Esta semana en la columna Constituyente del diario El Líbero, nuestro abogado asesor analiza los dos primeros meses de la nueva Mesa de la Convención y su desempeño en el proceso constitucional.
Ya en la última semana de febrero, con la vuelta a clases a la vuelta de la esquina y ad portas de un cambio de Congreso y de Gobierno, podemos tener un primer diagnóstico de los dos primeros meses de la nueva Mesa de la Convención y su desempeño en el proceso constitucional.
Al igual que la Mesa anterior, la conducción de Quinteros y Domínguez ha enfrentado los mismos problemas: un debate de bajísima calidad, infracciones reglamentarias, aprobación de normas polémicas cuyos efectos perniciosos fueron extensamente advertidos, una participación popular aparente, una consulta indígena sin claridad alguna sobre su realización y problemas comunicacionales para informar sobre el trabajo de la Convención.
Al poco tiempo que tienen los convencionales en el Pleno para deliberar sobre el trabajo enviado por las comisiones, se sumó la nueva restricción de la Mesa, al aprobar el 20 de febrero ciertas medidas que limitan el debate, como reducir la duración de la sesión de discusión general de 8 a 5 horas, y de 8 a 3 horas para la discusión en particular. En las comisiones, las indicaciones siguen siendo presentadas (“patrocinadas”) por más de la mitad de sus integrantes, por lo que, a la hora de votar, lógicamente esas indicaciones obtienen el voto favorable de más de la mitad de los integrantes, ya que quienes presentaron dichas indicaciones votan a favor de ellas. O sea, en la práctica ya está decidido, desde el momento en que se presentan, cuáles indicaciones serán aprobadas y, con ello, el texto final que se enviará al Pleno (algo similar a lo que ocurrió con la aprobación del Reglamento de Consulta Indígena).
A estos problemas se suma el veto contra los convencionales de Vamos por Chile. A causa de esto hay quienes han manifestado la necesidad de incorporar las ideas de este grupo en el borrador de texto constitucional, como ha ocurrido con el convencional socialista Andrés Cruz, en la Comisión de Sistemas de Justicia, o la denuncia hecha por la convencional Evópoli Bárbara Rebolledo, quien acusó al resto de los convencionales de la Comisión de Derechos Fundamentales de tener un grupo de Whatsapp en el que decidían el destino de las indicaciones.
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