Titanic
Los invitamos a leer esta columna de opinión escrita por nuestro asesor legislativo Vicente Hargous publicada el 01 de diciembre en La Tercera. En ella, se cuestiona el rol del Ejecutivo en las últimas semanas ejemplificando con el proyecto de ley sobre Garantías de la Niñez y la modificación de la Ley Contra la Discriminación.
A estas alturas, no parece que se pueda hablar siquiera de buscar un poco de estabilidad o respaldo respecto del gobierno. La evidencia del desastre político está a la vista. Hay que reconocer que en sus inicios había una cierta unidad en torno a la figura del Presidente Piñera, respaldada por el capital político del 55% de las urnas, pero el carácter ficticio de esa unidad, más allá de la persona del Presidente, era algo obvio: falta de mística y épica, división en el sector de la derecha (incluyendo la variable sin resolver de la función que cumplirá el naciente Partido Republicano), ausencia total de relato político… La fragilidad salió a la luz durante la actual administración, con las sucesivas crisis que la han golpeado: en lo político y social primero, en lo sanitario y económico después. El buque ya no pasa de ser un frágil esquife… que se hunde inevitablemente.
Claramente, la administración de cosas es lo propio del gobierno, lo que explica que la crisis sanitaria y la económica estén -aparentemente- bajo control. El problema es el de las relaciones con las personas que, a fin de cuentas, es de lo que se trata la política. El Ejecutivo evidentemente busca quedar bien con todos, cosa que es imposible y que, unido a la falta de relato, pasa la cuenta. Al respecto, resultan muy llamativos los guiños a una izquierda progresista que lo odia y a una derecha liberal que ya está con él. Los ejemplos son muchos.
Resulta inexplicable que se haya vetado el proyecto de ley que crea el nuevo Servicio Nacional de Protección Especializada de la Niñez (buque insignia del Presidente que viene a terminar con el Sename de una vez por todas), en aras de una defensa del derecho preferente y el deber de los padres de educar a sus hijos, y que a la vez ponga urgencia suma al proyecto de ley de Garantías de la Niñez. Este último, en efecto, presentado por la ex Presidenta Bachelet, ha sido altamente controversial por consagrar el derecho de los niños a una educación sexual integral laica y libre de prejuicios sexistas, el derecho de los niños de asistir a manifestaciones públicas sin permiso, una autonomía progresiva mal entendida y, sobre todo, un paradigma de familia en que los niños pasan a ser sujetos individuales autónomos y los padres potenciales opresores y violadores de sus derechos. La controversia fue tal que ningún senador de la UDI ni de RN votó a favor de la idea de legislar al respecto. En otras palabras: otro quiebre en uno de los momentos más delicados de nuestra historia reciente. ¿En qué está pensando el Ejecutivo? ¿No ve la contradicción entre el veto y esa suma urgencia?
Algo parecido ocurre con el proyecto de ley que modifica la ley contra la discriminación o “ley Zamudio”, frente al cual la actuación ha sido timorata y vacilante. Y lo mismo pasó con otros proyectos del “legado” de la ex Presidenta, como el de violencia contra la mujer y, sobre todo, con el de matrimonio homosexual (cuyo nivel de controversia no hace falta detallar). ¿Piensa acaso el Ejecutivo que le va a salir gratis en su sector prestarle ropa al lobby LGBT? No se trata solamente de un problema de fondo (que lo hay), sino que además es un error de táctica: dividir sin necesidad en el momento en que más unidad se requiere (unidad que, hasta que no cambie nuestro régimen constitucional, está encarnada en la figura de la Presidencia de la República).
Guste o no, la variable de la moral pública sigue siendo políticamente relevante y, hasta cierto punto (aunque cualquiera reconoce que su influencia es muy inferior a la que tenía hace algunos años), sigue siendo un criterio de diferenciación del espectro político. El mundo progre, aunque venda en Twitter, no siempre es el más popular (sobre todo dentro del sector que llevó al Presidente a gobernar). El Ejecutivo no tiene espaldas para maniobras díscolas, no hay agua en la piscina para piqueros como estos. Abrir más flancos, hacer más hoyos al casco de un buque que ya hace agua, solamente empeora la situación. Lo prudente, en pos de una mayor unidad, parece ser echar marcha atrás: quitarle la urgencia al proyecto de Garantías de la Niñez, desvincularse del proyecto de “Matrimonio” homosexual, oponerse con firmeza a las injusticias del proyecto de ley que modifica la “ley Zamudio”. No solo están en juego la defensa de los principios de su propio programa y de sus compromisos, no sólo está en juego el bien común (que debería ser el tema central), sino también el futuro de su propio sector de cara al debate constitucional.
¿Subsidiariedad?
Les dejamos a continuación esta columna de opinión escrita por nuestro Director Cristóbal Aguilera y publicada en El Líbero el 26 de noviembre.
Entre los principios sociales más cuestionados durante la discusión constitucional, se encuentra el principio de subsidiariedad. ¿Cómo debemos comprender este principio? La pregunta es crucial debido a la confusión –y muchas veces deliberada tergiversación– que de él se ha hecho, tanto por parte de sus críticos como de sus defensores.
Recientemente el Papa Francisco dedicó una audiencia general a explicar el principio de subsidiariedad, en el contexto de un ciclo de catequesis denominado «Curar al mundo». Lo hizo por medio del siguiente ejemplo: una persona que trabaja por los pobres, a la hora de explicar a qué se dedica, declara: «Yo enseño a los pobres, yo le digo a los pobres lo que deben hacer». Ante esto, el Papa replica con fuerza: «No, esto no funciona, el primer paso es dejar que los pobres te digan cómo viven, qué necesitan: ¡Hay que dejar hablar a todos!».
El ejemplo es magnífico para comprender este principio, por dos motivos.
En primer lugar, porque evidencia dos actitudes que son incompatibles con el principio de subsidiariedad. Por un lado, al Papa le preocupa que la ayuda a los pobres no sea un mero asistencialismo. El asistencialismo contraría la dignidad de los pobres, porque solo los considera como sujetos pasivos de las soluciones. En efecto, no tiene sentido suplir y anular («yo les digo lo que deben hacer») a quienes se busca ayudar. Pero al Papa también le preocupa que los pobres se vuelvan invisibles. Una sociedad que solo se guía por el mérito y la competencia es una sociedad que termina viendo a los pobres como una piedra de tope para el progreso.
En segundo lugar, el ejemplo es notable porque no habla del Estado. El Papa se refiere –aunque no emplea este concepto– a una «sociedad subsidiaria». ¿Qué significa esto? Significa una sociedad que entiende que la responsabilidad por el bien común recae primeramente en sus miembros. Dicho de otro modo: una sociedad que asume que a todos nos compete colaborar para que los demás puedan realizarse. Obviamente el Estado tiene una labor insustituible, por ejemplo, a la hora de asegurar una redistribución justa de la riqueza que garantice condiciones mínimas de igualdad y justicia (y por ello también es pertinente hablar de «Estado subsidiario»). Con todo, lo fundamental es que las personas, y las agrupaciones sociales, asuman un compromiso vital para con el resto de la sociedad. Así, por ejemplo, podríamos hablar de la función subsidiaria de la empresa, que se traduce –entre otras cosas– en que los empresarios se preocupen de generar las condiciones laborales para que los trabajadores se realicen como personas.
Subsidiariedad significa ayuda, asistencia. No suplencia. De algún modo, esa ayuda debe dirigirse a que todos asuman sus propias responsabilidades. De hecho, con esto termina el Papa su reflexión sobre la subsidiariedad. Y asumir las propias responsabilidades, en cualquier sociedad que se digne llamar como tal, significa preocuparse por el bien de los demás, principalmente de los pobres. Así, el principio de subsidiariedad puede plantearse, en definitiva, como un principio de justicia que exige que cada uno colabore con los otros para que también ellos puedan colaborar. De esto se trata, en último término, ser ciudadano.
La mal entendida subsidiariedad: ¿Ayuda, ausencia, suplencia?
Les dejamos a continuación esta columna escrita por el miembro de nuestro directorio Cristóbal Aguilera publicada el 12 de noviembre en el Diario Financiero
Uno de los principios sociales que más críticas ha recibido en el contexto del debate constitucional es el de subsidiariedad. El problema es que muchos de los cuestionamientos parten de un supuesto equivocado: la subsidiariedad necesariamente pugnaría con un Estado activo en el ámbito social. Por el contrario, una correcta comprensión de este principio puede ayudarnos a comprender el papel que le corresponde al Estado en esta esfera.
El principio de subsidiariedad se funda en la siguiente premia: la realización de los miembros de toda comunidad política supone que estos puedan asumir sus propias responsabilidades en la vida social. Sobre esta base, la subsidiariedad constituye un criterio de justicia que, en concreto, permite determinar a quién le corresponde la realización de las diferentes actividades de la vida en sociedad. De ahí que este principio, que es sinónimo de ayuda o asistencia, tenga por objeto precisamente ayudar y asistir a las personas para que alcancen sus fines en virtud de sus propios esfuerzos, lo que normalmente realizan por medio de agrupaciones sociales que forman para estos efectos.
En este contexto, el concepto de “Estado subsidiario” enfatiza la idea de que la labor del Estado debe orientarse a prestar esta ayuda, a la vez rechaza dos perspectivas incompatibles con él. Por un lado, es incompatible con la subsidiariedad un Estado que sustituye a los ciudadanos y agrupaciones en la consecución de sus metas, pues carece de sentido suplir y anular a quienes se busca precisamente asistir.
Por otro lado, también es contrario a este principio la tesis del “Estado mínimo”, según la cual el Estado no debería intervenir en la vida social salvo contadas excepciones. La subsidiariedad no es ausencia del Estado ni desprecio del mismo, sino presencia; pero presencia que se orienta a ayudar, no a suplir.
De este modo, podríamos definir el papel que le cabe al Estado en el ámbito social como colaborativo. En ciertos casos, esto se debe traducir en generar condiciones para que los ciudadanos puedan libremente organizarse y desarrollar las actividades que se proponen (en el ámbito educativo, cultural, etc.). En otros casos, la subsidiariedad exige asistir directamente a las familias que viven en situaciones de vulnerabilidad, como la pobreza, para ayudarles a que ellas mismas se hagan cargo de sus vidas.
No es incompatible con el principio de subsidiariedad una política que busque otorgarles una vivienda digna a ciertos sectores de la población. Tampoco lo es el establecimiento por ley de un sueldo digno o la imposición de una política de redistribución de la riqueza para crear mejores condiciones sociales.
Es fundamental que la discusión constitucional tenga a la vista este principio, que permite delinear correctamente la labor del Estado en materia social, con el fin de que las personas y las agrupaciones puedan realizarse asumiendo sus propias responsabilidades en la vida en común.