Esta semana en la columna Constituyente del diario El Líbero, nuestro abogado asesor analiza los dos primeros meses de la nueva Mesa de la Convención y su desempeño en el proceso constitucional.

Ya en la última semana de febrero, con la vuelta a clases a la vuelta de la esquina y ad portas de un cambio de Congreso y de Gobierno, podemos tener un primer diagnóstico de los dos primeros meses de la nueva Mesa de la Convención y su desempeño en el proceso constitucional.

Al igual que la Mesa anterior, la conducción de Quinteros y Domínguez ha enfrentado los mismos problemas: un debate de bajísima calidad, infracciones reglamentarias, aprobación de normas polémicas cuyos efectos perniciosos fueron extensamente advertidos, una participación popular aparente, una consulta indígena sin claridad alguna sobre su realización y problemas comunicacionales para informar sobre el trabajo de la Convención.

Al poco tiempo que tienen los convencionales en el Pleno para deliberar sobre el trabajo enviado por las comisiones, se sumó la nueva restricción de la Mesa, al aprobar el 20 de febrero ciertas medidas que limitan el debate, como reducir la duración de la sesión de discusión general de 8 a 5 horas, y de 8 a 3 horas para la discusión en particular. En las comisiones, las indicaciones siguen siendo presentadas (“patrocinadas”) por más de la mitad de sus integrantes, por lo que, a la hora de votar, lógicamente esas indicaciones obtienen el voto favorable de más de la mitad de los integrantes, ya que quienes presentaron dichas indicaciones votan a favor de ellas. O sea, en la práctica ya está decidido, desde el momento en que se presentan, cuáles indicaciones serán aprobadas y, con ello, el texto final que se enviará al Pleno (algo similar a lo que ocurrió con la aprobación del Reglamento de Consulta Indígena).

A estos problemas se suma el veto contra los convencionales de Vamos por Chile. A causa de esto hay quienes han manifestado la necesidad de incorporar las ideas de este grupo en el borrador de texto constitucional, como ha ocurrido con el convencional socialista Andrés Cruz, en la Comisión de Sistemas de Justicia, o la denuncia hecha por la convencional Evópoli Bárbara Rebolledo, quien acusó al resto de los convencionales de la Comisión de Derechos Fundamentales de tener un grupo de Whatsapp en el que decidían el destino de las indicaciones.

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Cada mes informaremos si la Convención Constitucional respeta el Estado de Derecho, y daremos cuenta de los riesgos en que se encuentran el derecho a la vida, la familia, los derechos sobre educación y la libertad de culto.

Derecho de Vida

En contra:

1. Si bien la iniciativa popular para proteger la vida alcanzó 31.000 firmas, la del aborto la superó con bastante ventaja (superó las 38.000 firmas). Dicha propuesta incluye el aborto libre sin objeción de conciencia personal ni institucional.
2. Se ha visto un fuerte respaldo al interior de la Convención para las propuestas sobre los llamados “derechos sexuales y reproductivos” (hay varias). Muchas convencionales proaborto usan pañuelo verde y han hecho cánticos proaborto. Durante las exposiciones del miércoles 26 de enero en la Comisión de Derechos Fundamentales sobre aborto y derechos sexuales y reproductivos muchos convencionales con pañuelos verdes cantaron, aplaudieron y mostraron la inflexibilidad de su postura.
3. Se presentó una propuesta sobre “derecho a una muerte digna” (eutanasia), sin ningún tipo de límites.
4. En la Comisión de Derechos Fundamentales, al discutir quienes son titulares de derechos fundamentales, hubo acuerdo en que la naturaleza y los animales podían ser titulares, pero se evitó discutir si el no nacido es o no titular de derechos fundamentales.

A favor:

1. La vida fue defendida tanto mediante iniciativas populares como convencionales, con exposiciones en la Comisión de Derechos Fundamentales y en la de Principios Constitucionales. La Iniciativa Popular Constitucional N° 4138, que Comunidad y Justicia presentó junto con Siempre por la Vida, sumó más de 31.000 firmas. Vicente Hargous, abogado de nuestra Corporación fue a exponer en su defensa en la Comisión de Derechos Fundamentales.
2. Se sumó a las iniciativas populares una de pueblos originarios, titulada “el pueblo mapuche defiende la vida”.

Conclusión:

Es altamente probable que el aborto sea aprobado como un derecho en la Comisión, en términos muy parecidos y luego en el pleno.

Familia 

En contra:

1. Se rechazaron en general tres iniciativas que consignaban que la familia es el núcleo fundamental de la sociedad, lo que sin duda podrá traer en el futuro bastantes consecuencias para dicha institución, dejando el protagonismo social a los individuos aislados y al Estado.
2. La iniciativa “reconocimiento de comunidades y diversas formas de familia” alcanzó las 15.000 firmas, quórum requerido para ser discutida. La propuesta busca, como el título sugiere, dar cabida a “las diversas manifestaciones y formas de familia que lo integran”, poniendo énfasis en grupos “LGBTIAQ+ o ma-padres disidentes o diverses”.
3. La iniciativa popular de norma sobre familia e infancia no alcanzó las 15.000 firmas (hasta ahora, lleva cerca de 3.500), por lo que no podrá discutirse en la Convención.
4. En la Comisión de Sistemas de Justicia se aprobó la creación de tribunales especiales de género “tribunales feministas”, y otras normas: “se establece el derecho a una vida libre de violencia contra las mujeres, niñas y disidencias sexogenéricas. Concretamente, esta norma tiene como objetivo prevenir, sancionar, reparar y erradicar todo tipo de agresión por razón de género, ‘‘sea cometida por particulares, el Estado, sus agentes o integrantes’’”[1].  Si bien hay situaciones graves y delitos contra las mujeres o los niños, no se justifica crear para sujetos diferentes un tribunal diferente, no sólo porque se usan como plataforma ideológica, sino además porque atenta contra la igual protección de la ley en el ejercicio de los derechos.

A favor:

1. La convencional Ruth Hurtado expuso ante la Comisión de Principios Constitucionales en defensa de la iniciativa convencional de norma sobre familia y niñez. Si bien no es representativo de una mayoría, manifiesta que hay convencionales que tienen la valentía de defender la familia.

Conclusión:

Habiendo sido rechazadas varias propuestas en comisión y teniendo en cuenta la sensibilidad presente en la Convención, es seguro que la fórmula “la familia es el núcleo fundamental de la sociedad” no esté en la propuesta constitucional; por el contrario, lo más probable es que se aprueben varias normas contrarias a la familia natural.

Educación

En contra:

1. Se sigue posponiendo el debate sobre educación en la Comisión de Derechos Fundamentales. El panorama hace prever que la discusión sobre libertad de enseñanza, derecho de los padres a educar a sus hijos y otros temas relacionados serán abordados de forma escueta y poco seria.
2. La propuesta popular sobre aborto, titulada “Será Ley”, logró gran cantidad de firmas. En ella se vulnera el derecho de los padres a educar a sus hijos, pues se considera la existencia de una educación sexual “integral” obligatoria en todo el sistema educacional.

A favor: 

1. Dos iniciativas populares que defienden el derecho preferente y deber de los padres de educar a sus hijos y la libertad de enseñanza superaron con creces las 15.000 firmas.

Conclusión:

Todo parece apuntar a que la libertad de enseñanza será respetada en su mínima expresión, pero que de facto habrá vulneraciones hacia algunas de sus concreciones, especialmente en materias como afectividad y sexualidad. Por otro lado, el derecho de los padres de educar a sus hijos probablemente no sea reconocido.

Libertad de religión:

En contra:

1. La propuesta popular sobre aborto, titulada “Será Ley”, logró gran cantidad de firmas. Con su aprobación se ve amenazada la libertad de conciencia y la libertad religiosa, pues elimina la objeción de conciencia personal e institucional respecto del aborto e impone la existencia de una educación sexual “integral” en todo el sistema educacional.
2. En la Comisión de Derechos Fundamentales ha habido una álgida discusión para excluir la objeción de conciencia personal e institucional respecto del aborto.
3. En la Comisión de Principios se aprobó una norma que señala que el Estado deberá velar “por la más estricta neutralidad de lo público frente a las iglesias, las religiones monoteístas y politeístas y demás expresiones de la espiritualidad o eticidad”. Esto denota no tanto la tolerancia entre distintos credos, sino un desinterés del Estado frente a la religión, que se mostraría indiferente frente a la práctica religiosa de las personas, en vez de promoverla. Reducir la religión en el ámbito público a su mínima expresión no es una forma de libertad religiosa, sino un atentado contra ella.
4. La convencional Elsa Labraña señaló que Dios viola los derechos humanos, burlándose y denostando a los creyentes [2].

A favor:

1. Se aprobaron, en la Comisión de Principios, 4 normas que contienen en su articulado el reconocimiento de la libertad religiosa como derecho.
2. Se han aprobado al menos dos iniciativas populares de norma que defienden adecuadamente la libertad religiosa.

Conclusión:

Si bien es seguro que se reconocerá la libertad religiosa como un derecho fundamental, lo más probable es que se establezcan ciertas medidas atentatorias contra ese derecho, sobre todo respecto del aborto y la educación. Además, es probable que mediante la fórmula de “Estado laico” se promuevan políticas laicistas.

Estado de Derecho:

En contra:

1. La Comisión de Derechos Fundamentales no ha respetado su cronograma, perjudicando así el estudio serio de cada propuesta.
2. No ha habido debate profundo sobre casi ninguno de los temas de fondo, más allá de las consignas.
3. La Mesa nueva de la Convención es profundamente ideológica, por lo que, junto con afectar debates sobre aborto y familia,ya que la Presidenta y la vicepresidenta adjunta Bárbara Sepúlveda están a favor del aborto libre, y el vicepresidente Gaspar Domínguez junto con el vicepresidente Tomás Laibe son activistas LGTB. .
4. El rechazo de un Congreso bicameral por una amplia mayoría hace pensar que en el pleno es posible que se apruebe una asamblea legislativa unicameral. Si bien hasta cierto punto se trata de una materia discutible, este hecho atenta contra un aspecto esencial de nuestra tradición constitucional y de nuestra idiosincrasia política, probablemente fomente la inestabilidad política y beneficie a los sectores progresistas.
5. Contra lo establecido en tratados internacionales ―que obligan a la Convención―, se rechazó una propuesta acerca del derecho de propiedad. Es posible que se vean afectados algunos derechos adquiridos sin indemnización alguna.
6. La creación de un consejo de medios que se ha propuesto constituye una forma de censura atentatoria contra la libertad de emitir opinión e informar, reconocida en múltiples tratados internacionales. De esta manera se pretende controlar los medios de comunicación, para conformarlos con las ideologías hegemónicas.
7. La afectación de la inamovilidad de los jueces y, con ella, la independencia del poder judicial puede llevarnos a una afectación directa contra muchos derechos procesales de las personas, varios de los cuales se encuentran reconocidos en tratados internacionales. Además, se trata de un atentado gravísimo contra nuestra tradición constitucional y constituye una imprudencia tremenda.
8. Si bien la plurinacionalidad puede llegar a ser discutible, establecer jurisdicción separada para los pueblos originarios dentro de un mismo Estado constituye un atentado contra la igualdad ante la ley, derecho reconocido en múltiples tratados internacionales.

A favor:

1. Los principios de legalidad y supremacía constitucional fueron aprobados en la Comisión de Principios.

Conclusión:

El Estado de Derecho y nuestra tradición constitucional han sido fuertemente vulnerados en la Convención. Entre otras cosas muy llamativas, podrían verse afectadas la inamovilidad de los jueces (y en consecuencia, la independencia del Poder Judicial), la unidad de Chile (por ejemplo, dando una jurisdicción separada a los pueblos originarios) y nuestra tradición de tener un Congreso Bicameral, que en nuestra cultura ha funcionado adecuadamente hasta hoy.

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Notas:

[1] https://www.elmostrador.cl/braga/2022/01/25/comision-de-sistemas-de-justicia-de-la-cc-aprueba-tres-normas-que-incluyen-la-prevencion-de-la-violencia-de-genero-y-la-integracion-de-justicia-feminista/

[2] https://twitter.com/ElsaLabrana/status/1488357411274379267

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Finalizó el plazo disponible para reunir las firmas para las propuestas populares de normas para ser incorporadas en la eventual nueva Constitución. Siendo conscientes de la importancia de estas iniciativas, como Comunidad y Justicia decidimos desde el comienzo involucrarnos activamente en la elaboración de posibles artículos, relacionados con los bienes fundamentales que defendemos: vida, familia y libertad religiosa. Los esfuerzos de nuestra área legislativa se tradujeron en la redacción de cuatro iniciativas populares de norma: derecho a la vida (N°4138), libertad religiosa (N°3042), libertad de enseñanza y derecho de los padres de educar a sus hijos (N°4102) y familia e infancia (N°6282).

La difusión no fue fácil: a fines de diciembre, la única propuesta que había alcanzado 15.000 firmas era la del aborto libre. Afortunadamente al poco andar las propuestas que apoyamos crecieron y todas ellas, salvo la de familia e infancia, llegaron a superar las 15.000 firmas. La propuesta de derecho a la vida, más aún, ya fue defendida ante la Convención por nuestro investigador, Vicente Hargous.

Agradecemos a todos nuestros lectores el esfuerzo puesto en firmar y difundir estas iniciativas. Ahora toca a los convencionales discutir y votar estas propuestas, pero al menos lo harán sabiendo que un número considerable de chilenos las apoya.

Luego de que nuestro asesor en la Convención, Roberto Astaburuaga, publicara su ensayo: “La Convención Constitucional: ¿circo o máquina?” en El Líbero, fue invitado a publicar como columnista en la sección “Opinión Constituyente”, un espacio en el cual distintos actores opinan acerca del desarrollo del proceso constitucional que estamos viviendo.

A continuación compartimos la recopilación de sus últimas publicaciones:

1. “La ventaja del aborto libre con la nueva mesa de la Convención” describe el ambiente político en el cual se debatirá el derecho a la vida y el supuesto derecho al aborto libre.
2. Convención y Comisión de Derechos Fundamentales: De tal palo, tal astilla”: tuvo por objeto visibilizar las causas de los retrasos de la Convención, concluyendo que ella “debiera eliminar todo lo que retrase su trabajo principal y abocarse a tener una discusión profunda”.
3. “El peligro de sobrecargar los órganos del Estado”, evidencia el carácter impracticable de muchas medidas que se están proponiendo actualmente en la Convención.

En una carta publicada en diario La Segunda, nuestros investigadores agradecieron el fallo de la Corte de Apelaciones de Santiago que reconoció el acto de intolerancia cometido por el programa de La Red en contra de un grupo de personas que profesan la religión católica.

A mediados del año pasado se difundió en el programa “Las Gansas”, transmitida por La Red, una escandalosa “performance” de contenido tremendamente ofensivo para los católicos, además de ser en extremo indecente para la TV abierta. El día 21 de enero, la Corte de Apelaciones de Santiago confirmó una resolución dictada por el CNTV en la que se impuso a ese canal una multa de 80 UTM por dicho programa.

Nos alegra enormemente el fallo de dicha Corte, por muchas razones. Reconoce que la puesta en escena configuró un acto de intolerancia hacia un grupo de personas que practican y profesan la religión católica, además de deshonrar aspectos esenciales de sus creencias y de algunos símbolos asociados a la fe católica, como el rosario. 

Ya decía el filósofo católico francés Fabrice Hadjadj “el cristianismo viene a manifestar una presencia». Una presencia tangible, que, al ser denostada, no se ofende una idea en el éter. La Corte, en definitiva, reconoce que existe un hecho valioso ―una verdad alejada del desencarnado Metaverso y la pantalla táctil― que está más allá de lo que podemos comprender, y que el solo hecho de que algunos lo crean y practiquen merece protección por parte del Estado.

Javier Mena y Vicente Hargous

Comunidad y Justicia 

En una columna publicada en El Líbero, nuestro abogado del área judicial analiza las repercusiones del exceso de trabajo en la elaboración de nueva Constitución.

Desde la semana pasada, las Comisiones que integran la Convención Constitucional han empezado a discutir en general (e incluso a votar) algunas propuestas de normas constitucionales, presentadas tanto por los mismos convencionales como por miembros de la ciudadanía. Asimismo, y en vista del corto plazo del que disponen para presentar al Pleno las iniciativas que se aprueben en esta primera instancia, las discusiones se han visto limitadas a muy pocos minutos por cada iniciativa presentada, lo cual -está de más decir-, impide una adecuada reflexión e intercambio de opiniones que permita la aprobación de iniciativas cuyo contenido sea de la calidad requerida.

No pretendo ahora ahondar en ese problema en particular, que dificulta gravemente la labor de la Convención, sino más bien en el contenido de varias de las iniciativas que están siendo actualmente discutidas, cuya aprobación podría llevar a reproducir el problema que actualmente está aquejando al órgano constitucional -esto es, la falta de tiempo para estudiar y discutir adecuadamente las cuestiones que se le presentan- en los otros poderes del Estado.

En efecto, muchas de estas iniciativas contienen asimismo propuestas de normas o artículos transitorios, los cuales imponen tanto al Congreso Nacional, como al Presidente de la República e incluso al Poder Judicial, plazos para crear o constituir ciertos órganos, aprobar leyes, iniciar procedimientos, entre otros. Así ocurre por ejemplo, con la iniciativa 324-6, que establece en uno de sus artículos transitorios un plazo de 60 días, contados desde la publicación de la Constitución, para que el Jefe de Estado convoque a la formación de una Comisión que se encargue de estudiar la implementación de tribunales especializados en violencia de género; la cual tendría a su vez 180 días (prorrogable por 60 días más), para presentar un informe al Congreso Nacional, que deberá iniciar la tramitación de leyes correspondientes. Asimismo, otra norma transitoria de la misma iniciativa, establece el plazo de 2 años desde la publicación de la Constitución, para que el Poder Judicial cree salas especializadas en violencia de género en todos los tribunales del país, junto con un sistema de seguimiento de medidas cautelares.

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En la presentación, nuestro abogado investigador argumentó a favor de la iniciativa popular Nº4138 presentada por Siempre por la vida, que busca garantizar el derecho a la vida y a la integridad física y psíquica de todas las personas en la futura eventual Constitución.

Este miércoles, 26 de enero, en una presentación ante los miembros de la Comisión de Derechos Fundamentales de la Convención Constitucional, nuestro investigador, Vicente Hargous argumentó a favor del derecho a la vida y explicó la iniciativa de norma popular Nº4138 presentada por Siempre por la vida, que busca garantizar el derecho a la vida y a la integridad física y psíquica de todas las personas en la futura eventual Constitución.

Durante su exposición, Vicente Hargous explicó el fundamento del derecho a la vida y por qué es razonable reconocer constitucionalmente, al menos en principio, el derecho a la vida de todo ser biológicamente humano.

“Es fundamental que este derecho sea reconocido a todos los individuos biológicamente humanos, sin distinción (…) la dignidad humana es inviolable incluso antes del nacimiento: desde el comienzo mismo de la existencia natural de la persona humana y hasta su muerte”.

Vicente Hargous

Puedes ver su presentación aquí

Lee la minuta de su exposición aquí 

Después de la presentación, hubo una ronda de preguntas, durante la cual los convencionales agradecieron al expositor y plantearon sus dudas: ¿Los no nacidos tienen derechos humanos y merecen ser protegidos?; ¿Si la Constitución consagra el derecho a la vida de todas las personas por qué habría que hacer una mención especial al no nacido?; ¿Por qué la ley debe proteger la vida del que está por nacer? ¿Se debe castigar con cárcel el aborto?

Vicente Hargous contestó cada una de las intervenciones y agradeció la oportunidad de exponer ante esta Comisión.