Los resultados del plebiscito del 4 de septiembre nos sorprendieron a todos. Con un 80,8% de participación, el 61,8% optó por rechazar la propuesta de la Convención Constitucional.
Surge la pregunta ansiosa y fundada sobre qué es lo que sigue ahora. En el “mundo político” parece haber acuerdo en que debe continuar el proceso hacia una nueva Constitución. La instalación de esta idea como algo obvio nos ha impedido volver a reflexionar sobre si una nueva Constitución es realmente lo que necesita nuestro país y si es, acaso, lo que realmente quiere la ciudadanía.
“Chile quiere una nueva Constitución”:
Hay varios factores que se deben considerar. Una lectura simple e incompleta sería sostener que el 2020 “el 78% de la gente manifestó que quería una nueva Constitución”. En ello se basan muchos políticos para argumentar que el proceso debe seguir adelante para dotarnos de un nuevo texto constitucional, y no para hacer reformas que sean necesarias y prudentes al vigente.
Ante ese argumento, cabe recordar que la participación en dicho plebiscito del 2020 fue solo de un 50,9%. Además, no sabemos cómo respondería hoy ese 78% a la pregunta de si quiere una nueva Constitución: no es lo mismo preguntar a alguien si quiere una nueva Constitución el año 2020, en el contexto de un “estallido social”, sin una crisis económica de la magnitud de la de hoy, sin el fracaso de una Convención a cuestas y con un Gobierno de otra tendencia política al mando, que preguntárselo hoy, con todo lo ocurrido en estos dos años, con un Gobierno que exuda inestabilidad, con los resultados del plebiscito del 4 de septiembre a la vista.
Por lo tanto, que un 78% de aquel 50% que votó el 2020 haya querido, en ese entonces, tener una nueva Constitución, no significa que el pueblo sigue queriendo una nueva Constitución ni tampoco que Chile necesite.
El resultado del plebiscito de entrada fue que una Convención Constitucional debía redactar una propuesta de Constitución. Esa propuesta se hizo y fue rechazada en el plebiscito de salida. Una gran mayoría interpreta hoy que existe un “mandato político”, no jurídico, de tener una nueva Constitución. Sin embargo, el resultado del plebiscito de salida puede interpretarse tanto como un rechazo al texto constitucional propuesto, como al texto y al tipo de órgano redactor, o incluso como un rechazo al texto, al tipo de órgano y a la vía que se eligió para lograr los cambios demandados: un proceso constitucional. La opción por la moderación, manifestada de forma clara el 4 de septiembre recién pasado, bien se puede leer como un llamado a continuar por la vía de la reforma constitucional.
Por lo demás, este es un momento adecuado para recordar que el proceso constitucional se inició por un acuerdo político -en noviembre de 2019- que buscaba canalizar la violencia octubrista. O sea, desde un comienzo la “necesidad constitucional” fue impuesta por políticos que hoy, al parecer, intentan volver a hacer lo mismo. Recordemos, por último, que en el período 2014-2019 (o sea, antes de llegar a este acuerdo político), el tema constitucional estaba lejos de ser una prioridad para los chilenos (CEP, 2020). En la misma línea, según la encuesta Pulso Ciudadano los chilenos creían que para superar la crisis se debía “escuchar las demandas ciudadanas y generar un plan de mejoras”, y solo en cuarto lugar de prioridades estaba la opción “proceso constituyente – Nueva Constitución” (octubre 2019).
Con estos últimos datos puede sostenerse que el amplio rechazo en el plebiscito de salida fue un rechazo a dicho acuerdo político de noviembre de 2019, que impuso una supuesta necesidad que no respondía de forma adecuada a lo que la gente pedía. Llama la atención que la clase política quiera evadir esta cuestión evitando, en todas las propuestas, un nuevo plebiscito de entrada.
“Chile necesita una nueva Constitución”
Jurídicamente, Chile no tiene una obligación (y por lo tanto una necesidad) de redactar una nueva Constitución, frente al rechazo de la propuesta de la Convención. Recordemos que el artículo 142 de nuestra actual Constitución dice que “si la cuestión planteada al electorado en el plebiscito ratificatorio fuere rechazada, continuará vigente la presente Constitución”.
Lo cierto es que Chile hoy se mueve en el escenario de las urgencias, tanto materiales como espirituales. Atenderlas requiere, por supuesto, de reformas. Algunas serán constitucionales, otras no. Caer en una nueva hipnosis constitucional sería no entender el fracaso del proceso reciente.
Así, hacerse cargo de las urgencias sociales (que, en parte, dieron paso a la crisis social post 18 de octubre), no pasa por dotarnos de una nueva Carta fundamental. La incertidumbre, la polarización y el gasto de miles de millones de pesos indican que un nuevo proceso constitucional solo dará con ahondar dichos problemas.
Conclusión:
Todo lo anterior no puede ser desconocido por los políticos –especialmente diputados y senadores– que en estos días se reúnen para decidir cómo seguir adelante. Tomar decisiones de espaldas a las necesidades de los chilenos y considerando solo intereses político-partidistas, tal como hizo gran parte de la Convención al anteponer sus intereses identitarios, sería tropezar dos veces con la misma piedra.