¿Qué proyectos de ley y reformas constitucionales presentarán los ex convencionales octubristas cuando lleguen al Congreso?
Por Roberto Astaburuaga Briseño. Columna publicada en El Líbero el 25 de agosto de 2025.
Casi una veintena de exconvencionales de la izquierda radical están postulando al Congreso, entre ellos, Bassa, Schounhaut, Achurra, Millabur, Barraza, Loncón, Gutiérrez, Grandón o Woldarsky. El Frente Amplio y el Partido Comunista, líderes en la dirección del proceso constitucional y del actual gobierno, son los partidos que apostaron fuertemente por ellos. La pregunta es: si salen electos, ¿qué harán en el Congreso? ¿Refundar Chile mediante leyes y reformas constitucionales? ¿O fingir amnesia, y hacer borrón y cuenta nueva?
El tema no es menor. ¿Habrán renunciado a las ideas que impulsaron en la Convención? Probablemente, no. ¿Intentarán empujarlas, bajo nuevos disfraces, en el Congreso? Probablemente, sí. ¿Tendrán los votos? No lo sabemos. La izquierda radical puso sobre las cartas sobre la mesa con el proyecto constitucional de la Convención, y todo el proceso de construcción de las normas (discusiones en las comisiones y primeros borradores). Eso es en lo que creen, esa es su visión de Chile y a eso volverán, una y otra vez. No hay espacio para la ingenuidad. La presunción de mala fe respecto a su futuro trabajo legislativo está plenamente justificada.
En el fondo, ¿realmente creemos que Loncón se conformará con un proyecto de ley para promover los derechos lingüísticos de los pueblos indígenas en lugar de buscar vías para, gradualmente, abrir camino a la plurinacionalidad? ¿Que a Bassa le bastará con el umbral del 5% de los partidos a la reforma del sistema político y no avanzará en medidas más radicales? Ya solo el hecho de reabrir esas discusiones es una victoria para ellos.
Desde el aborto libre hasta la plurinacionalidad, desde los sistemas de justicia preferenciales a la inflación del Estado como único garante de los derechos sociales, todas las ideas están disponibles para reabrir discusiones y buscar cambios con el solo objetivo de refundar Chile.
El cambio en los quórums constitucionales dobla el riesgo. El Rechazo no tiene asegurada la elección parlamentaria. Si no alcanza la mayoría, la izquierda radical, capitaneada por los líderes de la Convención, no dudará en cambiar las normas y luego reforzarlas con los mismos candados que tanto criticaron. Y nada asegura que con la actual integración del Tribunal Constitucional se puedan detener estos intentos refundacionales. El constitucionalismo transformador no desapareció el 4S.
¿Se puede separar al autor (y su comportamiento) de su obra? Carlos Peña, al diferenciar entre el comportamiento de los convencionales y el borrador constitucional, creía que sí, puesto que «los textos tienen la rara cualidad de independizarse de sus autores». Sostuvo que para desentrañar el sentido de un texto: «se trata de saber lo que el texto dice, no cómo fue la vida o la conducta de sus autores (…) no [se] entiende … un manual de instrucciones para su automóvil enterándose de quién lo escribió y cómo era». Insiste en que lo importante es: «el sentido del texto, porque se independiza de la voluntad de quienes intervinieron o las circunstancias del medio de las que se produjo».
Peña se equivoca. Incurre en una falsa analogía o equivocación categorial. La Constitución y las leyes no son textos meramente técnicos. No buscan regular un procedimiento eficaz para obtener un resultado, sino ordenar la conducta humana libre conforme a la justicia y el bien común. Peña confunde la praxis con la poiesis. La verdad es la contraria: el carácter moral del legislador influye en sus elecciones de fines y de medios. Las leyes son órdenes a determinados fines. Por tanto, las leyes que promueven son, en gran medida, proyecciones de su propia autobiografía. Nos es exagerado sostener que las leyes -como también un programa de gobierno- son una prolongación del ethos político del gobernante. No se puede prescindir de la historia personal ni del contexto histórico y social para entender un texto jurídico y político. Si hubiese candidatos al Congreso que fueron autores de proyectos de leyes que no han contribuido al bien común y ahora buscan una reelección, ¿no es razonable considerar ese antecedente para no votar por ellos?
La presunción de mala fe está totalmente instalada y plenamente justificada para no votar por los convencionales octubristas que pusieron a Chile al borde del precipicio.
La Ley de Cuidados y una brutal ingeniería social
Por Roberto Astaburuaga Briseño. Columna publicada en El Líbero el 18 de agosto de 2025.
El proyecto de ley que crea un nuevo Sistema Nacional de Apoyos y Cuidados avanza silenciosamente en el Congreso. Busca soluciones a problemas graves y desatendidos por muchos años, especialmente a la situación sin apoyo económico de incontables mujeres que han cuidado a sus hijos o padres o de quienes cuidan a personas discapacitadas o adultos mayores. Lo lamentable es que el gobierno frenteamplista, incapaz de resistir la tentación de querer modificar (transformar) la sociedad según sus premisas revolucionarias introduzca normas ideológicas en tal sentido.
Por un lado, el proyecto de ley agrega el principio de corresponsabilidad social: «se deberá promover una distribución equilibrada entre el Estado y toda la sociedad, especialmente las familias, los hogares, los privados, los profesionales y la comunidad en general, particularmente en las responsabilidades en materia de cuidados de niños, niñas, adolescentes y de personas con dependencia por motivos de salud, de curso de vida o de discapacidad. Para hacer efectivo este principio, el Estado tendrá el deber de educar a la sociedad en su conjunto en materia de cuidados». (literal e) del art. 5). Pero, ¿qué es una distribución equilibrada? ¿Quién lo decide? ¿El funcionario público de turno? ¿Cuáles son los criterios? La intervención estatal en la familia puede terminar siendo brutal. Es bastante preocupante… ¿qué implica, en el caso concreto, que el Estado sea responsable, como un igual respecto a los padres, en materia de cuidar a los hijos? El Estado está para ayudar a la familia, no para participar en las decisiones familiares.
Por otro lado, un segundo principio fuertemente ideológico es el de corresponsabilidad de género: «En razón de la desigual repartición de cargas de cuidados entre hombres y mujeres, se deberá promover la igualdad de género, especialmente en la distribución de responsabilidad en materia de cuidados de niños, niñas y adolescentes y personas con dependencia; y se procurará la recuperación del tiempo para las personas cuidadoras no remuneradas y la equiparación de la pérdida de ingresos económicos, especialmente en mujeres que se han dedicado al cuidado» (literal f) del art. 5). El problema es que el Estado fija una postura (la forma en que se deben cuidar a los hijos y la distribución del tiempo entre los padres) y se la impone a la familia, quitándole su autonomía. Esto permite al Estado, según el proyecto de ley, ocupar “instrumentos de medición del uso del tiempo” (art. 3), que permiten medir el tiempo que dedican hombres y mujeres al trabajo, cuidado de los hijos, ocio, estudio, etc., lo que plantea problemas respecto a la privacidad y autonomía de la familia y de sus integrantes, y el manejo y uso de la información obtenida que pueda darle el Estado, y no aclara si el uso de estos instrumentos será un requisito para acceder a los programas de cuidado.
Estos dos principios ya se enunciaban en la propuesta constitucional de la Convención Constitucional, y en algunos casos con normas casi idénticas. El afán de que el Estado domine todo, partiendo por la base, la célula, la unidad indispensable de la sociedad, como lo es la familia, no ha desaparecido. La pulsión octubrista y su inagotable afán de hacer ingeniería social solo ha cambiado de fuente. Si antes pretendía refundar Chile, de un solo golpe, mediante una nueva Constitución, ahora busca lo mismo, de forma más gradual, infectando, como el peor cáncer, a la institución social que más ayuda requiere.
La derecha ha fallado hasta el momento en detectar y oponerse a la anulación absoluta del principio de subsidiariedad. Hay tiempo para rectificar y eliminar las manzanas podridas del proyecto de ley.
La eutanasia es un torpedo a los cuidados paliativos
Por Roberto Astaburuaga Briseño. Columna publicada en El Líbero el 11 de agosto de 2025.
El gobierno se ha empecinado en sacar adelante el proyecto de ley sobre eutanasia, radicado en la Comisión de Salud del Senado, y dejarlo como parte de su legado. Nos hemos referido a las advertencia que implica legalizarla según un ex promotor, pero no se debe olvidar que, al aprobar la eutanasia, si bien no se obliga a nadie a pedirla, sí se obliga a todos a considerarla como una opción. En la vereda opuesta están los cuidados paliativos -que sí alivian el dolor-, pero que pueden verse muy afectados si se aprueba la eutanasia, como lo demuestra la experiencia de otros países.
Más de alguno está de acuerdo con la eutanasia, si es que se garantizan los cuidados paliativos como requisito previo o si existe una cobertura adecuada de los mismos. Si bien este argumento no apunta al fondo del asunto, igualmente resulta engañoso. El sistema de cuidados paliativos chilenos se encuentra en un estado tal que, de aprobarse la ley, sería incalculable la cantidad de procedimientos eutanásicos originados por la ausencia o mala calidad de los cuidados, como por la amplísima causal propuesta por el Ejecutivo (simplemente, una enfermedad o condición grave e incurable o terminal).
Según el Atlas de Cuidados Paliativos en Latinoamérica, en 2020 solo el 21,7% de los chilenos que necesitaban cuidados paliativos, los recibían. En una presentación del año pasado sobre los cuidados paliativos en la Comisión de Salud del Senado, se informó que, a noviembre de 2024, existían 8 equipos pediátricos paliativos (2,2 equipos por un millón de menores de 15 años), solo había 59 médicos certificados en cuidados paliativos (se requiere el triple) y solo el 27% de las escuelas de enfermería tienen acceso a campos clínicos para cuidados paliativos. Pero además, la proyección de cuidados paliativos, en un estudio de 2024, que se necesitarían aumentará de 117.000 personas en 2021 a 209.000 en 2050, es decir, un aumento del 79%, impulsado por afecciones cardiovasculares y demencia. Si a lo anterior le sumamos los cuidados que se requerirán por el aumento de la tasa de envejecimiento, el sistema claramente no está equipado como corresponde para atender y cuidar a quienes, de aprobarse la eutanasia, la elegirían al no tener más opciones.
¿Y si se cumpliera todo lo anterior? ¿Y si logramos en pocos años tener el mejor sistema de cuidados paliativos, además de la eutanasia? Un informe del profesor inglés David Albert Jones del año pasado demostró el impacto negativo que tiene la aprobación de la eutanasia en la provisión de cuidados paliativos. Vale reproducir algunas de ellas. Lo primero es que los países europeos que no permiten la eutanasia invierten el triple en cuidados paliativos que los que sí lo hacen. En un sentido similar, los 7 estados de Estados Unidos que autorizan el suicidio asistido tienen un crecimiento menor en cuidados paliativos en comparación al resto. En segundo lugar, cuando se equipara la eutanasia y los cuidados paliativos como cuidados al final de la vida, compiten por los mismos fondos presupuestarios, por lo que los fondos destinados a cuidados paliativos se redirigen para financiar la eutanasia o se comprometen aumentos de gastos que no se cumplen. Por ejemplo, Canadá comprometió 6.000 millones de dólares para financiar los cuidados paliativos durante diez años en el momento en que se legalizó la eutanasia, pero este dinero no se destinó exclusivamente a los cuidados paliativos y, tras cinco años, solo se pudo demostrar que se habían asignado 184 millones de libras esterlinas a los cuidados paliativos.
Un tercer punto que aborda Jones es la “mala fama” que comienzan a tener los cuidados paliativos al asociarse a la eutanasia, reforzando la percepción de que implican poner fin a la vida de forma intencionada, lo que se reconoce en estudios de Canadá, Australia y Oregon. En cuarto lugar, se advierte que luego de la aprobación de la eutanasia, algunos, en Quebec, comienzan a abandonar la medicina paliativa, así como enfermeras que comenzaron a dejar sus trabajos en Ontario porque no podían proporcionar cuidados paliativos. Por último, Jones compara la posición de los países que han aprobado la eutanasia/suicidio asistido en un ranking de 81 países sobre el cuidado al fin de la vida: entre 2015 y 2022, la mayoría de los países con eutanasia/suicidio asistido bajaron en la clasificación en relación con la lista más amplia de países, y salieron del cuartil superior Canadá (9º en 2010 a 22º en 2022), Bélgica (5º en 2010 a 26º en 2022) y Estados Unidos (9º en 2010 a 43º en 2022).
Jones se refiere a uno de los fundamentos invocados para legalizar la eutanasia: el dolor. El dolor no es de las principales razones por las que se solicita la eutanasia (está luego de los problemas existenciales y de los físicos), pero al revisar las cifras de Oregon, Washington y Canadá demuestra que la proporción por el dolor aumenta significativamente al medirse en periodos largos. Es decir, existe una razón para explicar el aumento del miedo al dolor como motivo para solicitar la eutanasia en las jurisdicciones que permiten la eutanasia/suicidio asistido.
Un último impacto negativo de la eutanasia en los cuidados paliativos es que la primera, al ser más rápida y económica, puede frenar los avances en innovación médicas en el campo de enfermedades crónicas y terminales, y en tratamientos para el dolor y cuidados paliativos. Esto cobra sentido si consideramos la “competencia” por financiamiento y los factores mencionados.
Como dijimos, la existencia y calidad de los cuidados paliativos no es un argumento que vaya al fondo del asunto sobre la valoración moral de la eutanasia, pero no se puede desatender que la situación nacional de salud obligaría a innumerables enfermos terminales a considerarla como una salida. No se puede aprobar la eutanasia en Chile.
Newman, el nuevo Doctor de la Iglesia, fue un crítico mordaz del liberalismo
Por Roberto Astaburuaga Briseño. Columna publicada en El Líbero el 4 de agosto de 2025.
El Papa León XIV concedió a San John Henry Newman (declarado Venerable por Juan Pablo II, Beato por Benedicto XVI y Santo por Francisco) el título de Doctor de la Iglesia. A lo largo de sus más de 2.000 años de historia, solo 36 santos gozan de este título. Los Doctores de la Iglesia son reconocidos maestros de la fe para los católicos de todos los tiempos y han ejercido una gran influencia en el desarrollo del cristianismo. Newman fue un teólogo británico brillante y uno de los conversos más influyentes de su tiempo. Y vale revisar algunas de sus posturas sobre el liberalismo, cuestión a la que dedicó parte de sus reflexiones.
Newman nació en 1801 en Londres y fue presbítero de la Iglesia anglicana, pero en 1845 se convirtió al catolicismo, y posteriormente fundó el Oratorio de San Felipe Neri de Birmingham. Similares, e influenciadas por él, fueron las conversiones de Chesterton y Knox. De hecho, un alumno del Oratorio de Newman fue el padre Francis Morgan, quien educó y fue el tutor legal de Hilary y J.R.R. Tolkien, cuando murió la madre de ambos, también conversa al catolicismo.
Resulta llamativa la decisión de otorgar el título de Doctor de la Iglesia a un inglés caracterizado por su feroz lucha intelectual contra el liberalismo, el cual surge en Inglaterra y se desarrolla Locke, Hobbes, Smith, Bentham, Stuart Mill y Keynes.
Gran parte de sus críticas tienen una absoluta vigencia actual. Así, la cohesión de la sociedad no puede depender de la utilidad, el pragmatismo y el interés propio combinado la divinización de la ciencia y con la defensa de ciertos principios morales particulares, si es que al mismo tiempo los liberales insisten en tratar a la religión como un lujo privado y se utiliza el método empírico para resolver cuestiones morales que las ciencias no pueden resolver. De esto último, Newman sostenía que “se extralimitan y se entrometen donde no tienen derecho”, lo que fomenta una mentalidad en los católicos de priorizar determinadas ciencias o la aprobación ciudadana (encuestas de opinión), antes que discutir la postura católica sobre el tema.
La preocupación de Newman por el liberalismo se extendía al peligro que representaba la defensa de una libertad de conciencia absolutamente desvinculada de la verdad objetiva y provocar un relativismo moral que reina sin contrapesos actualmente. La consecuencia está a la vista: pocos planteamientos públicos actualmente reciben tanta indiferencia y ninguneo como defender la existencia de una verdad moral objetiva. Newman estaba convencido de que la conciencia es la defensora de la verdad en lo más profundo de la persona humana y que el camino de la conciencia lo es todo menos un camino de subjetividad autosuficiente: es un camino de obediencia a la verdad objetiva.
La valentía intelectual de Newman sobre la verdad objetiva se conecta con la valentía política de otro santo inglés, como Tomás Moro. Mientras la fuerza de la verdad llevó a Newman a alertar y combatir gran parte de los peligros propios del liberalismo, Moro vivió la verdad de forma coherente, en su vida pública y privada (familia, función pública, amigos y academia), sin separarlas, incluso cuando se jugó la vida.
Eso es lo que necesita Chile. Ciudadanos, especialmente políticos, jugados por vivir y defender esas verdades inmutables en todo tiempo y lugar. En cada elección que se les presenta.
Estábamos terriblemente equivocados: la advertencia de un promotor de la eutanasia
Por Roberto Astaburuaga Briseño. Columna publicada en El Líbero el 28 de julio de 2025.
Theo Boer es profesor holandés de ética sanitaria en la Universidad de Groninga. Fue partidario de aprobar la ley de eutanasia en los Países Bajos en 2001, y entre 2005 y 2014 integró un comité revisor de casi 4.000 solicitudes de eutanasia. Sin embargo, para 2015 ya no podía negar los efectos expansivos de la legalización: puertas abiertas que ya no se pueden cerrar. Desde entonces ha visitado distintos países -entre otros, Canadá (2016), Uruguay (2022) o Francia (2025)- advirtiendo sobre el peligro y llamando a buscar una solución verdaderamente digna. El Senado chileno retoma la discusión en agosto, y ojalá los senadores se tomen el tiempo de leer la entrevista a Boer.
Boer no se opone absolutamente a la eutanasia, y considera que podría ser un último recurso en casos extremos. Sin embargo, advierte que legalizarla no apacigua la sociedad: la inquieta, la transforma y la hace más frágil. Cambia nuestra relación con la vulnerabilidad, la vejez y la dependencia. Introduce la idea de que algunas vidas, en determinadas condiciones, ya no merecen ser vividas, ni siquiera cuidadas. El problema no es exclusivo de su país: No he visto ninguna jurisdicción donde la práctica no se haya expandido, ni una sola. Su experiencia no puede ser desoída: «No pensé que llegaríamos tan lejos, y por eso ahora digo a otros países: no hagáis como nosotros, no legalicéis la eutanasia«.
“No pensé que llegaríamos tan lejos…”, comenta Boer. ¿Era previsible? Por cierto que sí. La ampliación de la eutanasia se nutre de su fundamento primero y principal: la autonomía. Los partidarios de la eutanasia plantean la pregunta: ¿Por qué otro tendría que decidir cómo quiero morir? ¿Puedo decidir sobre cómo y cuándo morir? Si la respuesta es afirmativa, la puerta se abre y la expansión comienza de inmediato. Si algunos pueden decidir sobre su muerte, ¿por qué otros no?
Así lo explicaba Boer ante el Congreso Uruguayo: «¿Quién es usted, señor diputado, para decir que solamente va a ser para los pacientes de ELA que ya probaron todo, y no para los pacientes que no quieren probar todo? ¿Quién es usted para decir que es válido para A, B y C, pero no para D, E y F? Ahí tenemos un terreno resbaladizo. ¿Por qué para algunos sí y para otros no?». La discriminación arbitraria está a la vuelta de la esquina. Así, intentar levantar límites o retroceder implica anular el principio legitimador de la eutanasia: la autonomía, que se confunde con la dignidad.
Este temor se manifestó en la última sesión de la Comisión de Salud del Senado chileno en que se debatió sobre la eutanasia, cuando los distintos promotores intentaban obtener respuestas sobre el universo de potenciales candidatos que podrían “elegir” la eutanasia si se aprobaba. ¿Qué enfermedades se incluirían y cuáles se descartarían?
Por otro lado, la expansión no es solo en cuanto a causales, sino también en número de casos anuales, que no ha dejado de aumentar. Bélgica pasó de 259 casos anuales en 2003 a 3.991 en 2024; Holanda, de 1.815 en 2003 a 9.958 en 2024; Colombia, de 4 en 2015 a 271 en 2023; Canadá, de 1.018 en 2016 a 15.343 en 2023; España, de 75 en 2021 a 427 en 2024. En suicidio asistido, Suiza pasó de 187 en 2003 a 1.594 en 2022; Nueva Zelanda, de 16 en 2021 a 453 en 2024; en Estados Unidos, Oregon pasó de 16 en 1998 a 376 en 2024, y California, de 151 en 2016 a 884 en 2023. En Alemania, solo una de las instituciones que prestan “servicios” de suicidio asistido pasó de 21 casos en 2010 a 171 en 2024. Mientras tanto, el Ministerio de Salud de Chile sostiene en el Informe Financiero del proyecto de ley que se realizarían solo 120 eutanasias anuales…
Pero las advertencias no terminan ahí. La pendiente resbaladiza de la eutanasia termina por socavar la propia autonomía que se invoca. El gobierno holandés permitió que se practicara eutanasia en niños entre 1 y 12 años, quienes evidentemente no tienen capacidad de discernimiento. Boer se pregunta: «si se permite matar activamente a un paciente que no ha solicitado la eutanasia porque es demasiado joven para hacerlo, ¿por qué no aplicar el mismo principio a los ancianos que ya no pueden expresar su voluntad? Si se puede matar a un niño gravemente discapacitado a petición de sus padres, aunque él mismo no lo pida, ¿por qué un hijo no podría pedir la eutanasia para su padre anciano y gravemente enfermo, tal vez aquejado de demencia? (…) Desde un punto de vista puramente lógico —por terrible que sea— ¿por qué matar solo a los niños que sufren y están cerca de la muerte natural? ¿Por qué no también a los que tienen una esperanza de vida de cinco o diez años? En este último caso, el sufrimiento sería aún mayor y más prolongado».
Por eso -aunque haya que decirlo una y mil veces- la eutanasia consiste en matar a un tercero, y el consentimiento del paciente no cambia ese hecho. Los cuidados paliativos y la sedación paliativa son las verdaderas soluciones. Ojalá el Senado chileno no apruebe el proyecto de ley sobre eutanasia.
Es urgente prohibir las intervenciones hormonales y quirúrgicas de cambio de sexo a menores de edad
Por Roberto Astaburuaga Briseño. Columna publicada en El Líbero el 21 de julio de 2025.
El año pasado, el mundo comenzó a encender las alertas sobre las intervenciones transafirmativas de cambio de sexo a menores de edad, que incluían hormonaciones desde los nueve años y cirugías de reasignación de sexo. Con los meses, nuevos estudios revelan más peligros, organismos internacionales emiten alertas y los países continúan tomando medidas restrictivas.
Recientemente, la Corte Suprema de Estados Unidos declaró que el proyecto de ley de Tennessee que prohibía las intervenciones hormonales y quirúrgicas de cambio de sexo a menores de edad era acorde a la Constitución. La semana pasada, Puerto Rico aprobó una ley que prohíbe las intervenciones quirúrgicas o tratamientos con medicamentos que alteren la biología del sexo de un menor de edad. La ONU, a través de un informe de Reem Alsalem, Relatora Especial sobre violencia contra las mujeres, advirtió sobre el daño que la transición de género pediátrica causa a las niñas. En Chile, el lanzamiento del libro Deshacer el cuerpo, del Instituto de Estudios de la Sociedad, presenta cuatro objeciones intelectuales a la agenda trans que hasta el momento siguen sin una respuesta seria.
Nuestro país no puede quedarse atrás. Los escalofriantes datos revelados por la Comisión Investigadora Nº57 de la Cámara de Diputados no pueden juntar polvo. El Congreso debe prohibir decididamente este tipo de prácticas, puesto que la hormonación y las cirugías no son inocuas, sino que causan daños en su anatomía y fisiología, en muchos casos irreversiblemente, provocando infertilidad, problemas de densidad ósea, etc.
Se trata de proteger a los niños y adolescentes de intervenciones experimentales que buscan modificar su sexo. Ellos tienen derecho a crecer y el Estado debe protegerlos para que se desarrollen en un ambiente sano. La pubertad no es una enfermedad, si no una etapa propia de la madurez que toda persona vive.
Los niños no son conejillos de Indias. La Fiscalía chilena investiga a algunos de los doctores que han participado en este experimento médico. Puerto Rico castigará a los doctores que realicen estas intervenciones con 15 años de cárcel, la revocación de su licencia profesional y 50.000 dólares de multa para las personas jurídicas.
Esto no se trata de colores políticos. Es uno de los pocos temas en los que cada existe un mayor consenso transversal y ciudadano: según la última Cadem, un 76% (12 puntos más que hace un año) rechazaba que se le aplicaran bloqueadores de pubertad para cambiar de sexo a niños.
El silencio del Minsal en esta materia sigue demostrando cómo la salud y la ciencia están secuestradas por la ideología y el activismo. No hay anuncios de investigaciones, ni sumarios, a pesar de contar con tres estudios, desde 2023, que alertan sobre los riesgos y daños que tienen las intervenciones hormonales en niños y adolescentes y que en Chile son más de mil, solo en la salud pública, y no se sabe cuántos más son en la salud privada.
Es hora, por el bien de los niños, de prohibir las intervenciones transafirmativas de cambio de sexo.
El Estado debe cumplir con su deber de fortalecer a la familia
Por Roberto Astaburuaga Briseño. Columna publicada en El Líbero el 14 de julio de 2025.
La crisis del matrimonio y la familia suma nuevos antecedentes que aumentan la gravedad para el futuro de Chile. La semana pasada se publicó un excelente estudio de la Red de Institutos Universitarios Latinoamericanos de Familia, que agrupa Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, México, Paraguay, Perú y Uruguay, que analiza y compara distintas mediciones demográficas (mortalidad, natalidad, nupcialidad, esperanza de vida, etc.). A Chile le sobran motivos para preocuparse.
El informe, titulado “Cambios en las estructuras demográficas”, confirma datos preocupantes y añade otros nuevos para Chile, en comparación con los otros 10 países: la tasa global de fecundidad más baja (1,0 nacimientos por mujer); la tasa bruta de natalidad más baja (7,7 nacidos vivos por cada 1.000 habitantes); una relación de 1 : 1 entre tasa de natalidad y de mortalidad (nace una persona por cada una que fallece), lo que indica un estancamiento poblacional; la segunda tasa más baja de población joven (0 a 14 años), lo que afectará la fuerza laboral futura y la segunda tasa más alta de población mayor (65 años y más), lo que presiona los sistemas de seguridad social y aumenta la dependencia económica.
En relación a la familia propiamente tal, se registra un aumento de los hogares unipersonales y de los hogares sin núcleo (que incluyen formas de convivencia no familiar, como amigos, compañeros de arriendo o parejas sin hijos formalizados); una disminución de la tendencia de nupcialidad (3,2 matrimonios por mil habitantes), un aumento en la tendencia a uniones más frágiles y convivencias fuera del matrimonio (33%), mientras solo un 50% corresponde a hogares nucleares (padres e hijos) y la tasa más alta de divorcio (59 de cada 100 matrimonios).
Sobre estos datos se pueden construir distintas interpretaciones para proponer soluciones. Una de ella es que la crisis del matrimonio es una de las razones más profundas de la crisis de la familia y de natalidad, que hemos abordado anteriormente. Solo recordar que las crisis se atacan abordando sus causas y no sus efectos, error de algunas medidas que circulan actualmente como la promoción de las técnicas de reproducción asistida, la corresponsabilidad, los cuidados o los incentivos de todo tipo para tener más hijos.
Baja la cantidad de matrimonios y de hijos y crece la de AUC y de divorcios. El matrimonio es la institución por excelencia para tener y educar hijos, en comparación con cualquier otra forma de estructura familiar. En él, como arrojó un estudio de Idea País, disminuyen las condiciones de vulnerabilidad, se establecen mecanismos más solidarios de las finanzas familiares, los hijos tienen mejores trayectorias académicas y menor deserción escolar, menor propensión al consumo de drogas y alcohol.
Otros datos indican las razones por las que los jóvenes prefieren no casarse ni tener hijos. Ante la alta tasa de divorcios, tales decisiones probablemente se afirmen… ¿para qué casarse y tener hijos si probablemente terminará divorciado? Es necesario que la sociedad y el Estado muestren a los jóvenes que el matrimonio es una fuente de realización personal, de enorme felicidad, de sacrificios y dolores por el bien de las personas que más queremos. El Estado tiene el deber de fortalecer a la familia. Fortalecer significa dar fuerzas, y está claro que la familia se encuentra debilitada. Si esta crisis no es atendida, sus consecuencias catastróficas superarán inimaginablemente las crisis actuales que dominan las portadas. El Estado debe cumplir con su deber.
Ministro Van Klaveren, 12 cristianos fueron asesinados diariamente el 2024
Por Roberto Astaburuaga Briseño. Columna publicada en El Líbero el 7 de julio de 2025.
Ministro, supongo que estará concentrado en cuestiones de gran complejidad e importancia relacionadas con la postura comercial de Trump, la eventual incorporación de Chile a los Brics o el seguimiento a los conflictos bélicos, entre otras materias. Pero, hace años, se viene intensificando la persecución y matanza contra los cristianos en muchos países orientales. La condena contra los perpetradores y la ayuda a los perseguidos genera para nuestro país una obligación moral que no podemos eludir.
Ministro, el pasado 22 de junio, en una iglesia ortodoxa de Damasco, dos terroristas se hicieron explotar, matando a 25 cristianos, entre ellas, una estudiante que fue a encender una vela por un examen y una monja intentaba calmar infructuosamente a un niño de su guardería que salió con sus padres y gritaba: “¡Hay muertos, hay sangre!”. Una semana antes, al menos 200 cristianos, niños, guaguas, padres y madres, fueron masacrados en el estado de Benue de Nigeria, siendo quemados vivos, acuchillados y ejecutados con disparos al intentar escapar de la masacre. En la India, las persecuciones, ataques y hostigamientos a comunidades cristianas cada vez son mayores, resultando con gran cantidad de heridos.
Ministro, no quisiera marearlo con números y datos, pero son escalofriantes, angustiantes y escandalosos. Según el informe anual de la organización Puertas Abiertas, que clasifica los 50 países en donde es más difícil vivir como cristiano, en 2024: 4.776 cristianos fueron asesinados; 7.679 iglesias o propiedades públicas cristianas fueron atacadas u obligadas a cerrar; 4.744 cristianos fueron arrestados, encarcelados, detenidos sin juicio o sentenciados, simplemente por su fe;28.368 hogares, tiendas o negocios pertenecientes a cristianos fueron atacados; secuestraron a 3.775 cristianos; 3.944 sufrieron agresiones o acoso sexual o fueron obligados a casarse con no cristianos; casi 55.000 sufrieron maltrato mental o físico debido a su fe y cerca de 210.000 cristianos tuvieron que huir de sus hogares. Todo simplemente por creer en Cristo.
Ministro, el Parlamento Europeo aprobó en febrero de 2024 un texto en el que se denunciaba que, desde 2009, más de 52.000 cristianos han sido asesinados y se han destruido 18.000 iglesias y 2.200 escuelas cristianas.
Ministro, el cristianismo no es simplemente uno de los pilares de la civilización occidental; es la religión, la fe que creen y por la que viven, sufren y mueren miles y miles de hombres y mujeres, niños y adultos. Es un exterminio por su fe. No podemos permanecer ajenos. El cristianismo es parte de nuestra historia nacional y de nuestra trayectoria en el orden internacional.
Ministro, nos escandalizamos con guerras y atentados que ocurren en otros países o violaciones a los derechos humanos que sufren grupos de personas por distintas razones, y rápidamente reaccionamos con declaraciones y comunicados. Pero asusta el silencio y la indiferencia comunicacional y político. ¿Qué tiene que pasar para que exista una reacción? ¿Cuántos tienen que morir para poner el asunto sobre la mesa? ¿Estamos esperando una atrocidad inédita y recién ahí nos acordaremos?
Ministro, no es su labor solucionar o detener esta barbarie, que se cobra la vida de niños y mujeres. Pero Chile algo puede decir. No es propio del chileno permanecer indiferente al dolor ajeno. La reacción fraterna y caritativa de miles de compatriotas e instituciones a los estragos que causan distintos desastres naturales en nuestro país es el mejor ejemplo. Ud. puede ser la primera voz, quizás alejada y pequeña, pero valiente y humana, que exija detener esta masacre.
Ministro, no sé si usted es o no cristiano, pero una de las bienaventuranzas -como dijo el Papa Francisco son el carné de identidad del cristiano, porque describen el rostro y el estilo de vida de Jesús- que Cristo dejó fue Bienaventurados los buscan la paz, porque ellos serán llamados hijos de Dios (Mt. 5:9). Los que buscan la paz son los que intentan todo para lograr la cordialidad entre los diferentes pueblos de la tierra, evitando conflictos y promoviendo la reconciliación y la armonía.
Ministro, por favor, ayude a los cristianos perseguidos.
La objeción de conciencia no es una moneda de cambio
Por Roberto Astaburuaga Briseño. Columna publicada en El Líbero el 30 de junio de 2025.
Boric quiere terminar su gobierno dejando aprobados o avanzados proyectos de ley que promueven una cultura de la muerte contra los más vulnerables de nuestra sociedad, como son los niños no nacidos y los enfermos o adultos mayores. El aborto y la eutanasia son acciones que atentan contra la dignidad humana. Sin embargo, algunos se quedan tranquilos con tal de asegurarles su calidad de objetores, es decir, da lo mismo que se apruebe porque personal o institucionalmente puedo objetar.
Un ejemplo, advertencia y recordatorio es lo que ocurrió con la ley de aborto de 2017. La negociación, porque eso fue, implicó canjear las tres causales por la objeción de conciencia personal e institucional. Luego de la dictación del reglamento sobre objeción de conciencia pasaron solo cinco años y el actual Gobierno comenzó a modificar las normas para hacer más difícil oponerse, antecedidos por una campaña académica y activista que no dio tregua. Es de la esencia de este tipo de agendas que una vez logrado su primer objetivo, avanzan en ampliar su extensión y luego en crear mecanismos de persecución para impedir gradualmente su oposición. Una vez que se abre la puerta, cuesta muchísimo volver a cerrarla, porque los promotores consideran que se trata de victorias democráticas y avances civilizatorios escritos en piedra.
Esto no puede ocurrir con la eutanasia. No se puede repetir una negociación en materia de bienes no negociables. La eutanasia no se puede aprobar porque implican legitimar el asesinato de una persona inocente, y no porque se excluya a su respecto la objeción de conciencia, sea personal o institucional. Invertir el orden es conceder el punto principal de la discusión y luego es muy difícil retroceder. Lo mismo ocurre con los cuidados paliativos y si se establecen o no como un requisito previo. Son cuestiones accidentales, porque matar a una persona, aun con su consentimiento, siempre será un acto inmoral independiente de si antes recibió o no una atención especial. No hay condición, requisito o exigencia que pueda hacer cambiar de opinión a quien está convencido de la inhumanidad que significa la eutanasia.
Muchas personas o instituciones cristianas, especialmente políticos, doctores, universidades, empresas, etc. pueden considerar que se trata de una forma de salir jugando. El peligro de considerar la vida humana como una transacción más de la política de los acuerdos es que puede confundir la intención del opositor: ¿privilegia el rechazo de un proyecto de ley injusto, aún a costa, como menciona San Juan Pablo II en la encíclica Evangelium Vitae (Nº74), de grandes, costosos y dolorosos sacrificios personales, profesionales, institucionales o económicos? ¿O, en cambio, la verdad es que su oposición es transaccional mientras él y/o su institución queden resguardados?
La objeción de conciencia no es una moneda de cambio.
Van por despenalizar el aborto hasta el parto
Por Roberto Astaburuaga Briseño. Columna publicada en El Líbero el 23 de junio de 2025.
La semana pasada los abortistas lograron que la Cámara Baja de Inglaterra eliminara el castigo penal a las madres que se hubiesen realizado un aborto fuera de los casos legales previstos, en cualquier etapa del embarazo. El aborto seguirá siendo delito si se practica fuera de las causales y plazos que la ley inglesa regula, y se castigará a quienes lo realicen o colaboren en su realización. Chile no ha llegado a esa situación, pero no estamos lejos.
Desde 1967 se permite en Inglaterra la realización de un aborto hasta la semana 24 de gestación, y después de ese plazo solo bajo ciertas circunstancias excepcionales, como el peligro de vida para la madre. Aprobada por 379 votos a favor y 137 en contra, ahora la Cámara de los Lores deberá pronunciarse. La norma busca evitar que las madres sean investigadas, arrestadas, procesadas o encarceladas por realizar un aborto fuera de la ley. Lo anterior obedece a que, en los últimos cinco años, se han iniciado decenas de procesos penales por la realización de abortos ilegales, especialmente porque en la pandemia del Covid 19 se permitió el envío de píldoras abortivas por despacho a domicilio y realizar el aborto en la casa, dentro de las diez primeras semanas de embarazo. Los parlamentarios abortistas justificaban la medida explicando que casi el 99% de los abortos ocurren antes de las 20 semanas de embarazo y pedían para el 1% restante compasión, atención y apoyo, en lugar de culpa y criminalización. Se citaron ejemplos dramáticos, como el de una madre absuelta que abortó pensando que estaba en la semana 10 de embarazo, cuando estaba en la 26, o el de una madre de tres hijos condenada a más de dos años de prisión por inducir médicamente un aborto a los ocho meses de embarazo, aunque al mes siguiente fue puesta en libertad al recurrir contra la condena.
Lo cierto es que están a un paso de realmente lograr el aborto libre. Si bien el proyecto de ley impide que se pueda perseguir penalmente a las madres por abortar de forma ilegal, no ocurre lo mismo con los médicos y terceros que participan en ese aborto. Ahora bien, si no se sanciona a la madre, ¿por qué sí a los médicos? La modificación está incompleta, alegarán en unos años más, porque impide el acceso al aborto a esas madres del 1% (suponiendo que sea real), repitiendo así el discurso al que nos tienen acostumbrados. La norma también provoca inquietantes efectos: cómo se distinguirán los casos de abortos en etapas avanzadas de los infanticidios, como se intentó hacer pasar por el lobby abortista en el Caso Beatriz ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos el año pasado.
Están llegando al final de la pendiente resbaladiza. La despenalización del aborto será absoluta. Al mismo tiempo, se busca su constitucionalización y la legalización de la persecución a los opositores, de lo que sobran ejemplos: mujeres arrestadas por rezar frente a clínicas abortistas es otra más de las prostituciones a las que se ha prestado el derecho, pervertido como un pusilánime instrumento servil a la cultura de la muerte.
¿Compasión para el niño no nacido? Ni hablar. El discurso hegemónico no deja espacio en ese griterío ensordecedor y gutural que repite odiosamente, como parodia demoníaca, “este es mi cuerpo”.
En Chile, si no se toman las medidas correctas, estaremos hablando de esto en los próximos años. La estrategia abortista siempre ha sido gradual, victimista y alérgica a la ciencia. Una vez que se abre la puerta, es casi imposible cerrarla. Si la dignidad intrínseca de la persona deja de ser incondicionada, es cosa de tiempo -y cobardes omisiones- para continuar el avance por medio de sucesivos condicionamientos que progresiva y progresistamente oscurecen la conciencia. No podemos permitir que la abran aún más y debemos luchar para cerrarla, aun cuando no veamos los resultados de nuestros esfuerzos. Millones de niños nos agradecerán haber defendido su lugar en nuestra sociedad, así como miles de mujeres descansarán en tener una solución real y humana que las acompañe en la inconmensurable alegría de ser madres.