Los fundamentos del requerimiento se basan en que los preceptos impugnados vulnerarían el derecho preferente de los padres a educar a los hijos, y otras garantías constitucionales como la libertad de conciencia, la libertad de enseñanza y la igualdad ante la ley; además de no haberse respetado ciertas normas de quórum en la votación en el Congreso.
A pocos días de que se le enviara al Presidente de la República el proyecto de Garantías de la Niñez para su promulgación, Corporación Comunidad y Justicia presentó dos requerimientos contra ciertos artículos de la iniciativa: uno en el Tribunal Constitucional con la firma de 49 diputados y otro con 15 senadores en el Senado.
Los artículos impugnados fueron aquellos que se referían a la constitución del deber del Estado de garantizar una educación sexual y afectiva integral “de carácter laico y no sexista” (artículo 41 inciso cuarto del proyecto de ley), a establecer restricciones excesivas al derecho de los padres a educar a sus hijos en relación a la autonomía progresiva del menor (artículo 11 del proyecto de ley) y a consagrar el derecho de los menores de edad a asistir, promover y convocar reuniones públicas y manifestaciones pacíficas por sí solos (artículo 31 incisos cuarto y quinto del proyecto de ley).
Dichas normas invierten la “preferencia” que la Constitución reconoce a los padres por sobre toda otra persona o institución en el ejercicio del derecho y el deber de educar a sus hijos, por lo que no sólo atenta en contra de las garantías constitucionales ya mencionadas si no con el deber del Estado de proteger y promover las relaciones de familia.
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Foto de Agustín Lizana
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