. Cree que puede presentar e impulsar proyectos de ley sobre aborto y eutanasia libre, cuestiones a las que la Iglesia Católica se ha opuesto, y que basta sacarlas de la pantalla mediática durante la semana en que visita al Papa para que no sea tema de conversación. Es lo mismo que ocurre con la nominación de la expresidenta Bachelet a la ONU: no se puede pedir a EE.UU. que no la veten, mientras borran o reinterpretan los tweets y declaraciones públicas de Boric contra Trump. Así como probablemente la nominación fracase, Boric tampoco logrará ocultarle el tema al Papa.

Pero la decisión es curiosa en otro sentido. En sus dos últimas Cuentas Públicas Boric ha enfatizado que se debe aprobar esta ley de eutanasia, y quiere dejarla como parte de su legado. Ahora, privilegiando las relaciones internacionales, decide postergar la votación. Le importa más su imagen ante el Papa que ser consecuente con sus ideas y electorado, e incluso por aquellos pacientes que cita como razón para impulsar la eutanasia.

¿Cree que el Papa no conoce al cardenal Chomalí, quien ha dado una fuerte pelea para evitar la aprobación de dos leyes que permiten el asesinato de las personas más inocentes y vulnerables de nuestra sociedad, como son los que están por nacer y los que están por morir? Boric, que tanta poesía lee y cita, ¿habrá leído Dignitas Infinita, que condena como atentados contra la dignidad los dramas de la guerra, la pobreza y la migración, pero también el aborto y la eutanasia?

La decisión también impacta en los senadores católicos, de cualquier signo político. Hace menos de un mes, León XIV destacaba la importancia de que los líderes políticos y sociales trabajen de forma coherente con su fe: “No hay separación en la personalidad de una persona pública: no hay por un lado el hombre político y por otro el cristiano. ¡Pero hay un hombre político que, bajo la mirada de Dios y de su conciencia, vive cristianamente sus compromisos y sus responsabilidades!”. Pero el Papa no ignora las consecuencias para el político católico que legisla conforme a su fe, y sabe de las presiones y los costos personales, sociales y políticos que puede implicar, y por eso los anima a tener valor: «el valor de decir a veces ‘no, no puedo’, cuando está en juego la verdad y a no perder la esperanza de un mundo mejor, manteniendo la certeza de que, unidos a Cristo, sus esfuerzos darán fruto y obtendrán su recompensa».

Vale la pena recordar que Robert Prevost, como Obispo de Chiclayo, apoyó la carta de la Conferencia Episcopal Peruana contra la decisión judicial de autorizar la primera eutanasia en dicho país: «la eutanasia siempre será el camino equivocado (…)». Invitamos a recordar lo que ha dicho el Papa Francisco: «La eutanasia y el suicidio asistido son una derrota para todos. La respuesta que hemos de dar es no abandonar nunca a quien sufre, no rendirnos, sino cuidar y amar a las personas para devolverles la esperanza».

La ternura del verdugo

Por Roberto Astaburuaga Briseño. Carta publicada en El Líbero el 9 de octubre de 2025.

Señor Director:

Daniel Loewe celebra la eutanasia como “una buena noticia”: signo de una civilización tan madura que el médico puede escoger si curar o matar según el gusto del paciente. Pero la realidad -esa señora que no lee a los sofistas- dice otra cosa: en Países Bajos las muertes por soledad y trastornos mentales crecieron un 10% en 2024, y Canadá debió postergar su expansión a enfermedades psiquiátricas tras constatar abusos. Cuando la compasión se vuelve política, se transforma en máquina, y las máquinas no tienen remordimientos. Chile, en cambio, ya reconoce el derecho a cuidados paliativos integrales y sedación terminal. Podemos aliviar el dolor sin administrar la muerte.

Loewe invoca la autonomía como fundamento moral supremo, pero su razonamiento gira sobre sí mismo: “La vida vale si la deseo; no la deseo, luego no vale”. Un espejo que se aplaude por coherente. Así, el pluralismo se convierte en dogma y el yo autónomo en religión de Estado. Paradójicamente, hay que respetar la valoración subjetiva de quien quiere morir, pero no la de quien niega ese axioma impersonal. La libertad se impone por decreto: el nuevo paternalismo ordena ser autónomo.

El Estado, antaño protector de la vida, ahora acompaña a la muerte con formulario y testigos lúcidos. No tutela para vivir, sino para desaparecer con protocolo. Y ese pluralismo que niega todo valor común acaba siendo un vacío compartido: si la vida es relativa, también lo son la libertad y la democracia.

Toda comunidad, incluso la más laica, necesita bienes indisponibles: la vida, la verdad, la justicia, la dignidad. Sin ellos no hay suelo común, sólo cálculo. Pero la panacea de la autonomía se desintegra: el individuo moderno, reducido a molécula moral, termina revelándose como un niño que juega a ser rey sobre una silla. Su “mayoría de edad” no es otra cosa que una rabieta perpetua contra todo padre, humano o divino.

En realidad, toda vida comienza como deuda: nadie se da el ser ni sobrevive sin otros. La autonomía existe sólo en relación. Cada argumento de Loewe que pretende entronizar al soberano autónomo se apoya en vínculos que muestran la ilusión: el pedestal nunca existió. El liberal cree sostenerse solo, cuando en verdad vive gracias a los demás.

No. La eutanasia no es una buena noticia: es la antesala del último formulario del Estado moderno: “Marque con una cruz si desea seguir existiendo”.

Y entonces, el liberal sonríe, el médico asiente y el paciente -libre, autónomo, plural- se convierte, al fin, en el ciudadano perfecto: el que ya no respira y, por lo mismo, ya no piensa. Cuando una sociedad autoriza a matar en nombre de la compasión, pronto descubre que la compasión es cara y la muerte, barata. Y así, el tan celebrado progreso liberal se revela como lo que es: la administración racional de la desesperación.

Roberto Astaburuaga Briseño – Abogado de Comunidad y Justicia

Lea antes de consumir: Presupuestos alto en perspectiva de género

Por Roberto Astaburuaga Briseño. Columna publicada en El Líbero el 6 de octubre de 2025.

La Ley de Etiquetado de Alimentos trajo las famosas etiquetas octogonales negras con la frase “ALTO EN” si es que determinados productos (papas fritas, chocolates, etc.) contenían una cantidad de calorías, azúcares, sodio o grasas saturadas mayores a las recomendadas. Así, la ley buscaba disuadir de comprar productos poco saludables. Sin embargo, un problema que enfrenta el consumidor común es que no lleva un registro de la cantidad de productos “ALTO EN” que ha comprado. Así, el efecto disuasivo en una compra se puede diluir al no considerar plazos mayores. Por ello, más de alguna vez, cerramos los ojos y simplemente pagamos. Pensamos “no se notará”, pero, si se repite una y otra vez, la acumulación de grasa nos pasa la cuenta. Igual que con la Ley de Presupuestos al meter la perspectiva de género, año a año, en cada ministerio, programa o capacitación posible.

La Ley de Presupuestos de este año es extremadamente alta en perspectiva de género. Tanto así, que la semana pasada, en la exposición de Hacienda y la Dipres ante la Comisión Especial Mixta de Presupuesto, en la que se informaron los principales números, el senador Macaya (UDI) llamó la atención sobre el etiquetado de la Dipres para identificar cuánto del gasto público contribuye a políticas de igualdad para mujeres: “El papel aguanta todo, pero de repente aguanta cosas que me gustaría entender de qué se tratan, para que me lo puedan explicar. (Hay cosas) tan especiales, por no calificarlo de otra manera, como el proceso etiquetado para un Presupuesto con Perspectiva de Género. O sea, que se etiquete un presupuesto con perspectiva de género es…, no sé, cuánto se gastarán en esto, a quién estarán contratando para estos fines, me parece que están mal puestas las prioridades”. Se concluyó que un 22,5% del Presupuesto tiene la etiqueta “ALTO EN PERSPECTIVA DE GÉNERO” (1,31% tiene contribución directa y el restante 21,2% lo hace indirectamente), lo que 18,5 billones de pesos, distribuidos en 22 ministerios.

Hace dos meses, la Diputada Labra (RN) exigía explicaciones al Ministerio de Energía por los casi $4.000 millones en gastos de la Oficina de Género. Posteriormente se descubrió que existían órdenes de compra por $29.000.000 de pesos en consultoría para un documento que promovía la realización de charlas sobre corresponsabilidad y nuevas masculinidades. Y estamos hablando solo de un ministerio.

Otra caso es el del Ministerio de Salud. Como muchas veces no se detalla el contenido de los programas en la Ley de Presupuestos, el Minsal deberá informar al Congreso si incluyen contenidos orientados a la transversalización del género, igualdad de género, perspectiva de género, nuevas masculinidades, orgullo LGBTQIA+, educación sexual, disidencias y/o diversidades sexogenéricas. Por otro lado, el Ministerio de Desarrollo Social y Familia, continúa financiando el PAIG (un programa que apoya la transición de niños identificados trans, desde los tres a los 17 años, y que deriva a intervenciones hormonales y quirúrgicas para el cambio de sexo, que pueden causar daños irreversibles, como la esterilidad), con más de $800 millones de pesos. En el Ministerio de la Mujer no se quedan cortos, comprando servicios profesionales para ciclos de perfeccionamiento en redacción jurídica forense y litigación con perspectiva de género. Existen cientos de órdenes de compra para capacitaciones en perspectiva de género en todos los organismos público, desde las municipalidades y seremis hasta las subsecretarías y órganos autónomos, que no están contabilizados en esos 18,5 billones. Y así suma y sigue.

Por supuesto que existen programas que buscarán (y lograrán) una ayuda real y no ideológica para ayudar a las mujeres, como el pago de pensiones de alimentos, cuestiones de salud o medidas especiales para madres en la cárcel que están embarazadas o con hijos pequeños. Pero otra cosa es pintar de color morado toda la Ley de Presupuestos y saltarse varios pueblos. Se requiere más números y menos ideología. Y como esto es algo acumulativo, la cantidad de ideología que le han metido año a año a la Ley de Presupuestos pasa desapercibida, hasta que la situación no da para más. El etiquetado de perspectiva de género en la Ley de Presupuestos es una advertencia para hacer doble click y recortar todo lo que sea necesario, a fin de destinar los recursos de forma responsable a las principales necesidades sociales de los chilenos.

Ningún chileno sobra

Por Roberto Astaburuaga Briseño. Columna publicada en El Líbero el 29 de septiembre de 2025.

Entre las cuestiones trascendentales, comunes y ciertas en todas las personas están aquellas referidas al origen y al fin de su existencia. Todos somos hijos de alguien y todos vamos a morir. Si bien podemos conocer detalles sobre nuestro origen, como la identidad de nuestros padres, no ocurre lo mismo con el término. Nadie sabe el lugar, la hora de su muerte ni el cómo de su muerte. Por lo mismo, siempre es inesperada. Chile y los chilenos se enfrentan, por decirlo de alguna manera, a distintas muertes.

Una de las más comunes es la muerte asociada a la delincuencia y a la crisis de seguridad. El aumento de homicidios en una década se ha quedado en discusiones sobre la forma de contabilizarlos y su variación interanual. Resulta chocante especialmente el aumento de víctimas menores de edad. El sicariato y las muertes violentas se han extendido. En 2024 se registraron 1.200 homicidios (6 por cada 100.000 habitantes), en donde más del 80% de las víctimas son hombres.

Otra se refiere a la muerte por suicidio y su relación con la crisis de salud mental. Chile enfrenta una durísima tarea en esta materia, superando a los homicidios: aproximadamente 2.000 suicidios en 2024 (10,3 por cada 100.000 habitantes), pero una proporción similar entre hombres y mujeres: cinco hombres por cada mujer. Las muertes atribuidas a suicidios aumentaron 10 veces en un siglo, pasando de 0,1% a un 2%. Un estudio de 2024, analizando datos entre 2019 – 2022, alertaba que «las conductas suicidas, autolesiones y suicidios están aumentando de forma alarmante en adolescentes chilenos», y según datos del Minsal del año pasado, el suicidio fue la principal causa de muerte de jóvenes entre 15 a 29 años.

La tercera acepción es la muerte demográfica. Chile se extingue: 1,16 hijos por mujer en 2024 (dentro del top 20 a nivel mundial). Mueren más de los que nacen. No hay recambio generacional. Los jóvenes chilenos no quieren tener hijos o los postergan. La crisis de natalidad está a la cola de la crisis económica y de seguridad. La inmigración no resuelve el problema, es la cultura chilena de baja natalidad la que impacta en la cultura migrante de alta natalidad y no al revés, por lo que disminuye la tasa de natalidad migrante en lugar de aumentar la tasa de natalidad chilena. Pero, al mismo tiempo, la cultura chilena comienza a perder lo más importante: quienes encarnan, viven y trasmiten la cultura. Muere un país, muere una cultura y una identidad, mueren tradiciones.

Una última referencia son los muertos “egresados” de las listas de espera. En los últimos tres años, más de 30.000 pacientes pacientes “egresaron” por fallecimiento, independiente de su causa, aunque muchas veces la muerte guarda relación con el retraso de atención. Si bien se han hecho esfuerzos para disminuir la cantidad de días de espera, la calidad de vida de estos pacientes se deteriora, física y psicológicamente. Son muertes de quienes «vivieron la espera no desde un intervalo transitorio, sino como un estado permanente, una espera que fragmenta el tiempo y transforma la vida en un eterno ´mientras tanto`, en el que la solución nunca llega».

Imposible no conectar este tipo de muertes. La crisis de natalidad, cuya solución no solo depende de resolver la crisis económica, impactará en la cantidad de muertos “egresados”: una fuerza laboral baja, con problemas de salud mental e incapaz de sostener a una población de adultos mayores creciente hará reventar los sistemas de seguridad social. Pero no basta la tecnocracia.

Chile necesita un cambio de switch rápido y profundo, y parte de su futuro depende de ello. Nadie se salva solo. Hay que cuidar la vida de cada chileno: la de los que vienen, porque traen esperanza; la de los que están, porque cuidan; y la de los que van partiendo, porque transmiten identidad. Ningún chileno sobra, pero no por lo que aporta o puede aportar, sino por ser persona. La dignidad que le corresponde a cada persona es incondicionada y, como señala Dignitas Infinita, «más allá de toda circunstancia y en cualquier estado o situación en que se encuentre».

El gobierno busca una ley de eutanasia libre

Por Roberto Astaburuaga Briseño. Columna publicada en El Líbero el 22 de septiembre de 2025.

La discusión sobre la eutanasia no ha puesto suficiente atención al detalle normativo del proyecto de ley que el gobierno está impulsando. Es contradictorio que en un Estado al servicio de la persona se defienda la idea de legalizar el asesinato de un ser humano inocente con su consentimiento. El peligro es aún peor considerando la acelerada tasa de envejecimiento, la crisis del sistema de salud y el desborde en la situación de salud mental.

Por otro lado, la señora Sofía Salas afirma que «el presente proyecto de ley dista mucho de ser de «‘eutanasia libre'», como yo sugeriría. En la columna señalé «las causales de eutanasia (…) de las indicaciones del Ejecutivo (prácticamente, eutanasia libre)», cuestión que mantengo, por lo que complementaré sus aclaraciones.

En primer lugar, las indicaciones del Ejecutivo eliminan que el requisito de reiteración de la solicitud de eutanasia conste por escrito y los cuatro momentos establecidos por el proyecto de ley. Que la solicitud sea simplemente reiterada, sin dar detalles, es una exigencia de papel. Además, el gobierno eliminó que la certificación de ausencia de perturbaciones psíquicas que afecten la capacidad de tomar decisiones sea hecha por un psiquiatra, sino que debe ser por un médico tratante, el cual hace el seguimiento al paciente. Pastelero a tus pasteles.

Pero, al mismo tiempo, previendo una eventual duda del psiquiatra permite que se pida una segunda opinión a otro médico. ¿Cuál opinión prevalece, si son contradictorias? Asimismo, y esto es lo que va al fondo del asunto, el Minsal sustituye las dos causales de eutanasia o el suicidio asistido originales -(1) enfermedad terminal (aquella que sea incurable, irreversible y progresiva, sin posibilidades de respuesta a los tratamientos curativos y con un pronóstico de vida limitado), o (2) por el cumplimiento de requisitos copulativos: una enfermedad o dolencia seria e incurable, caracterizada por una disminución avanzada e irreversible de sus capacidades, que le ocasiona sufrimientos físicos persistentes e intolerables y que no pueden ser aliviados en condiciones que considere aceptables- por la siguiente: una condición o enfermedad grave e incurable o terminal. No se exige nada más: ni dolor, ni corto tiempo de vida, ni disminución de las capacidades, etc. Ningún país ni jurisdicción ha tenido la frialdad de aceptar algo así.

Esto es un verdadero bolsillo de payaso que abre la puerta a la eutanasia libre. Aquí cabe desde la anorexia hasta el cáncer. Basta recordar la inquietud de varios promotores y defensores en una sesión parlamentaria sobre el universo de personas que podrían solicitar la eutanasia.

Adicionalmente, la ministra Aguilera propone crear un comité que realice un control obligatorio ex ante de la realización de la eutanasia, eliminando el control ex post (lo que impide fiscalizar el cumplimiento de los requisitos al realizar la eutanasia), pero dicho comité sólo puede ser integrado por funcionarios públicos, impide que los objetores sean parte de él o sean invitados, y no establece una sanción en caso de que el médico incumpla la decisión del Comité, ni siquiera la de denunciar.

Por lo demás, basta ver cómo la pendiente de los países que legalizan la eutanasia se vuelve cada vez más resbaladiza. A los belgas les dijeron que sólo se aplicaría para adultos, pero 10 años después bajaron los criterios etarios. A los holandeses les aseguraron que les informarían sobre el momento de la eutanasia, pero en 2019 un caso judicial aprobó la eutanasia de alguien con demencia que no podía ser informado ni consentir y tuvo que ser inmovilizado para la inyección letal. A los canadienses les prometieron que la eutanasia se aplicaría sólo si la muerte era razonablemente previsible, pero ya no se exige. A los colombianos los calmaron con que sólo se aplicaría en fase terminal, pero eliminaron el requisito en 2021. Y todo esto acompañado de casos de eutanasia contra o sin la voluntad del paciente.

En resumen, una solicitud “reiterada”sin decir cómo, una certificación sobre el estado de lucidez del paciente que no la hace un psiquiatra, una causal que es un verdadero bolsillo de payaso y un comité ad hoc sin molestosos.

Como dije, el gobierno busca una ley de eutanasia libre.

Pluralismo con bozal

Por Roberto Astaburuaga Briseño. Carta publicada en El Líbero el 21 de septiembre de 2025.

Señor Director:

Sofía Salas nos tranquiliza: las religiones pueden hablar en público… siempre y cuando digan lo que ella considera razonable. Es decir, pluralismo con bozal. Un pluralismo tan abierto que excluye de entrada cualquier argumento que supere su definición privada de razón. Así, en nombre de la diversidad, se pide uniformidad; en nombre de la libertad de expresión, se predica censura previa.

Sus ejemplos lo confirman. Cita a musulmanes y testigos de Jehová para demostrar que hay convicciones religiosas incomunicables. Y, con un elegante giro, concluye que sólo pueden entrar en la plaza pública aquellas afirmaciones que ella apruebe como “razonables”. Pero ¿qué es lo “razonable”? El filtro es tan neutro como un examen que sólo aprueba a los que piensan igual que el examinador.

De este modo, se nos pide a los creyentes no “imponer” nuestras creencias… imponiéndonos la creencia liberal de que sólo la razón reducida merece ser escuchada en la plaza pública. Se acusa a la Iglesia de fideísmo, pero se cae en el fideísmo secular: fe ciega en una neutralidad imposible sobre la cual el diálogo es discusión de sordos.

El verdadero pluralismo no consiste en domesticar la voz de la Iglesia, sino en permitir que se escuche en toda su amplitud. No es la primera vez que se pretende silenciar la voz de la fe en nombre de la razón. Durante la Revolución Francesa, la Virgen María fue expulsada de Notre Dame y en su lugar se entronizó a la “diosa Razón”. Una fiesta solemne, con discursos grandilocuentes, cantos a la neutralidad y promesas de libertad universal. Todos sabemos el desenlace: no vino la paz de los libres, sino la guillotina, los templos convertidos en establos y el reino del terror. La razón, cuando se queda sola y se proclama diosa, indefectiblemente se traiciona a sí misma, siendo reemplazada por la fuerza de una dictadura.

La propuesta de Salas, en versión light, se parece mucho a esa escena: “saquen a María del debate público y pónganle flores a la diosa Razón”. Una sustitución elegante y aséptica que, en nombre de la neutralidad, termina siendo la más dogmática y violenta de las religiones.

Roberto Astaburuaga Briseño – Abogado de Comunidad y Justicia

Scroll hacia arriba