El feminismo dominante parte de la base que la existencia de una desigualdad entre hombres y mujeres se origina en el “patriarcado”. El sometimiento y la exclusión que han sufrido durante siglos debe cambiar y para ello es necesario “reeducar” a las actuales y futuras generaciones a fin de alcanzar una verdadera igualdad. La herramienta más ocupada para producir esta transformación es la “perspectiva de género”, es decir, la introducción de un criterio nuevo según el cual el sexo de la persona altera las reglas generales de funcionamiento de la sociedad, a fin de lograr una igualdad plena.

Tal diagnóstico olvida lo básico: la diferencia esencial y la complementariedad entre el hombre y la mujer. Al postular que son absolutamente iguales, el feminismo ignora las características propias de la mujer en todo orden de cosas y acciones, desde su fisiología, pasando por sus intereses, hasta su vocación misma. Por ejemplo, la igualdad que se busca alcanzar en el ámbito laboral, aparte de hipócrita -porque siempre se refiere a los cargos de poder y bien pagados-, no busca integrar a la mujer al trabajo según como ella es, lo que provoca que se involucre según la forma y el modo en que el hombre trabaja.

Si uno levanta una piedra, debajo hay perspectiva de género. Todo debe ser regulado, juzgado y analizado con perspectiva de género, en el Poder Judicial, en el Ministerio Público, en las municipalidades, en los hospitales, en la administración del Estado. Esto a su vez genera que se deban redactar regulaciones especiales y diseñar y ejecutar programas sociales y políticas públicas que velen por la inclusión de este criterio, fiscalicen su cumplimiento, analicen sus resultados y propongan nuevas medidas.

El actual Gobierno “feminista” ha sido el principal impulsor de este despilfarro ideológico, hasta en las cosas más absurdas. Una cuenta de Twitter regularmente publica ejemplos de presupuesto derrochado: solicitud de la Subsecretaría de Energía para elaborar un “Informe de sistematización de información de mesa interministerial e intersectorial de género en hidrógeno verde” ($ 1.355.001); “Almuerzo para los 130 asistentes del Congreso de Cambio Climático con Enfoque de Género”, pagado por el Instituto de Desarrollo Agropecuario (1.750.000); “Iluminación con enfoque de género”, de la Municipalidad de Peñalolén ($ 165.827.222); consultoría para actualización de instrumento para “la medición de riesgo en violencias de género” del Servicio Nacional de la Mujer ($140.000.000); licitación del Hospital Guillermo Grant para un curso sobre “atención a niños, niñas y adolescentes trans no binarios y de género diverso” ($3.000.000); estudio encargado por el Ministerio de la Mujer sobre la “Caracterización de la violencia política digital de género en Chile” ($26.510.000); el curso de “herramientas básicas para abordar la perspectiva de género en el quehacer regional” de la Comisión Nacional de Riego ($ 2.300.000); el curso de “Masculinidades empáticas y equitativas libres de violencia” del Hospital San Juan de Dios de Santiago ($ 2.850.000); los servicios de alimentación y alojamiento para la “Jornada de Sexualidad, Afectividad y Género” de la Seremi de Educación de Antofagasta ($ 1.326.850); los 3 cursos pagados por la JUNJI para la “Capacitación en Género en nivel Básico” para “el desarrollo de prácticas pedagógicas con perspectiva de género en el nivel de educación parvularia, destinado a jardines infantiles” ($ 509.689.119). Y así. El gasto, sólo con estos 10 ejemplos, en aplicar la perspectiva de género en educación, salud, energía, etc. alcanza los $848.308.192 millones de pesos. ¿Cuánto será el total?

No hay plata para los hospitales y sus listas de espera (aunque ellos las gastan en cursillos sobre infancias trans y masculinidades empáticas), para la educación pública (la Junji prefiere adoctrinar niños en los jardines infantiles), para aumentar la inversión (Energía prioriza el hidrógeno verde con perspectiva de género), para fortalecer la seguridad, y para tantas cosas que se necesitan urgentemente.

Este gobierno feminista ha hecho de sus principios un negocio para enriquecerse con un diagnóstico absolutamente inútil y soluciones ideológicas y absurdas, a costa del dolor y necesidades urgentes. Sólo con esos 840 millones, o con todo el gasto en perspectiva de género ¿cuántos hospitales, tratamientos de salud, comisarías, recuperación de clases, construcción de viviendas, reparación de escuelas y ayuda a niños abandonados e institucionalizados, podrían financiarse? La brutalidad de la frivolidad feminista no es sólo por el bien que no se hace, sino por el mal que sí se hace; porque a un niño no le sale gratis que una parvularia le diga que puede ser niña.

Ojalá los parlamentarios aprueben una glosa que prohíba gastar un solo peso de la Ley de Presupuestos para el próximo año en “perspectiva de género”. Porque el negocio feminista es un saqueo y un insulto a todos los chilenos.

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Los cinco años del 18-O fueron opacados por el punto de prensa del Presidente Gabriel Boric sobre la denuncia contra el ex subsecretario Monsalve, y el escándalo será aprovechado con fines electorales. Mucho se ha escrito sobre lo que ocurrió el 18-O así como los posteriores, pero poco se ha dicho sobre la autocrítica de la derecha por las causas del mismo.

Por supuesto, no nos referimos a las causas materiales del 18-O, sino a algo anterior y más remoto, a la pérdida de un norte político, de un reaccionismo mezclado con acuerdismo. ¿Acaso el horizonte político de la derecha es volver al día anterior al 18-O? Ad portas de las elecciones municipales, ¿qué ofrece la derecha que no sea solucionar crisis? Porque no es suficiente gestionar… ¿ser un “país desarrollado”? ¿Qué es eso? ¿Basta ver ciertos números azules asociados al PIB en la encuesta dominguera para relajarse? ¿Un Estado moderno y eficiente?

En cierto sentido, la derecha chilena hasta el 2019, mantuvo un discurso que no se distanciaba mucho de mantener las premisas del libre mercado y la visión liberal del principio de subsidiariedad. La economía se convirtió en el todo y en lo único. Atrás fue quedando la claridad sobre el concepto de persona, de matrimonio, de Estado de Derecho, de salario familiar, de cuerpos intermedios, de fe, de educación, de deberes, de dignidad, de uso legítimo de la fuerza, de autoridad, de verdadera subsidiariedad y solidaridad. La crisis del 18-O y la Convención Constitucional obligaron a la derecha, sólo ante el grave peligro, a desempolvar los conceptos de patria y de servicialidad. Porque estaban de acuerdo en que la dignidad era autonomía, en que la educación fuese homogénea, en que hay derechos y no deberes, en que hay libertad sin verdad, en que el consentimiento entre privados todo lo valida.

La ausencia de conocimiento y defensa de estos principios y conceptos básicos se manifestó en un derrotismo irreversible. Si la democracia se arregla con más democracia, no se insistió en revertir malas leyes y políticas públicas, aunque se hubiesen aprobado o implementado el día anterior. No hubo una apuesta a largo plazo. No hubo, ni hay, un programa que fuese incluso más allá de las victorias presidenciales que se podrían alcanzar, para que un padre alentara a sus hijos a que “voten por ellos, porque tienen claro qué es lo que quieren y hacia dónde quieren llevar a Chile”. Esa falta de objetivos impedía un discernimiento sobre los medios. Perdidos, veían en la política de los acuerdos una garantía para su supervivencia.

Así, es necesario que la derecha se pregunte: ¿Qué hicimos y que no hicimos? ¿Qué haremos y qué no haremos para que no vuelva a ocurrir? Pero la pregunta no es sobre el 18-O, sino por las causas que llevaron a él y que se relacionan con la ausencia de un proyecto político sólido y permanente que se debe defender en las buenas y en las malas, y que no es simplemente el relato para una campaña electoral ni el estatuto de principios de un partido.

Si está clara la crítica a la izquierda por la validación de lo ocurrido el 18-O y posterior a él, no ocurre lo mismo con la autocrítica de la derecha política por las causas que llevaron al 18-O. La tentación de ver en el 18-O o el 4-S una especie de borrón y cuenta nueva tendrá un costo. Y la respuesta no puede agotarse en seguridad, economía, probidad y modernización.

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Con cada nueva sesión, la Comisión Investigadora sobre los tratamientos transafirmativos a niños va desenredando la madeja de instituciones involucradas en lavarle el cerebro a chicos y grandes, promover la idea de que se puede transicionar de un sexo a otro -¡desde los 3 años!- y que puede terminar en hormonas y cirugías. Es cierto que hay una crisis de seguridad, otra de economía, una más de corrupción y elecciones a la vuelta de la esquina… pero estamos hablando de nuestros niños, de su integridad, de su vida, de su futuro.

Y es muy grave lo que se ha revelado. Que hay más de 2.500 niños han ingresado al PAIG; que, sólo en la red pública, más de 600 están recibiendo hormonas, y hay tres casos que son desde los 9 años; que hay padres “resistentes” que han perdido a sus hijos por orden de un tribunal de familia; que existe una derivación desde ¡un jardín infantil!; que hasta Poncio Pilatos se pondría rojo de vergüenza con el lavado de manos del Minsal, ISP y Cenabast; que el Mineduc diseña protocolos para derivar niños desde las escuelas al PAIG; que no hay seguridad de la existencia y contenido de los consentimientos informados de los padres; que hay, al menos, 42 casos de adolescentes con operaciones de reasignación de sexo.

Y la semana pasada, las municipalidades salieron al baile. En la sesión del lunes 7, la Comisión Investigadora recibió a la Subsecretaria de la Niñez, Verónica Silva, quien señaló que existen municipalidades con programas de identidad de género para niños propios. Es decir, se abre una nueva caja: ¿Cuántas municipalidades son? ¿Que tipo de atención entregan? ¿Incluyen entrega de hormonas… a través de las Farmacias Populares, por ejemplo? ¿Cuántos niños han pasado por esos programas? ¿Cuál es el presupuesto que han destinado las municipalidades a financiar este activismo ideológico con “capacitaciones”, convenios e “insumos”?

Porque existen ejemplos. La Municipalidad de Santiago tiene una Guía de orientación en salud para personas “de la diversidad”, y los niños “trans” de 14 años que requieran acceder a terapia hormonal “deben ser derivados por el Cesfam, donde se señale “paciente trans requiere evaluación y terapia de hormonización para proceso de tránsito”; o el Programa de Atención Temprana para la Primera Infancia Diversa (ATEPID) de la Municipalidad de Macul, destinado a niños entre 0 y 9 años; o el convenio de la Municipalidad de Recoleta con una reconocida organización trans para que los menores reciban hormonas a través de su Farmacia Popular. Y así, ¿cuántas más? ¿cuántas Oficinas municipales de la Diversidad realizan derivaciones de niños al PAIG? ¿Cuántos municipios de la Red Nacional de Municipalidades por la Diversidad, inclusión y no discriminación (Red Diversa) tienen este tipo de programas similares al PAIG y entregan hormonas mediante las Farmacias Populares -las que también son objeto de una Comisión Investigadora? ¿Cómo los municipios, lugares de ayuda y orientación a los vecinos, se convirtieron en cajas pagadoras de programas ideológicos que dañan a los niños?

La semana pasada la agrupación Do No Harm informó que, en Estados Unidos, entre 2019 y 2023, se habían realizado más de 5.700 menores se habían hecho operaciones de reasignación de sexo y más de 8.500 habían recibido tratamientos hormonales… ¿y en Chile?

La red de hospitales, liceos, municipalidades, programas sociales de niñez, organizaciones y académicos activistas opera en dar un sustento integral a una ideología que hace que la medicina dañe y no sane, que la educación adoctrine y no enseñe, que la sociedad y el Estado abandonen y no ayuden. La Comisión Investigadora tiene la oportunidad de dar los primeros pasos en reparar el daño cometido a miles de niños y buscar responsables, para que se les aplique todo el peso de la ley.

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Según la última encuesta CEP, los chilenos creen más en el cielo que el infierno. La vida, la muerte, la religión y la familia ocupan buena parte de las preguntas y vale tener en consideración las respuestas para arrojar un poco de luz sobre el Chile de hoy y las crisis que vive.

Por un lado, han disminuido quienes creen en el cielo y en el infierno, en que la vida tiene sentido porque Dios existe y en la vida después de la muerte, pero aumentó la creencia en la energía espiritual en las montañas, los árboles y los cristales, en la reencarnación, en el karma y los que creen en el mal del ojo duplican a los que no.

Por otro lado, la relación con Dios es personal, prescindiendo de confesiones religiosas, lo que se manifiesta en diferentes aristas relacionadas con la Iglesia Católica y las iglesias evangélicas. En este sentido, aumentó la cantidad de personas que no están de acuerdo con que la religión es hoy tan relevante para la vida como lo fue en el pasado (48%), un 50% considera que la religión es poco o nada importante en la sociedad, debido a que es una fuente de escándalos y desconfianza o es irrelevante. La irrelevancia y desconfianza en la religión también se puede explicar por la disminución de la confianza en la Iglesia Católica y en las iglesias evangélicas -lo que también se refleja en el aumento de quienes nunca asisten a servicios religiosos- y en la bajísima confianza en los sacerdotes y pastores.

Esta irrelevancia y desconfianza se manifiesta en la postura sobre los temas “valóricos”. El 75% de los encuestados está muy de acuerdo o de acuerdo en que las autoridades religiosas no deberían tratar de influir en la forma en que votan las personas y un 72% cree que no deberían influir en las decisiones del gobierno.

Lo anterior es inseparable con la legitimación del aborto, porque entre 1999 y 2024 disminuyó el número de quienes aprueban la prohibición total (de un 55% a un 15%), y aumentó el de quienes lo aprueban en casos especiales (de un 35% a un 50%) y en cualquier caso (de un 10% a un 34%). La eutanasia también ha sido validada entre 2017 y 2024, aumentando su permisión total (de un 14% a un 29%), manteniendo estable su permisión en casos especiales (57%) y disminuyendo quienes creen en su prohibición total (de22% a 11%).

Llama la atención el aumento de quienes aceptan el aborto si una familia tiene muy bajos ingresos y no puede financiar tener más hijos: entre 1998 y 2024 quienes se oponían bajaron de 81% a 50% y quienes lo consideran correcto subieron de un 16% a un 46%. Por último, entre 2011 y 2024 aumentó de un 26% a un 60% quienes están de acuerdo en que una pareja del mismo sexo puede criar tan bien a un niño como una pareja heterosexual y disminuyó en el mismo porcentaje quienes creen lo contrario (de 58% a 25%).

Estas opiniones se contraponen a la defensa y promoción que el cristianismo ha dado sobre el derecho a la vida desde su inicio hasta su término natural y a la conformación heterosexual e indisoluble del matrimonio. Llaman la atención las cifras sobre la actual crisis de natalidad (1,2 hijos por mujer).

Todo lo anterior merece análisis en diferentes niveles y capas de profundidad. Las confesiones religiosas se encuentran ante una sociedad que desconfía de ellas, que prefiere que hablen en iglesias vacías, mientras la cultura, la educación y las leyes avanzan en sentido opuesto a los bienes que defienden y promueven. Pero más grave aún es el retorno a un paganismo y a la ausencia de trascendencia. La oposición al aborto y a la eutanasia debe estar acompañada del reencantamiento a la juventud de la persona de Jesús, de la necesidad de la Iglesia y de la idea de formar una familia.

La crisis de desarticulación del matrimonio tiene como consecuencia directa la disminución de la natalidad e indirectamente alcanza a todo ámbito de la sociedad. Según la CEP, la familia fue, por lejos, el aspecto que más define la identidad personal de un individuo. Y si los cimientos son frágiles, el edificio se tambalea.

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