La agenda valórica de los presidenciables de derecha
Llevamos varios meses escuchando nominaciones, apoyos, estrategias, sondeos, primarias, relatos y equipos de los posibles candidatos presidenciales para el próximo año. En cuanto al contenido de un programa presidencial y de medidas algo más concretas, no se ha dicho tanto, quizás buscando seguir con los diagnósticos para “conectar” con la ciudadanía. De lo que se ha escuchado poco y nada es del mal llamado “tema valórico”, salvo un par de excepciones.
Podrán ser muchos o pocos votantes a los que les importe; podrán comunicar su postura temprano o tarde; podrán hacerse cargo o esquivar el tema; podrán hablar o callar; podrán tener una postura de “avanzar, mantener o retroceder”. Pero la pregunta aparecerá: ¿Qué le proponen Carter, Kaiser, Kast o Matthei a Chile en temas como el aborto, la eutanasia o los tratamientos transafirmativos a niños?
Sin duda, es lamentable que la importancia de estos temas dependa de la contingencia electoral y no de la gravedad propia que tienen. O que referirse a ellos sólo se hará bajo el prisma de los “bolsones electorales” que se deben asegurar o, al menos, no espantar. Sin embargo, estos tres temas, al menos, pueden ser abordados de dos maneras, que no son excluyentes: disminuir y eliminar el mal que atenta contra ellos o promover y proteger el bien que atenta contra ellos.
El siguiente Gobierno tendrá que hacerse cargo del legado inmoral que está dejando Boric y el Frente Amplio: ampliar el aborto (llevamos más de 5.000 niños no nacidos asesinados) y restringir la objeción de conciencia; aprobar (o no) el proyecto de ley de eutanasia, como si la decisión de pesar la propia vida no fuese una “elección” esencialmente cruel, que nadie jamás debería ser forzado a tomar; y tener una política nacional para hormonizar a niños desde los 9 años, que ya debe bordear los mil casos.
Por otro lado, cada tema plantea sus propios desafíos, en cuanto a promover aquello que promueven como bueno y deseable para la persona y para la sociedad. La crisis de natalidad exigirá medidas concretas -y no cuñas ni tweets, tan abundantes como inútiles- para que, ante la llegada de un nuevo integrante, el Estado ofrezca su ayuda en sus, al menos, primeros mil días de vida. La crisis del abandono y soledad de los adultos mayores, población que crecerá cada vez más, exigirá redestinar recursos financieros y humanos para que reciban una atención acorde a su dignidad, en donde los cuidados paliativos sean la única opción, y no terminar en un genocidio canadiense; y la crisis de salud de los miles de niños a los que les dijeron que si se sentían del sexo opuesto, no había problemas con empezar a meterse hormonas, para ofrecerles una política pública basada en la ciencia y no en la ideología.
Ojalá que los presidenciables se pronuncien sobre estos temas de Estado y los votantes tengamos claridad no sólo sobre qué piensan según lo que aparezca en la entrevista dominguera de turno, sino qué es lo que proponen y cómo se harán cargo.
Comunistas provida
La ministra Antonia Orellana anunció hace algunos meses que el Gobierno más feminista de la historia de Chile presentaría un proyecto para que el aborto fuese legal dentro de un determinado plazo. En realidad, lo único que se debiese “abortar” es la idea de ampliar el aborto.
Primero, porque el hecho del embarazo refuta lo que el movimiento abortista niega. La verdad es que los niños que aún no nacen sí son personas, y a esa verdad se puede llegar por la razón (y sobran argumentos de toda clase de disciplinas que lo demuestran), pero también por la experiencia. Y la experiencia de la maternidad hace trizas la ideología, como lo muestran las alegres noticias que comparten dos renombradas comunistas y promotoras del aborto, Camila Vallejo, vocera de Gobierno, y Karol Cariola, presidenta de la Cámara de Diputados. Mientras la ministra Vallejo, madre por segunda vez con 7 meses, mostró una ecografía cuando llevaba 3 meses de embarazo y contó que estaban “muy felices porque una nueva personita se integrará a la familia”, la diputada Cariola, de 26 semanas de embarazo (ya se ven las pataditas y los ojos se abren), espera a su primer hijo y declaró la semana pasada: “solo queremos que todo resulte bien y que nuestro hijo llegue sanito”.
Si ellas esperan un hijo -no un conjunto de células-, un sujeto de derechos -no un bien jurídico de mayor importancia, como se calificó en la nefasta sentencia del Tribunal Constitucional-, ¿qué es lo que diferencia su caso de otros? ¿La sola voluntad de la madre? Si Orellana, Vallejo y Cariola tuvieran una reunión, y las dos últimas les mostraran las últimas ecografías, la primera les preguntaría ¿ya decidiste si va a ser persona o no?, o probablemente, ante la brutal realidad que se impone, se preocuparía y diría ¿cómo está tu hijo? Puede ser que no, pero la contradicción sería absurdamente evidente, y si quisiera ser coherente, o nunca debería referirse al embarazo de su compañera del comité político como “su hijo”, o debería reconocer que promover la ampliación del aborto es legitimar el homicidio de una persona cuyo único crimen fue estar dentro del vientre materno.
Segundo, porque el aborto no es una solución. ¿El embarazo es el problema? No. ¿Las dificultades económicas, la presión de terceros o el temor al futuro? Sí. El aborto no soluciona los problemas reales, sino que les agrega uno nuevo, tanto por los efectos físicos y psicológicos que acarrean en la mujer. Las madres que abortan seguirán sin el apoyo económico y social que realmente necesitan. Si las feministas realmente quisieran ayudar a esas madres impulsarían otras medidas que apunten a enfrentar las causas que llevan al aborto. El Gobierno, en lugar de proponer un apoyo real o de hacerle la vida más difícil a los objetores busca conseguir un aplauso de su 30%, por una cuestión absolutamente ideológica.
Tercero, porque es el mes de la Navidad. Si eventualmente se presentara un proyecto de ley para ampliar el aborto en el mes que se celebra el nacimiento de un niño es un insulto macabro. Por supuesto que no deja de serlo si ingresa en cualquier otro mes del año, aunque no debería sorprendernos si lo presentan el 25 de diciembre. Mientras en los hogares de millones de chilenos se arman los pesebres para celebrar en familia el nacimiento de Cristo, el Gobierno, cual Herodes, firma y manda al Congreso el proyecto de ley para ampliar el aborto, que no es otra cosa que enfrentar a la madre contra su hijo no nacido, en lugar de ayudarla.
Esperemos que esas madres con embarazos difíciles tengan un apoyo real del Gobierno, y, como dicen las nuevas comunistas provida, que todo les resulte bien, que sus hijos lleguen sanitos y que estas nuevas personitas se integren en sus familias. Sería un milagro y un regalo de la Navidad.
El PAIG y el deber de los padres de no dañar a sus hijos
El PAIG (Programa de Apoyo a la Identidad de Género) para niños entre 3 a 17 años puede quedar sin financiamiento, si es que la Cámara rechaza la decisión del Senado que repuso los recursos. Y hay buenas razones para guardar este programa en el cajón. El daño que le produce a los niños es la principal razón.
Históricamente, la derecha ha reclamado el derecho preferente de los padres de educar a sus hijos como una de sus banderas de lucha. Así fue durante la Convención y fue una de las grandes razones de la victoria del Rechazo. Pero es necesario revisar un par de cosas sobre este derecho, para entender bien qué es lo que se defiende.
Es evidente que, por regla general, todos los padres buscan el bien de sus hijos. Les enseñan desde sus primeros años, los corrigen, los acompañan, los orientan. Buscan su bien. Los protegen, los cuidan. Se sacrifican por ellos. Pero, lamentablemente, los padres también se equivocan. Algunas veces voluntariamente y otras no. Todos los padres cometen errores y pueden enmendarlos. La crianza y educación de un hijo es un desafío constante, diario. Algunos de esos errores les causan un daño a sus hijos. No todo lo que enseñan los padres es, necesariamente, correcto o bueno solo por el hecho de que sean los padres quienes lo hagan. En términos jurídicos, hay que revisar tanto al sujeto del derecho (los padres), como el objeto del derecho (la educación), para saber si es que al destinatario (los hijos), se le está generando un daño o un beneficio.
Enseñarle a un hijo a robar, a mentir o cualquier acto que consideramos reprochable no está amparado por el derecho. Un padre no puede defenderse de que le enseña a su hijo a mentir porque es su padre. En ese caso, no está ejerciendo su derecho como padre. Al revés, le está causando un daño. Lo mismo ocurre si es que autoriza que otro le enseñe a estafar o matar. De hecho, los padres antes de alegar el respeto a su derecho a educar a sus hijos, que se ejerce cuando el Estado u otros lo vulneran, tienen un deber, un deber de educarlos y criarlos.
Los padres buscan lo mejor a sus hijos, no porque tengan un derecho a hacerlo, sino porque tienen un deber de hacerlo,están obligados a velar por ellos. Es ineludible y es algo natural o instintivo. Cuando alguien impide que los padres puedan cumplir con ese deber, es que pueden alegar la existencia de un derecho. El deber precede al derecho. Porque tienen el deber de criar, tienen el derecho a que se respete el cumplimiento de ese deber.
Como parte de ese deber, los padres cuidan a sus hijos, especialmente en lo que se refiere a su salud y bienestar. A los padres no les gusta ver a sus hijos sufrir, les duele el dolor de sus hijos, se lamentan con y por ellos, y buscan las vías para aliviar ese sufrimiento. Como quieren que no sufran más, siempre buscarán la vía más segura, la idónea, la que les dé las mejores garantías de que sus hijos estarán bien. ¿Qué padres elegirían para el dolor de sus hijos una opción mediocre o directamente mala? ¡Ninguno! No estarían cumpliendo su deber de cuidar a sus hijos. Elegirán siempre lo mejor, aun cuando los hijos no lo entiendan o no quieran. Los padres llevan a sus hijos al doctor, aun cuando ellos no quieran y tratan de llevarlos al mejor doctor.
¿Qué padre llevaría a su hijo a un doctor, si sabe que no es seguro o que no es recomendable? ¿Un padre le daría a su hijo un remedio, si se ha alertado sobre sus peligrosos y dañinos efectos secundarios? ¿Acaso permitiría que su hijo reciba un tratamiento, en apariencia novedoso y seguro, cuando desde otras partes del mundo, doctores que partieron con ese tratamiento están alertando que no es seguro o que no es efectivo? Supongamos que ese tratamiento, en realidad, no tiene un respaldo científico y que los países que partieron ocupándolo, ahora están retrocediendo. Supongamos que se han levantado alertas, ya no solo en el extranjero, sino que también en Chile, sobre lo que está sucediendo. Supongamos que lo cierto es que este tratamiento causa un daño a los niños. ¿Podríamos decir que los padres están cumpliendo su deber de criar y cuidar a sus hijos, si es que los someten a ese tratamiento, a un tratamiento que los daña? Probablemente no. Y por ende, tampoco podríamos decir que si lo hacen se amparan en su derecho a educar a sus hijos. Porque los padres tienen el deber de cuidar a sus hijos y no tienen el derecho a dañarlos.
La pregunta que queda es: ¿el PAIG daña a los niños? Sí. Definitivamente, sí. Daña a los niños. Les mete una idea que no existía en su cabeza. Imagínese que un día llega su hijo y le pregunta si él es una mujer. Es como si llegara y le preguntara si es adoptado, si usted es su verdadero padre. Evidentemente, es algo que impacta en el niño. La Dra. Ugarte, endocrinóloga pediátrica que expuso ante la Comisión Investigadora de la Cámara que revisó este programa, señaló que con la transición social, que es lo que hace el PAIG, se “modifica la experiencia de vida del niño, el curso espontáneo del proceso de desarrollo psicosexual y la maduración cerebral”. Señaló que los documentos normativos chilenos que respaldan al PAIG tienen un respaldo científico extremadamente pobre y de mala calidad. Por último, dijo que los trabajos en los que se basan las instituciones internacionales que recomiendan la transición social, como la del PAIG, son en poblaciones de estudio muy chicas, con seguimientos a muy corto plazo, de muy mala calidad y con fallas metodológicas importantes.
¿Acaso es recomendable que el Estado siga financiando el PAIG, con todos estos antecedentes? Como se ve, el problema no es solo sobre el derecho de los padres a que autoricen a sus hijos a que ingresen a un programa que les genera un daño, que impacta directamente, por ejemplo, en su maduración cerebral. Difícilmente se puede argumentar que un padre, si supiera realmente lo que le hará el PAIG a su hijo, estaría dispuesto a que ingrese a él. Lo más probable es que no.
Los padres no tienen derecho a dañar a sus hijos, sino que tienen el deber de criarlos y educarlos. Y el PAIG es un programa estatal que les causa un daño y debe dejar de ser financiado, por el bien de los niños.
El informe final de la comisión investigadora sobre los niños identificados trans
Hoy, la Comisión Investigadora Nº 57 de la Cámara de Diputados que investiga los tratamientos transafirmativos a menores de edad llega a su fin. Discutirán y votarán las conclusiones y recomendaciones en un Informe Final que, si es aprobado, deberá ser ratificado por la Sala de la Cámara. Lo cierto es que lo que le está ocurriendo a más de dos mil niños y sus familias en Chile es gravísimo y escalofriante. Sin duda, estamos ante una violación sistemática de los derechos humanos de los niños, porque eso es lo que el Gobierno hace. Y quiere seguir haciéndolo.
El tema central de la Comisión Investigadora ha sido el PAIG y los tratamientos hormonales. Y cuando se empiezan a conocer los detalles, dan ganas de cerrar por fuera. Veamos los aspectos más graves.
El primero es que el enfoque género afirmativo que tiene el PAIG es una verdadera terapia de conversión. Es decir, la autopercepción del niño sobre si es hombre o mujer basta para iniciar todo un proceso de transición hacia el sexo opuesto, que parte la aparentemente inofensiva transición social, que es una verdadera cinta aceleradora para avanzar y avanzar. El PAIG es bastante claro en su objetivo: si el menor “no corresponde a población objetivo del programa, es decir no existe la expresión de una convicción por parte del NNA acerca de una identidad de género no conforme”, será referido a una Oficina Local de la Niñez, y aquellos que ingresen, de acuerdo al componente de apoyo psicosocial, se les entregará “orientación afirmando su identidad de género, validando sus emociones e incertidumbres”. ¿Quién decide que existe una expresión de esa convicción? La convicción de ser del sexo opuesto es suficiente para entrar al PAIG. Y adentro del PAIG no van a “acompañar” al niño en el descubrimiento de su supuesta identidad de género, sino que la, literalmente, la afirmarán. ¿Cómo? Dejándole vestirse con la ropa que quiera; usando el baño y camarines del sexo opuesto; validando sus emociones; chantajeando emocionalmente y “educando y sensibilizando a su familia”, etc.
El segundo es que la transición social, que es lo que hace el PAIG, es la puerta de entrada a la hormonación. Así lo dijo el Informe Cass: quienes acceden a la transición social tienen mayores posibilidades de acceder a la vía médica. Si hasta se capacitó a la red pública de salud para realizar derivaciones desde el PAIG a la terapia hormonal. ¿Eso lo incluyen en los consentimientos informados para los padres? ¿Les dicen que pueden derivar a sus hijos a hormonoterapia, la cual puede dejarlos infértiles o que pueden sufrir una castración química? ¿Cuándo la pubertad ingresó al listado de enfermedades como para congelar a un niño en el tiempo e impedir que crezca? Y de las hormonas a las cirugías, ¿cuántos pasos hay? Porque en Chile sí pasa. Un grupo de diputados de oposición presentó una denuncia ante la Fiscalía, por la realización de al menos 42 casos en los últimos 20 años… como reconoció la propia Ministra de Salud ante la Comisión Investigadora. Y seguro son más.
El tercero es el riesgo que tienen los padres de perder a sus hijos. Es una pérdida en más de un sentido, pero la más terrorífica es cuando lo ordena un tribunal de familia. Y eso fue lo que le ocurrió a Orlando, padre de tres hijas que entregó su testimonio a la Comisión Investigadora, quien se resistió a que su hija de 15 años avanzara en la transición.
Sus palabras textuales son suficientes: “En mayo, del colegio me derivaron a la Oficina de Protección de Derechos (OPD) y desde ahí fui llevado a tribunales, donde emitieron un informe que decía, entre comillas, que yo había hecho una grave vulneración de derechos, por no haber tratado a mi hija en su nueva condición. En noviembre de 2023 tuve una primera audiencia, donde, basados en un informe del CDE, reafirmaron que yo oponía cierta resistencia a la transición de género de mi hija. Entonces, debido a ese informe, el tribunal decide quitarme el cuidado personal de mi hija y derivarla a otra familia. Finalmente, en febrero, llegan a mi casa y retiran a mi hija de mi lado. (…) Ahora estoy sin ella”.
¿Seguimos con el PAIG? ¿Seguimos?
Diputado, ¿va a prohibir que exista financiamiento para hormonar niños?
Esta semana, la Cámara de Diputados vota la ley de presupuestos para el próximo año. Sin duda, varias partidas se relacionan con distintas crisis que viven los chilenos, pero hay una que no se puede dejar pasar: los niños. Los niños, desde los 9 años, a los que la salud pública chilena les está bloqueando su pubertad y metiendo hormonas del sexo opuesto a destajo. Diputado, ¿va a aprobar el financiamiento para hormonar niños? ¿va a permitir que siga ocurriendo? Porque el Gobierno no quiere que se prohíba.
Hace un par de semanas, la Tercera Subcomisión Mixta de Presupuestos aprobó una norma que impedía que se siguiera financiando las terapias hormonales y cirugías de reasignación de sexo a niños identificados trans. Sin embargo, el jueves recién pasado el Gobierno presentó una indicación para eliminar esa norma en la Comisión Mixta de Presupuestos y lo logró. Los parlamentarios que apoyaron dicha prohibición señalaron que insistirán para que se apruebe en la Cámara de Diputados.
Porque en Chile están hormonando y operando niños. Según reveló la Ministra de Salud en la Comisión Investigadora, al menos 600 niños desde los 10 años están con tratamientos hormonales en la red pública de salud. Niños de 10 años. Niños a los que se le congela en el tiempo, impidiéndoles crecer. Niños que les dan estrógeno y niñas a las que prescriben testosterona. Niños. Tratamientos que provocan infertilidad, perdida de la densidad ósea, producen cambios en la estructura cerebral y no cuentan con seguimiento a largo plazo. Procedimientos hormonales que causan secuelas de por vida, muchas veces irreversibles. Medicamentos que no cuenten con autorización para ser usados con ese fin, según los registros del ISP.
Como señaló el director de Cenabast ante la Comisión Investigadora, la Triptorelina (con uso autorizado sólo para detener la pubertad precoz y tratar el cáncer de próstata): de 2020 pasamos de distribuir 28.000 unidades de Triptorelina de 11,25 a 67.000 en 2023. ¿Puede haber una explicación a este aumento que no esté relacionado con la hormonoterapia? Sí, pero hasta el momento no ha existido. Así, los llamados a la austeridad de los hospitales y de rescate financiero incluye preguntarles cuántos recursos se han desviado para estos tratamientos hormonales.
Los niños y jóvenes están en una etapa de sus vidas en los que su capacidad de razonar y decidir está en formación. Esto es absurdo. No pueden comprar alcohol o cigarros ni firmar contratos o casarse, pero ¿pueden consentir en recibir tratamientos cuyos efectos los sentirán toda su vida? Así, los psicólogos y doctores toman la sola autopercepción del niño como una sentencia y lo introducen en el camino de las hormonas, al cual pueden quedar dependientes para toda la vida.
Lo preocupante es que el Gobierno también sigue defendiendo la continuidad del Programa de Acompañamiento a la Identidad de Género (PAIG), destinado a niños desde los 3 a los 17 años, y que si bien sólo tiene acompañamiento psicológico (es decir, transición social), los funcionarios del PAIG pueden realizar derivación a terapia hormonal. De hecho, en enero de este año se realizó una capacitación del Minsal a funcionarios de la red pública de salud para orientar sobre cómo realizar estas derivaciones. Si actualmente más de 2.500 niños y jóvenes han ingresado a este programa, y la transición social es una cinta aceleradora a la transición hormonal, ¿cuánto más aumentarán los números de menores hormonados?
Si realmente queremos que los niños estén primero en la fila, que no sea una que termina en inyecciones experimentales. Dejemos que los niños sean niños. Que crezcan y que no vean la pubertad como una enfermedad. Diputado, no permita que sigan hormonando a los niños de Chile.
Perspectiva de género: tan lucrativa como inútil
El feminismo dominante parte de la base que la existencia de una desigualdad entre hombres y mujeres se origina en el “patriarcado”. El sometimiento y la exclusión que han sufrido durante siglos debe cambiar y para ello es necesario “reeducar” a las actuales y futuras generaciones a fin de alcanzar una verdadera igualdad. La herramienta más ocupada para producir esta transformación es la “perspectiva de género”, es decir, la introducción de un criterio nuevo según el cual el sexo de la persona altera las reglas generales de funcionamiento de la sociedad, a fin de lograr una igualdad plena.
Tal diagnóstico olvida lo básico: la diferencia esencial y la complementariedad entre el hombre y la mujer. Al postular que son absolutamente iguales, el feminismo ignora las características propias de la mujer en todo orden de cosas y acciones, desde su fisiología, pasando por sus intereses, hasta su vocación misma. Por ejemplo, la igualdad que se busca alcanzar en el ámbito laboral, aparte de hipócrita -porque siempre se refiere a los cargos de poder y bien pagados-, no busca integrar a la mujer al trabajo según como ella es, lo que provoca que se involucre según la forma y el modo en que el hombre trabaja.
Si uno levanta una piedra, debajo hay perspectiva de género. Todo debe ser regulado, juzgado y analizado con perspectiva de género, en el Poder Judicial, en el Ministerio Público, en las municipalidades, en los hospitales, en la administración del Estado. Esto a su vez genera que se deban redactar regulaciones especiales y diseñar y ejecutar programas sociales y políticas públicas que velen por la inclusión de este criterio, fiscalicen su cumplimiento, analicen sus resultados y propongan nuevas medidas.
El actual Gobierno “feminista” ha sido el principal impulsor de este despilfarro ideológico, hasta en las cosas más absurdas. Una cuenta de Twitter regularmente publica ejemplos de presupuesto derrochado: solicitud de la Subsecretaría de Energía para elaborar un “Informe de sistematización de información de mesa interministerial e intersectorial de género en hidrógeno verde” ($ 1.355.001); “Almuerzo para los 130 asistentes del Congreso de Cambio Climático con Enfoque de Género”, pagado por el Instituto de Desarrollo Agropecuario (1.750.000); “Iluminación con enfoque de género”, de la Municipalidad de Peñalolén ($ 165.827.222); consultoría para actualización de instrumento para “la medición de riesgo en violencias de género” del Servicio Nacional de la Mujer ($140.000.000); licitación del Hospital Guillermo Grant para un curso sobre “atención a niños, niñas y adolescentes trans no binarios y de género diverso” ($3.000.000); estudio encargado por el Ministerio de la Mujer sobre la “Caracterización de la violencia política digital de género en Chile” ($26.510.000); el curso de “herramientas básicas para abordar la perspectiva de género en el quehacer regional” de la Comisión Nacional de Riego ($ 2.300.000); el curso de “Masculinidades empáticas y equitativas libres de violencia” del Hospital San Juan de Dios de Santiago ($ 2.850.000); los servicios de alimentación y alojamiento para la “Jornada de Sexualidad, Afectividad y Género” de la Seremi de Educación de Antofagasta ($ 1.326.850); los 3 cursos pagados por la JUNJI para la “Capacitación en Género en nivel Básico” para “el desarrollo de prácticas pedagógicas con perspectiva de género en el nivel de educación parvularia, destinado a jardines infantiles” ($ 509.689.119). Y así. El gasto, sólo con estos 10 ejemplos, en aplicar la perspectiva de género en educación, salud, energía, etc. alcanza los $848.308.192 millones de pesos. ¿Cuánto será el total?
No hay plata para los hospitales y sus listas de espera (aunque ellos las gastan en cursillos sobre infancias trans y masculinidades empáticas), para la educación pública (la Junji prefiere adoctrinar niños en los jardines infantiles), para aumentar la inversión (Energía prioriza el hidrógeno verde con perspectiva de género), para fortalecer la seguridad, y para tantas cosas que se necesitan urgentemente.
Este gobierno feminista ha hecho de sus principios un negocio para enriquecerse con un diagnóstico absolutamente inútil y soluciones ideológicas y absurdas, a costa del dolor y necesidades urgentes. Sólo con esos 840 millones, o con todo el gasto en perspectiva de género ¿cuántos hospitales, tratamientos de salud, comisarías, recuperación de clases, construcción de viviendas, reparación de escuelas y ayuda a niños abandonados e institucionalizados, podrían financiarse? La brutalidad de la frivolidad feminista no es sólo por el bien que no se hace, sino por el mal que sí se hace; porque a un niño no le sale gratis que una parvularia le diga que puede ser niña.
Ojalá los parlamentarios aprueben una glosa que prohíba gastar un solo peso de la Ley de Presupuestos para el próximo año en “perspectiva de género”. Porque el negocio feminista es un saqueo y un insulto a todos los chilenos.
La derecha antes del 18-O
Los cinco años del 18-O fueron opacados por el punto de prensa del Presidente Gabriel Boric sobre la denuncia contra el ex subsecretario Monsalve, y el escándalo será aprovechado con fines electorales. Mucho se ha escrito sobre lo que ocurrió el 18-O así como los posteriores, pero poco se ha dicho sobre la autocrítica de la derecha por las causas del mismo.
Por supuesto, no nos referimos a las causas materiales del 18-O, sino a algo anterior y más remoto, a la pérdida de un norte político, de un reaccionismo mezclado con acuerdismo. ¿Acaso el horizonte político de la derecha es volver al día anterior al 18-O? Ad portas de las elecciones municipales, ¿qué ofrece la derecha que no sea solucionar crisis? Porque no es suficiente gestionar… ¿ser un “país desarrollado”? ¿Qué es eso? ¿Basta ver ciertos números azules asociados al PIB en la encuesta dominguera para relajarse? ¿Un Estado moderno y eficiente?
En cierto sentido, la derecha chilena hasta el 2019, mantuvo un discurso que no se distanciaba mucho de mantener las premisas del libre mercado y la visión liberal del principio de subsidiariedad. La economía se convirtió en el todo y en lo único. Atrás fue quedando la claridad sobre el concepto de persona, de matrimonio, de Estado de Derecho, de salario familiar, de cuerpos intermedios, de fe, de educación, de deberes, de dignidad, de uso legítimo de la fuerza, de autoridad, de verdadera subsidiariedad y solidaridad. La crisis del 18-O y la Convención Constitucional obligaron a la derecha, sólo ante el grave peligro, a desempolvar los conceptos de patria y de servicialidad. Porque estaban de acuerdo en que la dignidad era autonomía, en que la educación fuese homogénea, en que hay derechos y no deberes, en que hay libertad sin verdad, en que el consentimiento entre privados todo lo valida.
La ausencia de conocimiento y defensa de estos principios y conceptos básicos se manifestó en un derrotismo irreversible. Si la democracia se arregla con más democracia, no se insistió en revertir malas leyes y políticas públicas, aunque se hubiesen aprobado o implementado el día anterior. No hubo una apuesta a largo plazo. No hubo, ni hay, un programa que fuese incluso más allá de las victorias presidenciales que se podrían alcanzar, para que un padre alentara a sus hijos a que “voten por ellos, porque tienen claro qué es lo que quieren y hacia dónde quieren llevar a Chile”. Esa falta de objetivos impedía un discernimiento sobre los medios. Perdidos, veían en la política de los acuerdos una garantía para su supervivencia.
Así, es necesario que la derecha se pregunte: ¿Qué hicimos y que no hicimos? ¿Qué haremos y qué no haremos para que no vuelva a ocurrir? Pero la pregunta no es sobre el 18-O, sino por las causas que llevaron a él y que se relacionan con la ausencia de un proyecto político sólido y permanente que se debe defender en las buenas y en las malas, y que no es simplemente el relato para una campaña electoral ni el estatuto de principios de un partido.
Si está clara la crítica a la izquierda por la validación de lo ocurrido el 18-O y posterior a él, no ocurre lo mismo con la autocrítica de la derecha política por las causas que llevaron al 18-O. La tentación de ver en el 18-O o el 4-S una especie de borrón y cuenta nueva tendrá un costo. Y la respuesta no puede agotarse en seguridad, economía, probidad y modernización.
Las municipalidades y sus programas de identidad de género para niños
Con cada nueva sesión, la Comisión Investigadora sobre los tratamientos transafirmativos a niños va desenredando la madeja de instituciones involucradas en lavarle el cerebro a chicos y grandes, promover la idea de que se puede transicionar de un sexo a otro -¡desde los 3 años!- y que puede terminar en hormonas y cirugías. Es cierto que hay una crisis de seguridad, otra de economía, una más de corrupción y elecciones a la vuelta de la esquina… pero estamos hablando de nuestros niños, de su integridad, de su vida, de su futuro.
Y es muy grave lo que se ha revelado. Que hay más de 2.500 niños han ingresado al PAIG; que, sólo en la red pública, más de 600 están recibiendo hormonas, y hay tres casos que son desde los 9 años; que hay padres “resistentes” que han perdido a sus hijos por orden de un tribunal de familia; que existe una derivación desde ¡un jardín infantil!; que hasta Poncio Pilatos se pondría rojo de vergüenza con el lavado de manos del Minsal, ISP y Cenabast; que el Mineduc diseña protocolos para derivar niños desde las escuelas al PAIG; que no hay seguridad de la existencia y contenido de los consentimientos informados de los padres; que hay, al menos, 42 casos de adolescentes con operaciones de reasignación de sexo.
Y la semana pasada, las municipalidades salieron al baile. En la sesión del lunes 7, la Comisión Investigadora recibió a la Subsecretaria de la Niñez, Verónica Silva, quien señaló que existen municipalidades con programas de identidad de género para niños propios. Es decir, se abre una nueva caja: ¿Cuántas municipalidades son? ¿Que tipo de atención entregan? ¿Incluyen entrega de hormonas… a través de las Farmacias Populares, por ejemplo? ¿Cuántos niños han pasado por esos programas? ¿Cuál es el presupuesto que han destinado las municipalidades a financiar este activismo ideológico con “capacitaciones”, convenios e “insumos”?
Porque existen ejemplos. La Municipalidad de Santiago tiene una Guía de orientación en salud para personas “de la diversidad”, y los niños “trans” de 14 años que requieran acceder a terapia hormonal “deben ser derivados por el Cesfam, donde se señale “paciente trans requiere evaluación y terapia de hormonización para proceso de tránsito”; o el Programa de Atención Temprana para la Primera Infancia Diversa (ATEPID) de la Municipalidad de Macul, destinado a niños entre 0 y 9 años; o el convenio de la Municipalidad de Recoleta con una reconocida organización trans para que los menores reciban hormonas a través de su Farmacia Popular. Y así, ¿cuántas más? ¿cuántas Oficinas municipales de la Diversidad realizan derivaciones de niños al PAIG? ¿Cuántos municipios de la Red Nacional de Municipalidades por la Diversidad, inclusión y no discriminación (Red Diversa) tienen este tipo de programas similares al PAIG y entregan hormonas mediante las Farmacias Populares -las que también son objeto de una Comisión Investigadora? ¿Cómo los municipios, lugares de ayuda y orientación a los vecinos, se convirtieron en cajas pagadoras de programas ideológicos que dañan a los niños?
La semana pasada la agrupación Do No Harm informó que, en Estados Unidos, entre 2019 y 2023, se habían realizado más de 5.700 menores se habían hecho operaciones de reasignación de sexo y más de 8.500 habían recibido tratamientos hormonales… ¿y en Chile?
La red de hospitales, liceos, municipalidades, programas sociales de niñez, organizaciones y académicos activistas opera en dar un sustento integral a una ideología que hace que la medicina dañe y no sane, que la educación adoctrine y no enseñe, que la sociedad y el Estado abandonen y no ayuden. La Comisión Investigadora tiene la oportunidad de dar los primeros pasos en reparar el daño cometido a miles de niños y buscar responsables, para que se les aplique todo el peso de la ley.
Los chilenos creen más en el cielo que en el infierno
Según la última encuesta CEP, los chilenos creen más en el cielo que el infierno. La vida, la muerte, la religión y la familia ocupan buena parte de las preguntas y vale tener en consideración las respuestas para arrojar un poco de luz sobre el Chile de hoy y las crisis que vive.
Por un lado, han disminuido quienes creen en el cielo y en el infierno, en que la vida tiene sentido porque Dios existe y en la vida después de la muerte, pero aumentó la creencia en la energía espiritual en las montañas, los árboles y los cristales, en la reencarnación, en el karma y los que creen en el mal del ojo duplican a los que no.
Por otro lado, la relación con Dios es personal, prescindiendo de confesiones religiosas, lo que se manifiesta en diferentes aristas relacionadas con la Iglesia Católica y las iglesias evangélicas. En este sentido, aumentó la cantidad de personas que no están de acuerdo con que la religión es hoy tan relevante para la vida como lo fue en el pasado (48%), un 50% considera que la religión es poco o nada importante en la sociedad, debido a que es una fuente de escándalos y desconfianza o es irrelevante. La irrelevancia y desconfianza en la religión también se puede explicar por la disminución de la confianza en la Iglesia Católica y en las iglesias evangélicas -lo que también se refleja en el aumento de quienes nunca asisten a servicios religiosos- y en la bajísima confianza en los sacerdotes y pastores.
Esta irrelevancia y desconfianza se manifiesta en la postura sobre los temas “valóricos”. El 75% de los encuestados está muy de acuerdo o de acuerdo en que las autoridades religiosas no deberían tratar de influir en la forma en que votan las personas y un 72% cree que no deberían influir en las decisiones del gobierno.
Lo anterior es inseparable con la legitimación del aborto, porque entre 1999 y 2024 disminuyó el número de quienes aprueban la prohibición total (de un 55% a un 15%), y aumentó el de quienes lo aprueban en casos especiales (de un 35% a un 50%) y en cualquier caso (de un 10% a un 34%). La eutanasia también ha sido validada entre 2017 y 2024, aumentando su permisión total (de un 14% a un 29%), manteniendo estable su permisión en casos especiales (57%) y disminuyendo quienes creen en su prohibición total (de22% a 11%).
Llama la atención el aumento de quienes aceptan el aborto si una familia tiene muy bajos ingresos y no puede financiar tener más hijos: entre 1998 y 2024 quienes se oponían bajaron de 81% a 50% y quienes lo consideran correcto subieron de un 16% a un 46%. Por último, entre 2011 y 2024 aumentó de un 26% a un 60% quienes están de acuerdo en que una pareja del mismo sexo puede criar tan bien a un niño como una pareja heterosexual y disminuyó en el mismo porcentaje quienes creen lo contrario (de 58% a 25%).
Estas opiniones se contraponen a la defensa y promoción que el cristianismo ha dado sobre el derecho a la vida desde su inicio hasta su término natural y a la conformación heterosexual e indisoluble del matrimonio. Llaman la atención las cifras sobre la actual crisis de natalidad (1,2 hijos por mujer).
Todo lo anterior merece análisis en diferentes niveles y capas de profundidad. Las confesiones religiosas se encuentran ante una sociedad que desconfía de ellas, que prefiere que hablen en iglesias vacías, mientras la cultura, la educación y las leyes avanzan en sentido opuesto a los bienes que defienden y promueven. Pero más grave aún es el retorno a un paganismo y a la ausencia de trascendencia. La oposición al aborto y a la eutanasia debe estar acompañada del reencantamiento a la juventud de la persona de Jesús, de la necesidad de la Iglesia y de la idea de formar una familia.
La crisis de desarticulación del matrimonio tiene como consecuencia directa la disminución de la natalidad e indirectamente alcanza a todo ámbito de la sociedad. Según la CEP, la familia fue, por lejos, el aspecto que más define la identidad personal de un individuo. Y si los cimientos son frágiles, el edificio se tambalea.
Ley de convivencia escolar, circular 812 y PAIG
Recientemente, el Presidente de la República hizo presente la urgencia suma al proyecto de ley de convivencia escolar. La iniciativa fue despachada de la Comisión de Educación de la Cámara, por lo que su discusión en la sala es inminente.
Nadie pone en duda los problemas que afectan la convivencia educativa. No obstante, llama la atención la obsesión del Ejecutivo y de un grupo importante de parlamentarios oficialistas de incluir cuestiones ideológicas en proyectos que pretenden solucionar inconvenientes reales.
Nos explicamos. Entre otras disposiciones, la iniciativa establece un nuevo “piso mínimo” a los reglamentos internos de los establecimientos educacionales (actualmente esto está regulado por normas administrativas, no legales). Entre las reformas obligatorias que un colegio tendría que hacer a sus reglamentos, se encuentra una bastante particular. Los establecimientos deberán promover, en sus reglamentos, el “respeto” y el “reconocimiento” de la “identidad sexoafectiva y de género”.
Además, el proyecto incorpora algunas categorías de discriminación arbitraria. ¿Se omitió una referencia a la sexualidad y a la autopercepción de género? Como se puede suponer, no. La iniciativa incluyó una referencia a la “identidad sexual” de los niños, siendo la primera referencia a este elemento en la ley general de educación.
¿Por qué resulta preocupante todo esto? Una parte considerable de las acciones transafirmativas a nivel social e individual (es decir, aquellas que buscan reforzar la autopercepción del menor, en lugar de indagar en las causas de dicha situación) tienen en común la invocación de causas como el “respeto”, el “reconocimiento” o la “no discriminación” a la “infancia trans”, por lo que es razonable suponer que, con la entrada en vigencia del proyecto de ley, estas cuestionables acciones aumentarán.
Basta mirar lo que ha ocurrido en la circular 812 de la Superintendencia de Educación que obliga a todos los funcionarios de un establecimiento educacional a reconocer el nombre social de un niño o adolescente, cuando lo pida el padre, la madre o el apoderado, cuando el niño es menor de 14 años o por s la sola solicitud del adolescente, cuando tenga más de 14 años.
Y todo lo anterior, teniendo como telón de fondo, la indagatoria que realiza la Comisión Investigadora de la Cámara sobre el Programa de Acompañamiento a la Identidad de Género (PAIG), que entrega apoyo a la transición social desde los 3 hasta los 17 años. En la sesión de la semana pasada, la Subsecretaría de Educación Parvularia informó que se está elaborando un protocolo de derivación desde los establecimientos educacionales hacia el PAIG. Conocidos son los casos de padres judicializados por oponerse a que sus hijos ingresen a este programa o que reciban apoyo en su transición escolar dentro de los establecimientos educacionales, y que han terminado separados de sus hijos por orden un tribunal de familia, por considerar que existe una vulneración del “derecho a la identidad de género” del menor.
La circular 812, el PAIG y la ideologización del proyecto de ley de convivencia escolar no son cuestiones aisladas y desconectadas, sino que responden a una intención claramente definida y diseñada de inducir a los niños desde su más tierna infancia a hacerse preguntas que no se plantearían por sí mismos. La intervención ideológica del Estado afectará a los niños, porque la transición social tiene efectos psicológicos y quienes acceden a ella tiene mayor probabilidad de pasar a la vía médica (hormonas y operaciones), como señaló el Informe Cass.
Pensemos en un profesor que, ante la evidencia surgida en este último tiempo, evalúa seriamente no llamar, con su nombre social, a un niño con disforia de género, o en un colegio que no acepta que un adolescente use el baño de mujeres o se rehúsa a recibir cuentos sobre género para los niños más chicos, como ordena el PAIG ¿Qué ocurrirá con ese profesor? ¿A qué se arriesga ese colegio? Se expondrá a sanciones injustas y descomunales por el incumplimiento de la circular 812, del reglamento interno del establecimiento o por resistirse a que su hijo sea derivado al PAIG, según el protocolo del Mineduc. El reciente caso de cancelación a un profesor universitario por opinar que los colegios no son seguros para los niños porque pueden iniciar su proceso de transición desde los 3 años, debería ser ejemplo suficiente del extremo al que el lobby trans está dispuesto a llegar.
*Gustavo Baehr Neira y Roberto Astaburuaga Briseño – Abogados de Comunidad y Justicia