El Gobierno anunció que las prioridades legislativas para septiembre serán poner fin al CAE, acelerar la discusión sobre eutanasia y levantar el secreto de la Comisión Valech. Respecto a la eutanasia o “muerte digna”, el Presidente Gabriel Boric le pondrá urgencia para que se vote en el Senado.  

Es que el octubrismo ideológico no fue derrotado el 4-S. La agenda progresista no conoce de derrotas, sino de retiradas tácticas, de avances lentos y seguros, de defender la posición. El Gobierno promueve la hormonización de niños, anuncia ampliar el aborto y discriminar laboralmente la conciencia de doctores objetores, legitimar la eutanasia, volver a la carga con la ESI y tener la última palabra sobre quiénes deben ser los profesores de religión, pasando por encima de las confesiones religiosas. Y esto es lo más grave, omitiendo ridiculeces como la perspectiva de género en las caletas pesqueras o en el Ministerio de Seguridad.

El anuncio recibió críticas por ser un volador de luces, de desesperación electoral o de que no es prioritario. Válidas, pero que no van al fondo del asunto. Tampoco funciona el trueque de aprobar algunas causales por los cuidados paliativos o la objeción de conciencia personal e institucional. Argumentos como la pendiente resbaladiza de la eutanasia en Holanda o la masificación en Canadá tampoco son suficientes.

Como dijo Jérôme LeJeune, genetista antiaborto que identificó el síndrome de Down, “La calidad de una civilización se mide por el respeto que le entrega a sus miembros más débiles”. Si ya tenemos una calidad deficiente de nuestra civilización con una ley que permite asesinar a personas al inicio de su vida en el vientre de su madre, sólo puede empeorar si ahora permitimos lo mismo al final de sus días. La normalización de la cultura de la muerte contra indefensos e inocentes es esencial en la agenda y legado del Gobierno de Boric, y siempre en complicidad con la derecha liberal y progresista.

La dignidad es inherente a la persona humana y no se pierde por el sufrimiento o por la enfermedad. Esta dignidad exige ciertas conductas de la persona y cierto trato hacia ellas.  Tener derecho a la vida no significa poder disponer de ella. La vida humana es un bien indisponible. Que tengamos derecho a ella no significa que tengamos derecho sobre ella. Esto se relaciona con el punto anterior: la dignidad humana exige ser respetada incluso contra la autonomía de la persona: no existe un “derecho a que violen mi dignidad”. Matar a una persona no es un acto de compasión. “Compasión” significa “sufrir con” el que sufre y no “matar al” que sufre. Lo realmente compasivo es acompañar e intentar aliviar el dolor del paciente.

Sobre esto último es que se debería trabajar realmente. Una de las críticas al proyecto de ley es que los cuidados paliativos no son un requisito para acceder a la eutanasia, aunque si lo fueran no la convierte en un acto bueno. Sin embargo, según un estudio de la Facultad de Medicina de la Pontificia Universidad Católica de Chile de 2019, los cuidados paliativos disminuyen en al menos un 50% las solicitudes de eutanasia y hay casos en que han logrado reducirse casi a cero. Esto se ha confirmado incluso por la misma OMS, cuando su comité experto en cuidados paliativos adoptó la posición de ser innecesaria la legalización de la eutanasia, debido al desarrollo y evolución de nuevos y modernos métodos de cuidados paliativos.

La preocupación del Ejecutivo y el Legislativo para aliviar el dolor de los pacientes con enfermedades terminales no encuentra solución en no impedir su muerte y consagrar su petición como un “derecho”, sino de garantizar realmente que tengan una verdadera muerte digna a través de los mejores cuidados paliativos.

>> Leer columna en El Líbero

El acto inaugural de los Juegos Olímpicos, que ridiculizó la Última Cena de Jesús y sus Apóstoles, puso nuevamente sobre la mesa las constantes humillaciones que debemos aguantar muchos creyentes, especialmente por las burlas a representaciones de las personas más importantes del cristianismo. Ha ocurrido, con diferentes niveles de gravedad, en eventos internacionales y en muchos países, y Chile no ha sido la excepción.

La persecución contra los cristianos en la actualidad es un martirio que ocurre en todas partes del mundo. Durante 2023, solo en Nicaragua, Bielorrusia, China y Nigeria, 132 sacerdotes y religiosos fueron detenidos, secuestrados o asesinados, según el reporte de Ayuda a la Iglesia Necesitada. Rápidamente se ha olvidado la masacre de casi 140 cristianos nigerianos para las fiestas navideñas. Pero también la blasfemia y el sacrilegio se han extendido. La blasfemia se puede entender como una actuación injuriosa contra las personas santas y cosas sagradas, o contra lo sagrado. Es tan grave la normalización de la blasfemia y el sacrilegio en una sociedad como la apatía y silencio cómplice de los creyentes que no se atreven a oponerse. 

Chile no ha sido ajeno a este desprecio por el mundo cristiano. Iglesias quemadas por grupos mapuches y para el 18-O, templos vandalizados en las marchas feministas y sagrarios profanados en Halloween son noticias esperables para esas fechas. Pero hay otros modos, quizás menos dañinos materialmente, pero igualmente graves. Por ejemplo, cuando se puso un pañuelo abortista a una estatua de la Virgen María en la Casa Central de la Universidad Católica o la performance en el programa “Las Gansas” de La Red con insultos al Papa, a los católicos en general y actos obscenos con un rosario, del mismo estilo que el banderazo del Apruebo en Valparaíso. En otro nivel de gravedad, pero igualmente vejatorio, son las estatuas de la Virgen María en varias sucursales del bar “La Virgen”. Es un insulto para los católicos que al interior y exterior de los locales hayan instalado estatuas o imágenes a modo de decoración, como si fuese un simple cuadro o adorno más. También ha hecho noticia el reconocimiento legal de la organización satánica Templo de Satán, que basa su religión en el símbolo de Satán como el adversario a toda imposición dogmática. Y así suma y sigue una larga lista.

Otra fuente de ataque a los cristianos, y a todas las religiones en general, es el cumplimiento de una sentencia internacional de la Corte Interamericana de Derechos Humanos contra Chile, que le ordena modificar nuestra normativa para que la elección de los profesores de religión no discrimine arbitrariamente. El Gobierno, por supuesto, ha aprovechado la oportunidad para tratar de controlar que la calificación de la idoneidad quede radicada finalmente en el Estado y ya no en las autoridades eclesiásticas. Curiosamente, para decirlo en términos suaves, el argumento de la separación Iglesia – Estado que se escucha cuando la Iglesia Católica se opone a temas como la píldora anticonceptiva, el “matrimonio” igualitario, el aborto o la eutanasia -progresos de nuestro tiempo, en palabras de un senador- ahora no se escucha. 

Mediante avances sutiles y pasos tácticos, pero lentamente el anticristianismo, en distintos niveles y con diferente intensidad, ha ido calando en el mundo y en Chile. Es tiempo de que personas e instituciones defiendan su fe en el espacio público. 

>> Leer columna en El Líbero

La semana pasada, TVN emitió un nuevo Informe Especial, dirigido por Santiago Pavlovic y titulado “Nuestros niños trans”, en el que aborda los casos de mayores y menores de edad que realizan su “transición” al sexo opuesto. Drysdale y Pavlovic han abierto la puerta para mostrar la aterradora realidad de la hormonación trans a niños y jóvenes y sus consecuencias irreversibles, los jueces que le quitan a los padres “opositores” la tuición de sus hijos y la feroz cancelación de las fundaciones activistas contra los que critican su modelo transafirmativo.

La información se ha ido conociendo con cuentagotas, pero cada testimonio y documento nuevo sólo hace crecer la preocupación por el daño que el Estado está provocando en miles de niños y padres. Literalmente, miles. La subsecretaria de Salud reconoció que, en la red pública de salud, 600 niños entre 10 a 17 años están recibiendo tratamiento hormonal, sea para bloquear su pubertad o para hormonación cruzada, que tienen efectos graves e irreversibles en los huesos, esterilidad, problemas en el corazón, etc. No sabemos desde hace cuánto tiempo reciben estas hormonas, si su uso está autorizado por el ISP, si los padres fueron coaccionados con la frase “hijo trans o hijo muerto”.

Dicen que el programa del Estado (PAIG o Crece con Orgullo), dirigido a niños entre 3 a 17 años y al que ya han ingresado más de 2.000 menores, no contiene terapia hormonal, sino que sólo “acompañamiento psicológico”. Pero lo que se niegan a reconocer es que ese programa sí hace derivaciones para tratamiento hormonal. ¿Cuántos, de esos 600 niños hormonados, partieron con el PAIG? ¿Cuántos de ellos se han derivado a la salud privada? Tampoco sabemos cuál es el periodo de tiempo que se ocupó para contabilizar los casos. Si contáramos desde, por ejemplo, el 2015, y sólo en la red pública, podríamos estar hablando de más de mil niños que están recibiendo un tratamiento hormonal que no tiene respaldo científico.

¿Cómo se le devuelve a Orlando (testimonio de Informe Especial) el tiempo que ha perdido con su hija de 15 años porque un juez decidió que sabía qué era lo mejor para ella y, por eso, los separó? ¿Quién le devuelve la tranquilidad a Ángela de que su hija ya no será acosada por los integrantes del PAIG para que siga su transición, a pesar de que ella no quiere volver? ¿Cuándo podrá José volver a ver a su hijo, arrebatado cuando tenía 3 años por jugar con barbies y que ya al año siguiente marchaba con faldas?

Una de las cuestiones más llamativas del reportaje de TVN, fue la negación de la diputado trans Emilia Schneider a reconocer que se debe respetar la decisión del padre de no autorizar el ingreso de su hijo estos programas y terapias de transición social y hormonal, al sostener que “el interés superior del niño está por sobre toda otra consideración”. Aplicando esa lógica, todas las normas que establecen prohibiciones según edades pierden sentido (ej. comprar alcohol o cigarros, firmar contratos, salir del país, etc.). Es preocupante que un integrante del Congreso, quien debe respetar y hacer respetar la Constitución, se esfuerce en no reconocer el deber y derecho preferente de los padres de educar a sus hijos, siendo, además, presidente de la Comisión de Educación.

El Estado está fallando estrepitosamente en todo lo que se refiere a población infantil: retraso en la entrega de útiles escolares, incapacidad de garantizar la seguridad y orden en liceos, crisis en los centros de Mejor Niñez… y a toda esta intranquilidad de los padres ¿ahora hay que sumarle que un establecimiento educacional, ante la sola opinión del niño, y sin avisarles, comience a tratarlo según su autopercepción, o incluso, derivarlo a estos programas de “acompañamiento”? ¿Cómo es posible que el presupuesto para el PAIG sea de 3.500 millones de pesos anuales?

Son sólo algunas de las preguntas que la Ministra de Salud deberá responder hoy, en la sesión de la Comisión Investigadora de la Cámara de Diputados a la que fue citada y que revisará todas las aristas educacionales, presupuestarias, sanitarias, etc. El legado de este Gobierno será la experimentación científica en niños, el quiebre de familias y el financiamiento a los “monos peludos”.

>> Leer columna El Líbero